Malestar en los cuarteles

Ya sea en el Ejército, en la Policía o en la Guardia Civil, el Ejecutivo de Zapatero parece tener una especial habilidad para encontrar problemas o directamente crearlos entre los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Y a juzgar por sus extemporáneas reacciones ante estos problemas, diríase que en Moncloa hay una obsesión enfermiza por lo que ocurre en los cuarteles y en las comisarías, ¿por qué tanta agitación?

 

La manifestación de hace una semana en Madrid de más de 3.000 guardias civiles uniformados se ha saldado ya con sendos expedientes y suspensiones de empleo para el secretario general de la asociación que la convocó y su responsable de Comunicación, si bien las sanciones podrían alcanzar a otros 30 agentes. De rebote, el brigada Jorge Bravo, que preside la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y que también participó en la concentración de los miembros de la Benemérita, ha sido arrestado por culpa de unas declaraciones en las que aludía a la falta de transparencia en relación al accidente del helicóptero Cougar en Afganistán.

 

A esto se une que el Ministerio de Defensa ha lanzado estos días una macroencuesta a través del correo electrónico con el fin de conocer las ideas políticas y las creencias religiosas de los soldados, oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra y, aunque dicen que respetan el anonimato, es fácil determinar al remitente de cada respuesta vía e-mail.

 

La rudeza con la que este Gobierno está tratando aquellos comportamientos que considera indisciplinados entre las fuerzas y cuerpos de seguridad es algo de lo que ya tenemos sobradas muestras. Ya José Bono destituyó de forma fulminante al general José Mena por pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña. En otro momento, dos peritos policiales fueron sonoramente puestos a disposición judicial, a instancias de la Fiscalía, por relacionar a ETA con el 11-M en un informe; una operación que se repitió con un policía de Vallecas, que fue encarcelado por investigar una trama de tráfico de explosivos y hablar con un periodista de El Mundo.

 

Aunque entre todos estos hechos hay notables diferencias, todos ellos comparten un trasfondo político. Da la impresión de que, con estas intervenciones –todas ellas precipitadas, escandalosas y chapuceras-, el Gobierno más que castigar la indisciplina, lo que reprime es la discrepancia con sus tesis. Curiosamente, hechos mucho más graves, como el “chivatazo” que, al parecer desde la Comisaría General de Información, sirvió para prevenir a la red de extorsión de ETA de una inminente intervención judicial, apenas han sido investigados.

 

El río parece revuelto entre los uniformados. El malestar es a veces de tipo laboral pero trasciende este plano para entrar de lleno en la falta de motivación y estímulos y la exigencia de algunos derechos de carácter muy político como el de la libertad de expresión y asociación. El Gobierno, en lugar de reprimir tan torpemente estos movimientos debería preguntarse por las causas profundas de este malestar. Se dará cuenta entonces de que su política está íntimamente relacionada. Una política que está más cerca de quienes quieren desmontar el Estado y el actual marco constitucional que de quienes quieren preservarlo; o que parecen querer hacer la vida más fácil a terroristas que defender a las víctimas.

 

Ignacio Santa María

Páginas Digital, 29 de enero de 2007