ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL: Sopesar el bien de la unidad

Se acerca la fecha de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal, que estará dedicada a examinar la situación actual de España, ya que la saturación de trabajo de la asamblea precedente no permitió a los obispos desarrollar un diálogo a fondo sobre la circunstancia histórica de nuestro país, marcada por una profunda secularización, por una política de laicismo radical y por un proceso que muchos califican de ruptura con el régimen constitucional del 78.

Evidentemente, los obispos no realizarán un análisis político en el sentido técnico de la palabra, pero no pueden dejar de tomar en consideración las coordenadas históricas de este momento a la hora de guiar al pueblo de Dios.  

También entre los obispos gana terreno la percepción de que nos encontramos en un momento de encrucijada histórica. No es que la mayoría de los problemas sean nuevos (casi todos tienen raíces históricas profundas), pero es verdad que el proceso político está actuando como catalizador de todos ellos.

Por un lado, la etapa abierta con la Transición había establecido un marco de reconciliación entre católicos y no católicos basado en los principios de libertad religiosa y colaboración del Estado con la Iglesia. En este marco, la Iglesia se ha sentido cómoda para desarrollar su misión en una sociedad plural. Como es natural, no han faltado las tensiones y las discrepancias, pero se han desenvuelto en un clima de lealtad básica, que es lo que ahora se ha comenzado a quebrar.  

Es cierto que el Gobierno de Zapatero no ha planteado formalmente la revisión de ese marco (como ha subrayado recientemente el Cardenal Rouco), pero también lo es que los soportes intelectuales del Ejecutivo vienen repitiendo machaconamente que el diseño constitucional de las relaciones con la Iglesia Católica es una anomalía que conviene corregir.

No se puede descartar que en esto, como en otras cosas, la Iglesia deba prepararse para una nueva etapa mucho menos halagüeña que la anterior.  Por otra parte, al calor del laicismo gubernamental, crece con mayor virulencia la hostilidad cultural contra el catolicismo, especialmente en los medios de comunicación y en los ámbitos intelectuales.

Esta es una planta que siempre ha existido en el solar español, pero ahora encuentra un suelo nutricio mucho más rico para su desarrollo. Sin duda los obispos tomarán buena nota y se preguntarán por el siempre pendiente diálogo cultural con el mundo "laico", que en España resulta tan difícil siquiera de emprender.  

Otro asunto en el que asoma la ruptura es el de la unidad solidaria de las regiones que integran la nación española. De ningún modo puede ser éste un asunto ajeno a las preocupaciones de los obispos, primero porque dicha unidad está vinculada a un patrimonio común de valores espirituales íntimamente ligado a la fe católica, y segundo porque la solidaridad entre los diferentes pueblos de España, amasada a lo largo de los siglos en una empresa común, es un valor que la propia Doctrina Social de la Iglesia no puede dejar de señalar. Así lo reconoce en su capítulo quinto la instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias.  

En una reciente entrevista, el cardenal Rouco subrayaba que "la caridad cristiana vivida en el mundo de las realidades políticas respecto a España implica valorar su unidad y la cooperación de todos en torno al bien común, como un gran bien que no se debe perder". Ciertamente, a continuación el cardenal explicaba que la configuración jurídica de esa unidad es una cuestión éticamente abierta. Por todo ello, los obispos no pueden dejar de preguntarse en esta asamblea por el significado del actual proceso de debilitamiento jurídico-político, pero también afectivo y moral, de la unidad de España.

Los obispos andaluces lo han expresado con claridad palmaria en su nota sobre la reforma del Estatuto:  "Esta unidad, reconocida por la Constitución de 1978, ha entrelazado en forma tal los bienes materiales y espirituales de todos los españoles y su recíproca dependencia, que su debilitamiento o quiebra pudiera conducir a un daño de consecuencias imprevisibles irresponsablemente infligido al bien común, al cual debe supeditarse cualquier ordenamiento jurídico".  

Por otra parte, no es casualidad que este proceso de quiebra de solidaridad venga de la mano de unos estatutos marcadamente laicistas, cuyos capítulos de derechos y deberes suponen una reformulación encubierta de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en clave radical.

Se verifica una vez más que el laicismo y el nacionalismo disgregador se reclaman mutuamente.  Mucho se ha especulado sobre la forma en que la Asamblea Plenaria podría formular esta preocupación, a la vista de los procesos de reforma estatutaria en curso. En la mencionada entrevista, el cardenal Rouco ha expresado su deseo de que se publique un documento al respecto, si bien parece difícil que vea la luz en la inminente asamblea extraordinaria; quizás aquí se tejan los mimbres para un texto que se aprobaría en otoño.

De todas formas, la andadura de este debate no será sencilla, y ahí está para demostrarlo la carta que 27 políticos e intelectuales catalanes han dirigido a todos los obispos advirtiéndoles de que una reivindicación de la unidad de España implicaría expulsar a los católicos que no comulgan con el centralismo. Claro que podríamos preguntarnos qué tiene que ver el centralismo con el reconocimiento del bien moral de la unidad, y por qué los firmantes de la carta alaban el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña en el documento episcopal Raíces cristianas de Cataluña, de 1985, y rechazan la posibilidad de que ahora el conjunto de los obispos de España valoren su unidad histórica como un bien moral a proteger.  

A los obispos no se les ha pasado por la cabeza sacralizar un modelo de Estado, como acusan estos críticos anticipados, sino juzgar desde el Evangelio la crisis de fondo que padece nuestra sociedad. Es una cita con la historia, a la que la Iglesia en España no debe faltar.  

Por José Luis Restán 

Libertad Digital, suplemento Iglesia, 15 de junio de 2006