Contradicciones frente a ETA

«PERO es que uno no puede decir que piensa cumplir la Ley de Partidos y luego presentar las cosas que está presentando. Es una evidencia práctica que contradice lo que estás diciendo. O lo que dijiste no era cierto o lo que estás haciendo no tiene nada que ver con lo que dijiste» (El Correo, 6/4/2007). Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, rechazaba así los subterfugios de Batasuna para burlar la legalidad en estas elecciones.

 

Esa misma contradicción que el ministro destacaba respecto al comportamiento de Batasuna puede aplicarse a la actual política antiterrorista. Así ocurre porque la insistencia gubernamental en el respeto a la Ley de Partidos queda en entredicho con sus acciones, como se desprende de la actitud hacia ANV, y como revelaba una información de El País el pasado 21 de marzo titulada así: «Todos los grupos se oponen a la propuesta del PP para perseguir cualquier actividad pública de Batasuna». Reproduciendo una actitud habitual en los últimos meses, los argumentos de la oposición eran despreciados al ser presentados como minoritarios frente a una mayoría que, no obstante, erraba en su interpretación de la legalidad. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 que ilegalizó a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok no dejaba dudas al respecto exigiendo que: «Los expresados partidos políticos, cuya ilegalidad se declara, deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia». Por tanto, aunque el Partido Popular simplemente reclamaba el cumplimiento de la ley ante la impunidad que permite a Batasuna actuar como una formación legal, tan lógica reclamación era definida de manera injusta por el portavoz socialista como «crispación», estigma con el que se intenta neutralizar necesarias críticas a una inconsistente política antiterrorista.

 

Esta dinámica se mantiene desde que el gobierno optara por la negociación con ETA contraviniendo la resolución del Congreso de mayo de 2005 que exigía a la organización terrorista una clara voluntad de poner fin a la violencia como requisito para dialogar. Quienes han llamado la atención sobre tan flagrante falta de respeto a las condiciones impuestas por el Parlamento también han sido descalificados como «crispadores» y «enemigos de la paz». La ruptura de la tregua no ha servido para corregir este comportamiento, eludiéndose una necesaria admisión de los errores cometidos, sustituyéndose ésta por coartadas justificadoras de una política antiterrorista que, en contra de la evidencia, se presenta como exenta de costes. Si se desea recomponer lo que las decisiones gubernamentales han logrado descomponer, los contraproducentes efectos derivados del diálogo con la banda deben ser reconocidos. No se aprecia esta intención por parte de un gobierno empeñado en justificar sus actos como bienintencionados y obligados para todo gobernante. De ese modo se evita la imprescindible asunción de responsabilidades ante una política repleta de costes para la democracia de los que, en cambio, se culpabiliza a la oposición. Con ese fin se argumenta que la ruptura de la tregua demuestra la ausencia de cesiones frente a ETA. Por el contrario, la realidad confirma que la iniciativa gubernamental ha generado negativas consecuencias como la deslegitimación de las instituciones democráticas, la ruptura de la unidad frente a ETA y una gravísima fractura social. Tan perjudiciales resultados se aprecian al comparar el acercamiento del PNV a ETA que dio lugar a la tregua de 1998 con el que ha llevado a cabo el gobierno al negociar con la banda el último «alto el fuego».

 

Tras la ruptura de la tregua de 1998, ni el PSOE ni el PP dudaron en criticar al PNV por su aproximación a ETA. Socialistas y populares entendían que la reactivación de los asesinatos no demostraba la ausencia de cesiones ante ETA, sino que la organización terrorista había juzgado como insuficientes las concesiones que llegó a extraer de un partido que decidió pactar con la banda a espaldas de las principales formaciones democráticas. Por ello, a pesar de que ETA rompió la tregua, socialistas y populares coincidieron en denunciar al PNV por una desastrosa política que también fue justificada por los nacionalistas como bienintencionada, pero que, indudablemente, dañó de forma considerable la lucha antiterrorista. Este mismo criterio debe aplicarse a la negociación entablada por representantes socialistas con ETA que claramente traicionaba los principios recogidos en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, acuerdo sustentado en la necesidad de un sólido consenso entre sus firmantes precisamente como consecuencia de la deslealtad que las acciones del nacionalismo vasco supusieron en la década de los noventa. Al igual que ahora, ETA también culpó del fracaso del proceso a quienes negociaron con ella, atribución de responsabilidades que no supuso ni ha supuesto la negación de pactos y compromisos con el PNV y el gobierno. Así pues, en una y otra ocasión los comunicados de la banda no han desmentido la existencia de cesiones, sino todo lo contrario, al reconocer una negociación política en la que las concesiones realizadas han sido insuficientes para la organización terrorista, aunque excesivas para la democracia. De hecho, tanto entonces como ahora se ha minusvalorado la continuidad de la violencia durante el periodo de tregua formal, ignorándose que se carecía de pruebas que evidenciaran que la banda deseaba abandonar el terrorismo.

 

Muchos partidarios de la negociación racionalizan como positiva la última experiencia ignorando tan reveladoras analogías entre ambos periodos, argumentando que en esta ocasión la ruptura de la tregua ha colocado al nacionalismo frente a ETA como nunca lo había estado antes. Tras blindar el diálogo con ETA creando el espejismo de una falsa voluntad de poner fin al terrorismo, ahora se recurre a otra ilusión para encubrir decisiones políticas equivocadas como las aplicadas al amparo de una deficiente verificación de las intenciones etarras. Con ese objetivo se olvida deliberadamente que nada nuevo se aprecia en el discurso nacionalista, pues las críticas y ultimátum a ETA y Batasuna ya arreciaron tras la tregua de 1998 motivadas por intereses electorales y coyunturales que luego no le han impedido al nacionalismo abogar por el diálogo con la misma organización terrorista que continúa coaccionando a los ciudadanos. El nacionalismo vasco persiste en legitimar al brazo político de ETA, deslegitimando así a las instituciones democráticas y a los instrumentos que tan eficaces resultaron para debilitar a la organización terrorista llevándola a reconocer en 2004 que «la eficacia política de la actividad de la izquierda abertzale está limitada» (Zutabe, 105).

 

La provocativa declaración de Patxi López negando ante el juez su reunión con dirigentes de Batasuna confirma que la duplicidad del nacionalismo ha sido mimetizada por socialistas que han incurrido en los mismos errores de quienes negociaron la tregua de 1998. Mientras que en aquel entonces fue el nacionalismo quien se radicalizó asumiendo planteamientos que le distanciaban de otros actores democráticos, ahora el socialismo ha optado por un acercamiento a ETA que ha complementado con una marginación del principal partido de la oposición, favoreciendo por tanto a quienes apoyan la violencia. La interlocución que representantes socialistas han mantenido con ETA y Batasuna, negociando relevantes cuestiones políticas mientras el gobierno renunciaba a consensuar la política antiterrorista con su socio en el Pacto por las Libertades, evoca a la exclusión de formaciones democráticas que el PNV pactó con ETA en 1998 y que fue denunciada tanto por el PSOE como por el PP.

 

También tienen precedentes los esfuerzos por desprestigiar a movimientos cívicos como ¡Basta Ya! y Foro de Ermua por exponer razonables críticas a la política antiterrorista. Si con posterioridad a la tregua de 1998 era básicamente el nacionalismo el que acusaba a los integrantes de estas asociaciones de ser «los más beligerantes partidarios del enfrentamiento civil en Euskadi» (Deia, 22/1/2003), y el «primer obstáculo para el entendimiento» (Deia, 19/2/2003), hoy desde el socialismo se profieren similares e infundadas descalificaciones hacia quienes siguen defendiendo los mismos principios que tan decisivos resultaron en el debilitamiento de ETA. Por tanto, adaptando sus tácticas a una estrategia inalterable, ETA ha logrado modificar la política antiterrorista dividiendo a quienes tanto la habían debilitado mediante una unidad hoy resquebrajada.

 

ROGELIO ALONSO

Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos

 

ABC, 4 de mayo de 2007