El verdadero 11-M al desnudo: del caso Dreyfus al complejo Aznar

En el juicio se dirime la culpabilidad o inocencia de los 29 acusados y la veracidad de las pruebas. Buscar un resultado político sería peligroso sobre todo para la derecha.

Por la Casa de Campo de Madrid estamos viendo pasar lo mejor y lo peor del pasado reciente de España. Lo peor, los atentados, el crimen organizado, preciso y sin piedad, la interrupción sangrienta de la democracia, la fragilidad del poder ejecutivo, el uso oportunista del suceso y el barullo posterior. Lo mejor, la solidaridad popular en torno a las 192 víctimas, que son la razón de este juicio.

Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, está demostrando desde la presidencia del Tribunal encargado de juzgar todas las capacidades profesionales que se le suponían. Por encima de los intereses cruzados, busca hacer justicia; y no una justicia fuera del espacio y del tiempo, sino la que le corresponde impartir. El Tribunal no tiene como misión repartir culpabilidades políticas, ni juzgar la política exterior de José María Aznar –suponiendo que tuviese algo que ver con los atentados- ni valorar la coalición de enemigos internos del PP y su brillante gestión de la oportunidad política tras las explosiones. Nada de eso está siendo juzgado, sino sólo la culpabilidad o inocencia de los extranjeros y españoles para los que, tras la instrucción del proceso por Juan Del Olmo, la fiscalía y las acusaciones particulares piden penas.

 

¿Puede convertirse el juicio del 11-M en un juicio del zapaterismo?

 

Al Tribunal se le debe pedir que cumpla bien su función, pero sólo esa. Ninguna hipótesis periodística, de cualquier signo, está en el aula. Ningún interés político, por legítimo que sea, está siendo discutido allí. Que el Tribunal sea justo, riguroso y serio en su tarea, y que no se desvíe de ella. Porque hay tentaciones de pedirlo, pero el mayor perjudicado –junto a las víctimas- sería el Partido Popular.

 

La tentación está ahí. Acaba de conmemorarse el centenario de la absolución del capitán Alfred Dreyfus, y más de una vez en los últimos meses se ha comparado aquel caso con el del 11-M. Un delito humillante para la nación, juzgado a toda prisa; un presunto chivo expiatorio, judío en aquel caso, condenado con pruebas en parte hipotéticas; un centroderecha dubitativo, dividido y acobardado, sin control de los medios de comunicación y deseoso de pasar página; una izquierda radicalizada y laicista, decidida a montar un gran escándalo en la prensa; y la politización de la justicia o la judicialización de la política que llevaron a un cambio de régimen.

 

¿Estamos seguros de quién sacaría partido?

 

Suárez Trashorras y los moros de Lavapiés no son, la verdad, Alfred Dreyfus. Los atentados han tenido graves consecuencias políticas en España, ya que el 14 de marzo Zapatero obtuvo una victoria que pocos esperaban, pero el vínculo entre los atentados y las urnas no lo crearon ni el PSOE, ni la SER, ni la masa de ciudadanos manipulados. Fue la débil gestión de la crisis desde el poder –es decir, desde el Gobierno de José María Aznar y especialmente desde el ministerio del Interior de Ángel Acebes- la que puso en bandeja el regalo. Fallaron los servicios de información, fallaron las decisiones políticas –ya que pudieron tomarse medidas contundentes que no se adoptaron- y se demostró el error de dejar en manos del rival político órganos esenciales del aparato del Estado y casi todos los medios de comunicación. Si se politiza este juicio lo primero que se va a juzgar es eso: no el zapaterismo, sino un aznarismo que ante otros retos sí se había mostrado osado y que en ese caso no lo hizo.

 

Eso es, también, la verdad sobre el 11-M. Emilio Zola está muerto y enterrado, y la derecha española no tiene capacidad de convertir este juicio en un juicio al régimen naciente. Buscar aliados ocasionales (e interesados) para un intento semejante podría ser un tiro por la culata de dimensiones imprevisibles, sobre todo porque quienes más agitan las aguas son algunos de quienes más contribuyeron a que Mariano Rajoy perdiese las elecciones de 2004. Ya que no han tenido el decoro de retirarse a su oficio, quienes lo tengan, deben tener presente que las elecciones que el PP debe ganar son las de 2007 y 2008 en las urnas, no las de 2004 en los tribunales ni en los medios.

 

Los españoles quieren saber la verdad sobre el 11-M. Las víctimas merecen justicia y reparación. España merece un Gobierno serio. Y como dijo Jacques Chirac recordando el verdadero caso Dreyfus, "todos tenemos la obligación de ser extremadamente vigilantes frente a las fuerzas oscuras". Que no están sólo a un lado. La cuestión es ir haciendo luz conforme a las reglas del juego, porque demasiadas cosas importantes dependen del PP como para entrar en juegos de azar, tal vez beneficiosos para algunas personas pero angustiosos para la nación.

 

Pascual Tamburri

El Semanal Digital, 19 de febrero de 2007