Por la convivencia, por la libertad.

El próximo 9 de marzo nuestro país vivirá una nueva jornada de Elecciones Generales. Los abajo firmantes nos sentimos comprometidos con los ideales de libertad y convivencia pacífica que hicieron posible la Transición, y lo hacemos desde nuestra condición de ciudadanos, pero también desde la de testigos de excepción de las importantes transformaciones que nuestro país ha experimentado en su reciente historia. Por eso, cuando queda poco tiempo para que los españoles vuelvan a ser llamados a las urnas, nos sentimos obligados por ese compromiso para manifestar, desde la más absoluta independencia partidaria, las razones por las que consideramos la urgencia de un nuevo cambio político que devuelva a nuestro país el sentido común, la cordura y la serenidad necesarios para recuperar los consensos de la Transición y el espíritu cívico que la hicieron posible.

 

Creemos que la democracia se fortalece a través del diálogo y del disenso, no mediante la imposición de la mayoría sobre el resto de la sociedad. Cuando desde el poder se busca el conflicto con la otra parte, se pervierte la esencia de la democracia y los principios sobre los que la levantaron los padres del liberalismo moderno. La confrontación es el mayor enemigo de la libertad, porque termina anulando la voluntad de los ciudadanos y su capacidad de elección en condiciones de igualdad. La confrontación es el germen del inmovilismo y actúa como elemento paralizador del avance social, el progreso y el desarrollo. Por eso reclamamos la vuelta al espíritu de consenso sobre el que se edificó la Transición, así como la recuperación de las reglas del juego democrático que establecieron los cauces por lo que hasta ahora han discurrido tanto los acuerdos como los desacuerdos.

 

Creemos en el pluralismo político y en el profundo respeto a la diversidad de ideas y opiniones como cimiento mismo de la democracia, y por esa razón rechazamos cualquier acuerdo dirigido a la exclusión de una parte. Cuando se quiere construir el futuro sobre la base de la exclusión, se fomenta el odio y se vicia la convivencia pero, sobre todo, se alimenta el totalitarismo y se desvirtúa el fin último de la democracia, que es la libertad. Esta sociedad se merece mucho más que eso, merece recuperar esa fuerza espontánea que condujo a los españoles a la libertad, y que nació de una voluntad común de superación de los conflictos, frente a aquellos que abogaban por un modelo rupturista y excluyente.

 

Nuestra democracia refleja graves carencias que afectan directamente a los espacios de libertad: la personificación del poder, la burocratización de la maquinaria estatal, la tendencia del parlamento a no ser más que ostentador simbólico de la mayoría, la renuncia a las reformas necesarias para avanzar en el desarrollo económico, el empeño en manipular a los electores a traves de los medios públicos de comunicación, el control de la Justicia y la dependencia de los organismos de regulación y de las instituciones... Hoy los ciudadanos son testigos de cómo el poder se ejerce de modo arbitrario para imponer una determinada moral social basada en el relativismo, en la religión del todo vale y en la certeza de que el fin justifica los medios. Frente a eso, abogamos por una sociedad abierta en la que la relación entre el poder y los ciudadanos se entienda en el sentido de que el primero está al servicio de los segundos, y no los ciudadanos al servicio del poder; en la que el Gobierno existe para el pueblo, y no viceversa.

 

Creemos en una nación de ciudadanos libres e iguales, que fue la ambición que motivó a los liberales del XIX y a los padres de la Constitución de Cádiz. Iguales en derechos, e iguales en obligaciones. La búsqueda de la libertad exigió, en su momento, la apuesta por un estado descentralizado que se configuró en la España autonómica, pero nunca fue objeto de nuestra Constitución la idea de un estado plurinacional. Es necesario el retorno al consenso sobre el modelo de Estado, de tal manera que nunca una Comunidad Autónoma pueda crear agravios comparativos con el resto, consagrando así los principios de igualdad y solidaridad interterritorial que emanan de nuestra Carta Magna y salvaguardando al Estado de las tentaciones soberanistas.

 

Hoy, más que nunca, son imprescindibles las voces que se levantan para denunciar los excesos del poder y la arbitrariedad con la que este se ejerce sin respetar las reglas del juego democrático, tergiversando los principios esenciales de la democracia liberal. Voces que se opongan a que un Gobierno acepte negociar con terroristas y ponga concesiones políticas sobre la mesa a cambio de la paz. Voces que defiendan la dignidad de las víctimas y su memoria, y antepongan esa defensa a los intereses partidarios. De todos los riesgos que amenazan a la libertad, el terror es sin duda el peor de todos ellos. El terror es la expresión máxima del fanatismo y el camino inequívoco hacia el totalitarismo. Supone un ataque frontal al Estado de Derecho, y ceder a su chantaje es el camino más corto al desarme moral de la sociedad y a la pérdida de su libertad. Por eso la defensa de la libertad tiene una exigencia mayor, incluso, que la de la propia vida, porque no hay vida que merezca la pena vivirse en la esclavitud del totalitarismo.

 

El próximo 9 de marzo tenemos la oportunidad de volver a recuperar los principios y los valores que sirvieron para hacer política en la Transición. No basta con tener políticos eficaces: necesitamos que sean eficaces y éticos. La eficacia a secas conduce al relativismo moral y a la glorificación de que el fin justifica los medios, y acaba inevitablemente en la exaltación del pensamiento único. Los políticos amorales creen estar por encima de la ley y eso se traduce en un desprecio hacia las reglas esenciales del Estado de Derecho, con el consiguiente retroceso en las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los abajo firmantes reclamamos la vuelta a una política basada en la tolerancia, el respeto y el diálogo, y la recuperación de los valores originales de libertad, limitación del poder y salvaguardia de los derechos individuales que hicieron posible la Transición, y fueron el fundamento de uno de los periodos de convivencia pacífica más fructíferos de nuestra Historia.

 

 

En Madrid, a 28 de Febrero de 2008