«Jugamos con las palabras» Reacciones tras el atentado de Barajas

¿Suspendido? ¿Roto? ¿Cómo está el proceso? a respuesta la dio ayer el secretario de organización del PSOE, José Blanco: «A veces, jugamos con la semántica» o, lo que es lo mismo, con el significado de las palabras. Palabras a menudo huecas en horas calientes.

 

La frase suena contundente: «Con violencia, no hay diálogo». La pronunció, taxativo, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado sábado. La reiteró ayer el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Pero ocurre que antes, el 17 de diciembre, y el 15, y el 4 y prácticamente cada viernes en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, la había dicho también por activa y por pasiva.

 

Es decir, por una parte, y ante el robo de armas en Nimes o las acciones de kale borroka, las voces autorizadas por parte del Gobierno para hablar de esto insistían en que «con violencia no hay diálogo». Pero, por otra, el sábado el presidente del Ejecutivo anunciaba que «he ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo». ¿Qué diálogo, si con violencia no había diálogo?

 

En la misma línea, el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, aseguraba este fin de semana que su partido «suspenderá todas las conversaciones con representantes de la izquierda abertzale». ¿No había dicho su secretario general, Patxi López, el 6 de julio en el Hotel Amara que no volverían a reunirse con la izquierda abertzale hasta que «cuente con una formación legal»?

 

Pero más importante aún es preguntarse si hoy la izquierda abertzale ha dejado de ser, como dijera también Patxi López, «parte necesaria, como los demás, para construir este país en común». ¿Cree alguien que es posible una solución del conflicto sin contar con ella?

 

 

 

El restringido concepto de «proceso»

 

 

Las palabras de Rodríguez Zapatero suspendiendo el diálogo con ETA hicieron que los portavoces de la derecha criticaran al Gobierno por no haber sido más drástico en sus aseveraciones. Así que primero José Blanco, a continuación “El País” y finalmente el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quisieron explicar que ­aceptando juegos semánticos­ suspender es lo mismo que liquidar o romper. Pero lo hicieron volviendo a los juegos de palabras: proceso es igual a diálogo, si no hay diálogo, no hay proceso. Y Rubalcaba fue incluso algo más lejos, apuntando que el proceso comenzó el 29 de junio, con la declaración del presidente del Gobierno en los pasillos del Congreso, y lo acabó ETA el 30 de diciembre con el atentado en Barajas.

De nuevo surgen inevitablemente las preguntas: ¿Si no se puede llamar proceso, cómo se llama la sucesión de hechos que dio lugar a que ETA decretara un alto el fuego? ¿Cómo se llegó a los acuerdos y compromisos que, según afirmó literalmente “El País”, «ignoró» ETA cuando se produjo el robo de armas en Nimes? Si los ignoró algún acuerdo habría y de alguna forma se habría alcanzado. Por lo tanto, restringir el concepto de proceso a lo que comenzó el 29 de junio y que, por lo que se aseguró desde el Gobierno, nunca acabó de concretarse, es ir más allá de los juegos y hacer trampas.

 

 

 

La validez de la resolucion de mayo de 2005

 

 

El atentado de Madrid ha abierto un debate sobre la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2005.

En el editorial de “El País” podía leerse. «La resolución condiciona cualquier iniciativa de diálogo a la existencia de “actitudes inequívocas” que puedan conducir a la convicción de que hay en ETA “una clara voluntad” de poner fin al terrorismo. Es evidente que esa voluntad no se ha manifestado, y que los atentados expresan lo contrario. Es posible que los jefes de la banda consideren que una bomba con aviso previo no es un atentado sino una advertencia. Tal vez busquen una fórmula intermedia entre su reafirmación (demostrar que pueden matar, que no están derrotados) y el mantenimiento de las expectativas de diálogo. Convendría evitar cualquier equívoco. La resolución aprobada no debe ser enunciada, sino aplicada: mientras no se den las esperadas actitudes inequívocas, se emplearán, como dijo ayer el ministro del Interior, todas las posibilidades del Estado de derecho».

 

Este editorial parece actual. De hecho no se aparta mucho del que el mencionado periódico publicó ayer mismo. Pero es del 26 de mayo de 2005, al día siguiente de que ETA colocara una furgoneta cargada con 20 kilos de cloratita en la calle Rufino González de Madrid, produciendo seis heridos leves y graves daños materiales.

 

Por lo escuchado en los últimos días, parece como si desde la resolución del Congreso de los Diputados del 17 de mayo de 2005 hasta el anuncio de alto el fuego de ETA del 22 de marzo de 2006 todo hubiese sido una balsa de aceite y no se hubieran producido cincuenta atentados, algunos de ellos, como el del 25 de mayo y el del 25 de junio, con la colocación de coches-bomba en Madrid.

 

 

 

Los margenes de maniobra del gobierno zapatero

 

 

Desde diversos medios, también algunos íntimamente ligados al nacionalismo institucional vasco, se ha hecho hincapié en que el atentado contra la terminal T-4 de Barajas deja sin margen de maniobra al Gobierno de Zapatero. ¿Margen de maniobra para qué exactamente si el propio Gobierno español se jacta de haber hecho menos durante este alto el fuego que el Partido Popular en 1998?

Es evidente que si tiene voluntad para ello, el Ejecutivo de Zapatero cuenta en la actualidad con el mismo margen de maniobra del que dispuso para llegar a que ETA declarara su alto el fuego. Claro está que la confianza deberá restablecerse sobre nuevas bases, pues las existentes hasta la fecha no se han mostrado tan sólidas como el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, aseguró que eran en marzo de 2006. Si a nadie se le escapa que el Gobierno exigirá mayores compromisos a ETA, la lógica lleva a pensar que también ETA se los exigirá al Ejecutivo español.

 

 

 

¿Y el margen de maniobra que tuvo ETA en marzo?

 

 

Quienes se preguntan angustiados por el margen de maniobra que le queda al Gobierno de Zapatero, parecen ignorar deliberadamente en qué condiciones declaró el alto el fuego ETA en marzo. Olvidan, por ejemplo, que lo hizo tras acabar de enterrar entre cargas de la Ertzaintza a dos militantes muertos en las cárceles españolas. Y el 2 de marzo, apenas veinte días antes de la declaración, la Audiencia Nacional ordenaba revisar las condenas de 180 presos, con el fin de retrasar sus fechas de excarcelación.

Conviene recordar que, en marzo de 2006, el juez Fernando Grande Marlaska procesó a mahaikides y dirigentes de la izquierda abertzale. Juan Mari Olano y Juan Joxe Petrikorena recibieron la noticia del alto el fuego de ETA en la cárcel. Y sólo una neumonía retrasó el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi hasta el 29 de marzo.

 

En tan duras condiciones para la izquierda abertzale, que no se rebajaron en los meses posteriores, fue cuando ETA anunció su alto el fuego permanente para impulsar un proceso democrático.

 

 

 

La atribucion de responsabilidades

 

 

En las reacciones oficiales de los portavoces políticos y los medios de comunicación que en líneas generales han apoyado la estrategia del Gobierno español hasta la fecha se ha incidido especialmente en atribuir única y exclusivamente a ETA el colapso que en este momento padece el proceso de normalización democrática. «ETA dinamita el proceso» titulaban algunos sus editoriales y otros sus primeras páginas informativas. «ETA tiene la culpa», mantenía significativamente el editorial de “El País” el día siguiente al atentado, como si tuviera el temor de que la atribución de responsabilidades se extendiese.

¿Puede no ser siempre válida la teoría de “El País” de que quien pone la carga de explosivo es la única responsable de sus consecuencias? Cuando el 9 de febrero de 1996 el IRA rompió con una bomba en Londres su alto el fuego, causando dos muertos y un centenar de heridos, “El País” escribía en su editorial que «el IRA es culpable de no haberse mostrado más paciente, y sus amenazas de ensangrentar de nuevo el país son de todo punto criminales. (...) Pero también hacía falta que Major [primer ministro británico en aquellas fechas] se tomara más en serio sus propias propuestas».

 

Se ve que las cosas, con la perspectiva que da la distancia, se ven de distinta manera. Ylas máximas que son «ley de demócrata» en un sitio se relativizan con los kilómetros. De hecho, el mismo “El País” destacaba en esos días en su hemeroteca el editorial de “The Guardian” con el diáfano ­y hoy quizá subversivo­ título de «Una bomba no debe detener las conversaciones». Se ve que la prensa británica también está muy distanciada de la española.

 

Y también de algunos medios editados en Euskal Herria. “El Diario Vasco”, por ejemplo, exigía ayer «unidad» al Gobierno y al PP para enviar «a la izquierda abertzale el mensaje inalterable de que sus exigencias no serán aceptadas nunca, ni por la sociedad ni por el Estado, ni bajo amenaza ni a cambio de una paz ideada por los terroristas». ¿Nunca? ¿Que fue de aquello de que sin violencia todo es posible?¿Era también un juego semántico? -

 

Iñaki Iriondo

Gara, 3 de enero de 2007