Valentía frente al terrorismo
Admitir que la convivencia de un país puede diseñarse en contra de la opinión de la mitad de la sociedad amenazada por el terrorismo; y supeditar el final de la violencia a concesiones por parte de ese sector de la ciudadanía que es blanco prioritario de ETA. Ambos errores son el eje fundamental del plan Ibarretxe, y quizás muestras de la cobardía del lehendakari.
Sea usted valiente», instó varias veces el lehendakari al presidente del Gobierno en el debate celebrado en las Cortes. Unos días antes, Ibarretxe y Otegi coincidían en pedir a Zapatero 'valentía política' para solucionar el conflicto. Esta reclamación ha sido reiterada en los últimos meses por ambos e incluso por algunos socialistas guipuzcoanos. Anticipándose al anuncio de Batasuna de lo que la izquierda abertzale definió como «su última propuesta de paz», un grupo de políticos socialistas exigió de su partido y del primer ministro que fueran 'valientes' asumiendo «algún riesgo para ganar la libertad». Hay implícitas en estas llamadas una incongruente interpretación de la realidad vasca y de aquello que resulta necesario para erradicar el terrorismo, como expone el plan Ibarretxe, pudiendo todo ello obstaculizar el final de ETA que dicen desear quienes así se expresan.
Debería sorprender en nuestra democracia que después de asesinar a cientos de personas e intimidar a miles, las palabras de quienes continúan negándose a condenar el terrorismo de ETA sigan sin ser puestas en duda por muchos políticos y ciudadanos. Así lo constatan esas peticiones que demandaban del presidente del Gobierno una responsabilidad en el final del terrorismo que realmente no le corresponde, pues la conclusión de la violencia es únicamente resultado de la decisión tomada por quienes la perpetran. Junto a la propuesta de Batasuna en Anoeta, la carta que Otegi envió al presidente, seguida del comunicado de ETA a comienzos de año, fueron vistas desde determinados sectores como señales inequívocas de la buena voluntad de la organización terrorista y de su brazo político por poner término a la violencia. Así, por ejemplo, un editorial del diario nacionalista 'Deia' señalaba al respecto que «la oferta de negociación de Batasuna al Gobierno español representa una muestra de flexibilidad ciertamente espectacular y esperanzadora de la izquierda abertzale». Seguidamente alababa esa 'valentía' de Batasuna que también reclamaba del presidente Zapatero.
La manera en la que algunos políticos y medios de comunicación dieron la bienvenida a los pronunciamientos de ETA y Batasuna contribuyó a presentar a ambas organizaciones como 'flexibles' al realizar «generosos movimientos por la paz» que exigirían por ello la respuesta del Gobierno en la forma de negociaciones, gestos o concesiones. La lógica resultante es perversa, pues de consolidarse puede llevar a situaciones como la que se vivió en Irlanda del Norte, donde amplios sectores llegaron a culpar al Gobierno británico de la ruptura del alto el fuego del IRA en febrero de 1996, cuando hizo estallar una potente bomba que asesinó a dos personas. En lugar de asignar la culpa al grupo terrorista autor de dicho atentado, y por tanto único responsable de semejante acción, en cambio ésta se explicó como el resultado de la supuesta 'inflexibilidad' e 'intransigencia' del Gobierno británico y de los unionistas norirlandeses.
Quienes reivindican 'valentía' del Gobierno para solucionar 'el conflicto' y lograr el final de ETA, proponiendo incluso contactos con el grupo alegando que así se acerca la paz, favorecen de ese modo el discurso con el que los terroristas justifican su existencia y su violencia. Semejantes exigencias se sostienen en una lógica no muy diferente a la que inspira los comunicados en los que ETA reivindica sus crímenes, y en los que éstos aparecen como absolutamente necesarios, como reflejaba esta banda en el Aberri Eguna de 2002 al afirmar: «Están tuertos los que basan la paz en el alto el fuego de ETA, y bizcos los que piensan que la paz vendrá por sí sola. A éstos les tenemos que recordar que a la paz hay que enseñarle a andar. ( ) El alto el fuego no es el fenómeno que traerá la paz a Euskal Herria; será la consecuencia de encontrar una salida para el motivo de fondo, de asentar las bases para desarrollar un proyecto político». El grupo terrorista utilizaba ese comunicado en tan simbólica fecha para el nacionalismo con el fin de eludir su evidente responsabilidad en la prolongación del terrorismo, subrayando además que la solución «se basa en que sea garantizado el derecho a decidir de los ciudadanos vascos».
Curiosamente, éste es el mismo diagnóstico en el que el lehendakari Ibarretxe viene insistiendo mediante la presentación de su iniciativa como «un plan de paz» a pesar de que en el mismo no se plantea ni una sola medida contra ETA, más allá de la satisfacción de aspiraciones nacionalistas con la esperanza de que esa política de apaciguamiento seduzca a la organización terrorista y la convenza de la idoneidad de detener sus actividades. Es como consecuencia de tan particular análisis del problema que desde ciertos ámbitos se requiere como solución al mismo 'valentía' por parte del Gobierno. En esas circunstancias la valentía reclamada equivale por tanto a acceder a la concesión de unas demandas nacionalistas con la esperanza, infundada además, de que los terroristas renuncien a la violencia al entender que algunos de sus objetivos se ven materializados. Al mismo tiempo, de esa manera se ignoran las muestras de verdadera valentía desplegadas desde hace ya muchos años por quienes padecen el terrorismo.
Los llamamientos de Ibarretxe casi han coincidido en el tiempo con los aniversarios del asesinato de Gregorio Ordóñez y Joseba Pagazaurtundua. Aquel 23 de enero de 1995, María San Gil presenció el asesinato de su amigo y compañero de partido. El hecho de que hoy esta mujer continúe involucrada en política a pesar de semejante suceso y de las constantes amenazas a su propia vida es sin duda confirmación ineludible de una enorme valentía. Iniciaba ETA con ese crimen su llamada 'socialización del sufrimiento', que supuso el asesinato de quince miembros del PP y nueve del PSOE, así como la intimidación masiva de militantes y simpatizantes de partidos no nacionalistas. A pesar de ello San Gil, Maite Pagazaurtundua y otras muchas vascas y vascos no nacionalistas que han visto cómo ETA les intentaba amedrentar mediante el asesinato siguen desafiando al terror valientemente mediante su participación en política. Como otros miles de ciudadanos amenazados, lo hacen pacíficamente, sin recurrir a la venganza y a la violencia que sobre ellos se inflige. Este valiente comportamiento no debe ser subestimado ni arrinconado, como se hace cuando a la hora de exigir responsabilidades por el final del terrorismo se sitúa en el mismo plano a quienes lo perpetran y justifican y a quienes son sus objetivos.
Nula consideración se muestra además hacia quienes sufren la intimidación terrorista cuando se acepta como lógico y normal que el problema fundamental de la sociedad vasca radica en la necesidad de «una relación amable de convivencia» entre Euskadi y España, como propugna el nacionalismo institucional. La realidad condicionada por el terror y la negativa de muchos nacionalistas a reconocer los efectos que necesariamente la intimidación diaria tiene sobre políticos y ciudadanos amenazados demuestra que es en otro ámbito mucho más cercano donde la convivencia debe repararse, o sea, entre los propios vascos. Probablemente el primer paso en dicha reparación sea la solidaridad activa, no meramente retórica, con quienes son incapaces de dialogar en igualdad de condiciones para sostener sus ideas y a quienes cruelmente se les demanda 'valentía política', despreciándose por ello que para los adversarios ideológicos del nacionalismo la defensa de la democracia implica el riesgo de perder la vida, el más fundamental de todos los derechos.
Por este motivo la restitución de la convivencia obliga a reconocer que la coacción no debe resultar rentable, como sí sucede cuando se admite que el modelo de convivencia de un país puede diseñarse en contra de la opinión de la mitad de la sociedad amenazada por el terrorismo, o cuando se supedita el final de la violencia a concesiones por parte de ese sector de la ciudadanía que es además blanco prioritario de ETA. Ambos errores son el eje fundamental del plan Ibarretxe, y quizás muestras de la cobardía del lehendakari.
Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.
Rogelio Alonso, EL CORREO, 7/2/2005
Sea usted valiente», instó varias veces el lehendakari al presidente del Gobierno en el debate celebrado en las Cortes. Unos días antes, Ibarretxe y Otegi coincidían en pedir a Zapatero 'valentía política' para solucionar el conflicto. Esta reclamación ha sido reiterada en los últimos meses por ambos e incluso por algunos socialistas guipuzcoanos. Anticipándose al anuncio de Batasuna de lo que la izquierda abertzale definió como «su última propuesta de paz», un grupo de políticos socialistas exigió de su partido y del primer ministro que fueran 'valientes' asumiendo «algún riesgo para ganar la libertad». Hay implícitas en estas llamadas una incongruente interpretación de la realidad vasca y de aquello que resulta necesario para erradicar el terrorismo, como expone el plan Ibarretxe, pudiendo todo ello obstaculizar el final de ETA que dicen desear quienes así se expresan.
Debería sorprender en nuestra democracia que después de asesinar a cientos de personas e intimidar a miles, las palabras de quienes continúan negándose a condenar el terrorismo de ETA sigan sin ser puestas en duda por muchos políticos y ciudadanos. Así lo constatan esas peticiones que demandaban del presidente del Gobierno una responsabilidad en el final del terrorismo que realmente no le corresponde, pues la conclusión de la violencia es únicamente resultado de la decisión tomada por quienes la perpetran. Junto a la propuesta de Batasuna en Anoeta, la carta que Otegi envió al presidente, seguida del comunicado de ETA a comienzos de año, fueron vistas desde determinados sectores como señales inequívocas de la buena voluntad de la organización terrorista y de su brazo político por poner término a la violencia. Así, por ejemplo, un editorial del diario nacionalista 'Deia' señalaba al respecto que «la oferta de negociación de Batasuna al Gobierno español representa una muestra de flexibilidad ciertamente espectacular y esperanzadora de la izquierda abertzale». Seguidamente alababa esa 'valentía' de Batasuna que también reclamaba del presidente Zapatero.
La manera en la que algunos políticos y medios de comunicación dieron la bienvenida a los pronunciamientos de ETA y Batasuna contribuyó a presentar a ambas organizaciones como 'flexibles' al realizar «generosos movimientos por la paz» que exigirían por ello la respuesta del Gobierno en la forma de negociaciones, gestos o concesiones. La lógica resultante es perversa, pues de consolidarse puede llevar a situaciones como la que se vivió en Irlanda del Norte, donde amplios sectores llegaron a culpar al Gobierno británico de la ruptura del alto el fuego del IRA en febrero de 1996, cuando hizo estallar una potente bomba que asesinó a dos personas. En lugar de asignar la culpa al grupo terrorista autor de dicho atentado, y por tanto único responsable de semejante acción, en cambio ésta se explicó como el resultado de la supuesta 'inflexibilidad' e 'intransigencia' del Gobierno británico y de los unionistas norirlandeses.
Quienes reivindican 'valentía' del Gobierno para solucionar 'el conflicto' y lograr el final de ETA, proponiendo incluso contactos con el grupo alegando que así se acerca la paz, favorecen de ese modo el discurso con el que los terroristas justifican su existencia y su violencia. Semejantes exigencias se sostienen en una lógica no muy diferente a la que inspira los comunicados en los que ETA reivindica sus crímenes, y en los que éstos aparecen como absolutamente necesarios, como reflejaba esta banda en el Aberri Eguna de 2002 al afirmar: «Están tuertos los que basan la paz en el alto el fuego de ETA, y bizcos los que piensan que la paz vendrá por sí sola. A éstos les tenemos que recordar que a la paz hay que enseñarle a andar. ( ) El alto el fuego no es el fenómeno que traerá la paz a Euskal Herria; será la consecuencia de encontrar una salida para el motivo de fondo, de asentar las bases para desarrollar un proyecto político». El grupo terrorista utilizaba ese comunicado en tan simbólica fecha para el nacionalismo con el fin de eludir su evidente responsabilidad en la prolongación del terrorismo, subrayando además que la solución «se basa en que sea garantizado el derecho a decidir de los ciudadanos vascos».
Curiosamente, éste es el mismo diagnóstico en el que el lehendakari Ibarretxe viene insistiendo mediante la presentación de su iniciativa como «un plan de paz» a pesar de que en el mismo no se plantea ni una sola medida contra ETA, más allá de la satisfacción de aspiraciones nacionalistas con la esperanza de que esa política de apaciguamiento seduzca a la organización terrorista y la convenza de la idoneidad de detener sus actividades. Es como consecuencia de tan particular análisis del problema que desde ciertos ámbitos se requiere como solución al mismo 'valentía' por parte del Gobierno. En esas circunstancias la valentía reclamada equivale por tanto a acceder a la concesión de unas demandas nacionalistas con la esperanza, infundada además, de que los terroristas renuncien a la violencia al entender que algunos de sus objetivos se ven materializados. Al mismo tiempo, de esa manera se ignoran las muestras de verdadera valentía desplegadas desde hace ya muchos años por quienes padecen el terrorismo.
Los llamamientos de Ibarretxe casi han coincidido en el tiempo con los aniversarios del asesinato de Gregorio Ordóñez y Joseba Pagazaurtundua. Aquel 23 de enero de 1995, María San Gil presenció el asesinato de su amigo y compañero de partido. El hecho de que hoy esta mujer continúe involucrada en política a pesar de semejante suceso y de las constantes amenazas a su propia vida es sin duda confirmación ineludible de una enorme valentía. Iniciaba ETA con ese crimen su llamada 'socialización del sufrimiento', que supuso el asesinato de quince miembros del PP y nueve del PSOE, así como la intimidación masiva de militantes y simpatizantes de partidos no nacionalistas. A pesar de ello San Gil, Maite Pagazaurtundua y otras muchas vascas y vascos no nacionalistas que han visto cómo ETA les intentaba amedrentar mediante el asesinato siguen desafiando al terror valientemente mediante su participación en política. Como otros miles de ciudadanos amenazados, lo hacen pacíficamente, sin recurrir a la venganza y a la violencia que sobre ellos se inflige. Este valiente comportamiento no debe ser subestimado ni arrinconado, como se hace cuando a la hora de exigir responsabilidades por el final del terrorismo se sitúa en el mismo plano a quienes lo perpetran y justifican y a quienes son sus objetivos.
Nula consideración se muestra además hacia quienes sufren la intimidación terrorista cuando se acepta como lógico y normal que el problema fundamental de la sociedad vasca radica en la necesidad de «una relación amable de convivencia» entre Euskadi y España, como propugna el nacionalismo institucional. La realidad condicionada por el terror y la negativa de muchos nacionalistas a reconocer los efectos que necesariamente la intimidación diaria tiene sobre políticos y ciudadanos amenazados demuestra que es en otro ámbito mucho más cercano donde la convivencia debe repararse, o sea, entre los propios vascos. Probablemente el primer paso en dicha reparación sea la solidaridad activa, no meramente retórica, con quienes son incapaces de dialogar en igualdad de condiciones para sostener sus ideas y a quienes cruelmente se les demanda 'valentía política', despreciándose por ello que para los adversarios ideológicos del nacionalismo la defensa de la democracia implica el riesgo de perder la vida, el más fundamental de todos los derechos.
Por este motivo la restitución de la convivencia obliga a reconocer que la coacción no debe resultar rentable, como sí sucede cuando se admite que el modelo de convivencia de un país puede diseñarse en contra de la opinión de la mitad de la sociedad amenazada por el terrorismo, o cuando se supedita el final de la violencia a concesiones por parte de ese sector de la ciudadanía que es además blanco prioritario de ETA. Ambos errores son el eje fundamental del plan Ibarretxe, y quizás muestras de la cobardía del lehendakari.
Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.
Rogelio Alonso, EL CORREO, 7/2/2005
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