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Foro El Salvador

Las preguntas sobre la tregua de ETA que el Gobierno no quiere oír

Hoy los nacionalistas vascos celebran su Aberri Eguna, que puede adquirir una singular relevancia debido a la tregua declarada por ETA. El entorno político de los terroristas, reunido en Pamplona, meta de las ambiciones nacionalistas, ya ha dado un anticipo de las propuestas de creación de una "mesa de partidos" que se repetirán de diversas formas en esta jornada, dejando claro que el punto de partida es "el reconocimiento de Euskal Herria", lo que en su peculiar lenguaje significa la anexión al País Vasco de Navarra y de parte del departamento francés de los Pirineos Atlánticos.

En vísperas de esa celebración, ha vuelto a desatarse la polémica entre los dos grandes partidos nacionales sobre lo que el Gobierno y los nacionalistas llaman "el proceso de paz". Mientras la secretaria de Asuntos Sociales del PP, Ana Pastor, pedía al Gobierno explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar si se confirma que las cartas enviadas por ETA a empresarios navarros suponen una extorsión, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, exigía del PP apoyo decidido y colaboración leal para ese proceso "sin hacer preguntas que no tienen respuesta".

La exigencia de confianza ciega en las negociaciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene con los terroristas a espaldas de la opinión pública en realidad no va dirigida sólo al PP, sino al conjunto de la sociedad española. El señuelo para conseguir la aceptación de semejante acto de fe es, como Blanco repitió ayer, que "la paz está más cerca que nunca", de manera que a quien formula preguntas comprometidas se le señala como alguien que pone obstáculos a aquélla.

Esta deriva irracionalista del discurso político, basada en la manipulación de los deseos de la mayoría de los españoles de que termine el terrorismo, es altamente preocupante, como lo son también las indicaciones de distintos dirigentes socialistas a los jueces para que tuerzan la aplicación de la ley en atención a los circunstancias supuestamente distintas que habría provocado la tregua de ETA. La propia legalidad democrática se pone en cuestión con tal de no perturbar la apariencia de una "paz" que no parece incompatible, como no lo fue en ninguna de las anteriores treguas etarras, con la continuación por la banda de sus actividades de extorsión y armamento.

Frente a esto, corresponde al PP, como única fuerza real de oposición que representa a casi la mitad de los españoles, la responsabilidad de mantener los principios del Estado de Derecho y la dignidad de las víctimas, sin dejarse arrastrar por un escenario político en el que ha puesto todas sus esperanzas electorales el Gobierno, pero que le puede costar muy caro a la sociedad española si esos principios no se respetan.

El Semanal Digital, Editorial, 16 de abril de 2006

 

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