El escenario que quería ETA

NI la mejor de las voluntades puede interpretar la actitud del Gobierno hacia ETA con criterios favorables de firmeza y seriedad. El llamado proceso de paz, que no es otra cosa que un proceso de negociación política con los terroristas, ha llegado a un punto en el que está en juego no sólo el futuro político de Rodríguez Zapatero, la estabilidad de su Gobierno o la vuelta de los terroristas a la violencia homicida, sino también el mantenimiento del Estado democrático y de Derecho, tal y como ha sido defendido frente a ETA desde 1978. Las advertencias sobre el bloqueo del proceso y las amenazas de ruptura han sido, otra vez, eficaces. La aparición de tres encapuchados en un monte de Oyarzun haciendo alarde de sus armas, y el ultimátum de ETA y Batasuna para «dar pasos concretos» han sido respondidos, según informaba ayer ABC, con la decisión de constituir la mesa política que reclamó Otegi en la Declaración de Anoeta, el 14 de diciembre de 2004, y apoyada expresamente por ETA en el comunicado de 16 de enero de 2005.

La agenda etarra es lo único que se está cumpliendo a mandamiento. El Gobierno no ha esperado a la voluntad inequívoca del abandono de las armas, como se acordó en el Congreso. Tampoco convocó el Pacto Antiterrorista, ni Rodríguez Zapatero informó -menos aún pidió autorización- al Pleno de la Cámara Baja. La «kale borroka» no ha sido, finalmente, óbice para seguir el proceso de negociación y la ilegalización de Batasuna se soslaya en el magma de los discursos presidenciales sobre la paz. Sin embargo, ETA declaró que «las instituciones europeas deberían analizar el conflicto entre Euskal Herría y los estados» (comunicado de noviembre de 2005), y el PSOE ha provocado un pleno del Parlamento europeo sobre el diálogo con los terroristas, lo que Batasuna ha recibido con explicable alborozo. Es más, Rodríguez Zapatero se olvidó de la toxicidad de la foto de las Azores y de la ilegalidad de la intervención en Irak para refugiarse en Tony Blair y vender así la similitud entre el proceso irlandés y la negociación con ETA. Reveladora opción del presidente del Gobierno, que pasa por encima de las diferencias abismales entre ambos casos, fundamentalmente que el Pacto de Stormont sí fue un acuerdo de paz para poner fin a una guerra entre dos comunicados. No en vano, el diario «Gara» se recreaba hace unos días en señalar las coincidencias literales entre frases pronunciadas por Rodríguez Zapatero en el anuncio del diálogo con ETA y pronunciamientos contenidos en el Pacto de Estella-Lizarra. Probablemente, Blair no tuvo ocasión de explicar por qué la autonomía irlandesa lleva más de tres años suspendida.

Más aún, los dirigentes de la ilegal Batasuna y los comunicados de ETA han insistido en que la clave del proceso es el respeto a la decisión de los vascos, base política con la que debía arrancar cualquier negociación para el fin de la violencia. Y el presidente del Gobierno atendió esta exigencia al proclamar, en junio pasado, que «el Gobierno respetará las decisiones que los vascos adopten libremente respetando los procedimientos legales», dando alas a los ideólogos proetarras para anunciar que, por fin, se reconoce desde Madrid que hasta ahora no se había respetado la voluntad de los ciudadanos vascos, sin que la referencia a los «procedimientos legales» signifique más que una mera cita administrativista, sin compromiso alguno con el orden constitucional o estatutario.

Y si finalmente se constituye la mesa política, aun cuando Batasuna se disfrace de organización legal para justificar el salto al vacío del PSOE y el Gobierno, se habrá producido el definitivo punto de inflexión que ETA buscaba desde el inicio de su actividad terrorista: sentar al Estado a negociar políticamente el futuro del País Vasco para un acuerdo prefijado sobre autodeterminación y territorialidad. Se romperá así la memoria de las víctimas, sin duda, pero también la vigencia real del Estatuto de Guernica y de la Constitución, pues no será en el Parlamento de Vitoria, y por sus diputados, donde se decida, de verdad, el futuro de los vascos. Y ETA podrá decir que, cuarenta años después, su terrorismo mereció la pena, que el Estado se plegó a negociar su propia existencia y que se sentó a negociar lo mismo por lo que mil españoles perdieron su vida.

 

Editorial de ABC, 5 de octubre de 2006