¿Fue el 11-M nuestro Omagh?

El próximo día 25 tendrá lugar en Estrasburgo un pleno del Parlamento Europeo en el que se debatirá y votará una propuesta de apoyo al proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente que la ETA anunció en marzo. Además de la oposición parlamentaria, mostrarán su rechazo a dicho debate varias asociaciones de víctimas y plataformas cívicas, mediante el previo envío masivo de cartas y correos electrónicos a los europarlamentarios.

A pesar de sus reiteradas declaraciones en sentido contrario, el Gobierno Zapatero no ha cesado de realizar concesiones al entorno etarra, antes incluso del alto el fuego. Tras ordenar a la Fiscalía General del Estado su inhibición en la presentación de candidaturas por parte del PCTV, ha intentado minimizar la importancia de las numerosas cartas de extorsión enviadas a empresarios vascos y navarros, así como de las decenas de actos de terrorismo callejero producidos desde marzo; y ahora quiere regalarle a Batasuna-ETA la internacionalización del conflicto vasco, pretendiendo su equiparación con el de Irlanda del Norte.

Los acuerdos de Viernes Santo de 1998 hicieron albergar fundadas esperanzas sobre la resolución del conflicto irlandés: ocho años después, parece que, efectivamente, hay voluntad por ambas partes de poner fin a cinco décadas de terrorismo cruzado entre el IRA y los grupos terroristas unionistas. ¿Cabe un análisis semejante para nuestro caso?

No sabemos aún si la banda terrorista ETA tuvo algún papel en los atentados del 11-M, la peor masacre terrorista de la historia europea. Un ex director de la CIA señaló en su momento: "No sería la primera vez que un grupo terrorista en fase de desmantelamiento consigue organizar un acto extremo de inaudita violencia". Los ímprobos esfuerzos del Gobierno socialista, aparentemente ayudado por un juez estrella, por borrar todo vestigio que pudiera relacionar a la ETA con el 11-M están consiguiendo que, paulatinamente, vaya descendiendo el número de españoles que cree que fueron sólo islamistas los instigadores y autores de aquella masacre.

Ningún español demócrata puede ocultar su preocupación al saber que el PSOE, tras haber propuesto el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado a finales de 2000, ha mantenido contactos con el entorno etarra, algunos de ellos en fechas próximas al 11-M. Diversos analistas consideran que la ETA, tras atentar mortalmente en Sangüesa a finales de mayo de 2003, pocos días después de las elecciones municipales y autonómicas, inició un repliegue estratégico sin explicitar un alto el fuego.

Por el contrario, en 1997 el IRA anunció un alto el fuego dos meses después de la victoria laborista sobre los conservadores británicos. Meses después, en la Semana Santa de 1998, y tras la incorporación del Sinn Fein a las negociaciones, llegaron los acuerdos de Stormont. Pero el 15 de agosto tuvo lugar la masacre de Omagh (supuestamente cometida por el denominado "IRA Auténtico"), en la que murieron 29 personas (dos de ellas españolas) y más de 300 resultaron heridas.

En marzo del año 2000 el jefe de la policía irlandesa afirmaba, en unas estremecedoras declaraciones: "Es probable que los autores del atentado no lleguen a ser juzgados"; y que los responsables "no tenían intención de matar a tantas personas". ¿Tenían intención los responsables del 11-M de matar a 192 personas y dejar heridas a más de 1.700? Posiblemente nunca obtengamos una respuesta, pero parece claro que un atentado de baja intensidad, con una decena de muertos, no hubiera sido suficiente para conseguir el vuelco electoral en las elecciones del día 14.

La ETA no declaró una tregua dos meses después de la inesperada victoria socialista, sino un alto el fuego permanente dos años después de la misma. ¿Por qué ya antes de ese alto el fuego se han hecho cesiones claras por parte del Gobierno Zapatero? Sólo caben dos explicaciones, ambas preocupantes: 1) los supuestos tres años sin muertos se quieren hacer equivaler a tres años de alto el fuego efectivo, lo que es una inmensa falacia; 2) las negociaciones y contactos secretos entre el actual Gobierno y la ETA, mantenidos incluso cuando el PSOE estaba en la oposición, confieren al proceso de paz unas características especialmente peculiares con respecto al caso irlandés.

La oposición conservadora siempre ha apoyado al Gabinete Blair. Por el contrario, en España se ha pretendido, de forma poco disimulada, el aislamiento del Partido Popular, cuando no su expulsión del sistema democrático. Así, el Parlamento aprobó en mayo de 2005 una resolución aparentemente bienintencionada que sólo fue rechazada por el PP. Si dicha resolución hubiera llegado tras un alto el fuego de la ETA la postura del PP habría sido más difícil de explicar.

Debe recordarse que ya en enero de 2005 el recién nombrado Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo había intentado convencer a los representantes de la AVT de la necesidad de ser flexibles en cuanto a los presos etarras. Afortunadamente, la AVT comprendió perfectamente la tramposa maniobra del Gobierno, que utilizaba para exponer ante las víctimas su política con respecto a la ETA a un egregio padre de la Constitución, nombrado, en teoría, para anteponer los intereses y demandas de las víctimas a cualquier otra consideración. Este engaño frustrado dio lugar a la manifestación del 22 de enero de 2005 en Madrid, primera de una serie de exitosas manifestaciones y concentraciones contra la política gubernamental en materia de terrorismo.

A pesar de la persistencia de la kale borroka y de la extorsión a empresarios, Zapatero anunció informalmente, el pasado 29 de junio, el inicio de las negociaciones entre el Ejecutivo y la ETA. Recientemente, además, el presidente del Gobierno ha dado por supuesta la presencia de Batasuna en las elecciones municipales de mayo de 2007, así como en las autonómicas navarras. Y todo ello, en teoría, haciendo respetar formalmente la Ley de Partidos de 2002, pero sin exigir a Batasuna, con ese u otro nombre, la condena explícita de la violencia, ni a la ETA la entrega de las armas.

Tras el cierre del sumario por el juez Del Olmo, el juicio oral contra los 29 procesados por el 11-M comenzará, previsiblemente, en la primavera de 2007. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no descarta que, en el futuro, sea necesario procesar a más personas, pero parece haber un cierto consenso en que este primer sumario sobre los atentados finalice, en su caso, con la imposición de condenas a alguno de los procesados antes de que se cumpla el plazo legal máximo de prisión preventiva, cuatro años. Esto implica que el Tribunal Supremo tendría que pronunciarse sobre los previsibles recursos antes de marzo de 2008. Fecha de las próximas elecciones generales, siempre que el presidente del Gobierno no decida finalmente adelantarlas.

La opinión pública conoce que la instrucción del sumario ha presentado numerosas irregularidades. A salvo siempre la teórica independencia judicial, parece claro a estas alturas que el juez Del Olmo se ha limitado a incluir en el auto de procesamiento, de abril de este año, numerosos informes policiales, pero sin añadir un obligado relato coherente de los hechos ni la individualización exhaustiva de las imputaciones a cada uno de los procesados.

Si bien dictó en julio un nuevo auto de aclaración, existe un consenso tácito en ámbitos jurídicos –confirmado en cierta forma por la Sección Segunda de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– sobre que, de no mediar esa supuesta necesidad de llegar a tiempo, hubiera sido preferible revocar el auto de procesamiento y dictar otro, tras una revisión en profundidad de la propia instrucción. La labor periodística de investigación de unos pocos medios de comunicación independientes, con El Mundo y Libertad Digital a la cabeza, no es ajena a esta percepción, cada vez más extendida.

En la investigación del atentado de Omagh también se han producido irregularidades. De nuevo fueron las víctimas las que tuvieron que unir fuerzas ante la pasividad de la Policía y el Gobierno británicos en la investigación de la verdadera autoría. Un informe de la Defensora del Pueblo en Irlanda del Norte puso de manifiesto en 2001 que, aunque la policía del Ulster sabía de antemano que grupos terroristas republicanos preparaban un atentado en Omagh, no hizo nada para evitarlo. Por otra parte, uno de los principales testigos del juicio contra el único acusado por colaborar en la preparación del atentado declaró ante un tribunal dublinés que mintió, bajó la presión de la policía, para inculpar al procesado.

El tribunal revocó en enero de 2005 la sentencia por la que este irlandés debía cumplir una pena de 14 años de cárcel. Determinó, además, que el supuesto terrorista tenía derecho a un nuevo juicio, pues el juez instructor afirmó que la sentencia impuesta tres años antes era dudosa y cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía. Entonces, los jueces reconocieron que los policías habían "falsificado flagrantemente" pruebas para incriminarlo, aunque desestimaron una solicitud de la defensa para anular el juicio. El tribunal, en su momento, había calificado el ataque como "la mayor atrocidad cometida en Irlanda del Norte desde 1969".

¿No recuerda esto demasiado al proceso seguido en España por el 11-M, el mayor atentado de nuestra historia? ¿Se quiere hacer Justicia, con mayúsculas, o se pretende aparentar que en nuestro país funciona adecuadamente el Estado de Derecho?

ENRIQUE BOTO, miembro del Club Liberal de España.

Libertad Digital, suplemento Ideas, 18 de octubre de 2006