El voto de los desplazados

El alto el fuego decretado por ETA está dando lugar a un discurso intencionadamente neutro y con escasos compromisos concretos, en el que empiezan a predominar los lugares comunes de la «pacificación» y la «normalización», entendidos siempre en el sentido más favorable a las tesis de la izquierda proetarra, como se refleja en el documento firmado por un grupo de mujeres diputadas, ediles y sindicalistas vascas, entre las que se encuentran algunas del Partido Socialista de Euskadi. Así, cuando se habla de normalizar el País Vasco, es para que Batasuna se presente nuevamente a las elecciones y desactive -formalmente, porque en la práctica ya lo ha hecho- su ilegalización. Cuando se habla de pacificar es para que los presos etarras salgan de prisión y eludan toda la gravedad de sus crímenes. Cuando se habla de democratizar la sociedad vasca sólo es para recordar que el sistema estatutario y constitucional es ilegítimo porque le falta una consulta sobre la autodeterminación.

 

El motivo de este planteamiento -inadmisible desde cualquier punto de vista, aunque en expansión- es que la nueva etapa que teóricamente ha inaugurado el alto el fuego de ETA se sitúa en el comunicado que lo anunció, y no en el comienzo del terrorismo etarra. La normalización y pacificación del País Vasco son procesos pendientes, sin duda, pero lo son desde que ETA empezó a asesinar, a extorsionar y a provocar el desplazamiento forzoso de decenas de miles de vascos. Por eso, la superación del llamado «conflicto» -que sólo es el de ETA contra las libertades democráticas- habrá de tener en cuenta los efectos que ya ha causado el terrorismo, y entre éstos destaca especialmente algo tan típico del ultranacionalismo etnicista como la limpieza ideológica de la sociedad vasca. El Foro de Ermua ha presentado recientemente una iniciativa, que remitirá a los partidos políticos, para que se reconozca el derecho a votar de todos los ciudadanos vascos forzados por el terrorismo a abandonar el País Vasco. Apoyándose en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el Foro de Ermua ha calculado que, en los últimos veinticinco años, en torno a 200.000 personas pueden considerarse desplazadas por la presión de la ETA. Estas apreciaciones se corresponden con encuestas fiables. Por ejemplo, los «Euskobarómetros» elaborados por la Universidad del País Vasco han reflejado constantemente un porcentaje inaceptable en democracia de ciudadanos vascos dispuestos a irse de su tierra.

 

La propuesta del Foro de Ermua, al margen de valoraciones estrictamente técnicas, plantea claramente la responsabilidad del Estado de restaurar en el País Vasco las libertades mutiladas por los terroristas. Y es, sin duda, una manera sensata de recordar, frente a tanta insistencia de que ETA no debe recibir ningún precio, que la banda ya se ha cobrado un alto precio en vida y libertades y que éste es el momento de exigir el reembolso. Ya que tanto se pide culminar el proceso de paz con una consulta que respete la voluntad de los vascos, es preciso devolver la voluntad política a los vascos a los que les fue arrebatada, porque lo ilegítimo no es, como dice la izquierda proetarra, mantener la Constitución y el Estatuto de Guernica, que con tanta saña criminal han combatido los terroristas, sino consultar en estas condiciones sobre su futuro a una sociedad previamente depurada por el terrorismo para asegurarse un resultado favorable a los objetivos máximos que comparten ETA y el nacionalismo vasco.

 

El Foro de Ermua, organización cívica que nació con la rebelión ciudadana de 1997 contra ETA y la hegemonía nacionalista, ha lanzado al debate político una propuesta de fuerte sentido ético, pero también político. Ahora que el Gobierno da síntomas preocupantes de ceder a la internacionalización del proceso de diálogo con ETA, no sería aceptable que este proceso se convirtiera en la repetición de modelos de pacificación aplicados en otros escenarios, que sólo han servido para consolidar las conquistas de los agresores y la inferioridad de las víctimas. La desaparición de ETA no sólo es una exigencia inmediata para un nuevo futuro de auténtica libertad y justicia. También debe ser retroactiva en todo aquello que la ley y la acción política del Gobierno puedan reponer a un estado de plenitud democrática. Empezando por el voto de los desplazados para decidir sobre el futuro de la tierra de la que fueron expulsados.

 

 

Editorial de ABC – 10 de abril de 2006