Ley transexual: el PP, bien; España, fatal

De sabios es rectificar. El Partido Popular ha tenido un importante gesto en el Congreso que no es habitual en lo político: ha rectificado la absurda decisión de su propio Grupo Parlamentario en el Senado, que votó a favor de la ley sobre identidad sexual que regula el cambio de sexo. Ahora en el Congreso, como ya hizo, ha vuelto a oponerse a ello. Puesto que desde estas mismas páginas criticamos su comportamiento en la segunda Cámara, de justicia es ahora que subrayemos el acierto.

Como todos los demás grupos han votado a favor, o se han abstenido, caso de UDC (¿por qué a veces a este partido le surgen ramalazos tan incongruentes como el abstenerse ante una ley de esta naturaleza?), la ley se ha aprobado.

Es un texto absolutamente desastroso para este país, no tanto por sus efectos cuantitativos, que serán marginales, como sucede con el matrimonio homosexual, como por la transformación legal y por consiguiente por la concepción que establece sobre los fundamentos de nuestra sociedad en su nivel más básico, más elemental. En este caso, sobre la naturaleza sexual de las personas y la importancia de la misma.

La ley es un bodrio doctrinal técnicamente insostenible basado en la perspectiva de género. Su planteamiento es que existe una “identidad de género” que es la que caracteriza a la persona y que debe traducirse directamente en la asignación registral del sexo. Por tanto, esta asignación registral, que era fundamental y difícil de modificar, pasa a ser una variable subjetiva de la persona en cuestión.

 

Esto es generismo puro y duro. Por eso es falso lo que la ley dice en su enunciado, que de esta manera España se asemejará a otros países. Al contrario, se convierte en un país anómalo porque no hay ningún otro caso que el tema del cambio de sexo sea tratado como lo hace la legislación española. Porque una cosa es regular esta cuestión y otra muy distinta es transformarla en un instrumento más al servicio de esta peligrosa ideología que es la perspectiva de género.

 

 

El nuevo texto legal lo razona todo en términos de “disonancia” entre lo que llama sexo fisiológico e identidad de género. Esto último es lo que marca la pauta. En consecuencia, no es necesario que se produzca ninguna intervención de cirugía para adecuar las características sexuales; y si bien establece que exista un tratamiento médico durante dos años, también determina que éste puede quedar exento por razones de edad o de estado físico.

 

Bajo el enfoque de la ley la disforia sexual deja de ser una anomalía del sujeto que debe ser tratada para convertirse en una manifestación de su condición, el género. A partir de allí, es obvio que ni medicación, ni mucho menos cirugía, ni tan siquiera la intervención del juez del registro son necesarias para garantizar el procedimiento. Lo han transformado en un simple y modesto trámite administrativo.

 

Ley en mano, una persona que declare que desea vivir de acuerdo con el otro sexo, podría no modificar ninguna de sus características externas, por ejemplo alguien que tuviera digamos 65 años, o que argumentara que los medicamentos que va a recibir le resultan perjudiciales. Como esto solamente tiene que firmarlo un profesional, y ya hemos visto como funciona esto de los profesionales en cosas como el aborto o el examen psicológico de la licencia de caza o de tiro olímpico, ya sabemos como acabará la historia.

 

Lo más terrible de todo es que esta ley sea promovida por un partido en teoría maduro y responsable como es el PSOE y que en toda la Cámara solamente encuentre la oposición de una sola fuerza política, el PP. Muy importante, pero una sola.

 

La anomalía es de quien dirige la política española. Esto ha dejado de ser grave para empezar a penetrar en el ámbito de la simple supervivencia como sociedad civilizada.

 

Editorial de Forum Libertas, 2 de marzo d 2007