Peces-Barba abandona el Alto Comisionado de Atención a las Víctimas del Terrorismo tras dos años de polémicas
Gregorio Peces-Barba abandonó ayer un cargo marcado por la polémica desde su mismo nombramiento hace menos dedos años, en los que ha impulsado una serie de medidas de atención a las víctimas del terrorismo en medio de constantes peticiones de dimisión por parte de una de las principales asociaciones y del PP.
Peces-Barba, quien ya anunció hace unos meses que dejaría el cargo tras el verano, fue nombrado Alto Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo el 17 de diciembre de 2004, dos días después de la comparecencia de Pilar Manjón como representante de las víctimas en la comisión de investigación de los
atentados del 11-M.
Manjón agradeció la creación de esta nueva figura confiando en que Peces-Barba sería un "hombre bueno" que mejoraría la atención a las víctimas, pero el otro compareciente, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, le ofreció un "voto de confianza" que duró poco.
También el PP protestó, no tanto por la elección de la persona de Peces-Barba como por el hecho de que el Gobierno no había "consensuado" su nombramiento en el seno del Pacto Antiterrorista.
En menos de un mes, comenzaba una disputa entre Alcaraz y Peces-Barba que se ha mantenido hasta ahora, pues el primero acusó al segundo de haberle sugerido abrir un debate entre las víctimas sobre su aportación en un hipotético proceso de paz con ETA, que la AVT rechaza frontalmente.
El 22 de enero, se celebraba la primera de una serie de manifestaciones de la AVT en contra del diálogo con ETA en la que los participantes gritaron su repulsa por la ausencia de Peces-Barba.
Y el 14 de febrero, Alcaraz anunciaba la ruptura de relaciones con el comisionado tras una reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantuvo una ronda de contactos con representantes del colectivo de víctimas en un intento de suavizar las tensiones existentes.
A lo largo de 2005, el comisionado planteó al Gobierno una serie de medidas para mejorar la atención a las víctimas, empezando por una prórroga de los plazos previstos por la Ley de Solidaridad de 1999 a la que muchas no se habían acogido, y terminando por la
propia reforma de esta ley, que debatirá el Parlamento en este periodo de sesiones.
A propuesta de Peces-Barba, las víctimas fueron honradas con medallas, obtuvieron trato preferencial en la adjudicación de vivienda pública, becas, ayudas especiales y tutorías para estudiantes, créditos blandos de bancos y cajas, o mejor atención psicológica.
Otra de las cuestiones en las que hizo hincapié el comisionado fue la reclamación para que los fiscales solicitasen en los juicios que, además de las correspondientes penas, se prohibiese a los condenados por terrorismo acercarse a sus víctimas, familiares o lugares en los que cometieron los atentados.
También corresponde a su mandato la apertura de una oficina de atención a las víctimas en la Audiencia Nacional, en la que se les asesora de la marcha de los juicios y de los trámites que les afectan.
Análisis Digital, 9 de septiembre de 2006
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