Los recuerdos ya no son nuestros

Lo más grave de la llamada ley de la memoria histórica no es que haya reabierto heridas, ni que sea claramente partidista y sectaria, ni siquiera que sea un torpedo contra el marco constitucional de convivencia. Lo peor es la pretensión de sus impulsores de interponerse, por ley, entre la realidad y nuestra percepción de la misma, de infiltrarse entre los hechos y nuestra conciencia de los mismos. El Gobierno quiere también ser dueño de nuestros recuerdos.

La semana pasada fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados la que probablemente sea la iniciativa legislativa menos necesaria y demandada de toda la legislatura, la conocida como ley de la memoria histórica, que contó con el apoyo de tan sólo cuatro grupos (PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria).

La ley pretende resarcir a las víctimas de la Guerra Civil pero, pecando del más obsceno sectarismo, sólo ensalza a las víctimas de una de las dos partes. La norma se construye además sobre una falacia según la cual la reconciliación alcanzada durante la Transición democrática fue posible desde la censura y el olvido, y que este olvido se ha mantenido durante los años de democracia ¿Se puede hablar de olvido, tras casi 30 años en los que los libros, películas, documentales y exposiciones sobre la contienda han supuesto una verdadera avalancha?

A pesar de las apariencias, la ley no está pensada contra el alzamiento de julio del 36 ó contra las cuatro décadas de régimen franquista sino que, como bien situó durante el debate el diputado popular Manuel Atencia, es una ley contra la propia Transición, contra la Constitución y el espíritu del 78, que es el marco que verdaderamente estorba al Gobierno de Zapatero para tratar de imponer a la sociedad española su particular mutación política y cultural.

Con todo, lo más grave no es eso. El aspecto más preocupante salió a relucir en la defensa del proyecto de ley que, desde la tribuna de oradores, hizo la vicepresidenta del Gobierno. “Nos engrandece, como sociedad democrática, facilitar la recuperación de la memoria personal”, manifestó De la Vega, quien seguidamente reconoció que su Gobierno ha pretendido, con esta norma, “consagrar, proteger y posibilitar el derecho de toda persona a su memoria individual”.

Nuevamente podemos ver en acto a un Poder invasor que se entromete en todos los ámbitos de la vida de las personas, pero que tiene como objetivo más preciado gobernar las conciencias de los individuos, como ponen de manifiesto leyes como ésta o medidas como la creación de Educación para la Ciudadanía. De ahí la pretensión del Gobierno de conceder a los ciudadanos el “derecho a recordar”, pero haciéndolo no de cualquier forma sino de aquélla que viene impuesta por la doctrina oficial, lo cual será más fácil cuando ya no queden testigos directos de los hechos. Los recuerdos ya no son nuestros; según la doctrina Zapatero, son una dádiva del gobernante. Conviene estar alerta: el poder sobre las conciencias y la revisión de la Historia son dos elementos comunes a todos los totalitarismos.

Ignacio Santa María
Páginas Digital, 18 de diciembre de 2006