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La legitimación de la violencia política en el País Vasco. Una sociedad en peligro

Una sociedad segura es aquella en la que los ciudadanos se sienten partícipes o por lo menos aceptadores de aquellas reglas hechas de forma común y que reafirman la condición libre de sus miembros a través del desarrollo de unos instrumentos de autorregulación política. En el País Vasco, Constitución y Estatuto de Autonomía se nos presentan como las dos normas superiores y los instrumentos comúnmente más aceptados y que además poseen la capacidad y bondad de poder ser transformados y adaptados. Bajo este paraguas protector se establece la consabida existencia del posible ejercicio de la violencia legal como monopolio del estado y con las limitaciones propias de las normas de las que emana su existencia. Por ejemplo, los servicios de orden de una asamblea o de una manifestación están en el principio de toda actividad de tipo comunitario, pero con el principal objetivo de salvaguardar la seguridad y libertad de los individuos. Tristemente en el País Vasco hemos recorrido un largo trecho en sentido contrario al que la Filosofía y la Ética política establecen como principios elementales y básicos de un estado moderno. ¿Por qué digo esto? No hará falta recordar los mensajes públicos que oímos, hoy en día y en pleno siglo XXI, de parte de muchos integrantes de la clase política. “Queremos un escenario en el que no pueda haber ningún tipo de violencia”. “Esta detención policial rompe con la posibilidad de llegar a acuerdos en ausencia de violencia”, “Condenamos por igual todo tipo de violencia, venga de donde venga”, “Tanto ETA como los cuerpos de seguridad deberían facilitar y hacer efectiva una tregua”.

Existe una táctica absolutamente preconcebida por la cual es útil para los intereses de algunos extender una confusión social en torno al papel de la violencia legal, equiparándola con la violencia terrorista e ilegal ejercida por ETA. A través de esta equiparación algunos han llegado a igualar el monopolio del estado para el ejercicio ajustado de la violencia legal, directamente con el terrorismo de estado. Quizá sea conveniente poner por delante ciertas premisas personales para solventar cualquier género de posibles dudas ante el discurso y los pensamientos del hijo de un policía, en este caso de un policía asesinado. Para mí es evidente que la violencia que se llega a transformar en ilegal por parte de la acción distorsionada de determinados miembros de la administración o de las fuerzas de seguridad en forma de terrorismo tipo GAL o en forma de malos tratos, es absolutamente más grave desde el punto de vista moral y debería serlo en el penal que la acción de los infractores por ejercicio de la violencia privada. Esta posición personal me permite proclamar aún con más énfasis la indispensable separación entre violencia pública y privada o entre violencia legal e ilegal. Dicha separación es la que deberíamos hacer prevalecer socialmente, porque de lo contrario ciertos análisis perversos podrían hacer concluir una construcción social peligrosa. Esta construcción daría lugar por ejemplo a una supuesta existencia de dos bandos en conflicto, ilegales o legales, pero eso sí, equiparados y legitimados. Daría también lugar a que un ertzaina o un policía puedan estar en el mismo nivel de participación social que un activista de ETA. Daría lugar al planteamiento por el cual se dice que no tiene que por qué haber vencedores ni vencidos y daría lugar como consecuencia a que todas las víctimas finalmente sean iguales. Es injusto hacer todas estas equiparaciones de un modo intencionado y por lo tanto es profundamente injusto equiparar desde el lado de los que seguimos vivos, la muerte de un miembro de ETA en un enfrentamiento con la policía con una víctima del terrorismo. Es profundamente injusto desde el lado de los que seguimos vivos equiparar la muerte de un activista al ir a colocar una bomba mortal con una víctima del terrorismo. Es absolutamente injusto desde el lado de los que seguimos vivos equiparar las muertes por accidentes de tráfico o suicidios con las muertes ejecutadas desde el terrorismo. Todos estos mensajes intencionados que tratan de igualar estas situaciones, pretenden enredar la percepción de muchos ciudadanos y en muchos casos lo consiguen. Lógicamente estos planteamientos no cuentan con el apoyo por parte de la administración de justicia que sabe diferenciar con nitidez y sin dudar la tipificación penal de cada muerte. Sin embargo desde un punto de vista sociológico sí que se ha provocado un recorrido muy difícil de modificar y éste ha sido el acudir a los análisis humanos y morales más primarios. Lo resumiré en una frase sencillísima. “La violencia es mala”. Y ahí nos quedamos; o mejor dicho, ahí es donde empiezan las equiparaciones y el resto de discursos y explicaciones absolutamente pervertidos. Es decir, hay planteamientos y proclamas que, para hacernos entender, llegan directamente al corazón y no pasan por la cabeza. Este es uno de ellos. El peligro está servido. Los que sienten la atracción dictatorial y por lo tanto los grandes dictadores aplican y se sirven muy bien de todos estos mensajes y mecanismos simples pero de gran poder emocional y que persiguen un efecto demoledor

Este análisis sencillo y peligroso nos lleva incluso a ciertos planteamientos que no tendríamos por qué hacerlos después de casi cuarenta años de acción terrorista de ETA en el País Vasco. Es evidente que hay que deslegitimar y perseguir cualquier acción violenta ejecutada por organizaciones terroristas y grupos afines. No hay que deslegitimar, por el contrario, la violencia legal y pública ejercida por el estado con las limitaciones autorreguladas por los principios de los que emana el mismo estado. Sin embargo en cierta manera la sociedad vasca no ha llegado a deslegitimar o en cierta forma ha legitimado determinadas acciones que van unidas al terror. Hemos dado por bueno en nuestra sociedad que los violentos sean ensalzados y enaltecidos y que a la vez las víctimas tengan que estar ocultas. Hemos dado por bueno que organizaciones ilegales ocupen espacios públicos pagados por todos. Hemos dado por bueno que se pueda aceptar que haya quien no condene la violencia ilegal y sea algo con lo que convivamos sin problemas. También hemos legitimado el matonismo y la violencia monocorde en las partes viejas de nuestros pueblos y ciudades.

Por lo tanto estimo que, aún siendo obvio, no deja de ser imprescindible seguir luchando por la deslegitimación de la violencia terrorista. También pienso que es un objetivo que por evidente se queda absolutamente corto. No soy el primero que pretende rescatar un objetivo que vaya más allá: la deslegitimación debe de llegar incluso a los fines y las metas que son buscados por los terroristas. Dichos fines deben ser siempre deslegitimados ya que la propia acción de la violencia los pervierte y para llegar a ellos se ha hecho imprescindible la existencia previa de víctimas inocentes. Desde el punto de vista social y en pleno 2006, es en los fines de los violentos donde deberíamos situar la acción principal de deslegitimación. Sobre los medios que utilizan los violentos ya actúa, como no podría ser de otro modo, la Justicia. Si por ejemplo una tribu africana tiene como objetivo el aniquilamiento de una tribu rival, no sólo deben ser perseguidas las acciones delictivas que puedan llegar a realizar, sino que es el propio objetivo de esa tribu el que debe ser deslegitimado. “Estas exagerando”, pensarán algunos. “No te pases, que aquí no se quiere el aniquilamiento de nadie”, pensarán otros. Sin embargo no es fácil reprochar esto a uno de los familiares de los casi mil asesinados, a uno de los miles de heridos, a uno de los más de cincuenta mil amenazados y a uno de entre las decenas de miles de individuos que han tenido que dejar forzadamente el País Vasco. Dudo de veras de la posible existencia de un País Vasco, por mucho que me lo imagine, donde uno pueda pasearse tranquilamente por nuestras calles, por ejemplo con una simbología no acorde con la estética nacionalista. Esa imposibilidad no viene dada por la libertad de elección individual de los ciudadanos sino por la presión de los violentos. En este país hemos hecho de lo anormal lo habitual y de lo normal la excepción. El trabajo es duro y más si pensamos que una vez desaparecida la violencia terrorista, los posos, los miedos y la amenaza van a durar todavía muchos años. La deslegitimación vendrá dada posteriormente desde el momento en que se haga primar a la víctima sobre el victimario. La deslegitimación vendrá dada por las diferentes consecuencias judiciales del que ha ejercido la violencia ilegal de quienes no la hemos ejercido. La deslegitimación vendrá dada en el momento en que ninguna persona tenga por qué ocultar, si no lo desea, sus pensamientos y puntos de vista políticos.

(*) Ángel Altuna es Psicólogo. Miembro de COVITE. Hijo de Basilio Altuna asesinado por ETA

[Tomado de Basta Ya.Org] Nº 61 
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