Socialistas y comunistas unen fuerzas para una nueva Desamortización

La Iglesia navarra está en peligro. La izquierda quiere expropiar los templos usando una Ley franquista. Ignorancia y anticlericalismo se complementan en una pretensión absurda. 

 

El PSOE, Izquierda Unida y los abertzales de Nafarroa Bai han aprobado en el Parlamento de Navarra una moción que insta al Gobierno de Miguel Sanz a discutir la propiedad de los edificios y bienes religiosos en la Comunidad Foral. Acosado por las izquierdas, el Ejecutivo se debate entre los derechos de la Iglesia y las exigencias del PSN-PSOE, del que depende para sostenerse en el poder. En torno a la cuestión se ha revivido la alianza de izquierdistas y abertzales que se rompió en la crisis del verano de 2007. Pero lo que está en juego es mucho más importante que un gobierno regional.

 

Una cuestión histórica nada complicada

 

En principio, Izquierda Unida exigía del Gobierno que empleara "todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso de Navarra". Añadiendo la imprecisión a la mentira, los comunistas navarros de Ion Erro olvidaban en su petición tres aspectos esenciales: 1) Los inmuebles de la Iglesia no pertenecen a las instituciones públicas, 2) su uso religioso no es circunstancial y no admite límites y 3) si hasta el momento no se habían podido inscribir en el Registro de la Propiedad se debía a una legislación franquista ahora modificada o derogada. Tres importantes razones que permiten dar la vuelta al asunto: la Iglesia no está usurpando lo que siempre ha sido suyo, sino que la izquierda trata ahora de nacionalizarlo.

 

La Ley Hipotecaria de 1946, continuando una tradición centenaria, excluía de la publicidad registral los bienes de la Iglesia. Al modificarse esta Ley y su Reglamento, y en cumplimiento de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, las diócesis están inscribiendo sus bienes, ¿o acaso no tienen derecho? ¿Añora la izquierda la situación del franquismo? Quizás, sencillamente, no sabe a qué era debida.

 

España, desde la conversión de Recaredo en 589 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con pocas interrupciones y algunos altibajos, fue un país católico. No hablo de la cultura, la tradición y la religión predominantes (que siguen siendo las mismas) sino de la unidad católica, fundamentada en la confesionalidad de los poderes públicos y en la alianza estrecha entre Iglesia y Estado. Se presumía la catolicidad de España y de los españoles, de manera que no había razón para marcar límites entre lo público y lo eclesial. Y no porque no existiesen.

 

Ahora bien, tanto la Iglesia como sus partes tienen hoy una personalidad jurídica plena, y el Estado no es confesional. Si legalmente tiene hoy razón Manuel Azaña, y España ha dejado de ser católica, no es menos cierto que la Iglesia sigue existiendo, y sigue poseyendo lo que era ya suyo. Mendizábal en 1837 planteó –con la excusa de una desamortización- el expolio de las órdenes religiosas; y al extenderse después la desamortización a los restantes bienes eclesiales quedaron excluidos, precisamente, los destinados al culto y aquellos cuya venta no se logró. La Iglesia posee por tanto, hoy, los restos de su patrimonio inmemorial y lo que haya podido recibir en el último siglo y medio. Y como todo propietario, puede acudir al Registro de la Propiedad: no para quitar a nadie lo suyo, sino para evitar, precisamente, lo contrario.

 

Se escandaliza nuestra izquierda de que se han inscrito en el Registro "más de mil propiedades", entre "iglesias, ermitas, parroquias y cementerios", a nombre de las diócesis de Pamplona y Tudela. El PSOE, con aire moderado, pide al Gobierno foral "que medie" entre el arzobispado de Pamplona-Tudela y los Ayuntamientos afectados para que se conozcan las razones de esta escrituración de las propiedades eclesiales. Y el presidente del PSN, Román Felones, ha hablado pausadamente de la dificultad de un problema "nada sencillo y sensible" según él.

 

Una cuestión política, entre fanatismo y complejos

 

Felones sabe bien, sin embargo, que este asunto de las "iglesias propias" ya se planteó y se resolvió hace unos cuantos siglos. Quizás hablaríamos de otro modo si el emperador Enrique (q.D.g.) hubiese derrotado a Hildebrando y a la condesa Matilde, o si el clero no se hubiese manchado las manos en la vergüenza de Tagliacozzo, pero la Historia ya pasó por este punto: tanto las dignidades eclesiásticas como los bienes de la Iglesia están sometidos a la disciplina de Roma, y desde luego no a los caprichos de las autoridades seculares. Y menos aún cuando presumen de su acatolicidad, laicismo o anticristianismo, por cierto.

 

Es divertido ver a un heredero de Lenin como Erro diciendo que son "bienes públicos de uso religioso", y hablando con pretendida seriedad de "apropiación indebida"; o a uno de Sabino Arana, como Maiorga Ramírez, de Nafarroa Bai, lamentado la "nocturnidad y alevosía" con la que cree que ha actuado la Iglesia en este asunto.

 

Pero en definitiva, ¿de qué se trata? De saber a quién pertenecen las parroquias, las ermitas y las casas parroquiales. Según los indignados izquierdistas "numerosas facturas y documentos que acreditan y garantizan que esos edificios fueron costeados en su mayor parte desde la voluntad pública". En efecto, así es: o así fue al menos mientras el Estado fue católico. Esos bienes, creados por el pueblo (de Dios: es decir la Iglesia) para el culto, han servido a todo el pueblo mientras el pueblo ha sido católico. Ahora bien, si las instituciones ya no son confesionales es ilógico privar a la Iglesia de su derecho a registrar sus bienes (cosa que sí intentó hacer la Segunda República, pero la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 no está en vigor).

 

Dos puntos de humor del asunto

 

Para reír, la ocurrencia del centrista José Andrés Burguete (CDN) que con su noble trayectoria jurídica se lava las manos diciendo que "estas cuestiones deben dirimirse en el ámbito judicial". Cierto, cierto: pero si vamos a abstenernos ante todo intento de usurpación entonces no cobremos el sueldo a fin de mes. La pelota, al final, va a parar al tejado del Departamento de Cultura de Juan Ramón Corpas y a la Dirección General de Pedro Luis Lozano Úriz: si lo que está en juego no fuese tan serio sería divertido ver cómo consiguen rechazar las pretensiones de los socialistas sin parecer, por Dios, que dan la razón a la Iglesia.

 

Esto tiene pinta de colear mucho tiempo, pero al fin y al cabo se debe a un problema social muy español: ya no somos católicos (las instituciones no lo son y muchos ciudadanos tampoco) pero no queremos renunciar a lo que nos gusta de las etapas anteriores. Es decir, no voy a Misa pero quiero que mis niños se bauticen y comulguen, no doy limosna pero quiero casarme en la iglesia, el chaval no cree en nada pero quiero que se confirme y así sucesivamente. Y ahora éstos, que son abiertamente enemigos de la Iglesia, que no quieren ser parte de ese "pueblo de Dios" que construyó, mantiene y llena los templos, quieren tenerlos en propiedad. Incluso cuando son edificios anteriores en varios siglos a la constitución del primer Ayuntamiento navarro. Rozan el ridículo pero causan un gran daño a la convivencia pacífica.

 

Pascual Tamburri

El Semanal Digital, 20 de marzo de 2008