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PSE, PNV y Batasuna debaten en secreto la cosoberanía entre España y Euskadi

PSE, PNV y Batasuna debaten en secreto la cosoberanía entre España y Euskadi

En reuniones se planteó que el Parlamento no pueda vetar los acuerdos en la Cámara vasca

Los representantes del PSE, PNV y Batasuna han abordado en las reuniones secretas preparatorias de la mesa de partidos la posibilidad de establecer que el Parlamento español no pueda vetar ni impedir los acuerdos a los que llegue la Cámara vasca. Ésta sería una de las dos condiciones de la denominada doble llave, la fórmula que podría establecer en el futuro los márgenes de la relación entre Euskadi y el resto del Estado y que podría definirse como un modo de cosoberanía.

La otra condición, necesariamente, vincularía al Gobierno y al Parlamento vascos al establecer la imposibilidad de que ambas instituciones emprendan iniciativa alguna si el Ejecutivo central y el Congreso mostraran su oposición. De modo que, para que cualquier iniciativa pudiera salir adelante, ambas partes estarían sujetas a "la obligación de pactar".

Fueron los representantes del PNV los que, según ha podido saber EL MUNDO, pusieron encima de la mesa esta cuestión sin que los socialistas plantearan inconveniente alguno en entrar en su estudio. De hecho, la necesidad de desarrollar la fórmula de la doble llave ha venido perfilándose desde el momento en el que se puso en cuestión, por parte de los nacionalistas, la vigencia y validez futuras del Estatuto de Gernika.

Pero ha ido adquiriendo entidad a medida que ha ido avanzando el proceso iniciado para alcanzar el fin de la violencia y ha ido quedando patente, a juicio de las formaciones nacionalistas, la necesidad de realizar avances y modificaciones en la relación entre Euskadi y el Estado.

Y en estos momentos el concepto de la doble llave es tan de uso común que el presidente del Gobierno ha hecho referencia a ella en privado en varias ocasiones.

La clave estaría en saber, si finalmente es aceptada, cómo puede ser desarrollada, y si el desarrollo que permite la legislación vigente sería suficientemente satisfactorio para los partidos que llevan el peso de la negociación en el País Vasco.

En un principio, la fórmula sobre la que se ha realizado una mera aproximación, plantea que "Euskadi no pueda hacer nada si Madrid no está de acuerdo", y que "Madrid no pueda vetar los acuerdos que se alcanzan en el País Vasco". Desde el punto de vista del PNV, se trataría en definitiva de hacer efectivo en el ámbito político el sistema que se estableció en el ámbito económico con el cupo vasco y, por lo tanto, un nuevo estatus de autogobierno tal como ha sugerido el presidente del PNV, Josu Jon Imaz.

Plan Ibarretxe

Al decir de los socialistas, la situación resultante podría definirse como una forma de soberanía compartida, un término que, empleado del modo como se hizo en el plan Ibarretxe, suscitó una fuerte controversia.

Precisamente, fue el plan auspiciado por el 'lehendakari' el que dejó patente que "la obligación" de pactar se convierte en un 'mero desiderátum' en cuanto así lo determinan los intereses políticos de los partidos. La reforma soberanista propuesta por Juan José Ibarretxe fue llevada al Parlamento vasco a pesar de la oposición de casi la mitad de la Cámara, discutida sin la participación de socialistas y populares, que constituían casi ese 50%, y aprobada con los votos del Grupo Parlamentario representante de Batasuna, entonces ya ilegalizada.

De modo que uno de los interrogantes que plantea el requisito de tener que pactar de manera obligatoria para que ninguno de los dos ámbitos de decisión desautorice al otro es, precisamente, el de cómo conseguir que no se repita la experiencia del plan.

Los socialistas, que, en cualquier caso, sostienen que su interés por la cuestión no ha rebasado los límites del planteamiento teórico, consideran que este problema podría quedar resuelto, entre otras cosas, modificando en la Cámara vasca los porcentajes de votos exigidos para que prosperen las propuestas que puedan ser más delicadas o más controvertidas; del mismo modo que en el Parlamento español se exige el respaldo de los dos tercios de la Cámara para que puedan salir adelante cuestiones tan importantes como las reformas constitucionales.

El modo de relación entre Euskadi y el Estado siempre ha sido un asunto que se ha presentado, al menos teóricamente, como fundamental para que prospere la negociación iniciada en el País Vasco. Es una cuestión planteada por el PNV y EA, y, en los últimos meses, ETA y la izquierda abertzale se han preocupado de dejar bien claro que no se conformarán con una simple reforma estatutaria. Este sistema podría ser la forma de satisfacer esta premisa en caso de que se diesen las condiciones para abordarla.

Ése -junto con otros, como el derecho a decidir o la relación entre Euskadi y Navarra- ha sido uno de los asuntos abordados, con mayor o menor profundidad, en las reuniones preparatorias de la mesa de partidos, que se reunirá de manera oficial y pública cuando la formación que sustituya a Batasuna se ajuste a las exigencias de la Ley.

Hasta el momento en el que ETA presuntamente llevó a cabo el robo de las 350 pistolas en una armería francesa, en dichos encuentros PNV, PSE y Batasuna han intentado cerrar un preacuerdo para desbloquear la situación de crisis en la que, según la banda terrorista, se encontraba inmerso el proceso desde mediados del mes de agosto.

La repercusión del robo ha generado ciertas incertidumbres sobre la conveniencia de que estas reuniones continúen y, mientras algunos miembros del PSE aseguraban que éstas iban a ser interrumpidas hasta que el Gobierno verificase las intenciones de la banda, otros apostaban por su continuidad para que el proceso no empeore.

Ángeles Escrivá

www.elmundo.es, 29 de octubre de 2006

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