La libertas ecclesiae en juego

Estado e Iglesia, siendo independientes, están llamados a colaborar 

En las entrañas de la reacción del PSOE contra la Iglesia Católica late un derecho fundamental: la libertad religiosa y, en concreto, la libertas ecclesiae. En un Estado laico los políticos responsables no se sirven de la Iglesia con fines electorales para captar votos radicales que aviven el anticlericalismo. Es una grave temeridad.

Más allá de la cita entre José Luis Rodríguez Zapatero y el nuncio del Papa, Manuel Monteiro de Castro, ha sido el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, el que ha reclamado la libertad de la Iglesia Católica. “La fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio”, porque entonces la Iglesia “se pone al servicio del poder y debe doblegarse a sus criterios”.

 

En su homilía del pasado domingo, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal dijo algo que merece la pena recordar en estas fechas de campaña electoral: “a lo largo de los siglos ha existido la tentación de asegurar la fe a través del poder, y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder”. Por ello, valoró positivamente “la lucha por la libertad de la Iglesia”, entendida como “la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política”.

 

La libertas ecclesiae no gusta al laicismo ni al totalitarismo. Pero la Iglesia no puede renunciar a ella, de lo contrario acabaría presa del poder político. En los años sesenta el Concilio Vaticano II ya se refirió al recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, algo que debería ser objeto de estudio por parte de algunos políticos irresponsables.

 

Por si nos leen, les refrescaremos la memoria. En la Constitución Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo, elaborada entre 1962 y 1965, el Concilio Vaticano concluyó que la Iglesia “no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno”. El Estado y la Iglesia son independientes y autónomos, sin embargo, al estar al servicio de la vocación personal y social del hombre, están llamados a colaborar tanto en el horizonte temporal como en el espiritual.

 

¿Qué pide la Iglesia? No más que otros grupos sociales. Simplemente respeto a su libertas ecclesiae, que comprende el derecho a predicar su fe, enseñar su doctrina moral, ejercer su misión… y dar su juicio moral para iluminar el criterio de los ciudadanos, especialmente el de los católicos. Y darlo incluso sobre aquellas materias referentes al orden público si lo exigen los derechos humanos o la salvación de las almas.

 

Esto último disgustó al PSOE, pero luego lo utilizó en los mítines de campaña con fines electoralistas. Da exactamente igual. Si la Conferencia Episcopal considera que algunas acciones o leyes del Ejecutivo han supuesto una amenaza para el orden público, los derechos humanos o la salvación de las almas, es lógico que los obispos expresen su opinión. Se trata de un deber para con sus fieles.

 

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Àlex Seglers   

Forum Libertas, 18 de febrero de 2008