La firmeza de Rajoy pone nervioso al Gobierno
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha efectuado unas declaraciones de inusitada virulencia contra el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Entre otras cosas, le ha acusado de colocarse "al margen del Estado de Derecho" y de convertirse en "una especie de insumiso".
Tales manifestaciones constituyen la respuesta del Gobierno frente a la firme posición adoptada por Mariano Rajoy en relación con la reunión que acaban de celebrar el PSE y Batasuna. El líder de la oposición ha afirmado que no se siente representado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la negociación con ETA de la que esa reunión ha sido la primera expresión pública, ni vinculado por los compromisos que el Gobierno pueda adquirir con los terroristas.
Ciertamente, como ha señalado la vicepresidenta, en una democracia es el Gobierno de turno quien asume la representación del conjunto de los ciudadanos y del propio Estado. Sin embargo, el que nuestro sistema político sea, además de democrático, un Estado de Derecho tiene un significado que conviene recordar.
Ante todo, el Estado de Derecho implica que los poderes públicos, Gobierno incluido, están sometidos al imperio de la ley, y negociar políticamente con una organización ilegalizada y con la banda terrorista de la que aquélla forma parte se sitúa más allá de lo admisible. Por eso resulta irónico que desde el Gobierno se acuse de colocarse al margen del Estado del Derecho a quien denuncia sus intenciones cada vez menos disimuladas de discutir el futuro de una parte del país con unos criminales.
Pero incluso desde una perspectiva estrictamente democrática nada se puede reprochar a lo dicho por Mariano Rajoy. La esencia de la democracia representativa es la posibilidad de la alternancia en el poder: la palabra "irreversible" no tiene cabida en una democracia, porque todos los partidos tienen derecho a realizar dentro de la Constitución sus programas, revirtiendo, si es necesario, las medidas adoptadas por los anteriores gobernantes.
En España estábamos acostumbrados, y es lo normal en las democracias consolidadas, a que los dos grandes partidos nacionales pactasen las cuestiones de Estado. En el caso del terrorismo, ese pacto ha sido roto; en consecuencia, nada obliga a la oposición a respetar los compromisos alcanzados o por alcanzar con ETA.
El mensaje lanzado por Mariano Rajoy, en realidad, no va dirigido tanto al Gobierno como a la propia ETA. Los terroristas han de tener muy claro que sus acuerdos con José Luis Rodríguez Zapatero tendrán validez exclusivamente mientras él y sus correligionarios sigan en el poder.
Editorial de El Semanal Digital, 8 de julio de 2006.
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