¿Y si ETA no quiere su final?

En septiembre de 2005, el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró que para que la esperanza a la que constantemente aludía el presidente del Gobierno en relación con ETA se convirtiera en algo más, debía primero «vincularse con hechos precisos, no con hipótesis, ni con futuribles que, por esencia, debilitan la democracia y entorpecen la lucha contra el terrorismo». Tras agregar que esos hechos todavía no se daban, enfatizó que ETA continuaba siendo una «organización terrorista que sigue viva, activa y operativa y que tiene capacidad de atentar». Un año después, los hechos objetivos continúan demostrando la vigencia de semejante análisis. A pesar del incesante optimismo gubernamental, es sin embargo evidente que seis meses después de la declaración de alto el fuego de la banda las condiciones impuestas por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005 para dialogar con ETA siguen sin cumplirse. Es indudable que ETA continúa sin demostrar «una clara voluntad para poner fin» a la violencia o «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción» que permitieran «apoyar procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia».

Tampoco existe ningún hecho objetivo que demuestre que la publicitada declaración de Anoeta de 2004 merecía las positivas valoraciones recibidas desde algunos ámbitos al presentarla como la confirmación de la apuesta por las vías pacíficas de una Batasuna teóricamente más autónoma de ETA. Por el contrario, a lo largo de los últimos seis meses la organización terrorista ha confirmado explícitamente en varias ocasiones que su alto el fuego es reversible, tal y como enfatizó en el comunicado del pasado agosto en el que amenazaba con «responder» a la «represión», y como ha vuelto a repetir hace unos días al subrayar su determinación de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». En todo este tiempo, el papel de Batasuna ha sido el de siempre, esto es, el de una formación subordinada a la dirección del movimiento terrorista y, por tanto, parte integrante del mismo que respalda de manera incuestionable los dictados de ETA. Estas constataciones no son irrelevantes, pues tal y como se deduce del análisis del ex ministro del Interior reproducido más arriba, ponen de relieve que la actual política antiterrorista se ha apoyado en exceso sobre «hipótesis» y «futuribles que, por esencia debilitan la democracia y entorpecen la lucha contra el terrorismo».

Cierto es que el anunciado contacto entre ETA y representantes gubernamentales ha quedado pospuesto, si bien sólo después de que dicho diálogo fuera anunciado por el presidente del Gobierno como consecuencia de amenazas por parte de Batasuna, y a pesar del incumplimiento de los requisitos por él mismo impuestos, al no haber demostrado la banda su «clara voluntad de poner fin a la violencia», como exigía la resolución del Congreso.

Fueron esas amenazas de Batasuna las que llevaron a los dirigentes del PSE a mantener un contacto en el que el brazo político de ETA buscaba una victoria propagandística obtenida mediante una fotografía que le proporcionaba una legitimidad que políticos de un partido democrático le ofrecieron a pesar de la ausencia de pruebas que evidenciasen su más mínimo distanciamiento de la violencia. Es decir, las «hipótesis» y los «futuribles» continuaban debilitando la democracia y entorpeciendo la lucha contra el terrorismo, realidad también ineludible a pesar de la defensa del encuentro realizada por el gobierno y sobre cuyas negativas consecuencias alertó el respetado movimiento cívico ¡Basta Ya! al denunciar que «la celebración de esa reunión ya constituye un pago político a ETA porque reconoce a su brazo político como un partido tan legítimo como los verdaderos partidos democráticos que ellos han perseguido cruelmente todos estos años». Por ello, ¡Basta Ya! previno que «aceptar una negociación política con ETA puede llevar a perder una oportunidad histórica para derrotar a la banda definitivamente».

Del mismo modo, y también a pesar de la propaganda gubernamental en su defensa, es evidente que también debe calificarse como una preocupante y peligrosa concesión una mesa de partidos al margen de las instituciones como la que se pretende constituir. En este sentido, certero resultaba el análisis del filósofo Fernando Savater al advertir que «la mesa de partidos, sobre la cual se hará política, pero fuera de las instituciones y bajo la cual estará agazapada ETA... representa el más alto precio político que la democracia puede pagar al terrorismo» («El País», 27/01/2006). Por mucho que se intente disfrazar semejante iniciativa como un pragmático instrumento que en nada daña los principios democráticos contribuyendo en cambio a facilitar una supuesta transición de Batasuna hacia la democracia, la realidad indica todo lo contrario, pues dicha mesa sirve para reforzar la narrativa que del conflicto reproducen ETA y su entorno, facilitando además la coacción de una organización terrorista que todavía sigue activa. Al aceptarse esa mesa extraparlamentaria, de nuevo los «futuribles» y «las hipótesis» son reivindicados como justificación para decisiones políticas que aparentemente deberían generar positivos resultados -la supuesta integración de los radicales- pero que, sin embargo, siguen sin «vincularse con hechos precisos» -la existencia de una verdadera voluntad de aceptar las reglas de la democracia-. En cambio, es innegable que consolidaría un déficit democrático al aceptar que negociaciones políticas se realizaran sin la desaparición de una organización terrorista cuya mera declaración de cese de actividades violentas no constituye una prueba inequívoca de su voluntad de poner fin a su existencia, tal y como constantemente nos recuerda la propia banda. En consecuencia, el éxito de la coacción al conseguir ETA la formación de esta mesa, deslegitimando principios democráticos básicos, incentivaría la perpetuación de la amenaza durante la negociación.

Algo similar está ocurriendo con la ilegalización de Batasuna al presentarse desde algunos ámbitos su vuelta a la legalidad como un mera cuestión de procedimiento que se solventaría con una simple redacción de nuevos Estatutos. De esa manera se facilitaría que un partido político inextricablemente unido a ETA buscase una fórmula verbal que le permita volver a la legalidad a pesar de mantener el vínculo con la organización terrorista, burlando de ese modo la política antiterrorista que llevó a su ilegalización. Tal y como demostró el pacto legislativo suscrito en 1999 entre el PNV, EA y Euskal Herritarrok en el que el brazo político de ETA reiteraba su «apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas», los hechos y no las meras palabras, deben constituir la verdadera medida de su actitud respecto al terrorismo. En aquel entonces las palabras contradecían claramente los hechos, como ahora sigue ocurriendo.

Uno de los más dañinos episodios que se ha derivado de esa tendencia a sostener la política antiterrorista en «futuribles» e «hipótesis» sin una sólida «vinculación con hechos precisos» ha sido la revelación de que personas relacionadas con la lucha contra el terrorismo han podido colaborar con ETA advirtiendo a presuntos terroristas de una operación policial. Este hecho sin precedentes conduce al desprestigio de excelentes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tantos sacrificios personales realizan en el desempeño de sus funciones y que tantos y tan decisivos éxitos han cosechado en la lucha contra ETA. Anteponer al juicio de los verdaderos profesionales de la seguridad un criterio político como el de «no dañar el proceso de paz» con el que se ha justificado tan gravísimo suceso, supone ignorar el cumplimiento de la ley aceptándose que determinados fines supuestamente loables exigen medios definitivamente ilegales. Semejante lógica sólo puede desacreditar al Estado y a sus instituciones a la vez que fortalece a los terroristas.

El análisis hasta aquí expuesto demuestra que una política antiterrorista basada en «futuribles» e «hipótesis», en la que los hechos objetivos son minusvalorados con el fin de moldear la verdadera realidad en torno a la organización terrorista, fomenta una estrategia repleta de trampas que, utilizando los términos del anterior Ministro del Interior, debilitan la democracia a la vez que entorpecen la lucha contra ETA. Por ello, frente a las constantes amenazas de la banda y de su entorno, razonable parecería una respuesta consistente en plantear a la organización terrorista el siguiente ultimátum: si ETA no demuestra de manera inequívoca esa clara voluntad de poner fin a la violencia que supuestamente existía y que habría llevado al presidente a dejar de consensuar la política antiterrorista con el principal partido de la oposición mediante un Pacto por las Libertades que no se ha reunido en dos años de legislatura, el Gobierno convocará dicho Pacto renunciando a una hipótesis, la voluntad de los terroristas de abandonar la violencia, que los hechos no han logrado demostrar. Puesto que el denominado «proceso de paz» ha surgido al presentarse desde algunos sectores como una certeza que ETA deseaba poner fin a sus actividades, parece necesario demostrar de manera inequívoca si la premisa de partida es falsa o verdadera con objeto de frenar la división de los principales partidos democráticos en torno a la política antiterrorista.

 

Rogelio Alonso (Profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos).

ABC, 5 de octubre de 2006