LA AVT PIDE LA DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Madrid, 13 de febrero de 2008.- La Junta Directiva de la Asociación Víctimas del Terrorismo considera intolerable que el Fiscal General del Estado haya afirmado hoy que la presencia de la AVT en los procesos relacionados con ETA, como acusación popular, es un incordio. Por este motivo, la AVT pide una rectificación y la dimisión inmediata de Conde-Pumpido. 

Esta observación del Fiscal General del Estado sólo puede entenderse dentro del proceso de rendición ante ETA. No puede ser que Conde-Pumpido pretenda dejar a la sociedad indefensa, en este caso a las víctimas del terrorismo, anulando el papel fundamental que suponen las acusaciones populares presentes en estos procesos.

Además, la declaración hecha hoy por el Fiscal General del Estado puede interpretarse como una presión al Tribunal Supremo, que delibera estos días sobre el papel de las acusaciones populares en determinados procesos.

 

La AVT considera que el papel de Conde-Pumpido está siendo clave en la estrategia diseñada por el Gobierno ya que desde el principio de la legislatura la Fiscalía General del Estado ha actuado según lo que “la jugada aconsejaba”.

 

 

 

La AVT quiere recordar que, en 2005, cuando la Fiscalía pidió prisión para Otegui por un delito de integración en banda armada, el dirigente de ETA-BATASUNA  preguntó si Conde–Pumpido sabía que el fiscal de la Audiencia Nacional quería meterle en la cárcel. De estas palabras de Otegui ya se podía deducir que el Fiscal General del Estado estaba contribuyendo a satisfacer las exigencias del proceso de rendición.

 

 

 

En otra ocasión, el fiscal Fernando Burgos retiró la acusación contra Arnaldo Otegui, para el que pedía quince meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Un hecho que obligó al tribunal a dejar en libertad al líder de ETA-BATASUNA.

 

 

 

La AVT quiere recordar que su presencia en el macro juicio contra el entramado de ETA derivado del sumario 18/98, como única acusación popular, fue fundamental para desenmascarar y enjuiciar la red tejida por la banda terrorista ETA para controlar a sus bases y simpatizantes y obtener los recursos económicos y sociales para subsistir. El criterio mantenido por la AVT quedó reflejado en la sentencia, sin olvidar que el criterio fiscal varió sensiblemente en un momento en el que el mal llamado proceso de paz estaba en marcha, rebajando la petición de penas.