Juan Infante, jurista participante en el proceso de disolución de ETA político militar:

La participación en los trámites para disolver la rama político-militar de ETA avala la opinión de Juan Infante sobre los pasos ejecutados hasta ahora y el futuro que aguarda al proceso de paz. No obstante, en su mensaje matiza de forma reiterada las diferencias que tanto el estado de la organización terrorista como la disposición negociadora marcan la situación que vivió hace más de dos décadas y el camino iniciado el 22 de marzo con el alto el fuego de ETA.

ETA pm declaró la tregua, a la postre definitiva, en 1981. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre este caso y el alto el fuego actual?

La situación actual tiene poco que ver con lo que ocurrió entonces. El punto común es el tronco que unía a estas dos organizaciones, pero la tregua de ETA pm se produjo en plena transición y cuatro años después de que se hubiera decretado una amnistía total. El intento de golpe de Estado del 23-F aceleró todo el proceso y era una época muy cruenta, con más de 100 asesinatos al año por parte de ETA. Otra diferencia es la existencia de varios grupos terroristas, no como ahora que están centralizados en una banda.

¿Cree que el éxito de la actual tregua es más complicado que el del proceso en el que usted participó?

Cuando (Juan Mari) Bandrés y (Mario) Onaindia plantean, primero con (Adolfo) Suárez y luego con Felipe González, esta posibilidad, hablaron de la disolución de la banda armada, pero sin nada a cambio. No se planteó la posibilidad de negociar reivindicaciones de ningún tipo ni tan siquiera se enfocó en ese sentido. La disolución estaba muy asumida por los miembros de la banda, una clara prueba de ello es que ninguno reincidió y todos prefirieron seguir haciendo su vida privada en otros ámbitos. El Gobierno pensó que éste podía ser un ejemplo para la otra rama de ETA y el resto de los grupos terroristas. Por el contrario, ahora se aborda la disolución de la banda pero estrechamente ligada a la normalización política a través de una o dos mesas de negociación.

¿Qué diferencias percibe entre los interlocutores abertzales del nuevo proceso con respecto a los que usted conoció?

Ahora la posición de Batasuna es muy distinta a la Bandrés y Onaindia entonces, ni la de ETA es la de los polimilis de comienzo de los 80. Las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen una fuerza que entonces no tenían. Hoy en día las resoluciones judiciales van a ser difíciles de resolver, aunque, en principio, deberían ser más sencillas que otras medidas, ya que no precisan de consenso político.

¿Cómo cree que acabará esta vez la tregua?

Me gustaría que fuera definitiva, que duda cabe, pero después de tantos desengaños.... ETA está en unas condiciones mucho peores que hace veinte años y los procesos han llegado a todos los países del mundo y también aquí. En ese sentido sí creo que puede ser un éxito el cese de la actividad de la banda, pero mezclarlo ahora con la negociación política sólo logrará embarrancar el proceso.

¿Teme que, al igual que en los 80, una facción de la banda se desligue del alto el fuego?

Mi impresión es que nadie se plantea que pueda haber una línea más dura que busque la continuidad. Es un proceso agotado que afecta a toda la banda en su conjunto y las soluciones judiciales se buscarán, aunque sea en un plazo medio. Lo malo es que las negociaciones políticas embarrancarán el proceso de disolución de ETA.

Jueces para la Democracia aboga por que los políticos modifiquen leyes si con ello se avanza en el proceso. Parece lógico, pero ¿cree que se llevará a cabo?

Si Batasuna condena la violencia y entra en el juego democrático no creo que haya nadie que se oponga a su participación en las elecciones. Además, en caso de que se cumpla este supuesto, la Ley de Partidos podría seguir vigente pero ya no se aplicaría. Con la tregua de 1981 no se dictó ninguna ley especial que hiciese referencia a la situación de entonces, pero porque no hizo ninguna falta.

vitoria. El papel que la judicatura debe ejercer en el proceso de paz está delimitado, según este abogado bilbaíno, por el marco que encierra el ordenamiento legal, quedando en un segundo plano el margen de maniobra que los jueces tienen a su alcance. Por ello, Infante considera que las demandas que se están haciendo a los jueces y fiscales desde los partidos políticos deberían ir precedidas de un consenso que, sobre todo en la última semana, brilla por su ausencia entre el PSOE y el PP.

¿Cómo pueden afectar las discrepancias entre los dos principales partidos del Estado de cara a la resolución del conflicto?

Es muy complicado lleva un proceso adelante en estas circunstancias. Lo que los partidos no pueden hacer es pedir a los jueces que resuelvan lo que las dos grandes formaciones no son capaces de acordar.

Zapatero ha anunciado que hablará con ETA del futuro de sus integrantes. ¿Habrá indultos?

Es una posibilidad, porque la Constitución no recoge en ninguno de sus apartados que no se produzcan, por ejemplo, 100 indultos. Además existen otras medidas penitenciarias que permiten mejorar las condiciones de los presos, como es la libertad condicional, cuando se han cumplido dos terceras partes de la condena, o el régimen abierto, que implica que incluso con menos de la mitad de la pena se pueda pasar el día fuera de prisión. Situaciones de este tipo se pueden promover con las posibilidades jurídicas actuales.

¿Había presos con delitos de sangre entre los 150 miembros de ETA que se beneficiaron de las medidas de gracia en 1981?

No lo sé, pero por lo menos no hubo una acusación de la Audiencia Nacional. Puede que no se investigase demasiado, pero fue un tema que facilitó mucho la solución y que, hoy en día, es difícil que se repita en los mismos términos. No obstante, los disposiciones legales que existen para regular los indultos no matizan en ningún momento que éstos no pueden materializarse cuando se trata de delitos de sangre. Pero frente a los tecnicismos legales hay otros condicionantes como las voces sociales, sobre todo las de las asociaciones de ciudadanos que han sido víctimas de la violencia terrorista.

 

Diario de Noticias de Navarra, 12 de junio de 2006