El Gobierno vuelve a retrasar a fin de año la Ley de Solidaridad con las Víctimas

Promesa realizada en sede parlamentaria y, por el momento, incumplida. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo a finales de febrero en el Congreso de los Diputados que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo quedaría aprobada antes del verano y un tiempo después el Ejecutivo admitió que habría que posponerla (tal y como había adelantado ABC), pero que «entraría» en algún Consejo de Ministros de septiembre de los primeros del «curso». Sin embargo, bien entrado el otoño y cuando está «caliente» la movilización de la AVT en Sevilla contra la negociación con ETA, el Gobierno admite que ha vuelto a reconsiderar los plazos y que el nuevo tope es el de fin de año, según han explicado fuentes de Moncloa a ABC.

Pese a que el hasta hace un par de semanas Alto Comisionado para las Víctimas Gregorio Peces-Barba siempre contó con que la nueva normativa recibiría el «plácet» gubernamental antes de su cese, los hechos no han refrendado su voluntad de dejarla ya «rodando» al abandonar el cargo. Según fuentes de su oficina, el borrador ya fue remitido a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado mes de mayo.

El proyecto de Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo se «atrancó» en las cañerías de Moncloa la pasada primavera, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba fue nombrado ministro del Interior. Su llegada a este Departamento sirvió como argumento para suspender a última hora y aplazar «sine die» (no se ha vuelto a convocar) una reunión fijada por Peces-Barba para el 19 de abril con representantes de todas las asociaciones de víctimas en la que se les iba a presentar el borrador. Esa iniciativa de «puesta en común» fue abortada con el beneplácito del propio Rubalcaba, que no quería que escapara a su control el «flanco sensible» de las víctimas, un empeño que después se ha visto consolidado con la desaparición de la figura del Alto Comisionado (que dependía directamente de Presidencia) y el retorno de todas las competencias en esta materia al «redil» de Interior.

La nueva ley ha de suponer en la práctica una reforma de la que ya está en vigor desde 1999, en la que se regula quiénes tienen derecho a la catalogación como víctimas y las condecoraciones y ayudas económicas que les corresponden. Uno de los grandes avances logrados entonces fue que el Estado pasó a adelantar las cantidades dictaminadas por los jueces como «responsabilidad civil» de los terroristas condenados, dado que éstos se declaran siempre insolventes en claro perjuicio de las viudas y huérfanos. Pero la ley 32/1999 presenta deficiencias operativas por las que Peces-Barba alentó una nueva normativa «transversal» (del estilo de la de Violencia de Género) que abarcaría todos los aspectos referidos a los derechos de los afectados, tanto legales y asistenciales como económicos.

Ello no evitó interpretaciones con sesgo político (principalmente de la AVT, pero también de otros colectivos) porque, a priori, la regulación actual no favorece que el Gobierno pueda contrapesar la fuerza de la contestación de las víctimas con un mayor peso de organizaciones afines a su política, como la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo de Pilar Manjón. La entidad de Manjón cuenta con un número importante de asociados gracias a que el concepto «afectado», en su amplitud, recoge la posibilidad de afiliación de una serie de personas que no pueden ser consideradas oficialmente como «víctimas» ni beneficiarse de la actual legislación.

El Ejecutivo, por ahora, se limita a refugiarse en el argumento de que «hay flecos pendientes», en abierta contradicción con lo manifestado hace unos meses por la Oficina del Alto Comisionado cuando dijo que «sus deberes (el borrador) ya estaban hechos». En todo caso, Moncloa ha preferido «enfriar» la ley y no alborotar más un patio alterado y extremadamente susceptible tras la puesta en marcha del «proceso». El último aldabonazo ha sido la manifestación del domingo.

B. TORQUEMADA. MADRID.

ABC, 3 de octubrede 2006