El acuerdo que dio la clave del futuro

El octavo aniversario de la firma del acuerdo de Lizarra-GARAZI ha pasado desapercibido. El abrupto final de aquella etapa y el hecho deque ahora haya una opción de solución en candelero hacen que parezca prehistoria. Pero los conceptos sembrados aquel día son las claves del debate actual y están en discursos de todos los partidos salvo el PP.

El primer aniversario de aquel histórico día de 1998 en Lizarra se festejó todavía con cierta euforia. En los años sucesivos, la fecha del 12 de setiembre siguió siendo referencial para los medios de difusión. Este de 2006, en cambio, ha pasado casi totalmente desapercibido, entre otras cosas seguramente porque la etapa abierta en Anoeta parece dejar en el pasado aquella iniciada en Lizarra. Sin embargo, un repaso al documento presentado aquel día en el Palacio de Fray Diego evidencia que los principios de la declaración están hoy de plena actualidad y se mantienen en el centro del debate político. De hecho, el lema central («Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión») aparece plasmado en los discursos de todos los partidos vascos salvo los encuadrados en la derecha española y francesa.

Incluso ­por lejanas que sean las posiciones de partida­ en la declaración hecha por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio de 2006 en el Congreso pueden encontrarse afirmaciones muy semejantes a las que figuran en la declaración enunciada el 12 de setiembre de 1998 en Lizarra por los partidos, sindicatos y organismos sociales que suscribieron el Acuerdo de Lizarra-Garazi.

Por ejemplo, en el epígrafe «Claves de resolución» el acuerdo indicaba lo siguiente: «Ello conlleva que una negociación resolutiva no comporte imposiciones específicas, respete la pluralidad de la sociedad vasca, sitúe todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución...» Y Zapatero dijo esto: «El Gobierno entiende que los acuerdos deben alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de condiciones para todas las formaciones».

Lizarra-Garazi subrayaba a continuación que «la negociación resolutiva comporta que se respete la decisión [de Euskal Herria] por parte de los estados implicados». Y Zapatero aseguró solemnemente que «el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos».

La afirmación central de «Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión» aparece también en el discurso del PSE de Patxi López. Y, sin llegar a ese punto, el PSN de Carlos Chivite y Fernando Puras acepta por vez primera que sería «adecuado» un refrendo ciudadano del marco en un futuro. El mismo PSOE que en 1998 vio aquel acuerdo como un ataque frontal, asume ahora ­aunque sólo sea a nivel dialéctico y a veces jugando con las palabras­ que su base política resultaba irrebatible. Al PSOE y al Gobierno español les falta, claro está, pasar del dicho al hecho en lo que a respetar la decisión de la ciudadanía vasca se refiere.

Fin del modelo estatutario

El Acuerdo de Lizarra-Garazi, suscrito por formaciones del conjunto de Euskal Herria, abrió un tiempo en el que el mapa del conjunto del país fue alcanzando centralidad política para una mayoría social, y en el que se asentó la idea de que la clave para la resolución del conflicto era dar la palabra y la decisión a la ciudadanía vasca en su totalidad. Se hizo evidente que los estatutos ­el autonómico de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y el Amejoramiento de Nafarroa­ podían ser un instrumento para gestionar cierta descentralización administrativa, pero no daban respuesta a las pretensiones democráticas de un importante sector de la población.

Sin el Acuerdo de Lizarra-Garazi no puede entenderse, por ejemplo, la iniciativa del PNV de poner sobre la mesa la necesidad de un nuevo Estatuto político para la CAV. La propuesta que encabeza Juan José Ibarretxe tras las elecciones autonómicas del 2001 tiene, por un lado, un componente táctico, el de tratar de sacar ventaja con un discurso «atractivo» en un momento en el que la ruptura del Acuerdo de Lizarra está pasando factura a la izquierda abertzale. Pero también tiene la virtud de abundar en algunos de los puntos esenciales de aquel Acuerdo y que finalmente son recogidos en el preámbulo del nuevo Estatuto que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz el 30 de diciembre de 2004 y que las Cortes españolas rechazaron el 1 de febrero de 2005. Observar al PNV lanzando una propuesta institucional elaborada sobre la base de un pueblo de siete territorios con derecho a decidir sólo es posible si el partido tiene la evidencia de que es un principio que ya ha calado en la sociedad, y a ello contribuyó el Acuerdo de Lizarra.

Todavía hoy, algunos dirigentes del PNV, como Joseba Egibar, destacan que la aceptación mayoritaria del principio antes mencionado es la garantía ­si es que en política puede hablarse de garantías­ de que en Euskal Herria no ocurra lo sucedido en Catalunya con su reforma estatutaria.

Claro que el PNV no sólo utiliza aquel acuerdo ante el Estado, sino que en su iniciativa “Elkarbizitzarako bake bidea” también remite a uno de los puntos de la Declaración de Lizarra para señalar que «el respeto a lo que las vascas y vascos decidan es incompatible con la vigilancia o el condicionamiento que pretende ejercer una organización armada». Al final del párrafo en el que figura, esta afirmación se presenta como cita de las «claves de resolución» fijadas en el Acuerdo. Pero lo cierto es que en aquel no había ninguna mención de este estilo.

Acuerdo democrático de base

La semilla del trabajo realizado para llegar al Acuerdo de Lizarra-Garazi y la impronta de aquella declaración se ve nítidamente en el Acuerdo Democrático de Base que más de medio centenar de partidos, sindicatos y organismos sociales firmaron el 5 de marzo de 2005 recogiendo que «toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de ser consultada sobre su futuro mediante el procedimiento consensuado entre los agentes».

Declaración de alto el fuego

Los principios troncales del Acuerdo de Lizarra-Garazi encuentran también una plasmación casi textual en la declaración de alto el fuego que ETA hizo pública el 22 de marzo de 2006 con «el objetivo de impulsar un proceso democrático en Euskal Herria». En dicha declaración, la organización armada señala que, a su entender, «al final de ese proceso los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro, dando así una solución democrática al conflicto».

Añade más adelante que «corresponde a todos los agentes vascos desarrollar ese proceso y adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de EuskalHerria, teniendo en cuenta su pluralidad y totalidad».

Como puede comprobarse, aunque el Acuerdo de Lizarra-Garazi no sirvió en su momento para andar todo el camino hasta la superación definitiva del conflicto armado, sí que los principios acordados por una mayoría política y social calaron hondo hasta marcar un hito en la política vasca.

Gara, 13 de septiembre de 2006