Gobierno: deja a la Iglesia en paz y ocúpate de nuestros problemas

El presidente del gobierno y sus ministros, están en el puesto que ocupan porque se presupone que tienen la capacidad y la responsabilidad para abordar las necesidades y problemas de los ciudadanos y la sociedad española. Este presupuesto ha chocado en más de una ocasión con la práctica política.

 

Zapatero se ha desentendido en demasiadas ocasiones de lo que son las prioridades básicas, empezando por tener criterios claros por el presente y futuro de la economía y de nuestras relaciones internacionales –que hoy en día son una parte sustancial de los intereses económicos-, para abrir conflictos donde no existían.

 

Lo hace con un discurso burdamente hábil que consiste en generar la conflictividad, apelar al diálogo, e ignorar o descalificar como no dialogantes a los que aportan razones distintas a las suyas.

 

En todo estado de derecho las instituciones de la sociedad civil pueden y deben formular críticas al gobierno, sin otro límite que la libertad de expresión. Y este puede responder, debe hacerlo, pero en términos democráticos, es decir, razonables y razonados, sin descalificar.

 

En el caso concreto de la Iglesia católica, el gobierno español no actúa así, a pesar de que en buena lid debería asumir la crítica, de la misma manera que acepta el elogio y el apoyo político de la Junta Islámica, y no se siente con la obligación de decir que esto es una intromisión política.

 

También es grave que pretenda negar la representatividad de los obispos que hablan en nombre de la iglesia, porque entonces lo que está haciendo el gobierno es una acción de injerencia sobre instituciones de la sociedad civil, definiendo quien representa bien y quien no, a aquella institución.

 

Esto es absolutamente inaceptable, a menos que se tenga una visión totalitaria de la sociedad. En este segundo caso es evidente que las instituciones sociales son un reflejo del gobierno del estado, pero no es el caso en un régimen de libertades.

 

Los obispos tienen no solo el derecho sino el deber de orientar a los católicos ante unas elecciones. Es una práctica habitual en todo el mundo libre y debe además mantener una distancia crítica con el poder. Lo que ha hecho y dicho la Conferencia Episcopal no es nada singular en el ámbito de los países civilizados y sus contenidos no son en nada diferentes de lo que ha venido diciendo hasta ahora, como lo fue cuando criticó a la guerra de Irak o no quiso firmar el pacto antiterrorista a pesar de las presiones. ¿Es que en estos casos la Iglesia estaba del lado del PSOE o de Batasuna? Es evidente que no.

 

Lo que está haciendo el gobierno es exactamente utilizar a la Iglesia como un instrumento electoral para distraer la atención de los problemas sociales y económicos que tiene nuestro país, escudándose detrás de la veta agresivamente laicista de una parte de la sociedad española, excitándola, al tiempo que busca con otras cuestiones como el aborto o el matrimonio homosexual, o la introducción de la eutanasia en el debate, el que no se fije el centro de atención en la mala situación, las peores perspectivas y la escasa definición política y resolutiva a la que se enfrentan.

 

Por eso hay que exigir al gobierno que deje de atacar a la Iglesia y dedique el centro de su atención a lo que constituye su misión: afrontar nuestros problemas y dar respuestas para resolverlos.

 

Editorial de Forum Libertas, 3 de febrero de 2008