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Marlaska amplía la operación policial a los empresarios

Lukin es encarcelado también y otros nueve vascos cumplen ya cinco días incomunicados en los calabozos españoles y franceses
Tras las detenciones de doce ciudadanos vascos el martes, el juez Fernando Grande-Marlaska hizo detener ayer a dos empresarios navarros a los que acusa de hacer pagos a ETA. Se trata de una decisión que sólo tiene un precedente, firmado por su antecesor en el cargo e impulsor de este sumario, Baltasar Garzón. Además de ello, mantiene en situación de incomunicación a todos los detenidos en territorio del Estado español, aunque dos de ellos están ya en prisión. París, por su parte, ha aplicado por primera vez a los vascos la reforma legal que le permite extender la detención a seis días.

Tras ordenar junto a la juez parisina Laurence Le Vert la detención de doce ciudadanos vascos el martes, su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, dio un paso más ayer e hizo detener a dos empresarios, de los que sólo se difundió que son navarros. Aparentemente, el juez entendería que han efectuado pagos a ETA, y buscaría determinar ahora si lo hicieron de forma voluntaria o no. El caso es que su decisión apenas tiene precedentes, aunque Baltasar Garzón, que inició este proceso continuado ahora por Marlaska, ya hizo detener en su día al dueño de un comercio deportivo de Tolosa, que luego quedó libre sin cargos. En esas fechas se llamó a declarar además a directivos de Azkoyen, sin ordenar su arresto. Alcanzó gran repercusión también la citación a conocidos cocineros vascos.

Mientras tanto, Carmelo Lukin es el segundo encarcelado tras la redada del martes. En la tarde de ayer compareció ante Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional, y a última hora de la noche se conoció que éste había ordenado su ingreso en prisión. Las acusaciones concretas contra él no se detallan.

El magistrado especial mantiene además a Lukin ­yerno de Joseba Elosua, también detenido­ en situación de incomunicación, a la espera de que concluyan las citaciones.

Mientras tanto, hoy se cumple el quinto día de incomunicación para los otros nueve vascos que permanecen en dependencias policiales (Jean-Pierre Harocarene está en prisión desde la noche del jueves, igualmente sin poder hablar con abogados ni allegados, mientras que Izaskun Gantxegi quedó libre ese día). El plazo resulta especialmente significativo en el Estado francés, ya que al haberse superado los cuatro días y noches de incomunicación se aplica por primera vez a ciudadanos vascos la «ley antiterrorista» aprobada hace meses.

 Protesta de los abogados Askatasuna recordó en una nota que esta norma, que entró en vigor el 1 de mayo, permite retener a un detenido durante seis días en dependencias policiales, siempre que se cumpla alguna de estas dos condiciones:que el arresto se haya producido en el momento de cometer el delito o que exista una demanda internacional. Ante la evidencia de que la primera razón no existe en este caso, Askatasuna explicó que «no descartamos que el Estado francés use como excusa» la segunda.

Varias agencias afirmaron, citando fuentes judiciales parisinas, que los seis vascos que siguen en manos de la Policía francesa serán llevados hoy mismo ante la juez, superado ya el plazo de cuatro días desde su arresto. Son Eloy Uriarte, José Román Badiola, José Antonio Cau, Julen Madariaga, Kristina Larrañaga y Anjel Iturbe. En cuanto a los detenidos por orden del juez especial español Fernando Grande-Marlaska, en la noche de hoy a mañana concluye el tope de cinco días de incomunicación, por lo que deberá tomarles declaración durante la jornada. Faltan por pasar a disposición judicial Ramón Sagarzazu, Iñaki Aristizabal y Joseba Elosua.

Según algunos medios, Grande-Marlaska tenía inicialmente la intención de tomarles declaración ayer, pero la Policía pidió más interrogatorios.

 Mientras tanto, Askatasuna denunció que el juez se negó a facilitar cualquier información a los abogados, argumentando que el caso está bajo secreto, pese a las constantes filtraciones a medios españoles. Los abogados, según explicó Askatasuna, consiguieron contactar con el presidente de la Audiencia Nacional para transmitirle su queja, y a consecuencia de ello lograron saber que Lukin declararía ayer a la tarde, y el resto, hoy por la mañana.
El comisario se enfrenta al juez por investigar a policíasLa redada contra doce ciudadanos vascos ha provocado además un fuerte enfrentamiento entre el juez instructor de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario general de Información de la Policía española, Telesforo Rubio, según revelaron ayer fuentes jurídicas. El altercado se produjo después de que Grande-Marlaska considere que pudo producirse una filtración policial que habría afectado al desarrollo de la redada. Esta tesis ha sido trasladada a varios medios de difusión madrileños.

Grande-Marlaska ha llegado incluso a interrogar a diversos agentes policiales de la investigación, lo que habría provocado el malestar y la respuesta de Telesforo Rubio. Así las cosas, el juez ha recurrido a otro interlocutor policial.

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, no mostró discrepancia alguna respecto a esta actuación del juez. Es más, valoró que es «razonable y respetable si cree que ha habido una filtración».


LCR y el Comité de Derechos Humanos se unen a la crítica
La redada sigue suscitando muestras de rechazo. Así, el Comité de Derechos Humanos del País Vasco deplora que «personas honorables», entre las que cita a Julen Madariaga, «hayan sido agredidas» y se extraña de que la Policía intervenga ahora por hechos «que se remontan a varios años». En resumen, dice que «si se buscara que el proceso de paz se viniera abajo, no podría actuarse de mejor manera» y añade que «la tregua debe ser obra de todos».

LCR también destaca, al dar apoyo a la marcha de hoy de Baiona, que «estas detenciones no ayudan al proceso en curso». -
El PNV replica a Urquijo por llamar «colaborador» a AgirreTras varios días de rumores e insinuaciones, ‘‘El País’’ aseguró ayer que la Policía ha intervenido conversaciones entre el detenido Joseba Elosua y Gorka Agirre, responsable de relaciones externas del PNV, que podrían relacionar a éste con el «impuesto revolucionario». Aunque el juez no ha tomado medida alguna contra Agirre, un dirigente del PP, el parlamentario Carlos Urquijo, no dudó en airear es- tas sospechas en sede parlamentaria. En el pleno de ayer en Gasteiz, le acusó de «colaborar con ETA», lo que provocó una contundente réplica del PNV.

El portavoz jelkide en este punto del debate, Xabier Agirre, tildó de «indigno» a Urquijo y le dijo que antes de hacer sus acusaciones debería «preguntar a varias familias de Bizkaia del PP qué han solicitado de Gorka Agirre en este tema del ‘impuesto revolucionario’. Primero pregunte, antes de ejercer de bocachancla», indicó el parlamentario del PNV.

Urquijo sacó a relucir la supuesta investigación existente sobre Gorka Agirre en el debate de un punto relacionado con la kale borroka. Después de que el tripartito presentara una enmienda contra la iniciativa del PP, su representante argumentó que «cuando burukides como Gorka Agirre se dedican presuntamente a colaborar con la extorsión terrorista es normal que sus compañeros de grupo presenten enmiendas tan vergonzosas como ésta».

El proceso, «porquería» En su argumentación, el electo del PP llegó a referirse al proceso actual como «porquería».

Criticó además a Josu Jon Imaz, presidente del PNV, por afirmar que Agirre «buscó sólo la paz y verificar que ésta se producía en todos sus términos». Imaz añadió que «la sociedad tiene ese objetivo, y debemos entregarnos a ello».

Gara, 24 de junio de 2006
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