¿Ha dicho usted sentencia? Mil muertos no pueden ni discrepar (Por Pascual Tamburri, Ruta norte)

Un partido que no rechaza ETA, en el que predominan personas y fines de Batasuna, es legal. No es una novedad en esta democracia. Pero no es ni bueno, ni inevitable, ni irreversible. 

El 19 de junio de 1987 ETA mostró en Hipercor Barcelona toda su potencia democrática. No fue ni la primera ni seguramente la mayor masacre, pero sí una de las más recordadas, quizá por la supervaloración política de las víctimas civiles (o la vergonzosa y constante minusvaloración de las militares). Para celebrarlo, el 20 de junio de 2012 el Reino de España (a través de uno de los órganos superiores del Estado, el Tribunal Constitucional) ha decidido que el partido Sortu, continuación de las sucesivas marcas políticas de la banda, sea legal. La sentencia, unida a la coincidencia, ha desatado una polémica jurídica, política y mediática cuyos términos reales conviene no perder de vista.

Herri Batasuna era un instrumento disciplinado de KAS, es decir de ETA. Lo siguió siendo, durante la tregua-trampa, Euskal Herritarrok. Y lo fue Batasuna, el partido fundado en 2001, ilegalizado por la Ley de Partidos de 2002, con sentencia final al respecto del mismo Tribunal Constitucional (de enero de 2004, nótese la fecha). Por conveniencia, cálculo o por disputas internas, sucesivas siglas han compartido el programa, los medios y los miembros de ETA-Batasuna, en todo o en parte, siendo los últimos por ahora Sortu, Bildu y Amaiur, y lo que venga. Una mayoría dentro de un órgano político como es el TC permite ahora hacer legar Sortu (mientras que el Tribunal Supremo, formado por magistrados profesionales, lo consideró ilegal); pero eso no cambia hechos objetivos como que Sortu nunca condenó ETA ni pidió su rendición, cosa bastante lógica si recordamos que Sortu fue presentado en sociedad por Íñigo Iruin y Rufino Etxeberria entre otros dirigentes de raigambre democrática. Lo que ahora se ha hecho es dar por suficiente una genérica y difusa condena de la violencia (que llega cuando tácticamente ETA deja de usarla, y sin renuncia a lo que ETA ha representado hasta ahora). Tomemos nota de que con esto basta, según estos magistrados y los políticos que los aplauden, para ser un partido legal en la España de hoy.

Los nombres que hay que recordar

Pascual Sala (presidente), Eugeni Gay (vicepresidente), Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega han votado a favor de la legalización de Sortu, a pesar de que en 2010 y 2011 el Tribunal Supremo sentenció que Sortu era "la plasmación del designio de Batasuna de constituir un nuevo partido político para que le suceda en su actividad". Pero, aunque algunos medios cargan contra ellos, no son sus nombres los que hay que recordar, al menos no los primeros ni desde luego los únicos. Más importantes son los nombres de los que los colocaron en el Tribunal Constitucional, órgano al que no se accede por méritos profesionales sino por decisión de los partidos políticos. Y los nombres de los que los mantuvieron allí, incluso cuando su mandato había cesado o podía haberlo hecho. Y los nombres de los que diseñaron el sistema de provisión de las plazas del TC, del que uno no pude quejarse si lo ha votado o si pudiendo haberlo cambiado lo mantuvo. Efectivamente, estos seis hombres y mujeres son responsables de que Sortu sea legal, pero antes y más lo son quienes los eligieron, quienes no los cesaron y quienes crearon y conservaron el modelo institucional vigente y el marco normativo aplicado, que nos ha llevado a este punto. Conviene que a cada uno se de lo suyo.

Manuel Aragón, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Francisco Hernando y Francisco Javier Pérez de los Cobos, que se han opuesto, no comparten esa responsabilidad. Han hecho lo posible, dentro de sus atribuciones, para evitarlo. Para pertenecer, con ellos, a la lista de inocentes, no basta ahora quejarse, lamentar o discrepar de la cosa. Quien quiera no compartir la responsabilidad tendrá que hacer lo que pueda, desde la institución a la que pertenezca, para que las cosas cambien. Porque ni esto era inevitable, ni es irreversible, tanto más para quienes, de un modo u otro, crean o digan creer que esta legalización no es buena para España ni justa para los vascos y los navarros directamente afectados.

¿Es bueno?

Es coherente que Gara y los partidos políticos de la izquierda abertzale se alegren de este paso del Constitucional. Para ellos era y es bueno, y sus obras acompañan a sus palabras, sea cual sea nuestra opinión sobre unas y otras. El ministro Jorge Fernández Díaz manifiesta "claramente" su discrepancia y reitera que la izquierda abertzale debe condenar a ETA, "discrepancia" que comparte el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Muy bien: si ellos creen, como la mayoría de los españoles, que esta legalización ni es buena ni es justa, deben hacer lo que está en su mano para cambiarla. Y es mucho: por ellos pasan los nombramientos del Tribunal Constitucional, por sus manos pasan las Leyes que se aplican y cómo se aplican, en ellos está incluso la posibilidad de reformar la Constitución, si de verdad la carta magna tiene una lectura correcta que pueda favorecer a los abertzales. Adelante: veamos si de verdad estamos de acuerdo en que no es una buena cosa. Pero con hechos concretos, no con palabras.

En las próximas elecciones vascas que se celebrarán quizás en 2013 Sortu estará directamente presente. Está claro que ETA y sus simpatizantes se alegran, y lo dicen. ¿Todos los que hoy se felicitan creen que de verdad es una buena cosa? Asistimos a curiosos intentos de hipocresía y a muchas sonrisas falsas. Izquierda Unida dice que la legalización "restablece" un derecho que "nunca debió ser cercenado"… pero los comunistas vascos saben bien que muchas de sus esperanzas de crecimiento se van con esta victoria moral de los nacionalistas marxistas. El PNV dice que la sentencia sobre Sortu "normaliza" la política… pero se encontraba más a gusto con una izquierda abertzale domesticada, y para nada le agrada un sorpasso batasuno que puede invertir los términos tradicionales de la política jeltzale. Más de lo mismo, Geroa Bai o sea Uxue Barkos dice que la legalización es una "buena noticia" que hay que celebrar… pero el proyecto nacionalista-navarrero-no-batasuno recibe un golpe severo con esto.

Es demasiado pronto para saber si asistiremos a una bonita guerra civil entre abertzales, pero las ilusiones despertadas por la crisis institucional de Navarra quedan muy devaluadas por la división entre nacionalistas y por la resistencia general del PNV en todas sus formas a participar en proyectos que no lidere… y el de KAS, se llame como se llame, no es uno de ellos. El Aralar de Patxi Zabaleta, aunque su opinión es bien conocida, hace un humilde ejercicio de realismo y se pliega a la fuerza que avanza. La reaparición de Sortu, curiosamente, puede alimentar fuegos cruzados en todas estas direcciones. Pero esto no convierte la legalización en buena noticia más que para unos.

¿Era inevitable?

La legalización de Sortu se hubiera evitado si en su debido momento se hubiera renovado a los magistrados del TC. Era deber de PP y PSOE hacerlo, y sigue siéndolo. Por tanto la legalización no era inevitable, si a tiempo se hubiese designado a otros magistrados menos sensibles al gusto por el diálogo. Y si no había consenso para hacerlo, era y es posible cambiar el procedimiento de renovación de este y de otros órganos del Estado (se ha hecho ya con RTVE). En una democracia donde no hay división de poderes y uno dispone de mayoría absoluta no hay nada inevitable si se tiene la voluntad de evitarlo. Hay que valorar, junto a las responsabilidades por acción, las que haya por omisión.

Además, si se quiere, todas las leyes pueden ser cambiadas hasta que tengan la redacción justa; y si se tiene mayoría absoluta pueden ser aprobadas. Más aún, si hasta en el PSOE hay "discrepantes" de esta legalización eso implica que puede reformarse hasta la Constitución. Podía haberse hecho ya, y por tanto esto no era inevitable. Puede hacerse ahora, y por tanto no es irreversible.

¿Es irreversible?

"Discrepamos", claro que sí. Pero más importante es actuar. Patxi López y los socialistas vascos a través de la portavoz del Gobierno regional, Idoia Mendia, ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional sobre Sortu "lo que viene a ratificar es algo que, en la realidad en Euskadi ya se estaba produciendo, que es que el mundo de la izquierda abertzale estaba haciendo política en las instituciones a través de Bildu y Amaiur", así que "esta sentencia legaliza y ratifica una realidad que ya existía". Diferente ¡pero no tanto! ha sido la reacción del Gobierno de Navarra, cuyo portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, dice que "respeta todas las decisiones judiciales", y no se preocupa mucho por ésta ya que "el ideario de Sortu está de facto legalizado a través de la acción de Bildu o Amaiur en las últimas elecciones generales". Contentos los socialistas, "discrepantes" los de UPN, ambos se amparan en que "era una realidad que estaba ahí”.

El razonamiento es atroz, si uno se para a pensar. Si el "estar ahí" era legitimante más de una década de esfuerzo por ilegalizar todas las versiones de ETA habría sido inútil e innecesario. Si fuese así, mucho trabajo y alguna sangre serían, sin más, inútiles. Bastaba seguir como estábamos en las primeras décadas de esta democracia, con ETA en las instituciones con poco o ningún pudor, ya que "estaba ahí". Por la misma razón violadores, traficantes, atracadores y forajidos son una realidad que está ahí, y habría que acostumbrarse a su presencia y adaptar a ella las leyes. Después de una década larga de "rebelión cívica" y de algunos pasos positivos en el último aznarato esto puede escandalizarnos, pero no es una novedad en nuestra democracia: es lo que la UCD hizo siempre y el PSOE muy a menudo, con concesiones políticas añadidas y cientos de muertos por el camino. La lucha total contra ETA ha demostrado que la banda puede ser derrotada, que puede "dejar de estar ahí", pero sólo si se combate contra ella en todos los frentes. Esto se ha dejado de hacer. La buena noticia es que no es irreversible y es algo que se puede exigir a los políticos para saber, de verdad, de qué lado está cada uno.

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