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El 11-M, segundo peor atentado de la década a nivel mundial según el informe ‘Global Terrorism Index 2012’

El 11-M, segundo peor atentado de la década a nivel mundial según el informe ‘Global Terrorism Index 2012’

Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid ha sido el segundo peor ataque terrorista de le era 'post 11-S', de 2002 a 2012. Tan sólo es superado por el registrado en Nepal tan sólo diez días después del 11-M. Son algunas de las conclusiones del 'Global Terrorism Index Report 2012', un estudio sobre el terrorismo mundial.

Ni los atentados de Londres en 2005 (56 víctimas y 784 heridos), ni el asalto a la escuela rusa de Beslán en 2004 (344 víctimas, muchos de ellos niños, y 727 heridos), ni aquel atentado de Bombay del que fue testigo Esperanza Aguirre (187 muertos). Ni siquiera las multitudinarias masacres con centenares de víctimas que se han registrado en los últimos diez años en Afganistán e Irak.

Ninguno de esos atentados supera al 11-M: 191 víctimas  y 1.800 heridos por las cuatro bombas que explotaron en aquellos trenes de cercanías. Al menos, así lo concluye el estudio ‘Global Terrorism Index Report 2012’ elaborado por el prestigioso ‘Institute for Economics and Peace’, utilizado como referencia por la ONU.

Según este informe, tan sólo hay un atentado –además del 11-S- que supera en gravedad a los ataques del 11 de marzo. Se trata del acontecido en la ciudad de Bendi (Nepal) tras un choque entre partidarios comunistas y nepalíes que dejaron un total de 518 víctimas y 216 heridos.

http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/080043/el-11-m-segundo-peor-atentado-de-la-decada-a-nivel-mundial-segun-el-informe-global-terrorism-index-2012

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NEGOCIACIÓN CON LAS MARAS: ¿SOLUCIÓN CORRECTA?

NEGOCIACIÓN CON LAS MARAS: ¿SOLUCIÓN CORRECTA?

Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

El Gobierno ha negado insistentemente, estar negociando con las Maras  y,  el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, General David Munguía Payés, expresa: “nuestro Gobierno no tiene como política sentarse con pandilleros, ni con criminales, ni con terroristas a discutir los temas de violencia”. Pero a continuación agrega: “Generamos los espacios para que la Iglesia Católica y la sociedad civil pudieran desempeñar ese rol y ver si podían ellos detener esa guerra entre las pandillas”. Lo cual constituye a Monseñor Colindres, Mijango y Munguía Payes, como Embajadores o emisarios ante la Mara, del Gobierno, no obstante que, públicamente, se insista en negar dicha negociación y aceptar tal calidad.

El hecho de que el Estado de El Salvador, ha recurrido primero, a la fuerza  de Seguridad Pública,  después a su Fuerza Armada y, por último, a la negociación; es prueba de que ha fracasado en una de sus principales misiones: mantener la paz pública y que prevalezca la ley en el territorio nacional por sobre cualquiera otra voluntad y esto, sin importar la causa o causas del fracaso: legales, judiciales, de presupuestos, cooperación institucional, estratégicas, tácticas y operativas. La proliferación de las Maras, primero en los Estados Unidos, luego en El Salvador, y después en otros países latinoamericanos, ha obligado al Estado de El Salvador a iniciar negociaciones bajo una concepción criminológica positivista y, solicitando la cooperación de la OEA en ese sentido, buscando un ambiente político internacional, que le sea ventajoso y, no un trato directo con los Estados Unidos, en donde, su Gobierno, considera a las Maras, como un problema de criminalidad internacional y por consecuencia, de Seguridad Nacional y Hemisférica

La OEA,  por medio de su Secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell – diplomático canadiense- afirma que la estrategia de “mano dura”, no ha dado los resultados requeridos, por lo cual, es necesario, para resolver el problema, que haya un “consenso nacional”,  que logre la reinserción de los pandilleros a la sociedad. Bajo este contexto, se ve que la OEA ve el problema de las Maras, como un conflicto entre dos poderes  y no, del Estado contra el delincuente que viola la ley. Esto es por que el conflicto de poderes, implica un acuerdo interno de paz entre las partes (Gobierno y Maras), con el aval de la comunidad internacional, mientras que si lo viésemos como un problema estrictamente delincuencial, tendría que tratarse por medio de políticas criminológicas, aplicables al delincuente, sin que éste participe en la planeación y discusión del problema, pues está sujeto a la soberanía del Estado, y el delincuente carece de derechos políticos necesarios y, esto último, es lo que verdaderamente ve y siente el ciudadano salvadoreño.

Los analistas del problema de las maras (pandillas) en los Estados Unidos, reunidos en Washington, vieron claro que, la solución al problema: es la “reinserción” del pandillero a la sociedad del país donde habita, lo cual implica el pleno sometimiento del individuo a la ley  y a la autoridad que la representa. Debe el pandillero reinserto, tener el convencimiento de que su sometimiento a la ley, es la mejor condición de vida y la mejor manera de relacionarse con los demás seres humanos. Pero los analistas están consientes,  de que las Maras saben que poseen un poder (físico y económico) y que éste, puede ser usado como factor de negociación, lo cual significa un riesgo, pues no se puede reinsertar a las Maras, como grupos, sino a individuos. Pues de lo contrario, existiría un peligro para la sociedad, pues existirían dos poderes sujetos a un equilibrio: el de las Maras y el del Gobierno, lo cual se plantea veladamente el la figura de los “Municipios Santuarios”.

El  la reinserción de las Maras, como grupo, implicaría tres peligros: primero, la legitimación de grupos delincuenciales, segundo, la existencia de un poder paralelo al del Estado, cuyo equilibrio fácilmente podría romperse en detrimento del Estado y, tercero, que la economía nacional, tendría una nueva carga, la cual tendría que ser forzada por el Estado, y el ciudadano común, tendría que cumplir con la Mara y con el Estado, lo cual derivaría en un conflicto de proporciones inimaginables, pues habría una disociación cultural.

Esto nos obliga a considerar algunos aspectos criminológicos de las Maras. Los inmigrantes salvadoreños que no pudieron o quisieron adaptarse a las normas de vida norteamericana, se agruparon con el propósito de resolver los problemas que el ambiente les presentaba. Así aparecieron las pandillas de la calle 13 y la calle 18, en la Ciudad de los Ángeles.

El conflicto armado en El Salvador, de los años 80´s, que provocó tal migración, no es responsable de los 8,000 pandilleros existentes en los Estados Unidos, pues estos,  son una ínfima parte de los casi dos millones de salvadoreños  (residentes legales e ilegales, ciudadanos norteamericanos  por naturalización o nacimiento) que existen en los Estados Unidos. La visión de los Homies Unidos (agrupación de pandilleros que pretende la reinserción o socialización de los mismos mediante la explicación de su condición) dice: “La violencia económica, social y política, todo ello contribuye a un ciclo de violencia que ocurre con los individuos, las familias y las comunidades. Homies Unidos reconoce que este ciclo de violencia no es la enfermedad en sí, sino un síntoma de las grandes desigualdades sociales, culturales y económicas que se producen a nivel local como global. Si tratamos tanto el síntoma y la causa de la enfermedad, entonces es posible crear una sociedad sana apacible.”

Esta explicación de la razón de pertenencia a la pandilla, queda desvirtuada por dos razones: la relación de salvadoreños que han adoptado la forma de vida norteamericana: en Estados Unidos por cada 250 salvadoreños honrados existe un pandillero y, si vemos esta relación en El Salvador,  encontramos que por cada  183.33 personas honradas existe un pandillero. Y si para terminar, contabilizamos que en los últimos siete años, las Maras han dado muerte a 29,000 personas, un número mayor que las ocasionadas durante el conflicto armado en igual tiempo, podemos concluir que son una fuerza que ha rebasado el poder del Estado, pero que por su naturaleza anti social, es imposible conciliar su visión, con la del ciudadano común.

Otro punto a destacar, es que con la idea de los Homies Unidos, surgen nuevas estrategias delincuenciales: la primera es la del uso de la protección que da la ley a grupos sociales, con la finalidad de evadir la aplicación de la misma ley, porque tenemos la utilización de menores para sicariato y, de los mismos, en acciones criminales de la pandilla, contra la sociedad (realización de extorsiones, cobro de las mismas, ubicación de personas y acciones de inteligencia) y en los casos de que los menores fuesen ineficaces, emplear a personas de la tercera edad, para tales labores, obligándolas por medio de la amenaza, a realizar actos contra su voluntad. Además, incursionan en el tráfico de drogas, armas y personas, con la finalidad de obtener mayores utilidades y dominio constante sobre los territorios donde se encuentran.

Este nuevo proceder de las Maras, es contrario a lo establecido en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la trata de personas), complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Y últimamente tenemos Las Consideraciones en Materia de Trata de Personas desde la perspectiva del Derecho de los Refugiados y el Mandato del ACNUR (Segunda Reunión de Autoridades Internacional Nacionales en materia de trata de personas (OEA) de marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina). Esta normativa internacional pretende evitar que personas vulnerables (menores, mujeres y ancianos) sean substraídos de la protección que les debe la autoridad de cada país, y que queden en desamparo, siendo aprovechada su vulnerabilidad, por personas que en ellos ven una forma de lucrarse o evadir la ley.

También hay  que destacar que la práctica de exigir “renta” (extorsión o protección), ocasiona que la persona que no tiene la capacidad de pago, para preservar su vida,   migra internamente o, hacia otro país, por lo cual debe de considerarse, tal migración, como  forzada, la cual junto al hecho de entrenar y proporcionar armas a menores para sicariato, constituye actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario y señalados como delitos de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.

La actitud del marero o pandillero, constituye una filosofía de vida, la cual se  ve reforzada por su entorno dentro de la mara, pues existe una dependencia de vida, en todos sus aspectos, hacia la misma, lo que hace extremadamente difícil, que éste, el marero, la abandone, pues a la salida de la mara, se le aplica la pena de muerte. Una negociación con las cúpulas de las estructuras pandilleriles, refuerza la estructura y cohesión de la misma.

 

La discusión no es si el pandillero, como persona, puede o no,  ser reinsertado dentro de la sociedad, pues está claro que, si abandona la pandilla, acepta la convivencia social normal, será aceptado por la sociedad misma, pero la cuestión es que la propuesta de la pandilla, es que se les acepte como grupo, y esto se ve claramente, cuando los delegados del Gobierno, General David Munguía Payes, Monseñor Colindres y Raúl Mijango, se hacen eco de la propuesta y proponen la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, con la cual se pretende combatir a las “maras” y grupos ilegales armados, así como a quienes las financian. Esta ley, dentro de un contexto estrictamente práctico, adolece  para su aplicación, del problema de que es necesario probar que se pertenece a las Maras, pero con una negociación como la que se está dando, la ley tiene que aplicarse. Esta ley, es para combatir la estructura delincuencial de la misma, pero aún así, permite que el pandillero sea reinsertado en la sociedad, si es su voluntad y llena las condiciones requeridas.

Este impedimento legal para que el Gobierno continúe con su plan de negociación, iniciado desde junio de 2009, involucrando a la OEA el 2010 y pretendiendo que es la nación en conjunto, la que lo pide, el 2012, es decir, que es un clamor popular, obliga a examinar todas las aristas de este problema, pues las Maras, ahora han visto que pueden obtener un beneficio de la sociedad, por sus actos delictivos, lo cual es inmoral y atentatorio contra los Derechos Humanos.

No puede admitirse una negociación con quien ofrece como única carta, la capacidad de cometer crímenes,  cuando existe una relación de 30,000 pandilleros contra 5,500,000 habitantes, privilegiando a los primeros por sobre los segundos.

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 10 de diciembre de 2012

El aterrizaje forzoso de los abertzales y el futuro del Gobierno vasco (Análisis Te Interesa, 22/06/2012, José Barros, Madrid)

El aterrizaje forzoso de los abertzales y el futuro del Gobierno vasco (Análisis Te Interesa, 22/06/2012, José Barros, Madrid)

El acoso policial a ETA, el aterrizaje institucional de los abertzales, la estrategia carcelaria con los presos etarras y los equilibrios políticos tras las elecciones vascas de 2013 forman parte de una única hoja de ruta.

El runrún mediático impide percibir las corrientes de profundidad que desde hace tiempo se mueven dentro de la vida política vasca y, por extensión, también de la española. Estas corrientes subterráneas -cuya última erupción, por el momento, ha sido la legalización de Sortu- han llevado a una realineamiento entre distintas fuerzas políticas teóricamente contrapuestas entre sí para lograr un doble objetivo común: la desaparición definitiva de ETA y, al mismo tiempo, la integración del mundo abertzale dentro del juego democrático.

Alcanzada esta meta, unos creen que los batasunos, en la medida que se vayan acostumbrando al coche oficial y a pisar moqueta, dejarán atrás su maximalismo revolucionario para disfrutar las prebendas de la vida burguesa. Otros, en cambio, creen que este paso solo servirá para que abertzales y una parte significativa de los nacionalistas vascos supuestamente moderados tomen mayor impulso hacia la consumación de su aspiración política de siempre, que no es otra que la secesión de España para la `construcción´ de una Euskalerría independiente y, tal vez, socialista.

Pero antes de llegar a uno de los hipotéticos finales de este proceso, esbocemos más por lo menudo las partes de su hoja de ruta, trazada -aunque jamás lo reconocerán- al alimón entre PSOE y PP, y que además ha contado con la complicidad del PNV.

Esta hoja de ruta tiene varios pies. El primero es el acoso policial a ETA, que desde la ruptura de la última tregua con el atentado del aeropuerto de Barajas de 2006 se ha mantenido implacable. Desde entonces, ni el Gobierno del PSOE, primero, ni el del PP, después, han aflojado la presión sobre la banda. La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de detener terroristas y de cortar sus fuentes de financiación, unida a la colaboración internacional -sobre todo de Francia- y al control de los etarras residentes en el extranjero, ha puesto a ETA al borde de su desaparición.

 

El palo y la zanahoria

Esta es la estrategia del palo. La estrategia de la zanahoria es el segundo pie de la hoja de ruta, que busca el aterrizaje institucional de los abertzales. La participación del PSOE en esta maniobra, vía Jesús Eguiguren, es diáfana. El PP, si bien de una manera más tácita, también camina por la misma senda, aunque solo sea por el hecho de que Mariano Rajoy, tras su llegada a Moncloa, no ha variado el rumbo aquí marcado por Zapatero. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la cúpula del PP tiene garantías de que ETA acabará renunciando definitivamente al terrorismo, aunque los etarras intentarán a toda costa marcar su propio ritmo al desarme. En cualquier caso, de cumplirse esta profecía el resultado sería la desaparición de ETA; este es el objetivo prioritario al que se subsume todo lo demás. La incomodidad de una parte de las bases populares y de algunos de sus dirigentes con la estrategia de un final suave -a los halcones del PP les gustaría una derrota exclusiva y taxativamente policial- no pasa de ser una comezón en la epidermis del partido que no afecta a su timón de mando, donde la consigna bien podría ser esta: “a enemigo que huye, puente de plata”.

De hacer caso a las voces que piden un final duro para ETA, el Gobierno tiene el temor -fundado, o no- de que la banda, acorralada, podría escindiese en una serie de grupúsculos que iniciarían su propia, particular y alocada carrera de asesinatos. Para que esta hipótesis nunca llegue a cumplirse, la estrategia de Rajoy, como ya hemos comentado, no consiste en recrudecer la lucha del Estado hasta lograr la completa desaparición del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) -esto podría resultar costoso en términos policiales, humanos y electorales, máxime en la actual coyuntura de crisis económica-, sino en abrir una válvula de escape en la olla a presión etarra tolerando el regreso a la política vasca de los abertzales, sin por ello renunciar al acoso y derribo policial contra ETA.

El tercer pie de esta hoja de ruta es la estrategia carcelaria con los presos etarras. Aquí también se detecta un acuerdo de continuidad entre PSOE y PP. La postura de los dos partidos mayoritarios se resume en Nanclares 2; la prisión alavesa a donde se traslada a los terroristas que, tras pedir perdón a sus víctimas e iniciar un proceso de desvinculación de la banda, a cambio obtienen beneficios penitenciarios de forma individualizada. Con esta vía se busca crear una escisión dentro del monolítico frente carcelario etarra, organizado en torno al Colectivo de Presos de ETA (EPPK). Este colectivo aspira a una solución grupal -es decir, política- para todos sus presos, y para mantenerlos cohesionados les ha infundido la esperanza de que en 2013 un hipotético lehendakari abertzale logrará que el Estado transfiera sus competencias penitenciarias a la Comunidad vasca, cosa en extremo difícil pero que de momento ya han conseguido los nacionalistas catalanes, si bien en un escenario político muy diferente. Así pues, la mayoría de los presos etarras aguardan a las próximas elecciones autonómicas vascas en disciplinado compás de espera, de ahí el poco éxito que hasta ahora ha tenido la estrategia del perdón.

 

Psicodrama y estrategia

¿Y qué piensan las víctimas? Agrupadas en torno a la AVT, Covite, Voces contra el Terrorismo y otras asociaciones, la práctica totalidad de los damnificados reclaman que los terroristas cumplan íntegras sus condenas y que nunca dejen de ser los responsables civiles de los daños causados. No solo eso. Las víctimas también consideran que los etarras arrepentidos tienen una manera clara de mostrar su rectitud: colaborar con la justicia a la hora de esclarecer los cientos de crímenes cometidos por ETA que todavía están sin resolver, cosa que los escasos arrepentidos no están haciendo. Por ello mismo, las referidas víctimas cuestionan la sinceridad de esos presos que por decir "lo siento" y desvincularse de ETA -algo que para un etarra no deja de resultar costoso-, a cambio ven cómo se reducen sus condenas y se les acerca a prisiones del País Vasco. En resumen, la mayoría de las víctimas están en contra de la actual política de reinserción, en la que ciertos aires de psicodrama emocional esconden una estrategia gubernamental para dividir al colectivo de presos -y, por lo tanto, debilitar a ETA-, pero que no resarce las demandas de justicia de los damnificados por el terror.

Aunque también existe otro colectivo de víctimas, muy minoritario y agrupado en torno a la Fundación de Víctimología, que reúne a algunos familiares de etarras, de asesinados por los GAL y de manifestantes muertos durante la Transición. Este colectivo -se presenta como apolítico, pero simpatiza con las tesis nacionalistas- es el único que por el momento ha apoyado el plan gubernamental de reinserción y su estrategia, un tanto evidente, es la de enfrentar a víctimas con víctimas para, acto seguido, deducir que todos los damnificados por la violencia del "conflicto" son iguales.

El cuarto y último pie de la hoja de ruta es el político-electoral. Las elecciones vascas de 2013 serán un punto de inflexión. ¿Qué sucederá? Según datos del Euskobarómetro de pasado marzo, el PNV volvería a ganar las elecciones autonómicas con 22 o 23 escaños (30,7 % del voto), aunque perdería entre siete y ocho de los 30 actuales, mientras que el frente abertzale desplazaría al PSE al tercer puesto en la Cámara vasca al conseguir entre 19 y 22 parlamentarios (24,7 %).

 

La llave, ¿en manos del PNV?

Los socialistas vascos, que ahora cuentan con 25 de representantes en el legislativo autonómico, perderían nueve asientos y obtendrían 16 (18,3%), mientras el PP ganaría uno y alcanzaría los 14 (15,4 %). Ezker Anitza-IU podría quedarse sin parlamentario o bien obtener tres (3,1 %). UPyD desaparecería. La Cámara vasca se simplificaría y su composición pasaría de siete a cuatro o cinco formaciones.

Por tanto, PSE y PP se verían matemáticamente imposibilitados para repetir la fórmula que ha sustentado durante los últimos años al Gobierno autonómico y el PNV podría volver al Ejecutivo "si cuenta con el apoyo o la anuencia de cualquiera de las otras tres fuerzas parlamentarias", asegura el Euskobarómetro.

De confirmarse estos datos, ¿qué haría el PNV? Estaría en Ajuria Enea, aunque en minoría, así que no sería improbable que se decantase por gobernar en solitario para luego ir pactando con distintas fuerzas políticas en función de sus intereses; en temas socio-económicos, el PP de Antonio Basagoiti le vendría como anillo al dedo a los jeltzales -y los de Basagoiti estarían encantados; de hecho, el Presidente de los populares vascos lleva tiempo allanando el camino dentro de su partido para facilitar una alianza estable entre PP y PNV, pero tiene el problema de que, según el Euskobarómetro, no sacará los votos suficientes para consumar dicho pacto-; en las cuestiones nacionalistas el PNV contaría con el apoyo de los abertzales; y si quisiera cierta estabilidad institucional, podría apoyarse en el PSE, que acabaría de dejar el Gobierno vasco y que es filo-nacionalista.

Hasta cierto punto, esta sería la situación ideal para el actual status quo político nacional: un PNV relativamente moderado en Vitoria (Urkullu no es Josu Jon Imaz, pero tampoco es Ibarretxe), menos centrado a corto plazo en aventuras soberanistas y más en salir de la crisis -para lo cual contaría con la simpatía de Moncloa, y así Moncloa, de cara a 2015, también contaría con el apoyo de los jeltzales-, y un mundo abertzale que, ya sin la sombra de ETA, sería una especie de Esquerra Republicana a la vasca.

Ahora bien, si el Euskobarómetro acierta, en el parlamento vasco las fuerzas nacionalistas tendrían una clara mayoría sobre los partidos constitucionalistas. ¿Decidirán a medio plazo abertzales y jeltzales, giputxis y bizkaitarras, pijos de Neguri y borrokas del Goierri, cogerse de la mano para emprender juntos el camino hacia la secesión? Quien sabe. Como diría Michel Houellebecq: “En la vida puede suceder cualquier cosa, incluso nada”.

http://www.teinteresa.es/politica/aterrizaje-forzoso-abertzales-futuro-Gobierno_0_723529572.html

Movimientos Islamistas en España (DIEEEM01-2012)

Movimientos Islamistas en España (DIEEEM01-2012)

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organismo del Ministerio de Defensa de España dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales.

El presente artículo tiene como finalidad presentar, por parte de sus autores, José María Blanco Navarro y Óscar Pérez Ventura, de una manera estructurada, los posibles movimientos islamistas ubicados en España. Se abordará su historia, su ideología, y sus posibles conexiones en nuestra nación, siempre partiendo de fuentes abiertas de información, citadas y referenciadas.

La amplitud de la cuestión hace que, al menos en este primer momento, el análisis se centre en los siguientes grupos: Hermanos Musulmanes, Justicia y Espiritualidad, Takfir wal-Hijra, y Yama’a al-Tabligh al-Da’wa.

Según Javier Jordán, en “Procesos de radicalización yihadista en España. Análisis sociopolítico en tres niveles”, el amplio catálogo de libertades, en países como España, como pudieran ser la libertad de expresión y de asociación, o las amplias garantías judiciales, suponen paradójicamente una ventaja para movimientos que difundan mensajes contrarios a los sistemas democráticos o incluso que pudieran perseguir la radicalización. Separando claramente los conceptos de islamismo y de radicalización yihadista, y aunque en general estos grupos condenen la violencia, pueden sembrar una serie de principios contrarios a nuestros valores democráticos y recogidos constitucionalmente, o contrarios a la integración en las sociedades de residencia, además de implantar sentimientos de marginación o victimización, que sirvan de caldo de cultivo para la reclutamiento yihadista.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM01-2012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf

El error Zapatero

El error Zapatero

Se han constatado ya ostensiblemente los errores y los fracasos del presidente Rodríguez en su política exterior, en la de seguridad y en su giro confederal a la dinámica del Estado autonómico. Pero el fiasco más notorio lo ha provocado su pretensión de conseguir solucionar el terrorismo de ETA. Y eso pese a que las gesticulantes rectificaciones de última hora intentan ocultar la cadena previa de concesiones políticas favorables a la banda y no han cerrado definitivamente tampoco la posibilidad de contactos ulteriores.


Este último intento se ha guiado, en mi opinión, por una combinación de pensamiento desiderativo, una incapacidad para comprender la dinámica del nacionalismo vasco terrorista como ideología totalitaria y una valoración errónea de la situación en que se encuentra la pugna estratégica con los terroristas . Al llevar a cabo su intento a toda costa, sin el imprescindible apoyo de las víctimas ni del único partido de la oposición en la práctica, ha confirmado, por si falta hiciera, su utilización partidista de la materia. Si apoyó desde la oposición al gobierno del PP con la firma del Pacto por las libertades y contra el terrorismo ¿por qué no incorporarlo ahora que disfruta del poder y se trata de una cuestión de Estado? Al no reconocer su grave error estratégico y político, ni cerrar el paso a las demandas secesionistas del nacionalismo vasco, ni terminar con cualquier perspectiva de contacto con la organización terrorista, prolonga y agrava la crisis institucional generada por su gobernación en la última legislatura, que ha llegado a romper incluso su propio partido.

 

De la crisis del 11-M a la presente crisis institucional

 

Rodríguez, travestido gracias a la mercadotecnia política en el candidato ZP, llegó al poder gracias a la politización selectiva de la crisis generada por un gravísimo atentado terrorista que atacaba frontalmente la libre decisión de los españoles, y desde él ha fomentado, por acción y omisión, que la sombra de esa crisis se alargara durante toda la legislatura que ya termina. Y si aquellos resultados electorales se basaron para los partidarios del PSOE en su percepción de la mala gestión de la crisis realizada por Aznar como una manipulación, por su parte, los partidarios del PP les imputaron un déficit de legitimidad debido al aprovechamiento del atentado terrorista por los socialistas y a su ruptura de las normas reguladoras de la jornada de reflexión, hecho este último reconocido por la Junta Electoral . Hasta la fecha Rodríguez no ha condenado ni desautorizado a las turbas que rodearon las sedes del PP aquel día, llamando asesinos a los miembros de ese partido, lo que sienta un precedente muy peligroso .

 

Esa llegada al poder gracias a la utilización del peor atentado terrorista sufrido en nuestro suelo, el segundo más mortífero en Europa después de Lockerbie, y su decisión subsiguiente de retirar las tropas de Iraq —sin siquiera reunir al Consejo de Ministros ni ejecutarla de acuerdo con nuestros aliados—, se ha convertido en un paradigma académico internacional de las escasas victorias del terrorismo como táctica. En efecto, la concesión de Rodríguez al yihadismo se debate ya en una de las más prestigiosas revistas dedicadas a la seguridad internacional, a modo de arquetipo de cómo alcanzan sus objetivos los grupos terroristas que atacan a civiles .

 

Pero quizá no se han subrayado lo suficiente algunos extremos que conviene recordar. El propio líder de Al Qaeda, Osama ben Laden, ya había reivindicado la recuperación de Al Andalus en 1994 como tierra robada al Islam y las amenazas islamistas no han hecho sino aumentar desde esa fecha hasta la actualidad inmediata, y ya hemos sufrido atentados realizados por grupos islámicos, aunque en otro contexto . Precisamente al anunciar Rodríguez, como líder de la oposición socialista entonces, su negativa a colaborar en la coalición internacional para estabilizar Iraq y su disposición a la retirada, creó la vulnerabilidad estratégica por la que atacaría el terrorismo islamista, ya que la división de las elites españolas abría la posibilidad de dañar a la coalición, cosa que no se daba en otros países con dirigentes políticos más solventes .

 

A esa vulnerabilidad se añade la cesión subsiguiente a uno de los limitados objetivos de los terroristas, la retirada de las tropas españolas de Iraq, realizada además de pésima manera. Rodríguez ha mostrado a los islamistas, de cosecha propia y del resto del globo, que es susceptible a la coerción de sus ataques y éstos, que no entienden los sutiles debates académicos, han vuelto a atacarnos donde más a mano estábamos, también de mala manera, en Líbano con la anuencia o algo más de Hezbollah, y sin cesar en los enfrentamientos armados en Afganistán con los talibanes. Y la amenaza islamista, que era previa e independiente de nuestra presencia en Iraq, persiste tras la retirada y carece de relación causal con ella, mal que le pese a la fracasada retórica gubernamental de una hipotética alianza entre civilizaciones.

 

En otras democracias más maduras y menos divididas internamente que la nuestra, después de un ataque terrorista de esa magnitud se habría emprendido un análisis profundo de los fallos de todo tipo en el sistema político-administrativo que no lo habían podido impedir: en nuestros servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, en la gestión de la crisis por nuestro liderazgo político … En su lugar hemos tenido que presenciar el funcionamiento estéril de una comisión parlamentaria de investigación que ha reproducido inútilmente las querellas partidistas en vez de dejar paso a una posición cívica, al menos bipardista, que lograse ponerse de acuerdo en los asuntos que afectan a la seguridad de los españoles. Tampoco la reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha dejado en muy buen lugar ni a la instrucción de la causa ni a la profesionalidad de la investigación policial y ha puesto de manifiesto las dificultades de condenar al yihadismo con nuestras actuales normas penales. No parece haber habido, por tanto, ni aprendizaje de la crisis ni tampoco ha habido reformas políticas sustantivas para enmendar los yerros cometidos ni adaptación subsiguiente de las distintas organizaciones responsables de poner en práctica las medidas.

 

Más bien el presidente Rodríguez se ha dedicado a provocar por su cuenta y riesgo cambios institucionales y de política muy importantes sin el concurso del único partido de oposición capaz de encabezar una alternativa de gobierno: ha roto el consenso en la política de seguridad y defensa que venía funcionando explícitamente en nuestra etapa democrática, alumbrando la novedad de unas Fuerzas Armadas desmilitarizadas, una suerte de ONG en uniforme; no ha realizado la perentoria reforma de un servicio diplomático víctima de la globalización y, sobre todo, de la lamentable gestión ministerial; ha debilitado al Estado con una política exterior que ha disminuido nuestra posición en Europa con aquel patético referéndum y la cesión gratuita de posiciones alcanzadas por el gobierno anterior; ha optado por uno de nuestros vecinos del sur del Estrecho, abandonando a los saharauis, con lo que ha renunciado a la postura española tradicional, incluido su propio partido, sin beneficio aparente y enfadando innecesariamente a nuestro otro vecino, poseedor además de recursos energéticos de los que dependemos; se ha abrazado a los tiranos populistas, lozanos o decrépitos, en Iberoamérica; y todavía no ha conseguido hablar con el presidente de Estados Unidos ni por teléfono ni en persona, más allá del protocolo. En definitiva, Rodríguez ha devaluado profundamente el lugar que entre todos habíamos conseguido alcanzar en el escenario internacional, incluidos los dirigentes socialistas anteriores a él, alejándonos de nuestros aliados más serios.

 

Pero estos cambios con ser graves, no alcanzan la profundidad del daño institucional provocado por otras tres políticas:

- la denominada ley de la memoria histórica con la innecesaria reapertura de viejas heridas, cuestionando los logros reconciliadores de la transición, reabriendo el camino a la cristalización de un espacio político para la extrema derecha desaparecida afortunadamente desde 1981;

- la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña que modifica, con una norma de rango inferior, la distribución institucional del poder diseñada por la Constitución de 1978. Y lo hace porque realiza concesiones de distinto tipo que atacan la soberanía nacional para la distribución de los recursos públicos, la solidaridad interregional, y se opone al fundamento mismo de la Constitución —la Nación española, indivisible y de indisoluble unidad según su artículo 2—, obedeciendo los dictados de unos cuantos líderes catalanistas y en contra de los intereses y la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y buena parte de los residentes en Cataluña;

- a lo que se añade la negociación con ETA, realizada con el estilo ZP, es decir, como sea, con todas las concesiones que la organización terrorista podía imaginar en sus mejores sueños, sin justificar su necesidad y con una preocupante mezcla de falta de transparencia y de indiscreción.

 

Como resultado ha fracturado al PSOE por el abandono de la idea de España en su improvisada práctica política, que intenta recuperar a última hora, liquidando todo el posible capital político acumulado por la generación que le precedió en su dirección. Todo ello, junto a otros elementos que no podemos ni esbozar, ha provocado una fase de desorden en el desarrollo aparentemente normal de nuestro régimen político y crea, a mi juicio, una amenaza seria para las estructuras básicas o los valores y las normas fundamentales del sistema constitucional. Por eso cabe hablar de crisis institucional. Porque los cambios emprendidos no son meras modificaciones de énfasis en estas o aquellas políticas, son cambios estructurales que afectan a la economía política de la constitución y a su fundamento nacional, realizados sin respeto por los procedimientos establecidos en la misma para su modificación, al no contar con la mayoría necesaria.

 

En vez de propiciar el acuerdo con el único partido que puede ser alternativa de Gobierno, tras una crisis gravísima muy mal resuelta por todos, ha impulsado políticas públicas divisivas que lo han soslayado, cuando la situación aconsejaba lo contrario y siempre se había hecho así en lo relativo a la distribución territorial del poder. Ha gravitado, en cambio, hacia fuerzas políticas semi-leales, desleales o directamente antisistema, lo que perjudica gravemente la estabilidad del marco institucional producido por la transición y su viabilidad política. La participación de fuerzas semi-leales o antisistema en coaliciones con los socialistas, con anterioridad a los ataques terroristas del 11-M en Cataluña y posteriormente también en otras regiones, lejos de servir supuestamente para incorporarlas a la dinámica democrática, supone sólo que estos partidos aprovechan las oportunidades temporales que les ofrece la legalidad democrática para promocionar sus particularismos artificiales y destruirla desde dentro. Con ello tiñen a lo que era un partido de gobierno como el socialista con tintes muy extremistas. Conviene recordar que España fue la única democracia fuera de Europa oriental en la que las fracturas regionales, culturales y lingüísticas desempeñaron un papel en la quiebra de su régimen político, la II República, en el periodo de entreguerras el siglo pasado.

 

Con este clima de enemistad política incivil se está generalizando la palpable ruptura de la convivencia propia de las provincias vascongadas a otras regiones españolas, proliferando las amenazas y ataques violentos a miembros o sedes del PP, como ya sucediera en su última etapa en el gobierno. Con ser esto grave, la ofensiva nacionalista, pues esas son las fuerzas que la impulsan, ha atacado ya señaladamente a las instituciones y símbolos nacionales por excelencia: la Corona, la bandera y el himno nacional. No cabe confundir tampoco las críticas al titular circunstancial de la Corona, siempre amparadas por la libertad de expresión —esa planta de tan difícil arraigo en nuestro suelo—, con los ataques a la institución como símbolo de la unidad de los españoles. Ataques a los que han concurrido finalmente con repercusión internacional tres de los tiranos tropicales favorecidos por la admiración de Rodríguez.

 

El contexto: el problema nacional en la democracia española

 

Como hace ya algunos años señalase Linz, España es hoy un Estado para todos los españoles, un Estado-Nación para la mayor parte de la población, y sólo un Estado pero no una Nación para importantes minorías. Esta fractura nacional intentó encauzarse con la Constitución del 1978 mediante un diseño institucional que seguía las pautas de lo que en términos técnicos se denomina un federalismo asimétrico. Sin embargo, el nacionalismo vasco no quiso incorporarse a este consenso, pese a garantizarle el nuevo régimen democrático un autogobierno más que notable, descomunal. El nacionalismo catalán sí lo hizo entonces, circunstancialmente, pero la reciente aprobación de un Estatuto con ridículo respaldo y con algo más que visos de inconstitucionalidad, por imposibilidad de propiciar la reforma de la Constitución que lo habría posibilitado, le sitúa ya, en buena parte, extramuros del sistema. En el marco constitucional se mantendría un acomodo de un problema irresoluble por definición que sólo permite que nos conllevemos unos a otros en expresión de Ortega. Es decir, todos los nacionalistas regionales —vascos, catalanes, gallegos y otros todavía más minoritarios— mantendrán indefinidamente sus demandas de reconocimiento, autogobierno o secesión, según convenga, y nunca se incorporarán “definitivamente” al sistema democrático, les conceda éste lo que les conceda, o verán satisfechas sus reivindicaciones. Si lo hicieran perderían su razón de ser y es inverosímil, si no totalmente desconocido, el caso de la desaparición de fuerzas políticas nacionalistas, más bien atraviesan ciclos de auge y movilización y de pasividad y decaimiento.

 

Pese a las concesiones que la mayoría de los españoles realizamos en la Constitución de 1978 con el fin de que nuestros nacionalistas periféricos se sintiesen cómodos, entonces y hoy todavía minorías estructurales en el conjunto y en cada una de sus regiones originarias, no han cejado en erigir frontera simbólica o material que cruzase por su imaginación política, creando nuevas formas de insularidad, atropellando el sentido común y la realidad histórica de nuestra convivencia. Aún así causa fatiga escuchar su irresponsable letanía quejumbrosa y las loas ocasionales a su presunta colaboración en la política del Estado. Nada más falso.

 

Cuando hacemos que nuestros compromisos mutuos sean enteramente contingentes no nos comprometemos a nada en absoluto. Para algunos en la izquierda, valores como la solidaridad humana o los valores comunitarios son realidades difíciles de reconciliar con una cosmovisión que se fundamenta en la crítica sin límite. Admitir que formamos parte del mismo cuerpo político no es alegar meramente que debemos deliberar juntos, es afirmar que en cierto punto la discusión cesa y nos comprometemos mutuamente para actuar como conjunto. No podemos mantener compromisos serios, exigentes y a largo plazo si esos compromisos se consideran por algunos como provisionales y revocables a la luz de causas ligeras y transitorias.

 

El presidente Rodríguez consiguió mucho más de lo que imaginaba al tratar de “desmitificar” nuestra nación, afirmando aquello de que es una “idea discutida y discutible”, al popularizar la noción de que se trata de una comunidad inventada e impuesta por elites nacionalizadoras, poco más o menos por curas y militares únicamente en nuestro caso. Al hacer eso, ciertamente legitima las invenciones nacionalistas regionales de sus amigos políticos, pero convierte a nuestra nación, la de todos los españoles, en una entidad incapaz de suscitar la lealtad y el apoyo del público y su voluntad de soportar sacrificios, incluidas las transformaciones de ingeniería social tan queridas por él mismo. La izquierda también necesita a la nación sobre todo en una época en la que el socialismo internacional es un recuerdo débil y desacreditado por completo. Y el inmediato precedente de la gobernación socialista se hundió entre escándalos de corrupción y guerra sucia amparada desde el gobierno utilizando los aparatos de seguridad del Estado contra los terroristas vascos.

 

Nuestra crisis actual muestra la decadencia de la misma idea de lealtad institucional en la figura del propio presidente del gobierno. Pero el mantenimiento del concepto de lealtad es fundamental para el funcionamiento de una democracia civilizada. El término lealtad, como el de patriotismo, se ha reducido a uno de esos imponderables del discurso. Pero no hay solidaridad duradera, pequeña o grande, sin lealtad, una forma de compromiso que perdura en todas las estaciones del año, sirve para extraer de sí a uno mismo, y reconoce que hay imperativos y deberes en la vida política más allá del alcance de los propios deseos e inclinaciones. Nadie está hablando de lealtad ciega y la lealtad, como todas las virtudes, tiene sus límites. Pero es una virtud indispensable y no hace falta reiterar que nuestros nacionalistas regionales han dado muestras sobradas de carecer de ella en todos los años de vigencia del régimen democrático.

 

Ello es así porque el nacionalismo tiene que ver, por encima de todo, con la política y ésta, como es bien sabido, con el poder. Poder para imponer un delirio particularista atormentado que se enfrenta al principio de libertad en una democracia y al de igualdad de los ciudadanos ante la ley. El nacionalismo es esencialmente una actividad política contenciosa, conflictiva, que impugna una cristalización particular de las fronteras físicas, humanas o culturales de un Estado dado. El nacionalismo tiene que ver con la autoridad sobre un conjunto de objetos políticos, sobre el trazado de esas fronteras y con las oportunidades vitales que las gentes creen asociadas con estas definiciones de los límites estatales. El nacionalismo es un proceso iterativo de actividad política conflictiva en un triple sentido: como forma de práctica política genera controversia; como modo de discurso político implica inherentemente reivindicaciones cuestionables; como forma de acción impulsa diferentes formas de movilización de manera contingente .

 

En tiempos de política normalizada una cristalización dada de las fronteras estatales está respaldada por la autoridad del Estado y, en esas condiciones, hay una fuerte tendencia para que los individuos ajusten sus creencias a los límites de lo posible, aceptando un arreglo institucional dado como inalterable e incluso natural. Pero en una situación de crisis, un liderazgo político débil, imprudente o irresponsable puede hacer que lo que parecía imposible e inconcebible parezca a ciertas elites políticas pensable, deseable e incluso alcanzable. La llegada al poder de Rodríguez en medio de una crisis gravísima tuvo lugar también, durante una ofensiva nacionalista constatable desde 1998, acometida que él contribuyó a reforzar al apoyar la incorporación de un partido antisistema como Izquierda Republicana de Cataluña al gobierno regional catalán en diciembre de 2003.

 

La naturaleza de la bestia

 

En mi opinión la organización ETA representa el nacionalismo vasco terrorista y no el terrorismo nacionalista vasco como se suele designar habitualmente. La elección y el orden de los términos no son fortuitos sino intencionados. Lo que se quiere afirmar es que ETA es, ante todo y sobre todo, una organización del movimiento nacionalista vasco que emplea el terror como instrumento de agitación política. Si se quiere entender el fenómeno como lo que es, una estrategia militar en un conflicto limitado, terrorismo no debe emplearse como un sustantivo abstracto. Respecto a la ETA, lo sustantivo es su adscripción al nacionalismo vasco no su empleo de tácticas terroristas. No es una organización nihilista que se escuda en el nacionalismo vasco, sino una organización nacionalista vasca que practica el terrorismo para conseguir sus fines políticos, recuérdese que se origina por una escisión de las juventudes del PNV. Y sus fines son la secesión del País Vasco (la independencia), la anexión de Navarra para hacer viable esa separación y la incorporación de las comarcas vascas en Francia (irredentismo). Y estos fines, estos rasgos ideológicos, son compartidos por todo el nacionalismo vasco, el terrorista y el menos violento pero no menos coactivo, abstracción hecha de sus oscilaciones tácticas y de que presenten una cara más o menos educada, más o menos amable. Su comportamiento debe analizarse en el conjunto del movimiento del que forma parte inseparable y no de manera aislada. Y hay que tener en cuenta que todas las concesiones que se realizan en la esfera constitucional sólo sirven para convencer a los terroristas de que si perseveran y coercen lo suficiente al enemigo le arrancarán más concesiones. Y vuelven a atacarle.

 

Además a diferencia de otras organizaciones terroristas, la ETA ha optado hasta la fecha por ser ella la que controle sus brazos políticos, pero esto es incongruente con la propia acción armada entendida en sentido estratégico. La violencia armada nunca es un acto aislado, los fines y los medios utilizados pueden cambiar y, si se demuestra que los objetivos son inalcanzables, un actor político puede reformular su estrategia bien cambiando los medios o moderando los objetivos. Esto es, claro, si se quiere mantener la violencia dentro de las actividades racionales e instrumentales . Con el fin de que la fuerza armada se utilice efectivamente para alcanzar objetivos específicos se requiere que la actividad violenta esté organizada, dirigida, planificada. Como la violencia no es un fin en sí mismo, se requiere una autoridad firme que guíe al instrumento armado a lo largo del camino que conduce hacia los fines cuya consecución provocará su cese. Se necesita una autoridad política que regule el alcance del conflicto para asegurar que se encamina hacia el logro de los objetivos finales. Se habla equivocadamente de la existencia de un motivo político detrás de la violencia armada cuando la cuestión es si existe un control político que dirija su aplicación y cuál es su calidad. Si no hay una influencia política detrás del terror no se puede configurar una estrategia, no se pueden determinar los objetivos militares a alcanzar y el esfuerzo para lograrlos . Por ejemplo el IRA ha tratado de encuadrar su derrota política y militar a manos del gobierno británico como una situación de “empate militar” (stalemate), en la práctica esta perspectiva fue una vía de escape propiciada gracias a la información de la inteligencia británica, pero lo cierto es que la no consecución de sus objetivos políticos implica también un fracaso militar .

 

Hay un conjunto de problemas relativos al control político del instrumento armado que el nacionalismo vasco no ha solucionado hasta la fecha. Primero, como se trata de un conflicto armado asimétrico de baja intensidad, en el que la democracia española no está dispuesta a emplear todos sus recursos para aplastar a su enemigo, se produce una situación de cálculo y competencia en que cada oponente adopta decisiones que dependen de las adoptadas por su contrincante. Como la ETA nunca ha podido mantener un hipotético empate, ni mucho menos derrotar al Estado democrático —máxime si como ocurre ahora el antiguo santuario ya no existe y ha de enfrentarse al esfuerzo combinado de España y Francia—, lo único a lo que puede aspirar es a influir sobre el comportamiento de los decisores del Estado para que cumplan sus demandas.

 

La organización terrorista ha sido incapaz de lograr ningún objetivo militar tangible y su capacidad de imponer costes por no acceder a sus demandas ha disminuido considerablemente en la práctica o, al menos, está cuestionada gracias a la labor antiterrorista realizada por el gobierno popular. Pero ello no quiere decir que hayan desaparecido la coacción o la intimidación, las consecuencias políticas y sociales del nacionalismo terrorista vasco no se han evaporado porque la ETA mate menos o no mate todo lo que quisiera. A esta situación no es ajena la inexistencia de una apreciación cuidadosa del poder de su enemigo, la democracia española, ni una comprensión sofisticada de cómo explotar los atentados para conseguir sus objetivos políticos, es decir, a la falta de una orientación política de sus acciones violentas.

 

En segundo lugar, la ETA está imbuida de un intenso vanguardismo en un doble sentido que refuerza su aislamiento, como depositaria de un mesiánico espíritu vasco frente al resto de los grupos nacionalistas y en un sentido, aparentemente, más secular como vanguardia leninista que dirige a los trabajadores vascos hacia un euskosocialismo a estas alturas del siglo XXI y en Europa occidental. La idea subyacente es doblemente totalitaria: un nacionalismo étnico excluyente y un acompañamiento marxista-leninista históricamente fracasado y anacrónico. En términos organizativos ETA se estructura como un partido armado, con distintas ramas políticas subordinadas especializadas y organizaciones de masas por frentes. El resultado es un complejo orgánico guiado por la presunta ejemplaridad de las acciones violentas elitistas que servirían para mantener la cohesión del entramado pero carentes de una lógica política convincente, al margen de la satisfacción de las pulsiones ideológicas y emocionales del movimiento nacionalista vasco.

 

En tercer lugar, sólo una parte menor del nacionalismo vasco se incorporó con todas las consecuencias a la naciente democracia española tras el golpe del 23 de febrero de 1981, la parte más oportunista se ha aprovechado del tejido institucional edificado por el nuevo régimen para la explotación de todos sus recursos pero sin ocultar su deslealtad a sus cimientos constitucionales. El segmento que aceptó la violencia como el medio principal para desarticular el sistema democrático ha reforzado a lo largo de los años de su vigencia su consideración de éste como una creación artificial, una astuta construcción para mantener sus intereses y sofocar a las aspiraciones nacionalistas vascas siempre agonizantes. Sólo si se superan las normas constitucionales, constitución y estatuto, pueden lograrse los objetivos nacionalistas. Y se emprende una vía basada fundamentalmente en la violencia terrorista, con un instrumento político subordinado dedicado a la extracción de recursos del sistema democrático, cuya posición subalterna nunca cuestionada por sus componentes le imposibilita para alcanzar objetivos políticos.

 

Esta constante huida hacia adelante acompañada del perenne recurso a la violencia, les ha hecho albergar la creencia de que su acción debe orientarse hacia el logro completo de todos sus objetivos, del programa máximo que en su penúltima enunciación se condensa en la fórmula “Euskal Herria [las provincias vascongadas españolas más las francesas y Navarra], autodeterminación y consulta popular”. En esa escalada reivindicativa parecen haber alcanzado una hegemonía ideológica dentro del propio movimiento nacionalista pues la autodeterminación, despreciada por la dirección del PNV en el debate constitucional, ha sido incorporada últimamente a su ideario .

 

Pero eso no les sirve a éstos para que la ETA les perdone sus pecados pues para ellos cualquier compromiso es una traición. Para ellos, y para buena parte del PNV, la participación en los distintos regímenes democráticos, la II República o la monarquía parlamentaria actual, es una actividad inherentemente corrupta, que distrae la atención del objetivo fundamental —la quimérica independencia de los siete territorios—, que está diseñada para dividir y desarticular al movimiento al legitimar con su participación un régimen ajeno.

 

Esta perspectiva de aparente claridad le impide a ETA cualquier análisis de medios y fines y, por tanto, cualquier pensamiento estratégico. Este implica una evaluación continua que dirija el empleo racional de la violencia para mantener una opción realista de alcanzar sus objetivos. Si se adopta el enfoque del todo o nada tan característico de la ETA y sus subordinados, la incapacidad de lograr los objetivos con la estrategia elegida le impedirá cualquier moderación de medios o de fines. La ausencia de una autoridad política definida por encima del instrumento militar ha conducido a la interiorización de los medios de violencia como un fin en sí mismo. Esa falta de modulación derivada de la ausencia de control político ha convertido a ETA en lo que es en la actualidad: un mecanismo pseudo militar completamente inútil para la consecución de sus objetivos políticos a no ser que voluntariamente se ceda a sus pretensiones.

 

Por último, examinemos la relación entre la ETA y el PNV ¿qué obtienen ambos de la simbiosis? En primer término el PNV se aprovecha de la coacción generada por ETA y ésta consigue recursos financieros y simbólicos, montones de dinero y un socio de ideología muy próxima, un aliado más que posible con intereses paralelos, que permite conjugar diferentes papeles según las circunstancias. Pero sobre todo le proporciona cobertura nacionalista frente al gobierno de la Nación, facilitando la profundidad estratégica de la que carece y la última defensa en caso de crisis. Esto sucedió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y las movilizaciones contra sus asesinos nacionalistas. Que los nacionalistas vascos se ayuden entre sí no debería sorprender a nadie, pero imaginar que el PNV va a abandonar esta relación estratégica con uno de sus activos más valiosos, por no se sabe qué fláccida amenaza o incentivo de Rodríguez, parece una simpleza.

 

Negociación

 

¿No necesita uno hablar con los enemigos? ¿De qué otra manera podemos cambiarles? Bueno depende de quién, cómo y cuándo. Primero, qué hacemos con los precedentes porque con la excepción parcial de la ETA pm todos los procesos de contactos informales, formales y negociaciones han fracasado. Todos. Quizá la inexistencia de un control político sobre la organización terrorista no es ajena a esta larga serie de fracasos: sólo se alcanzó parcialmente el objetivo de desactivación de una organización terrorista, ETA pm en este caso, cuando ésta estaba subordinada a un centro político que la controlaba, instrumentalizando su violencia terrorista. Pero si ha habido esa serie de fiascos ello indica que los intentos en esa dirección están mal encaminados y que se necesitan otros métodos.

 

En segundo lugar está el impulso de la negociación. Para entablar ese proceso y mantenerlo el gobierno se ha sentido obligado a proporcionar pruebas de sus buenas intenciones en la forma de concesiones y la organización terrorista seguirá presionando hacia ello. Naturalmente la banda no cede nada sustancial, excepto una declaración de alto el fuego que no interrumpe su funcionamiento criminal ni a nada compromete, porque es la parte agraviada que hace un favor a la democracia, dignándose a hablar con sus representantes electos. El proceso sigue, el gobierno da más y más y no consigue nada a cambio. Para mantener abiertas las negociaciones, el gobierno se siente obligado a no emprender medidas policiales lo que podría ofender a la organización terrorista y hacerla abandonar la mesa negociadora. Si se hace algo en este sentido todos sabemos a quién se culpa por la ruptura. Finalmente, la banda terrorista considera el propio proceso negociador como una victoria, un signo de que los extremistas están ganando y que el gobierno está aterrorizado y es ineficaz. Mientras tanto, el gobierno democrático ve que su credibilidad se desploma y que su capacidad de disuasión se rompe, alimentando un nuevo ciclo de extremismo y violencia terrorista.

 

Se nos habla siempre de la división entre moderados y radicales. La moderación de los nacionalistas terroristas también está condenada al fracaso. La razón principal es que no quieren convertirse en moderados, ¿por qué deberían hacerlo? No se trata de militantes reticentes, forzados a ser así por la disconformidad o la falta de alternativas. De hecho estos extremistas adoptan su postura con una mezcla de verdadera creencia, una ideología totalitaria profundamente sentida que les proporciona toda una cosmovisión, y de ambición. Es su camino hacia el poder, el dinero y la gloria; y actuar de manera contraria es convertirse en un traidor repugnante. No van a ser persuadidos con facilidad, como mínimo, en especial por personas a las que odian y a las que intentan destruir. Con todo, piensan que están ganando, idea reforzada por muchas experiencias, y con frecuencia en primer lugar por la avidez con la que los gobiernos democráticos contactan o negocian formal o informalmente con ellos. Sólo si creen que están perdiendo, después dejarles sin recursos simbólicos, políticos, económicos, organizativos…después de cerrarles cualquier otra salida, podrían considerar la revisión de su estrategia y sus tácticas. E incluso esto es dudoso. Finalmente, incluso si alguien quiere ser moderado, está la posibilidad de ser asesinado por alguno de los antiguos colegas, como le pasó a Pertur o a Yoyes.

 

Fatal arrogancia

 

Rodríguez tras llegar al poder ha basado su gobernación en dos ejes políticos interconectados como he intentado esbozar. Se ha puesto a la cabeza de la ofensiva nacionalista que trata de fomentar aún más el desgajamiento progresivo del País Vasco y Cataluña operado por las políticas impulsadas por los nacionalistas regionales respectivos en el último cuarto de siglo. Con este fin apoyó el acceso al gobierno regional catalán de un partido antisistema, que se ha dedicado a negociar con la ETA y a apoyar a Batasuna, y ha aceptado un Estatuto catalán dudosamente constitucional que sólo ha servido para el reforzamiento de las posturas secesionistas vascas y catalanas y gobierna también con otras fuerzas nacionalistas en Galicia y Baleares.

 

Por otra parte, la negociación apaciguadora con ETA, encuadrada como “proceso de paz”, ha tenido, y tiene, efectos gravísimos. No se ha respetado el Estado de derecho ni el cumplimiento de la ley, cosas menudas para los partidarios del uso alternativo del derecho, que no se arrugan ante la más descarada manipulación de la administración de justicia. La cesión del gobierno ha impuesto costes inadmisibles al régimen democrático. Así se ha legalizado por vía de hecho a los nuevos brazos políticos de la ETA, lo que proporciona a ésta valiosos recursos financieros, políticos y simbólicos reanimándola en su postración. Se ha frenado a las fuerzas de seguridad en su imprescindible labor democrática de lucha policial contra los nacionalistas vascos terroristas. Y todo se ha hecho con ocultación, con falsedades, sin transparencia y sin el imprescindible apoyo del único partido opositor y de las víctimas, las cuales siempre han fiado ejemplarmente la reparación moral de su dolor al régimen democrático y al imperio de la ley.

 

Los resultados cosechados en ambos ejes a la vista están y no pueden ser más preocupantes. Respecto al primero, se había achacado erróneamente a Aznar la radicalización de los nacionalismos regionales, lo cierto es que él sólo reaccionó a la ofensiva nacionalista intensificada desde la Declaración de Barcelona de 1998 y el pacto secreto del PNV con la ETA, bastante antes de la mayoría absoluta. La política de concesiones de Rodríguez, por su parte, sólo ha conseguido azuzarlos aún más en su espiral secesionista, como se puede comprobar en la muy reciente reivindicación del derecho de autodeterminación por Mas . Cuando se van a cumplir los treinta años de vigencia de la Constitución de 1978, el Estado Autonómico no ha conseguido integrar a las fuerzas nacionalistas sino todo lo contrario y el nuevo Estatuto catalán cuestiona su viabilidad técnica y política, por más que se empleen simulaciones econométricas para justificar su promulgación y por más que se confíe en una hipotética sentencia interpretativa del maltrecho Tribunal Constitucional para salvar los muebles de la constitucionalidad vulnerada.

 

Respecto al segundo eje, las circunstancias no pueden ser más lamentables. Después de la política antiterrorista de las dos legislaturas de Aznar, la situación de la banda era de extrema debilidad pues se le habían cercenado eficazmente los recursos de todo tipo que la nutren. De hecho, miembros caracterizados de la ETA como Pakito y Makario afirmaban en agosto de 2004 que “la lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve (…) Nuestra estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo contra nosotros (…) Nunca en la historia de esta organización nos hemos encontrado tan mal” , y eso era antes de la detención en Francia de la dirección de la banda y la incautación de sus reservas de explosivos a primeros de octubre de 2004, gracias a la información de la Guardia Civil. En lo que conozco, esta declaración del fracaso estratégico de la ETA por voces tan autorizadas, carece de antecedentes.

 

Lo racional desde el punto de vista de una lucha antiterrorista y desde la prudencia política elemental era explotar la iniciativa para traducir esa conciencia de fracaso estratégico manifestado por esos antiguos dirigentes en la carta, en una rendición con entrega de las armas. La misma fecha en que la carta se daba a conocer por el antiguo periódico de cabecera de Rodríguez aparecía la propuesta del socialista Eguiguren pidiendo un cambio de política y la negociación . Hasta esa fecha conocíamos los apoyos del PNV cuando la ETA estaba acorralada, no se esperaba, sin embargo, que desde el partido socialista, se traicionara la memoria de sus propios militantes asesinados por la banda y se acudiera en su socorro estratégico.

 

Al llevarse a cabo ese cambio desde una política antiterrorista a una negociación incondicional se ha dado un balón de oxígeno a la organización terrorista cuando más lo necesitaba, prolongando su existencia y el sufrimiento que trae aparejado, al proporcionarle una vez más indebidas esperanzas de alcanzar sus objetivos. El presidente Rodríguez no ha justificado hasta la fecha este cambio y su falaz encuadramiento como “proceso de paz”.

 

La retirada de Iraq ha hecho nuestro territorio más vulnerable en términos estratégicos y ha convertido a nuestros despliegues en el exterior en el eslabón más débil de las fuerzas en presencia. Los ejemplos abundan por desgracia como han mostrado los talibanes en Afganistán y el ataque islamista a nuestras tropas en el sur del Líbano, con algo más que la anuencia de Hezbolah porque allí las hojas no caen de los árboles sin el conocimiento de esta organización terrorista también amiga de Rodríguez. La negociación con la ETA ha supuesto un agravamiento de nuestra vulnerabilidad frente al nacionalismo vasco terrorista y, consiguientemente, a las demás reivindicaciones secesionistas, pues los nacionalistas catalanes, siempre más cucos que los vascos, comprendieron hace tiempo la redundancia de contar con una organización terrorista de obediencia propia, pudiendo aprovechar los efectos generados por la ETA, sin los costes en imagen e infraestructuras asociados a las prácticas de la banda. Los gobiernos que ya han cedido a las demandas de los terroristas es más probable que experimenten ataques terroristas adicionales. Los terroristas consideran explícitamente el comportamiento previo de los Estados y se enardecen por los signos de debilidad. Las pruebas de este aserto son abundantes por ejemplo en el caso de Israel.

 

Rodríguez es el líder más valioso que el PSOE ha podido ofrecer a los españoles. Llegó al poder sin casi ningún conocimiento de los asuntos exteriores, sin experiencia en la relación con líderes internacionales, sin conocimiento de idiomas distintos al español y sin viajes al extranjero, con una licenciatura en derecho de la primera promoción de una de las universidades autonómicas. Carente de experiencia de gestión y de trabajo por cuenta ajena, en general, su supervivencia política en la agrupación local socialista de León se ha basado en el arte de salir del paso, diciendo a cada sector con presencia política en la provincia lo que éste quería escuchar.

 

Sin embargo, al parecer está convencido de que solo él podría controlar el terrorismo islamista y el de la ETA, al margen de nuestros aliados más solventes en estos asuntos, con su política apaciguadora y una pretendida alianza de civilizaciones y de negociación con el nacionalismo vasco terrorista. Ha autorizado la utilización partidista de la policía contra la oposición. Ha reclamado una autoridad ejecutiva sin precedentes, decidiendo la retirada unilateral de Iraq sin reunir siquiera al Consejo de Ministros, o creando una inmensa Oficina Económica a imitación del presidente estadounidense, desde la que ha intervenido impúdicamente en el mercado, evadiéndose de los muy exiguos frenos y contrapesos del sistema político español, como, por ejemplo, intentando prolongar el mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional con una ley, o erigiéndose en único interlocutor en la reforma estatutaria catalana o en máximo intérprete de la realidad del nacionalismo vasco terrorista.

 

Del mismo modo, quien se presentó como avatar de la mercadotecnia política como ZP —en lugar de Rodríguez, apellido quizá con menos glamour—, como adalid de la transparencia, de la democracia deliberativa, se ha travestido últimamente como Z para la próximas elecciones, ha ocultado sus mercadeos con los terroristas y ha tratado de impedir todo debate público sobre estos extremos, esgrimiendo la coartada de la presunta crispación generada por la crítica. Como controla la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales, que actúan como instrumentos de partido, restringe el acceso a los periodistas críticos y proclama que quien se atreva a criticar el rumbo delirante de su gobernación, obstruye o crispa. Se le dio a elegir entre la guerra y el deshonor y eligió el deshonor, pero ha tenido y tendrá guerra. Parece que, como Churchill dijo de Chamberlain, su alter ego, “en las profundidades de esa alma polvorienta no hay nada excepto una rendición abyecta”.

 

La traición es el único crimen definido en la Constitución estadounidense. En la Sección III del artículo 3 se considera que alguien comete traición si emprende la guerra contra los Estados Unidos, “o al adherirse a sus Enemigos, dándoles Ayuda y Satisfacción”. El presidente Rodríguez, como se ha mostrado, al adherirse a sus postulados, ha proporcionado grandes satisfacciones y ayudas de todo tipo a los nacionalistas catalanes y también a los nacionalistas vascos, terroristas o no, todos enemigos declarados de la democracia española, por más que hayamos de conllevarnos. Delenda est Zapatero.

 

Por José A. Olmeda

Colaboraciones nº 2125

GEES, 15 de enero de 2008

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Un dossier exclusivo contra la demagogia de ZP. ¿Lealtad? El PSOE se ensañó durante ocho años con la política antiterrorista del PP

Un dossier exclusivo contra la demagogia de ZP. ¿Lealtad? El PSOE se ensañó durante ocho años con la política antiterrorista del PP Zapatero se queja mucho de que el PP no le apoya en la lucha contra ETA, y dice que él sí apoyó en su día a Aznar. Falso de toda falsedad: los socialistas no sólo fueron desleales al negociar en el País Vasco con Batasuna mientras en Madrid firmaban el pacto antiterrorista, sino que los líderes del PSOE prodigaron innumerables declaraciones muy hostiles contra la política del PP. Llegaron a acusar al Gobierno Aznar de “inventarse” la “caravana de la muerte” detenida en Cañaveras. Elmanifiesto.com ha hurgado en las hemerotecas. Un dossier exclusivo para la reunión Zapatero-Rajoy del lunes.

1997

 

* 15 de marzo. El líder de los socialistas guipuzcoanos, Jesús Eguiguren, críticaba al Ejecutivo del PP por la “pasividad y falta de iniciativa” en la lucha contra ETA.

 

 

* 20 de marzo. El entonces titular de Justicia del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui, calificaba la política antiterrorista del PP como “muy mala” y “profundo error”.

 

 

* 10 de septiembre. El entonces líder del PSOE, Joaquín Almunia, y su antecesor, Felipe González, afirmaban en una “cumbre” de diputados y senadores socialistas que Aznar hacía un “uso partidista de las medidas antiterroristas”.

 

 

* 9 de diciembre. Almunia reclamaba a Aznar una “mayor iniciativa en la política contra el terrorismo”.

 

1998

 

* 21 de febrero. Juan Manuel Eguiagaray, portavoz socialista en el Congreso, achacaba a PP y PNV la responsabilidad de romper el consenso democrático en la política antiterrorista. Ambos partidos, según dijo, estaban “en una rara competencia por ver quién puede discrepar más”.

 

 

* 11 de mayo. El responsable de comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticaba a Aznar por asegurar que HB terminaría en la cárcel y lamentaba que se le "calentase la boca" al hablar del tema.

 

 

* 12 de mayo. Ramón Jáuregui afirmaba que la política antiterrorista de Aznar es de “una irresponsabilidad absoluta”.

 

 

* 5 de junio. La entonces secretaria del grupo socialista en el Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, atacaba a Aznar porque “no puede negociar con los nacionalistas todo, menos la política antiterrorista”.

 

 

* 3 de julio. Ramón Jáuregui exigía al Gobierno del PP que reconociera “que hay una urgencia que no atiende, que es la pacificación del País Vasco”.

 

 

* 4 de julio. El que fuera ministro de Justicia e Interior socialista, Juan Alberto Belloch, denunciaba la “esquizofrenia en materia antiterrorista” de Aznar.

 

 

* 7 de agosto. Ramón Jáuregui calificaba de “falsos” los “grandes triunfos diplomáticos” del Gobierno en la lucha antiterrorista, por la negativa belga a expulsar a un etarra.

 

1999

 

* 29 de enero. El ex ministro del Interior José Barrionuevo señalaba a Aznar como principal responsable de que "el camino hacia la paz no va bien".

 

 

* 8 de junio. El entonces líder del PSOE, Joaquín Almunia, aseguraba que Aznar no puede “resistirse a la tentación” de convertir la lucha contra ETA “en motivo de interés partidista”.

 

 

* 2 de septiembre. Almunia achacaba al Gobierno del PP una gran falta de iniciativa en el proceso de paz en el País Vasco. “La mejor manera de actuar no es cruzarse de brazos y esperar a ver qué pasa", decía.

 

 

* 15 noviembre. El parlamentario socialista Juan Alberto Belloch aseguraba que el "profundo oportunismo" de Aznar en el diálogo con ETA "daña" al proceso de paz.

 

 

* 19 de diciembre. El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, consideraba que "el mayor problema de España es el conflicto en el País Vasco a partir de la ruptura de la tregua de ETA" y pedía adelanto de elecciones porque, según aseguraba, la solución se alcanza "escuchando qué quieren los ciudadanos y permitiéndoles votar".

 

 

* 26 de diciembre. El diputado Alfredo Pérez Rubalcaba acusaba al PP de “utilizar la política antiterrorista en el proceso electoral”.

 

2000

 

* 27 enero. El entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, se sumaba a la campaña contra el PP por “aprovechar la lucha antiterrorista con intención electoral".

 

 

* 19 de julio. La secretaria de los diputados socialistas, María Teresa Fernández de la Vega, reclamaba a Aznar que rindiera cuentas por los cuatro atentados y una víctima mortal habidos en la última semana. De la Vega exigía que Aznar explicase a los españoles "qué está pasando, a qué se debe este recrudecimiento del terror".

 

 

* 8 agosto. El portavoz socialista en la Cámara baja, Jesús Caldera, calificaba de “partidista y mezquina" la política antiterrorista de Aznar

 

 

* 17 de agosto. El secretario de Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, afirmaba que ser leal al Gobierno en la lucha antiterrorista “no es incompatible con la imaginación y la capacidad de presentar alternativas”.

 

 

* 2 de diciembre. El ya secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, criticaba a Aznar por retrasar la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo por “táctica política”.

 

 

* 11 de diciembre. El socialista Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, afirmaba que el Pacto Antiterrorista sólo hará que “se generen más polémicas, más confrontaciones e incluso se vuelva a las dinámicas frentistas”.

 

2001

 

* 18 de enero. El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, acusaba al Gobierno del PP de olvidar que su objetivo prioritario es “ganar la batalla a ETA”.

 

 

* 20 de marzo. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, criticaba a Aznar por “instrumentalizar” y “manosear” el Pacto Antiterrorista.

 

 

* 11 de octubre. Jesús Caldera pedía a Aznar que “deje de utilizar el Pacto Antiterrorista con fines electorales”.

 

 

* 15 de octubre. Después del atentado con coche-bomba en el aparcamiento de la madrileña plaza de Colón, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que “ha habido fallos” en la actuación policial.

 

2002

 

* 9 de febrero. El futuro ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, criticaba la “insensibilidad democrática” y la “desafección” del PP hacia los fines del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

 

 

* 4 de marzo. La Ejecutiva federal del PSOE reclamaba a Aznar en un comunicado que “debe aclarar públicamente a los ciudadanos si su prioridad es luchar contra el terrorismo”.

 

 

* 5 de marzo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, afirmaba que el “problema de Aznar es que lleva años haciendo electoralismo con la lucha antiterrorista y es incapaz de dejar de hacerlo”.

 

 

· 10 de marzo. El diputado Alfredo Pérez Rubalcaba sentenciaba que el Pacto Antiterrorista “sólo se tambalea cuando algún dirigente del PP pretende manosearlo y utilizarlo políticamente para sacar rentabilidad política de la lucha contra ETA”.

 

 

* 13 de marzo. El entonces secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, afirmaba que “nos resulta moralmente repugnante el estilo con el que el PP se autoerige en intérprete y oráculo monopolístico del Pacto Antiterrorista”.

 

 

* 14 de abril. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, criticaba la actitud de Aznar en la lucha contra ETA por “irresponsable” y “prepotente”.

 

 

* 19 de abril. El diputado Alfredo Pérez Rubalcaba acusaba a Aznar de “buscar votos” con la ilegalización de Batasuna.

 

 

* 29 de junio. Odón Elorza afirmaba que la Ley de Partidos Políticos “es inoportuna”.

 

 

* 6 de septiembre. El Comité Federal del PSOE denunciaba el “uso partidista” que hace el Gobierno del PP del Pacto Antiterrorista.

 

 

* 29 de septiembre. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, criticaba a Aznar porque “está pensando más en un puñado de votos” que en “lograr el objetivo de la paz”.

 

 

* 21 de octubre. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, acusaba a Aznar de “patrimonializar a las víctimas del terrorismo”.

 

2003

 

* 12 de enero. El secretario socialista de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar, afirmaba que las medidas antiterroristas del Gobierno solo responden a su “pérdida de credibilidad”.

 

* 8 de mayo. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba que la inclusión de Batasuna en la lista de organizaciones terroristas de EE.UU. “tiene pocas consecuencias prácticas”.

 

 

* 11 mayo. El presidente del PSOE, Manuel Chaves, calificaba de "abusivo" que Aznar utilice en campaña electoral la "ilegalización de HB" e intente "apropiarse" de esta iniciativa.

 

* 20 de mayo. El diputado Ramón Jáuregui tachaba de “miserable” la actitud del Gobierno en materia antiterrorista.

 

* 22 julio. El diputado Juan Fernando López Aguilar acusaba al Gobierno del PP de convertir el terrorismo en "un objeto de confrontación partidista y electoral".

 

2004

 

* 30 de enero. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, acusaba al PP de haber “perjudicado la lucha antiterrorista”.

 

* 1 de febrero. El portavoz del PSOE en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que el secretario general del PP, Mariano Rajoy, "nunca ha creído en el Pacto Antiterrorista".

 

* 17 de febrero. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba que a Rajoy se “le ha atragantado desde su origen” el Pacto Antiterrorista.

 

* 10 de febrero. Rodríguez Zapatero afirmaba que el PP “sigue haciendo uso electoral del terrorismo”.

 

* 20 febrero. La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Carme Chacón, afirmaba que la negativa del PP a convocar una reunión del Pacto Antiterrorista respondía a su objetivo de "utilizar la lucha contra el terrorismo en el debate electoral hasta el 14 de marzo".

 

* 20 febrero. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, acusaba al presidente Aznar y al candidato del PP, Mariano Rajoy, de "dar oxígeno" a ETA por comentar el comunicado de la banda sobre una tregua parcial en Cataluña.

 

* 21 de febrero. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, criticaba la “ansiedad” del PP por “utilizar electoralmente” la política antiterrorista.

 

* 21 de febrero. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, acusaba al Gobierno del PP de dar “alas a ETA” e “invitar a los terroristas a que participen en la campaña electoral”.

 

* 21 febrero. El diputado Alfredo Pérez Rubalcaba reprochaba a Aznar que "lo peor que se le puede hacer a un país es ganar un puñado de votos dando cancha política al terrorismo".

 

* 23 de febrero. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, acusaba al Gobierno del PP de “obtener rentabilidad electoral” del terrorismo.

 

* 25 de febrero. El secretario general del PSC, José Montilla, afirmaba que “la prioridad de Rajoy y Aznar no es la derrota del ETA, su prioridad es destruir a los socialistas”.

 

* 1 de marzo. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba que Rajoy “no tiene las ideas claras” en política antiterrorista.

 

* 1 de marzo. El responsable de estrategia electoral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificaba de “indecencia política” la noticia de la detención de los etarras de la “caravana de la muerte” en Cañaveras (Cuenca).

 

* 1 de marzo. El candidato del PSE al Congreso Manuel Huertas acusaba al PP de hacer un “mal uso” de la lucha antiterrorista por la noticia de la detención de la “caravana de la muerte” en Cañaveras (Cuenca).

 

* 2 de marzo. El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmaba que “los ciudadanos están empezando a pensar que estamos ante una mentira”, por la detención de la “caravana de la muerte” etarra en Cañaveras (Cuenca).

 

* 2 marzo. Rodríguez Ibarra ironizaba sobre el hecho de que el ministro de Interior, Angel Acebes, no consiga una tregua "para toda España" cuando "atribuyen a un tonto como Carod-Rovira haber logrado la tregua en Cataluña" tras negociar con ETA.

 

* 2 de marzo. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, también expresaba sus dudas sobre la autenticidad de la operación antiterrorista en Cañaveras (Cuenca) y defiende el derecho “de los ciudadanos y el PSOE a saber la verdad".

 

* 3 de marzo. El dirigente socialista Jesús Caldera acusaba a Aznar de “estar utilizando el terrorismo con fines electorales”.

 

* 9 de marzo. Caldera afirmaba que Carod-Rovira y el PP son los que están sirviendo de "palancas" al terrorismo.

 

* 9 de marzo. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, calificaba de “electoralismo barato” la utilización que a su juicio hace el PP del terrorismo.

 

* 13 de marzo. El responsable de la estrategia electoral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma en relación los atentados del 11-M que "los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que les diga siempre la verdad", antes de aseverar que su partido no hará nunca utilización del terrorismo en la confrontación política.

 

El Manifiesto, 10 de junio de 2007

Las dos almas de Turquía

Las dos almas de Turquía

Turquía es una país geopolíticamente muy singular. Casi toda su geografía es asiática, pero tiene corazón europeo; está situada en la periferia de Europa, pero no es Occidente; forma parte de la OTAN, pero en su zona más lejana; manifiesta su deseo de entrar en la Unión Europea, pero no siempre está dispuesta a cumplir las condiciones exigidas.

 

La delicada situación política que se vive en el país estos días participa de dicha singularidad. En teoría, en las calles de Ankara y Estambul se han enfrentado laicismo e islamismo. En la práctica, lo que hay es una lucha por el poder entre derecha e izquierda. Entre otras razones, porque el laicismo turco no es verdadero laicismo, ni su oponente, el fundamentalimo de Erdogan, es estrictamente tal.

 

El creador de esta ambigua situación es Mustafá Kemal (Atatürk, 1881-1938), quien, tras la disolución del Imperio Otomano después de la I Guerra Mundial, abolió el Sultanato y el Califato, haciendo -en abstracto- de la religión un asunto privado. El padre de la Turquía moderna llegó hasta el extremo de declarar que el mejor sitio para las religiones «era el fondo del océano». Así, se prohibió vestir con el traje tradicional -incluido el velo de las mujeres- y se introdujo el vestido europeo; la poligamia fue abolida; el alfabeto latino sustituyó al árabe; el calendario se adaptó al occidental y se introdujo un nuevo sistema educativo. Desde 1960, el Ejército, asumió la defensa del kemalismo -para lo que no ha dudado incluso en dar tres golpes de Estado desde entonces-. Y en las sucesivas constituciones que ha tenido el país hasta la actual de 1982, se ha establecido el principio fundamental de laiklik (laicismo).

 

Sin embargo, es éste un laicismo también singular. Imita a Francia en el modelo, pero se aparta en el contenido. Baste pensar que el modelo turco es más bien un laicismo teocrático, es decir, el Estado no sólo controla la religión, sino que ha integrado el islam(en su rama suní) en la propia Administración. Sólo se entiende así que en un país laico la enseñanza de la religión (la suní) sea obligatoria en las escuelas públicas, sin ninguna reciprocidad para los restantes credos. De ahí que una minoría islámica no suní como los alevitas acaben de plantear ante el Tribunal de Derechos Humanos una demanda exigiendo que a ellos no se les imponga la única enseñanza religiosa oficial.

 

La peculiaridad del laicismo turco conduce a que, a diferencia de en el occidental -entendido como una construcción en la que se fomenta la libertad de conciencia y de religión-, la libertad religiosa aparezca severamente controlada. Por ejemplo, las organizaciones católicas y protestantes no son más que entidades fantasmas, sin personalidad jurídica. Las iglesias cristianas no gozan del derecho de propiedad. No existen lugares para la formación del clero y hay un severo control sobre la actividad de sacerdotes y obispos.

 

Una de las condiciones impuestas por las autoridades de la UE para el ingreso de Turquía es, precisamente, el cese de esta hostilidad. El ambiente anticristiano alcanzó su clímax en la campaña desatada contra Benedicto XVI con motivo del polémico discurso de hace algunos meses en la Universidad de Ratisbona. El máximo responsable de Asuntos Religiosos turco pidió -¡nada menos!- que el encarcelamiento del Papa si pisaba tierra turca. No pude dejar de esbozar una sonrisa al contemplar el abrazo que el Pontífice propinó al fogoso guardián de la identidad islámica al llegar a Estambul poco tiempo después. En fin, otra peculiaridad de este laicismo es haber ilegalizado tres partidos políticos laicos (el comunista unificado, el socialista y el OZDEP), aunque el Tribunal de Derechos Humanos declaró no fundada su disolución. No es de extrañar que el anterior relator especial de la Comisión de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación por motivos religiosos o creencias, Abdelfattah Amor, describa la laicidad turca como «altamente compleja», entre otras razones porque es el propio Estado, a través del Departamento de Asuntos Religiosos, el que distribuye el texto de los sermones que se leen los viernes en las mezquitas, pagando, controlando y contratando a todos los imames en los templos turcos.

 

Tal vez la prohibición de llevar velo a las estudiantes en la enseñanza universitaria (por cierto, confirmada por la sentencia de 10 de noviembre de 2005 del Tribunal de Estrasburgo ) sea sintomática. Como observó la juez belga Françoise Tulkens, en su voto discrepante a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, la prohibición supone «un abusivo paternalismo que no sólo se mueve contra la mujer, sino que contradice lo sostenido por el propio Tribunal de Derechos Humanos en lo relativo al derecho de autonomía personal».

 

Si el laicismo turco tiene sus singularidades, el islamismo de Erdogan y de su candidato a la Presidencia de la República, Abdulá Gül, también es peculiar. Inicialmente, el primero pertenecía a la rama moderada del Partido de la Prosperidad -sucesor directo de cuatro partidos anteriormente disueltos por el Gobierno turco-, con más de seis millones de votantes y que gobernaba en coalición con un pequeño partido de centro derecha. Fue disuelto por atentar «directamente contra el principio de laicidad del Estado» e indirectamente por promover actividades separatistas. El Tribunal de Estrasburgo aprobó la disolución al entender que «la democracia representa un valor fundamental en el orden público europeo, pero si se demuestra que los responsables de un partido político incitan a la violencia o mediante mecanismos ilegítimos buscan la destrucción de la propia democracia su disolución puede considerarse justificada». -Es inevitable pensar, y perdóneseme el inciso, en la situación española y la ilegalización de un partido vasco-.

 

Posteriormente, la rama moderada del partido disuelto (Partido de la Justicia y el Desarrollo), liderado por Erdogan, volvió a asumir el poder. Desde entonces, sus directrices recuerdan más a una rama conservadora de los partidos demócrata-cristianos europeos que a los fundamentalistas iraquíes o iraníes. Sus manifestaciones parecen orientadas a reconciliar las dos almas de Turquía: la kemalista y la islamista. Es sintomático que Zapatero haya encontrado en Erdogan el máximo apoyo para su Alianza de Civilizaciones. No parece el posicionamiento de un fundamentalista activo, por más que las acusaciones de los laicistas hayan dejado en una posición incómoda al presidente del Gobierno español, también laicista y, sin embargo, incondicional aliado de Erdogan. No obstante, la moderación y el apoyo de las autoridades de la UE al actual primer ministro turco y el hostil planteamiento de la Corte Constitucional y del Ejército turcos no harán fácil su tarea.

 

Por ello, la decisión de la Corte de anular la primera votación en el Parlamento para designar al presidente de la República no sorprendió a nadie. Desde luego, había un problema de quorum, pero, además, el posicionamiento de la Corte ha sido tradicionalmente proclive a mantener una beligerancia vigilante contra cualquier veleidad que se salga del marco de la posición tradicionalmente kemalista. Igual de improbable parece que en la votación fijada para este domingo pueda el europeísta y moderado Abdulá Gül alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento.

 

El desenlace inevitable serán unas elecciones adelantadas, en las que nuevamente lucharán las dos almas turcas, probablemente con nuevo triunfo de Erdogan, pero esta vez sin mayoría absoluta. Y esto podrá suponer un freno a las aspiraciones europeístas turcas, con ventaja para los pequeños e inquietantes gropúsculos extremistas religiosos, que esperan agazapados en la sombra.

 

Rafael Navarro-Valls (catedrático de la Universidad Complutense y experto en relaciones Estado-Iglesias)

EL MUNDO, 03/05/07

 

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Un análisis de estrategias. Para entender el baile de ETA y ZP

Un análisis de estrategias. Para entender el baile de ETA y ZP

ETA y el Gobierno no son aliados; son, objetivamente, enemigos. Cada cual está jugando su propia estrategia. Pero esas estrategias incluyen acercamientos y, ocasionalmente, intereses comunes. Aquí las explicamos. No sin subrayar lo que está en juego: la vida –y la muerte- de muchas personas, el imperio de la ley, la propia supervivencia de España como unidad nacional.   

    

EMC (Madrid). Nada en el largo y opaco “proceso de negociación” del Gobierno con ETA puede entenderse si no reparamos en lo siguiente: cada cual juega su propio juego, pero ambos están muy interesados en seguir jugando. Cada parte tiene unos objetivos que van mucho más allá del “proceso”, pero el “proceso” es, para ambos, absolutamente fundamental. Estas son las posiciones: 

 

Lo que quiere ETA-Batasuna

 

 

Objetivo máximo: Proclamar en el País Vasco una república independiente de corte socialista que comprenda las tres provincias vascas, Navarra y las provincias vascas francesas.

Imperativo político: Convertirse en vanguardia de todas las fuerzas nacionalistas vascas.

Instrumentos: Acción terrorista (manifiesta o potencial, en todas sus formas), presencia política en las instituciones (a través de Batasuna), influencia social y cultural a través de las redes implantadas desde 1977.

Objetivo político inmediato: Constitución de dos mesas de negociación, distintas pero vinculadas entre sí: una ventilará la creación de un marco adecuado para la autodeterminación; la otra, la solución práctica del “conflicto armado”.

Objetivos estratégicos:

a) Presos: acercamiento al País Vasco y posterior excarcelación de los presos etarras.

 

b) Autodeterminación: que se reconozca el “derecho a la autodeterminación” del País Vasco y se celebre un referéndum donde los ciudadanos vascos decidan independizarse de España.

 

c) Navarra: progresiva anexión de Navarra al País Vasco, primero a través de instituciones comunes, después mediante fórmulas políticas de anexión directa.

 

d) Presencia política: participación del brazo político de ETA en las elecciones, presencia en las instituciones vascas, poder municipal y autonómico con las consiguientes fuentes de financiación.

 

La táctica de ETA:

La del torturador: golpear un poco, esperar resultados; si son insuficientes, golpear más para volver a esperar y, en su caso, volver a golpear. 

 

 

Lo que quiere Zapatero:

 

Objetivo máximo: Implantar en España un nuevo modelo político de corte casi confederal, una ampliación del Estado de las Autonomías donde, supuestamente, se resolverían al mismo tiempo el problema nacionalista y el problema terrorista, bajo la dirección de un PSOE hegemónico.

Imperativo político: Asegurarse la hegemonía política en España mediante la exclusión de facto de la derecha y la construcción de pactos permanentes y renovables con las minorías nacionalistas. Para ello es fundamental poder exhibir como logro la desaparición del terrorismo.

Instrumentos: Atenuación de las herramientas políticas, judiciales y policiales del Estado: condiciones penitenciarias más cómodas para los presos etarras, dosificación de las medidas policiales contra el terrorismo y la kale borroka, indulgencia judicial para con la órbita política y económica de Batasuna-ETA; al mismo tiempo, empleo masivo del poder mediático de la izquierda para ofrecer a la ciudadanía una promesa de paz.

Objetivo político inmediato: Obtener de ETA-Batasuna un comunicado público que anuncie el final definitivo de la violencia y la voluntad inequívoca de canalizar todas sus aspiraciones a través de las instituciones democráticas.

Objetivos estratégicos:

a) Difundir entre la opinión pública española la convicción de que es posible “la paz” y que el Gobierno “tiene derecho” a intentarlo.

 

b) España confederal: estiramiento del marco autonómico hasta constituir un sistema de “realidades nacionales” donde podrían caber las aspiraciones del nacionalismo vasco. El límite de la integración europea haría imposible saltar desde ahí hasta el “soberanismo”.

 

c) Neutralización política, ideológica y moral de toda oposición al “proceso”: víctimas del terrorismo, movimientos cívicos, etc., que han de ser presentados como “enemigos de la paz”. 

 

d) Presencia política: lograr que la denominada “izquierda abertzale” participe en las instituciones democráticas, con el requisito previo de una condena formal del terrorismo y/o la violencia.

 

La táctica de Zapatero:

La de la damisela: ceder un poco, crear expectativas; frustrarlas, volver a ceder, aumentar las expectativas, y así sucesivamente.

 

 

En qué coinciden las dos estrategias:

 

Alterar el actual diseño del Estado, fragilizando la unidad nacional española.

Buscar un lugar para la órbita de Batasuna en la política institucional.

Excluir a la derecha española, obstáculo para el proceso.

Interés mutuo en seguir estirando en el tiempo las expectativas despertadas por el “proceso de paz”.

 

Que cada cual saque sus propias conclusiones.

http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=33

 

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