Gobierno español y ETA cerraron en febrero un acuerdo con compromisos y garantías.

Según han confirmado a GARA diferentes y dispares fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno español y ETA alcanzaron en febrero un acuerdo que contempla compromisos y garantías por ambas partes. Aquel acuerdo desembocó en el alto el fuego permanente anunciado por la organización armada el 22 de marzo y, entre otras cosas, recogía, por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, la asunción de una serie de garantías para el adecuado desarrollo del proceso político (entre ellas la de no efectuar detenciones y la de propiciar la igualdad de condiciones para todos en la vida política), así como el compromiso de respetar las decisiones que adopten libremente los ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa sobre su futuro.

DONOSTIA

Según han confirmado a GARA diferentes y dispares fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno español y ETA alcanzaron el pasado mes de febrero un acuerdo que contempla compromisos y garantías por ambas partes. Aquel acuerdo permitió, en primera instancia, que tres portavoces de ETA hicieran público el 22 de marzo una declaración de alto el fuego permanente que entró en vigor dos días después, a las 00:00 horas del día 24, y que hoy continúa vigente.

En el citado acuerdo, ETA se compromete concretamente a no realizar acciones contra personas ni bienes, como ha ocurrido y ha sido constatado por el Gobierno español durante lo que éste denominó periodo de «verificación» previo a la comparecencia de su presidente, Rodríguez Zapatero, en el Congreso. Junto a ello, la organización armada aceptó no realizar acciones de abastecimiento de armas ni explosivos a partir de la declaración de alto el fuego permanente.

El Ejecutivo español también asumió compromisos en este acuerdo cerrado en febrero, según las fuentes consultadas. En concreto, aceptó que respetaría las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos.

En el citado punto se especifica que el Gobierno español entiende que los acuerdos para ello se alcanzarán entre los partidos políticos vascos, así como entre los agentes sociales, económicos y sindicales vascos.

Se recoge además que los citados acuerdos se refieren al futuro de los ciudadanos de los cuatro herrialdes bajo administración española: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Información conocida

Según ha sabido GARA, esta información circula desde hace algunas semanas en diferentes medios de comunicación, así como en los ámbitos políticos. Y, a pesar de que la existencia del acuerdo no ha sido dada a conocer por ninguna de las dos partes, los comentarios y filtraciones sobre la existencia de compromisos y garantías entre ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se han extendido, en algunos casos al socaire del malestar provocado, o de la sorpresa o desorientación generada por el incumplimiento de los mismos, hasta el punto de que sus contenidos han terminado por circular, como ya se ha apuntado, en diferentes ámbitos.

De hecho, la primera mención a ese acuerdo la realizó en su primer editorial tras el alto el fuego el diario “El País”; y el líder del PP, Mariano Rajoy, ha hecho expresa mención en varias ocasiones a los «compromisos de Zapatero». Esas alusiones a los compromisos que podrían haber pactado el Gobierno español y ETA han sido una constante en estas últimas semanas, aunque, en cambio, no han recibido igual eco los ataques al proceso.

22-M y 29-J

Aunque el acuerdo no se hizo público, es obvio que en los últimos meses sí se han producido movimientos muy significativos que han provocado un escenario político novedoso en Euskal Herria y que, como vemos, tienen un trasfondo muy concreto. Así, el 22 de marzo ETA declaraba un alto el fuego permanente a través de una declaración en la que ubicaba la medida en su interés en contribuir a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.

La organización armada vasca ha incidido en esta idea en posteriores posicionamientos, y especialmente en la entrevista realizada por GARA y publicada el pasado 14 de mayo, casi dos meses después de la declaración de alto el fuego, así como en el último comunicado dirigido por la organización armada a la opinión pública española. En la entrevista concedida a GARA, dos portavoces de ETA resaltaban el concepto de que «es preciso levantar todos los límites impuestos a la voluntad de Euskal Herria» y reiteraban que «la clave del proceso está en el debate democrático en Euskal Herria».

Daban, además, algunos datos sobre el alcance del alto el fuego. En referencia a los gobiernos de Madrid y Lakua y su insistencia en que la medida debía ser «universal», ETA explicaba que «a quienes repiten esta cantinela, les decimos que conocen los parámetros de la decisión de ETA y también su solidez. ETA ha manifestado claramente cuáles son sus compromisos».

Desde la parte estatal, el 29 de junio su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba su disposición a abrir el diálogo con ETA en una comparecencia institucional en la que añadía que «el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos».

El jefe del Gobierno español subrayó igualmente que «entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos y sindicales, deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno». Y agregó algunas «reglas» para ese proceso, como el logro de consenso. En concreto, citó tres: «Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, y amplio acuerdo político, que recoja el pluralismo de la sociedad vasca». Esta declaración institucional de Rodríguez Zapatero fue saludada por Batasuna como «positiva y de gran calado político».

Representantes de ambas partes empezaron a hablar en junio de 2005 con total discreción
GARA

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Diversos medios de difusión, en especial tras la proclamación del alto el fuego permanente de ETA el 22 de marzo, han difundido que representantes del Gobierno español y la organización armada llevaban meses de conversaciones antes de que se produjera esa medida. Se han citado, incluso con profusión, tanto presuntos lugares de los encuentros como posibles mediadores. Este diario está en condiciones de afirmar que el acuerdo del que se da noticia en estas páginas tuvo una gestación de ocho meses.

Los representantes de ambas partes comenzaron a negociar en junio de 2005 y el acuerdo quedó cerrado en el mes de febrero de 2006.

Ambas partes han coincidido y coinciden en mantener un mutismo absoluto al respecto. Así, en la entrevista realizada por GARA a dos representantes de ETA, éstos eludieron dar cualquier dato al respecto argumentando que «para nosotros, la discreción es un elemento básico e indispensable en un proceso de negociación».

Anteriormente, ETA sólo se refirió a una posible negociación con el Estado en un comunicado emitido hace algo más de un año, en el que indicaba que estaba intentando abrir una vía de diálogo. Tampoco esto constituía ninguna novedad, según subrayaban los portavoces de la organización en la entrevista: «Al hacerlo público, ETA no hizo sino confirmar una actitud que siempre hemos mantenido; es decir, expresar nuestra voluntad de superar el conflicto por medio de la negociación». Más tarde, apostillaban que «en este último año, ETA ha seguido dando pasos en esa misma dirección, en ese intento de abrir y desarrollar un proceso de negociación».

Por lo que respecta al Gobierno de Zapatero, el silencio y los desmentidos, en su caso, han constituido también el criterio de actuación permanente. De hecho, el presidente del Ejecutivo español y máximo mandatario del PSOE explicó en su alocución en el Congreso de los Diputados que así será también cuando se abra el diálogo oficial con ETA.

Hasta finales de setiembre

En su declaración, se limitó a indicar que «voy a desarrollar esta tarea con prudencia y discreción», y anunció que el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, no dará información a los grupos parlamentarios sobre la evolución de estos contactos hasta finales del mes de setiembre.

Zapatero, que el martes indicó en Nueva Delhi que ya tiene decididos los interlocutores para esta labor pero que no dará a conocer su identidad, dio vía libre a este diálogo con ETA «al amparo de la resolución adoptada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2005». Y resaltó que en el proceso de conversaciones que se abre ahora mantendrá «el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular».

Tanto los portavoces del Ejecutivo español como los del partido que lo gestiona han negado cualquier noticia que afirmara que estaban ya hablando con ETA anteriormente, o bien dejan caer que el resto ya lo sabía. En los últimos días, por ejemplo, lo han hecho al hilo de la publicación de un documento incautado presuntamente a militantes vascos y que apuntaría al interés del PSOE por abrir esta vía ya en 2004. José Blanco, número dos del partido, replicó al PP que «ya tienen copia, porque entonces estaban en el Ministerio del Interior».

Las garantías: no efectuar detenciones e igualdad en la vida política

El acuerdo del que da cuenta este medio no sólo incluye compromisos por ambas partes, sino que también contempla una serie de garantías por parte del Gobierno español para normalizar la vida política. Entre ellas destaca el compromiso de que no se efectúen detenciones por la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza ni las policías francesas. Sin embargo, tras el pasado 22 de marzo se han producido al menos 35, 23 de ellas en régimen de incomunicación, y en ellas han intervenido todos los cuerpos policiales citados.

Otra de las garantías es la disminución de la presencia policial y la desaparición de presiones policiales, algo que aún no se ha constatado.

Junto a ello, el Ejecutivo acepta «de facto» que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar la vida política en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales, sin limitaciones de derechos civiles y políticos. En este terreno, desde el 22 de marzo se ha producido un goteo de prohibiciones judiciales o policiales, a veces con aval de la Fiscalía, que han afectado tanto a actos políticos como a movilizaciones e incluso a ruedas de prensa, aunque se ha producido también un paso significativo: la reunión pública entre el PSE y Batasuna. -

Gara, 10 de julio de 2006