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El FORO ERMUA exige a Rodríguez Zapatero que confirme o desmienta personal y expresamente y punto por punto la información publicada en el diario El País (10/6/2007) sobre el proceso de negociación con ETA

El FORO ERMUA exige a Rodríguez Zapatero que confirme o desmienta personal y expresamente y punto por punto la información publicada en el diario El País (10/6/2007) sobre el proceso de negociación con ETA Si la información publicada por El País ayer 10 de junio de 2007[1] sobre la negociación con ETA fuera cierta, el PSOE de Rodríguez Zapatero:

 

· Habría estado dialogando con el entramado terrorista de ETA-BATASUNA desde el año 2002 (con el Partido Popular en el ejecutivo), traicionando el pacto antiterrorista, actuando deslealmente a espaldas del Gobierno de entonces en materia de lucha contra el terrorismo y diciendo públicamente a la ciudadanía lo contrario de lo que realmente hacía en secreto.

 

· Habría aceptado una negociación política con el frente político de la banda terrorista, asumiendo las tesis de Batasuna expuestas en Anoeta.

 

· Habría aceptado poner al Estado en tregua y rebajar la presión policial a cambio de un alto el fuego o cese de la violencia de ETA.

 

· Habría pactado con ETA el contenido de la declaración institucional del Presidente del Gobierno en la que anunciaba que se disponía a abrir el diálogo con la banda terrorista.

 

· Habría mentido contumaz y reiteradamente a todos los españoles al negar en diversas ocasiones las reuniones entre el Partido Socialista y Batasuna durante el Gobierno del PP, al negar que hubiera existido negociación política alguna y al negar que se hubiera pactado la reducción de la presión policial.

 

 

No parece necesario destacar la extrema gravedad que tendría la actuación del Sr. Rodríguez Zapatero si se confirmara la información publicada por El País. Las responsabilidades asumidas, el masivo engaño, la traición y deslealtad serían de tal magnitud que habría perdido la legitimidad democrática para continuar como Presidente del Gobierno.

 

 

Hay que destacar que la información publicada por El País resulta altamente verosímil ya que viene a confirmar diversas noticias aparecidas en otros medios, así como las declaraciones realizadas por los propios pistoleros y los representantes de la ilegalizada Batasuna y es plenamente coherente con los hechos públicos, entre otros: la drástica disminución de la detención de comandos terroristas durante la tregua; la existencia de al menos un chivatazo a ETA sobre una operación policial desde dentro de la elite antiterrorista de la policía; la inactividad de la Fiscalía; la reunión pública de los representantes de Batasuna y del PSE o el compromiso de que “el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos”, incluido por Zapatero en la declaración institucional en la que anunciaba que abría el diálogo con los terroristas. Siendo, por tanto, verosímil esta información, publicada en un medio que no puede considerarse hostil al actual Gobierno y firmada por un periodista que ha venido actuando como su portavoz oficioso, resulta imprescindible que el Señor Rodríguez Zapatero confirme o desmienta personal, expresa y públicamente y punto por punto la información aparecida.

 

 

Como dijo el entonces portavoz del PSOE, Sr Pérez Rubalcaba, el 13M: los españoles nos merecemos un Gobierno que no nos mienta.

 

 

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Así fue el diálogo con ETA

LUIS R. AIZPEOLEA 10/06/2007

 

El 21 de junio de 2005 se encontraron en el hotel Wilson de Ginebra (Suiza) el dirigente histórico de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren. Ternera acudió a la cita con un ejemplar de un libro de Eguiguren publicado cinco años antes, Los últimos españoles sin patria (y sin libertad), en cuyo prólogo apuntaba las claves para hallar una solución al terrorismo en Euskadi. Si el Gobierno estaba dispuesto a suscribir lo que decía el prólogo de su libro, le dijo Ternera, podría llegarse a un final de la violencia.

 

Ya se conocían. Habían coincidido en el Parlamento vasco en la legislatura anterior, antes de que Josu Ternera huyese, abandonando su escaño parlamentario para evitar el regreso a prisión. La presencia en Zúrich de Ternera, de 58 años, supuso para Eguiguren toda una garantía. Sabía que era un dirigente histórico de la antigua ETA militar, amigo de su fallecido número uno, José Miguel Beñarán, Argala, con quien participó en el atentado mortal contra el presidente franquista Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Eguiguren, algo más joven, euskaldún como Ternera, es un intelectual de izquierdas, un hombre de la universidad, que empezó a militar en el socialismo desde muy joven y llegó a ser presidente del Parlamento vasco.

 

Aquella cita fue el comienzo de las conversaciones entre el Gobierno y ETA que culminaron, nueve meses después, en el alto el fuego permanente de la banda, el 22 de marzo de 2006. Sin embargo, antes de que los dos negociadores se reuniesen en Suiza, hubo cuatro años de trabajo lento y delicado, muchas horas de conversaciones entre el propio Eguiguren y el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. Un laborioso esfuerzo que ETA, con la formalización del regreso al terrorismo, de anuncio del fin de su "alto el fuego permanente", arrojó por la borda el pasado martes, perdiendo así la mejor oportunidad que ha tenido nunca para acabar, de manera dialogada, y salvando la cara, con sus más de 40 años de violencia.

 

Ese trabajo empezó en 2002, cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. ETA mantenía aún su campaña de atentados, reiniciada en enero de 2000, tras la ruptura de la tregua de 1998. La situación política en el País Vasco era irrespirable, y no sólo por las amenazas de la banda terrorista, sino también por la agria confrontación entre los gobiernos de Aznar y de Juan José Ibarretxe.

 

Las conversaciones de Eguiguren y Arnaldo Otegi -que coincidieron también en la Cámara vasca y que fueron propiciadas por un amigo común, José Luis Egea, ex consejero socialista del Gobierno vasco- se iniciaron en un caserío de Elgoibar (Guipúzcoa), propiedad de un amigo del líder de Batasuna, y continuaron en Azpeitia tras descubrirlas el Centro Nacional de Inteligencia. Todavía eran los tiempos de Aznar. Lo primero que se hizo en aquellas conversaciones preliminares fue un análisis de los fracasos de las treguas anteriores de ETA.

 

Aquellos contactos se producían mientras en Irlanda del Norte avanzaban las negociaciones que culminarían este mismo año con el Sinn Fein de Gerry Adams y sus enemigos irreconciliables, los extremistas protestantes del reverendo Ian Paisley, compartiendo gobierno. Aunque a Otegi y Eguiguren les servía de estímulo la buena marcha que habían tomado las negociaciones en Irlanda del Norte, a raíz del acuerdo de Stormont de 1998, el dirigente socialista nunca fue partidario de utilizar el Ulster como referente. Prefería remitirse a modelos históricos más cercanos. Eguiguren es un profesor especializado en historia. No le costó entenderse con Otegi sobre esa base.

 

La doble negociación

 

Sin embargo, la clave que permitió avanzar fue el análisis crítico que los dos interlocutores hicieron de los procesos de paz fallidos y las conclusiones a las que llegaron. El prólogo del libro de Eguiguren, que Josu Ternera llevaría años después a su primera cita en Ginebra, ya avanza la necesidad de separar en Euskadi el proceso de paz y el político. Su mezcla había sido la clave del fracaso de las conversaciones de Argel de 1989, el primer intento de envergadura por lograr el final de ETA por la vía del diálogo.

 

El Gobierno de Felipe González dejó entonces claro a ETA que no estaba dispuesto a mantener una negociación política con una banda armada. Tenía una base de apoyo, el Pacto de Ajuria Enea, de enero de 1988, que permitía al Gobierno negociar una solución para los presos de ETA a cambio del cese de la violencia, pero no cuestiones políticas que corresponden a los partidos. A ese compromiso se remitió el Ejecutivo para rechazar las pretensiones de ETA, que rompió la tregua a los dos meses de declararla.

 

Eguiguren y Otegi, a la vista del error del pasado, coincidieron en abrir una doble negociación separada. Gobierno y ETA abordarían la negociación sobre la base de canjear paz por presos y los partidos vascos decidirían, en una segunda mesa, el futuro político de Euskadi. La necesidad de reformar el Estatuto de Gernika, defendida por todas las formaciones vascas, a excepción del PP, ofrecía la oportunidad de incorporar a Batasuna al juego político. Antes tenía que recuperar la legalidad.

 

La llamada del cardenal

 

Llegados a ese punto, Eguiguren y Otegi comprendieron que su trabajo había llegado a un límite. Creían que debían ser el Gobierno y ETA quienes les relevasen. Eguiguren se había limitado a informar de sus gestiones a Patxi López, secretario general del PSE. Ante la proximidad de las elecciones generales de marzo de 2004, decidieron esperar a los resultados. Fue en esas fechas, muy poco antes de los comicios, cuando el PSE notificó al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el resultado de las conversaciones con Batasuna.

 

Una vez celebradas las elecciones, Zapatero, investido presidente del Gobierno, decidió que fuese el nuevo portavoz socialista en el Congreso (y hoy ministro del Interior), Alfredo Pérez Rubalcaba, quien controlase las conversaciones. ETA llevaba por entonces un año sin matar.

 

A su vez, Eguiguren y Otegi se habían planteado la necesidad de encontrar un intermediario que facilitase la relación entre el Gobierno y ETA. Pensaron en el cardenal vasco-francés residente en el Vaticano Roger Etchegaray. Eguiguren contactó con él a través de François Maitia, por entonces concejal del Partido Socialista Francés (PSF) en una pedanía de Saint Jean Pied de Port, hoy vicepresidente del Consejo de Las Landas, y amigo común de los dos negociadores.

 

El cardenal llamó por teléfono a Eguiguren y se citaron en Roma el 22 de mayo de 2004, el mismo día que el Príncipe Felipe y Leticia Ortiz se casaron en Madrid. Desafortunadamente, Etchegaray rechazó la petición, con el argumento de que el Vaticano no podía comprometerse en un asunto de esta naturaleza.

 

ETA escribe al Gobierno

 

A principios de agosto de 2004, ETA envió una carta oficial al Gobierno (ya habían llegado los socialistas al poder) a través de un peculiar canal, que comenzaba en un cura vasco-francés y continuaba por intermediarios, llegaba hasta Eguiguren y, por medio de éste, hasta el Ejecutivo. La carta de ETA, firmada por la banda y con su sello de la serpiente y el hacha, proponía "establecer vías de comunicación para resolver el conflicto". El Gobierno tardó tiempo en responder a ETA. Pero Zapatero dio el visto bueno, animado, sin duda, por el primer ministro británico, Tony Blair, que, basado en su experiencia irlandesa, defendía el establecimiento de un canal de comunicación con la banda terrorista.

 

Paralelamente, Batasuna exteriorizó las conclusiones de las conversaciones mantenidas con el PSE en la Asamblea de Anoeta, en San Sebastián, en noviembre de 2004. Allí Otegi propuso la doble mesa y que, en la de carácter político, ETA asumiera que Batasuna le representase. También proclamó la necesidad de que en el futuro político de Euskadi participasen los partidos no nacionalistas, que quedaron excluidos del pacto de Lizarra, surgido al calor de la tregua de ETA de 1998. Y propuso que ETA negociase con el Gobierno, en otra mesa "técnica", la salida de los presos a cambio de la paz.

 

También se publicó por entonces la carta de varios militantes de ETA encarcelados que encabezaba el que fue líder de la banda en los años ochenta, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y en la que se quejaban de la orientación de ETA y le animaban a un final dialogado con el Gobierno.

 

Dos meses después, en enero de 2005, Otegi, como portavoz de Batasuna, escenificó la nueva situación con el envío de una carta a Zapatero, que antes mostró a Eguiguren, en la que le pedía que encabezase el esfuerzo para llegar a un final dialogado de la violencia. Zapatero respondió al día siguiente, en un mitin en el Kursaal de San Sebastián, que estaba dispuesto al diálogo si se daban las condiciones necesarias.

 

Los expertos de Ginebra

 

Paralelamente, el Gobierno y ETA aprobaban la participación en el proceso en ciernes de un organismo mediador, el Centro de Diálogo Henri Dunant, radicado en Ginebra (Suiza) y con una amplia experiencia en conflictos armados. Sus miembros son de diversas nacionalidades y muchos de ellos excedentes de la ONU. La tragedia del tsunami en diciembre de 2004, obligó al centro a dirigir sus esfuerzos a los países asiáticos, afectados por el maremoto, y eso retrasó los contactos durante meses. Pero tras alguna tentativa fallida, el Centro de Diálogo fijó para junio la cita a la que acuden Eguiguren, en nombre del Gobierno, y Josu Ternera, por parte de ETA. El primero llevaba un aval parlamentario. Un mes antes, en mayo de 2005, el Congreso había votado una resolución, con el único pronunciamiento negativo del PP, en la que se comprometía a dialogar con ETA si ésta daba muestras inequívocas de dejar la violencia, con la condición de que las cuestiones políticas las resolvieran los partidos. ETA llevaba ya dos años sin matar.

 

La primera cita

 

La cita tuvo lugar en Ginebra el 21 de junio de 2005. Un día sí y otro no se reunieron en presencia de representantes del Centro de Diálogo. Ternera garantizó a Eguiguren que representaba a ETA y que se alegraba de que la interlocución fuera política y no policial, porque había tenido "malas experiencias" en el pasado. Las conversaciones se iniciaron con largas exposiciones sobre cómo entendía cada uno la historia de Euskadi, su situación política y las salidas a la violencia. La diferencia con procesos anteriores consistía en que se apreciaba una mayor voluntad política por parte de ETA de comprometerse y, además, partía de un procedimiento ya empleado con anterioridad: la separación entre la negociación política y la de los presos. Eguiguren se mantenía en estrecho contacto telefónico con Rubalcaba.

 

El 14 de julio, 22 días después de iniciado el diálogo, se alcanzó un acuerdo de principio: ETA anunciaría un alto el fuego indefinido y permanente. Las bases de ese compromiso, que se recogerían en el comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006 y en la declaración institucional del presidente del Gobierno, que inicialmente estaba previsto que se realizara seis meses después del comunicado etarra, no hacían referencia ni al derecho de autodeterminación ni a Navarra, clásicas reivindicaciones de ETA y de la izquierda abertzale. Se limitaban a señalar que se respetarían las decisiones que sobre su futuro tomase libremente la ciudadanía vasca en ausencia de violencia. También señalaban que las adoptarían los partidos a través de los procedimientos legales y teniendo en cuenta la pluralidad de la sociedad vasca. Finalmente, recogían la clave de la resolución parlamentaria de mayo de 2005: el Gobierno dialogaría con ETA si se producen señales inequívocas del cese de la violencia, y aclaraba que el Ejecutivo no pagaría precio político alguno por la paz.

 

Las bases del acuerdo, del que fueron notarios los funcionarios del Centro de Diálogo, fijaban en seis meses como máximo el plazo entre la declaración de alto el fuego y la celebración de contactos oficiales entre el Gobierno y ETA. Ese tiempo lo utilizaría el Gobierno para verificar que no había chantajes de ETA ni actos de kale borroka. También señalaba que, si cesaba realmente la actividad de ETA, se relajaría la actividad policial y que Batasuna se acogería a la legalidad, permaneciendo vigente la Ley de Partidos. Finalmente, no sucedió ni lo uno ni lo otro.

 

Se fijó, asimismo, un protocolo de reuniones, a propuesta del Centro de Diálogo, sobre el número de interlocutores, de asesores y de observadores, así como la constitución de un comité de verificación. La tanda de reuniones culminó con el compromiso de un reencuentro, una vez que Eguiguren y Josu Ternera, hicieran consultas. Zapatero informó a Rajoy durante el verano de la existencia de estos contactos y de la proximidad del alto el fuego.

 

Reuniones en Oslo

 

Entre el 3 y el 12 de noviembre se produjo una segunda tanda de reuniones en una residencia en las afueras de Oslo (Noruega), también a través del Centro de Diálogo, en la que se ratificó el acuerdo de julio. Los servicios secretos noruegos se encargaron de la seguridad y de los movimientos de las delegaciones. Ternera fue acompañado por otro dirigente veterano de ETA.

 

Las sesiones de Oslo se celebraron también en días alternos y, a instancias de la representación del Gobierno, se eliminó la expresión "tregua indefinida" por considerarla "quemada". Se dejó "permanente", el mismo término que el IRA utilizó en su alto el fuego. Ternera introdujo, también, algunos matices a las bases del acuerdo.

 

Se declara la tregua

 

El último día del año 2005 se produjo un último encuentro entre Eguiguren y Ternera en Ginebra. El dirigente etarra comunicó al socialista que, a partir de las seis semanas siguientes, ETA haría público el alto el fuego permanente. Tardó un mes más. Ocurrió, finalmente, el 22 de marzo de 2006. Fue la tercera tregua de ETA de envergadura y provocó una gran euforia, porque parecía la definitiva. Se sustentaba en bases más sólidas que las anteriores, venía precedida de tres años sin muertos y contaba con un contexto político muy favorable. Desaparecido el IRA de la escena europea, sólo quedaba ETA practicando el terrorismo en una competencia imposible con los islamistas de Al Qaeda, y el nivel de rechazo de la violencia no sólo en la sociedad española sino en la vasca era absoluto.

 

ETA se ajustó en su comunicado, del 22 de marzo de 2006, a lo que Ternera se había comprometido en las conversaciones de Ginebra y Oslo. El Gobierno no esperó seis meses para hacer su declaración institucional en la que abría oficialmente el diálogo con ETA. Zapatero la materializó en el Congreso el 29 de junio. La declaración institucional gustó a Otegi, pero no a ETA, que interpretó que Zapatero soslayó la cuestión de Navarra.

 

Zapatero pretendía aprovechar el verano para iniciar las conversaciones de la mesa técnica, entre el Gobierno y ETA, y poner en marcha el compromiso de paz por presos. Había preparado un plan preciso de acercamientos e incluso de excarcelaciones de etarras.

 

En julio, poco después de la declaración del presidente, se produjo una comunicación entre el Gobierno y ETA. La representación de la banda no quiso empezar la negociación de paz por presos. Exigió que antes se reunieran los partidos para configurar la segunda mesa, la política. Esta exigencia, además de cambiar las prioridades del calendario, planteaba la necesidad urgente de que Batasuna fuese legalizada.

 

Batasuna no quería acogerse a la Ley de Partidos, cuya vigencia estaba en las bases del acuerdo. El clima se hallaba enrarecido entre los militantes de Batasuna porque el juez Fernando Grande Marlaska había practicado detenciones de dirigentes de Batasuna, en los primeros días del alto el fuego, acogiéndose a la vía penal, y los sectores más radicales empezaron a recuperar influencia. Marlaska había redactado un auto en enero -en el breve paréntesis entre el acuerdo de bases y la declaración de alto el fuego- por el que prorrogaba por dos años la ilegalidad de Batasuna, con lo que dejaba en papel mojado la posibilidad de que esta formación funcionase sin dificultades. Finalmente, Batasuna, presionada por sus bases, no se acogió en el verano a la Ley de Partidos y continuó en la ilegalidad.

 

Para superar el bloqueo, una representación del PSE se reunió en julio con otra de Batasuna, de manera oficial. No bastó a ETA. En agosto dio su primer aviso con un comunicado. Consideraba que el proceso estaba en "crisis" y lo atribuía a que los partidos no habían puesto en funcionamiento la mesa.

 

El Gobierno, pese al cambio de calendario, decidió seguir. Con la puesta en marcha de las conversaciones entre partidos, irrumpió en la escena el PNV. Su líder, Josu Jon Imaz, no tenía claro que se alterase la hoja de ruta y que el debate político se pusiera por delante. No obstante, accedió ante la obstinación de Batasuna. En ese momento, en septiembre, PNV, PSE y Batasuna iniciaron contactos secretos -al ser ilegal la formación abertzale- para avanzar en la constitución de la mesa de partidos. Tras una reunión tripartita en Loyola (Guipúzcoa) llegaron a un borrador de acuerdo. Batasuna pidió consultarlo pero, en una reunión posterior, sus representantes -Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria- rechazaron el borrador y elevaron el listón al pretender aprobar un órgano común de Navarra y Euskadi, con capacidad legislativa, en el plazo de dos años. El PNV y el PSE se plantaron y las conversaciones encallaron. Es el 10 de noviembre. Con ello se enterró también el proyecto de presentar la mesa de partidos en el marco de una Conferencia de Paz en San Sebastián que se iba a celebrar en diciembre.

 

El proceso encalla

 

Con el proceso encallado y con ETA manteniendo brotes de violencia -además de relanzar la kale borroka, a fines de octubre la banda robó 350 pistolas en el sur de Francia-, se celebró el último encuentro entre enviados del Gobierno y la banda, a mediados de diciembre.

 

A esa reunión ya no acudió Ternera. Le relevaron dos militantes más jóvenes. Entre ellos no estaba Txeroki, cuyo papel real en ETA, según fuentes del proceso, es inferior al de jefe del aparato militar que le atribuyen informaciones policiales. La representación gubernamental la tuvieron Eguiguren y un ex ministro del Gobierno de Felipe González. ETA presentó un planteamiento político global -con Navarra y el derecho a la autodeterminación- que la delegación gubernamental rechazó de plano. La banda, no sólo cambió el calendario, sino que tuteló políticamente a Batasuna. Pese a todo, se comprometió a no romper el proceso. Tardó 15 días en faltar a su promesa. El 30 de diciembre, colocó una bomba en Barajas, que costó la vida a los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

 

El comunicado reivindicativo del atentado, en el que decía que no pretendía causar víctimas, daba su versión sobre la reunión de diciembre: "En lugar de acordar las bases de un nuevo marco político que traiga la superación del conflicto y que reconozca los derechos de Euskal Herria, [el Gobierno] ha establecido como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad".

 

Aunque el proceso terminó el 30 de diciembre, su deterioro se inició en julio, con el cambio del calendario por parte de ETA. ¿Por qué lo alteró? ¿Por qué no asumió su compromiso de ceder la política a Batasuna, acordado en las conversaciones previas?

 

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dio su explicación un mes antes de que ETA pusiera la bomba en Barajas. "La crisis obedece a la resistencia de ETA a abandonar su viejo papel de garante o tutor de los acuerdos políticos entre partidos en Euskadi y, en el fondo, a un vértigo y miedo a hacer política por la izquierda radical sin el tutelaje de las armas".

 

Imaz interpretaba que "la percepción de sectores de Batasuna, tras el alto el fuego, ha sido de debilidad social y política mayor que la prevista" pues "la capacidad de movilización que mostró en el alto el fuego de 1998 queda muy lejos". Y la constatación de su soledad en las reuniones de partidos, en las que no pudo imponer sus planes soberanistas al no apoyarle el PNV.

 

Bomba en Barajas

 

La bomba de Barajas y la consiguiente ruptura del proceso ya puso de manifiesto que, desde julio, ETA apostaba por un proceso que condujese a la soberanía de Euskadi mientras el Gobierno quiso un proceso de fin de la violencia, con la incorporación de la izquierda abertzale a la política. Fueron dos visiones distintas de un mismo proceso.

 

En los cinco meses que han transcurrido desde la ruptura del proceso hasta su formalización, con el comunicado de ETA del 5 de junio, la banda ha tratado de ganar "legitimidad" ante sus bases, sorprendidas por el atentado de Barajas. Su gran baza ha sido, según dice el comunicado del 5 de junio, "la falta de libertad en las elecciones" por la eliminación por los tribunales de todas las listas de Batasuna y la mitad de las de ANV. Pero, junto a ello, ha reconocido, sin tapujos, que su objetivo en el proceso eran la independencia y la constitución de una Euskadi con los siete territorios (las tres provincias vascas españolas, las tres francesas y Navarra).

 

Batasuna, después de Barajas, mantuvo tres reuniones con el PNV en las que planteó un referéndum sobre Euskadi y Navarra para 2010 en el que el Partido Socialista de Navarra (PSN) hiciera campaña a favor. El PNV no lo aceptó.

 

El Gobierno, a su vez, cortó el proceso de diálogo con ETA con el atentado de Barajas. Sólo le cabía la remota esperanza de que una reacción de Batasuna forzara a ETA a reconocer su "equivocación" y abandonar la violencia. Pero, fuera de algunos gestos tímidos de dirigentes de Batasuna como Otegi, no hubo tal.

 

No obstante, el Gobierno sí utilizó el cauce del Centro de Diálogo para saber las intenciones de ETA, tras el atentado del 30 de diciembre. E incluso pidió al Sinn Feinn que reclamara a ETA el abandono de la violencia. No sirvió de nada. Los gestos realizados por el Gobierno estos meses, tan criticados por el PP, como el traslado del etarra Iñaki De Juana al hospital de San Sebastián y la aceptación de la mitad de las listas de ANV para las elecciones municipales, no tuvieron como objetivo "contentar a ETA". El Ejecutivo ya tenía información de que eran inútiles desde esa perspectiva. Los hizo, sobre todo, para no ofrecer argumentos victimistas al entorno etarra. Y lo que terminó de convencer al Ejecutivo de que ETA iba a formalizar su ruptura fue la publicación en Gara, durante la campaña electoral, de la versión de Batasuna de las conversaciones previas al alto el fuego.En diciembre de 2006, ETA aparta a Ternera y plantea los temas de Navarra y la autodeterminación. Y el día 30 llega el atentado de la T-4 de Barajas.

 

 

 

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[1] “Así fue el diálogo con ETA”; El País, 10 de junio de 2007.

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