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Irlanda, ¿un modelo?

Algunos tienden a liberar a ETA de la responsabilidad en el mantenimiento del alto el fuego, transfiriéndola a políticos y ciudadanos, resultando coaccionados para aceptar condiciones no democráticas, como tolerar que una organización ilegal continúe existiendo manteniéndose inextricablemente unida a una formación política, que se beneficia de esa asociación.

Tony Blair y Bertie Ahern, primeros ministros del Reino Unido e Irlanda, han vuelto a imponer otro ultimátum en el denominado ’proceso de paz’ norirlandés. Desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo en abril de 1998 el proceso de normalización política que debía inaugurarse se ha visto constantemente alterado por el incumplimiento de numerosos plazos. Hoy, el paso del tiempo aporta una útil perspectiva para evaluar las consecuencias de dicha actitud y sus posibles efectos en nuestro propio ámbito ante los frecuentes paralelismos que se establecen entre el final del terrorismo del IRA y ETA.

Los niveles de violencia han descendido considerablemente en la región, si bien las estadísticas de la Policía norirlandesa revelan que a lo largo del pasado año seis fueron las personas que perdieron la vida al ser asesinadas por alguna de las organizaciones terroristas que todavía siguen activas. Cuatro fueron los asesinatos cometidos entre 2004 y 2005. Se observa pues que las organizaciones terroristas, entre ellas el IRA, han transformado sus campañas tradicionales de violencia sin desaparecer de la escena política. Este es uno de los motivos que explica la negativa del reverendo unionista Ian Paisley, dirigente del partido más votado en Irlanda del Norte, el DUP (Democratic Unionist Party), a formar gobierno con el Sinn Fein de Gerry Adams, brazo político del IRA. Los últimos acontecimientos políticos han servido para responsabilizar a Paisley del bloqueo institucional ignorándose la decisiva responsabilidad del Sinn Fein y del IRA en esta cuestión y la incoherencia de la política británica e irlandesa al respecto. Así lo ponen de manifiesto varias fuentes; por un lado sucesivos pronunciamientos públicos de los primeros ministros del Reino Unido e Irlanda y, por otro, los informes que periódicamente emite la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses.

En enero de 2005 Ahern reconocía en el Parlamento irlandés que al intentar integrar al Sinn Fein en el sistema había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA estaba involucrado. Meses antes Blair afirmaba que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el Gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein asociado a un grupo terrorista todavía activo, esto es, el IRA. El aparente ultimátum del primer ministro británico había sido planteado ya varios años atrás, como se refleja en un discurso pronunciado en octubre de 2002 en el que también exigió «el final de la tolerancia de actividades paramilitares», así como una «misma ley para todos que se aplique a todos por igual». Aunque seguidamente aseguró que a partir de ese momento «un crimen es un crimen», el paso del tiempo demostró que los crímenes del IRA recibían diferente consideración. Especialmente significativo resultaba que Blair admitiera entonces que los unionistas no formaran gobierno con una formación con la que los principales partidos en la República de Irlanda tampoco gobernarían mientras el IRA siguiera activo, como revelaba la siguiente declaración del premier británico: «Ante una pregunta tan clara como la siguiente: ¿por qué el Gobierno irlandés no aceptará al Sinn Fein en el gobierno del sur [de la República de Irlanda] hasta que el IRA detenga sus actividades mientras que los unionistas sí deben aceptar al Sinn Fein en el Gobierno de Irlanda del Norte?, hay respuestas muy sofisticadas. Sin embargo no hay respuesta más sencilla, reveladora y directa que la propia pregunta». Así articulaba Blair la incoherencia de una política que ha favorecido a un partido como el Sinn Fein a pesar de las actividades de una organización terrorista como el IRA directamente vinculada al mismo.

La actual presión sobre los unionistas para formar gobierno se justifica con un supuesto cambio del contexto, indicándose que el IRA ha declarado el final de su ’lucha armada’ y que se ha desarmado. Cierto es que el IRA ha renunciado a su campaña de asesinatos sistemáticos como consecuencia de los elevados costes políticos y humanos que los mismos generan. Sin embargo, y tal y como ha destacado la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas, el IRA no ha desaparecido, sino que «se ha adaptado a los nuevos tiempos», pues continúa financiándose y recopilando inteligencia mediante actividades ilegales que pone al servicio de la estrategia política del Sinn Fein, todo ello con la autorización de líderes que dirigen simultáneamente una y otra formación. Por esta razón la declaración del pasado mes de julio en la que el IRA anunciaba el final de su ’lucha armada’ era en gran medida redundante a pesar de que todavía hoy es utilizada en nuestro país para respaldar la conclusión de un supuesto ’final feliz’ del proceso norirlandés que no se corresponde con la realidad. El anuncio del IRA fue ensalzado casi unánimemente ignorándose que la organización terrorista había abandonado años antes su denominada ’lucha armada’ consciente de la ineficacia de la misma después de treinta años de asesinar sin conseguir sus objetivos. En cambio, los responsables del IRA no renunciaron, ni antes ni después, a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión y coacción sobre sociedad y políticos prometiendo por un lado su desaparición, pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas.

La valoración que el ministro británico para Irlanda del Norte hizo de uno de los últimos informes elaborados por la comisión que supervisa el alto el fuego del IRA revela los peligros que entraña para nuestra democracia replicar un modelo como éste, tan atractivo para ETA y Batasuna. En opinión de Peter Hain, el informe demostraba «que el IRA se está moviendo en la buena dirección» al no haber «asesinatos» ni «robos de bancos». Esa sustancial mejora debe ser cuestionada si se enmarca correctamente, estimándose la influencia que sobre el sistema político y la democracia tienen actos criminales como los descritos. Más de diez años después del alto el fuego del IRA el Gobierno británico ha acomodado su sistema democrático con objeto de que las actividades ilegales de una organización terrorista sean valoradas como aceptables siempre y cuando no rebasen un umbral, el asesinato, que de todos modos los terroristas no consideran oportuno traspasar en un nuevo contexto nacional e internacional desfavorable para ello. Véase asimismo cómo de manera totalmente contradictoria con los principios fijados por la propia comisión como guía de su actuación, su informe apoyaba además la finalización de las sanciones económicas sobre el Sinn Fein impuestas tras diversos incidentes que demostraban la estrecha implicación del partido político con la organización terrorista. Así pues, tras una suerte de periodo de descontaminación, y aún a sabiendas de la existencia de semejantes vínculos, se aceptaba renunciar a la referida penalización. De ese modo se desincentivaba al brazo político a separarse de la organización terrorista manteniéndose una dinámica ya habitual a lo largo de los últimos años. Esta comisión sustenta su trabajo en unos principios democráticos básicos, entre ellos el que destaca como inaceptable que un partido político, y particularmente sus líderes, expresen su compromiso con la democracia y la ley mientras su actitud demuestra lo contrario. Considera además que los partidos políticos no deben beneficiarse de su asociación con actividades ilegales. Sin embargo, la comisión reconocía que el IRA seguía activo realizando actividades criminales que, autorizadas por sus líderes, servían a la estrategia política del Sinn Fein, exponiendo por tanto la contraproducente incoherencia que se deriva de ignorar los efectos de la asociación entre el grupo terrorista y sus representantes políticos.

Siguiendo el modelo norirlandés, algunos sectores apuestan por interpretar como muestras inequívocas de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia gestos aparentemente esperanzadores, aunque estos no equivalgan a la desaparición de la banda. Se tiende así a liberar a la banda de la presión que debería recaer sobre ella trasfiriéndose la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a políticos y ciudadanos que pueden verse coaccionados para aceptar condiciones que no son plenamente democráticas. En absoluto puede serlo tolerar que una organización ilegal continúe existiendo, manteniéndose inextricablemente unida a una formación política, a pesar de las declaraciones formales de sus dirigentes en las que respaldan procesos democráticos que se ven en contradicción con sus comportamientos antidemocráticos al beneficiarse de su asociación con dicha presencia.

(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)

EL DIARIO VASCO, 17/4/2006

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