Uniones civiles de la discordia

La Iglesia teme que la tendencia legal mine el matrimonio

 

ROMA, lunes, 1 enero 2007 (ZENIT.org).- En Italia está teniendo lugar un acalorado debate sobre si se debe dar reconocimiento legal y derechos a las parejas que cohabitan. Poco después de las elecciones generales del pasado abril, algunos miembros del nuevo gobierno de centro-izquierda hablaron brevemente sobre el tema. El tema ha vuelto de nuevo cuando el gobierno anunció que a principios del 2007 habrá una nueva ley para las parejas de hecho.

 

Todavía no está clara la formulación exacta de la ley, pero según especulan los medios daría estatus legal tanto a las parejas de hecho heterosexuales como a las homosexuales. El debate sobre qué derechos se deberían dar a las parejas está dividiendo a las coaliciones de partidos tanto del gobierno como de la oposición.

 

Rápidamente la Iglesia criticó la propuesta, aunque de forma indirecta, a través de artículos en el periódico vaticano, L’Osservatore Romano. El primer paso se dio con la aprobación por el consejo municipal de Padua de una moción aprobando el reconocimiento de derechos para las parejas que cohabitan.

 

La edición del 7 de diciembre de L’Osservatore Romano condenaba la medida, sosteniendo que fijaba un peligroso precedente al reconocer formas familiares no basadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer. El proyecto del gobierno de la nación para las parejas de hecho también recibió atención inmediatamente después. La edición del 9-10 de diciembre el periódico vaticano consideraba una «mentira» el argumento de que dar derechos a las parejas que cohabitan no daña a la institución de la familia.

 

En el pasado reciente han entrado en vigor en Europa diversas formas de leyes que dan derechos a las parejas de hecho. Un libro publicado en Italia por el periodista Umberto Folena, «I PACS della Discordia: Spunti per un dibattito» (Los PACS de la Discordia: Ideas para un Debate), hacía un repaso de la situación. PACS es el acrónimo francés para «pactos de solidaridad civil».

 

Dinamarca fue la primera de la lista, en 1989, cuando otorgó reconocimiento formal a las uniones homosexuales. Noruega le siguió en 1993; Suecia, el año siguiente. En 1996, Islandia también dio a las parejas del mismo sexo esta posibilidad.

 

En 1999, Francia aprobó una ley que permitía a dos personas, independientemente de su sexo, formar una unión legal que les da una serie de derechos relacionados con cuestiones fiscales y de bienestar. En Alemania, una ley del 2000 dio a los homosexuales muchos de los derechos legales de las parejas casadas. Una ley posterior, aprobada en el 2004, abrió la posibilidad a las parejas no casadas de la adopción.

 

Otros países europeos que dan reconocimiento a las parejas no casadas son Portugal, Finlandia, Reino Unido y Luxemburgo. En 2001 Holanda dio el paso de conceder los derechos plenos de matrimonio a los homosexuales, incluyendo el derecho de adopción. Siguió España, en junio del 2005. Fuera de Europa, Canadá abrió el matrimonio a las parejas homosexuales en julio del 2005.

 

En los Estados Unidos, Nueva Jersey se ha convertido en el tercer estado, tras Vermont y Connecticut, en reconocer las uniones de civiles de parejas del mismo sexo. La ley, firmada el 20 de diciembre por el gobernador, Jon Corzine, fue impuesta a los legisladores por una sentencia reciente del Tribunal Supremo de Nueva Jersey.

 

En los medios italianos abundan los argumentos sobre el tema de los derechos para las parejas en uniones de hecho. Algunos artículos de opinión en periódicos han mantenido que sería «no cristiano» denegar protección legal a las parejas de hecho.

 

Una guía útil a este debate es el libro «PACS, matrimonio e coppie omosessuali» (PACS, Matrimonio y Parejas Homosexuales), de Michele Aramini. El autor, que enseña teología en la Universidad Católica de Milán, se centraba en el tema de los derechos para las parejas del mismo sexo. Comenzaba explicando la necesidad de separar el tema de la familia del de proteger a los homosexuales de una discriminación injusta.

 

Se debería proteger a los homosexuales del trato injusto, declaraba Aramini, pero esto no significa que sus relaciones deban ponerse al mismo nivel que la forma tradicional de matrimonio y familia.

 

Cuando se define la familia, continuaba, un elemento esencial es el de la procreación. Puesto que esto sólo es posible cuando la pareja está formada por miembros del sexo opuesto, es imposible hablar de «familias» homosexuales.

 

E incluso a un nivel más fundamental, lo que está en cuestión es el concepto de persona humana y si existe una única y objetiva forma de vivir en el área de la sexualidad y de la familia. Quienes defienden los derechos de las parejas homosexuales, u otras formas de cohabitación, mantienen que esto es sólo reconocer simplemente una diferencia legítima en los estilos de vida.

 

La réplica a este argumento, explica Aramini, es reconocer que la familia basada en el matrimonio no es algo que dependa de una serie de circunstancias culturales e históricas susceptibles de cambiar. Se basa, más bien, en necesidades inherentes a nuestra misma naturaleza humana. Exigir derechos para las parejas que cohabitan no es otra cosa, por tanto, que una expresión de la actual tendencia hacia el individualismo extremo. Este individualismo exige que la legislación se acomode a lo que pueda demandar el individuo, sin tener en cuenta las consecuencias para los demás o para la sociedad.

 

La familia tradicional, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, trae consigo muchos beneficios para la sociedad y el bien común, apunta Aramini. La familia es, de hecho, el cimiento básico de la sociedad. Como tal, es perfectamente legítimo que se le dé un estatus legal privilegiado.

 

El Pontificio Consejo para la Familia presentó un argumento similar en su declaración publicada en el 2000: «Familia, Matrimonio y ‘Uniones de Hecho’». «La familia fundada en el matrimonio», indicaba, «es un bien fundamental y precioso para la sociedad entera, cuyo entramado más firme se asienta sobre los valores que se despliegan en las relaciones familiares» (n. 2).

 

Diferencia sustancial

 

El documento sigue explicando por qué el matrimonio y las diferentes formas de uniones de hecho no pueden ponerse al mismo nivel. La familia se basa en el vínculo matrimonial entre los esposos y es el núcleo para la procreación y educación de la próxima generación. Como institución precede, de hecho, al Estado.

 

No es razonable esperar, sostiene el Pontificio Consejo para la Familia, que las funciones vitales llevadas a cabo por la familia, basada en un matrimonio estable, puedan llevarlas a cabo las uniones de hecho a gran escala, de forma estable y permanente.

 

La presión por el reconocimiento legal de las uniones de hecho se suele hacer basándose en la necesidad de evitar la discriminación. Sin embargo, ceder a esta petición «comporta una verdadera discriminación de la familia matrimonial, puesto que se la considera a un nivel semejante al de cualquier otra convivencia sin importar para nada que exista o no un compromiso de fidelidad recíproca y de generación-educación de los hijos».

 

En este sentido el documento pide que se haga una distinción entre el interés público y el interés privado. El Estado debería proteger lo que es de interés público, es este caso la familia basada en el matrimonio. Cuando se trata del interés privado, todo lo que el Estado está llamado a hacer es garantizar la libertad.

 

«El matrimonio y la familia», indica el documento, revisten un interés público y son núcleo fundamental de la sociedad y del Estado, y como tal deben ser reconocidos y protegidos» (No. 11). Una decisión de dos personas de vivir juntas, en contraste, es una elección privada. «Las uniones de hecho son consecuencia de comportamientos privados y en este plano privado deberían permanecer», sostiene el organismo vaticano.

 

Este punto de vista no es una imposición de las creencias cristianas en una sociedad plural, explica el documento. Es cierto que los cristianos tienen una visión del matrimonio y de la familia iluminada por su fe y por la enseñanza de la Iglesia, pero el matrimonio es también una realidad natural. «No es cuestión, primariamente, de fe cristiana, sino de racionalidad» (n. 13). Una racionalidad que cada vez se está oscureciendo más en muchos países.

 

Por el padre John Flynn

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