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Homilía de Monseñor Sebastián en la Misa-funeral por los Reyes de Navarra

Homilía de Monseñor Sebastián en la Misa-funeral por los Reyes de Navarra Monasterio de San Salvador de Leyre, 7 de junio de 2007

Alteza, Rdmo. P. Abad, Sacerdotes concelebrantes y Comunidad benedictina, Excmo. Sr. Presidente del Gobierno Foral de Navarra, Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de España, Dignísimas Autoridades, Hermanos y hermanas,

Ante las muchas personas que nos miran con escepticismo, es legítimo preguntarnos por qué rezamos aquí cada año por el eterno descanso de los Reyes de Navarra. ¿Es éste un acto serio de devoción o es simplemente un acto convencional que no tiene un contenido serio y verdadero? Si, como dicen algunos, fuera verdad que la política está exenta de toda referencia a Dios y a cualquier otra realidad trascendente, si fuera verdad que las actuaciones políticas no están sometidas a ninguna consideración moral de naturaleza superior y objetiva, tendría poco sentido pedir a Dios misericordia y perdón para quienes tuvieron especiales responsabilidades políticas .

 

Nosotros rezamos por nuestros Reyes del pasado, y encomendamos a Dios a nuestros Reyes de hoy, a la Familia Real entera y a todos nuestros gobernantes, porque creemos firmemente que la política, como cualquier otra actuación humana, tiene que ser una actuación regulada por alguna norma moral de tipo objetivo . No basta que sea una actuación conforme con la conciencia subjetiva de cada uno, sino que tiene que estar regida por unos criterios morales vinculantes, fundados en la naturaleza de las cosas, en la dignidad de la persona, en las exigencias objetivas de la convivencia, como son la verdad y la justicia.

 

La conciencia personal, para ser garantía de un comportamiento justo, no puede regirse por sí misma, sino que tiene que referirse a una realidad objetiva y común a la que le podamos conceder valor común vinculante. Para los creyentes esta realidad es la voluntad de Dios Creador . En términos más comunes es, al menos, la dignidad y los derechos consecuentes de la persona, tal como de hecho son reconocidos en la tradición humanista y moral de cada sociedad y de cada cultura. En una u otra perspectiva, podemos y debemos reconocer que el ejercicio de la autoridad tiene que regirse por el servicio al bien común de las personas, según sus derechos cultural y legalmente reconocidos. Para nosotros los cristianos, estos derechos tienen, además, como último fundamento la sabiduría y la voluntad del Dios Creador. Nadie es más que los demás por sí mismo. La autoridad, en su substancia, no en sus formas, viene de Dios, puesto que responde a los designios de Dios que en toda sociedad humana, pequeña o grande, haya alguien con capacidad y autoridad para proteger y promover el bien común (Cf Rom 13, 4ss).

 

En los ambientes no cristianos se suele presentar esta consideración religiosa de la autoridad como un peligro de fundamentalismo y autoritarismo. Nosotros pensamos lo contrario. Dios es el mejor guardián de la libertad del hombre. El enseña a sus fieles a ser respetuosos con la libertad y la dignidad de los demás, tal como El mismo hace con todos . Es más bien la visión laicista de la autoridad la que puede degenerar en un ejercicio caprichoso y desmesurado de la autoridad, según las pretensiones de quien la ejerce, sin la regulación y la mesura que implica el respeto a la ley santa de Dios.

 

En estos momentos, un ejercicio de la autoridad que quiera ser moralmente justo tiene que promover la unidad todas las personas e instituciones en la lucha contra el terrorismo, por todos los medios legales y morales. Debería también respetar y favorecer positivamente el ejercicio de la libertad religiosa de todos los ciudadanos sin discriminaciones ni desconfianzas ni imposiciones injustas. El reconocimiento efectivo de la función positiva de las religiones es una exigencia indispensable para poder hablar de la existencia de un gobierno verdaderamente democrático que respeta plenamente la libertad de los ciudadanos. En nuestro caso, las autoridades tienen también ante sí la clara obligación de favorecer la colaboración de todas las instituciones en favor del bien general de todos, sin exclusiones ni discriminaciones. La colaboración de todos en favor del bien común de la sociedad está por encima de las legítimas diferencias políticas dentro del ordenamiento democrático de la sociedad. Es obligación de quien ejerce la autoridad el favorecer y estimular esta colaboración sin fomentar divisiones ni exclusiones de ninguna clase. La unidad, la cohesión y la convivencia de todos los ciudadanos de España es una tarea abierta que de una manera u otra nos afecta a todos.

 

Con estas ideas y con estos sentimientos, pedimos a Dios perdón y misericordia por nuestros Reyes y dirigentes difuntos, y le pedimos también por los Reyes y la Familia Real, junto con nuestros gobernantes actuales y futuros, para que, por mediación de Jesucristo que se ofreció por el bien de todos, les asista interiormente a fin de que promuevan el bien integral de todos los ciudadanos en todas las tierras de España, con verdad, prudencia y justicia.

 

Monasterio de San Salvador de Leyre, 7 de junio de 2007

 

+ Fernando Sebastián Aguilar,

Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

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