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España: Preocupación ante la reforma de la ley de Libertad Religiosa

España: Preocupación ante la reforma de la ley de Libertad Religiosa

 

Reacciones al anuncio del gobierno

 

MADRID, sábado, 10 mayo 2008 (ZENIT.org).- El anuncio el 8 de mayo, por parte de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de las "reformas consensuadas" que pretende llevar a cabo el Gobierno español ha causado "inquietud" en varios sectores católicos, que sospechan que se trate más bien de una estrategia de "imposición del laicismo", que acabaría recortando "el derecho a la libertad de conciencia" de los católicos en muchas cuestiones controvertidas.

 

Entre las reformas que pretende llevar adelante el Gobierno, y que se anunciaban en el programa electoral socialista, como Zenit anticipó (Cf. 11 de marzo de 2008), está la de la Ley Orgánica de Libertad religiosa, la revisión de la ley de despenalización del aborto, así como la introducción de la Ley de Igualdad de Trato.

 

María Teresa Fernández de la Vega explicó en rueda de prensa después del Consejo de Ministros del 9 de mayo: "la España de hoy es más diversa y plural que hace una década" y, tras 28 años de la Ley de Libertad Religiosa, "se ha de ajustar a la nueva sociedad". "Hay que proteger todas las creencias; las de los católicos, musulmanes, judíos, evangélicos, y también las de los que no creen", añadió.

 

Reacciones

 

Aunque la vicepresidenta afirmó que la reforma "no está pensada contra nadie, sino para amparar y cobijar a todos", y descartó que vaya a haber confrontación con la Conferencia Episcopal, lo cierto es que el anuncio ha sido acogido con euforia por unos y preocupación por otros.

 

Mientras los periódicos y sectores de izquierdas saludan la reforma e incluso exigen un nuevo concordato que "elimine los privilegios de la Iglesia católica", el Partido Popular se desmarcó de la propuesta, insistiendo en que un debate sobre la laicidad "no es lo que el país necesita en estos momentos de crisis económica".

 

Más contundente ha sido la respuesta del partido Convergència i Unió (CiU), cuyo secretario general, el democristiano Duran i Lleida, afirmó que se opondrán a la reforma. "El Gobierno no puede sustituir la laicidad del Estado por un laicismo que promueva reducir el factor religioso al ámbito privado, negándole todo espacio y toda expresión pública", afirmó. "Si lo que persigue es fomentar un laicismo que ni practica ni comparte la izquierda europea, nos encontrarán de frente".

 

Respecto a las instituciones religiosas no católicas, aunque no ha habido por el momento pronunciamientos oficiales, sus declaraciones en los medios han sido mayormente positivas, en la medida en que "suponga una equiparación de derechos entre todas las religiones".

 

Los católicos, preocupados

 

Aunque la Conferencia Episcopal Española no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, ni oficial ni de carácter informal, algunos obispos han manifestado a título personal su "preocupación". Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos, afirmó que espera que la reforma "consagre la libertad religiosa y no se convierta en un instrumento contra los seguidores de la fe mayoritaria en España".

 

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, afirmó que la Iglesia "debe hablar con libertad cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas o la salvación de las almas". "Las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno han de valorarse teniendo en cuenta que la comunidad política y la eclesial son independientes y autónomas en su propio campo", añadió.

 

Por su parte, el Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco, manifestó su "preocupación" ante lo que considera una "amenaza para la libertad ideológica y de conciencia". El Foro es el mayor impulsor de la objeción de conciencia contra la asignatura "Educación para la Ciudadanía", varios de cuyos casos están actualmente en los tribunales.

 

"En las últimas horas el PSOE de Madrid amenaza la libertad de conciencia de los médicos respecto a la dispensación de la píldora del día después (PDD), a la vez que el ministro Bernat Soria propone medidas restrictivas del derecho de objeción de conciencia médica frente al aborto y mientras el Ministerio de Educación y los Gobiernos Autonómicos socialistas siguen con su campaña de acoso y rechazo a los padres que plantean objeción de conciencia ante EpC".

 

"Con estos antecedentes, el anuncio de la vicepresidenta Fernández de la Vega de una nueva legislación sobre laicidad y libertad de conciencia sólo puede interpretarse como la voluntad política de restringir por ley la libertad ideológica y de conciencia de quienes no piensan como la mayoría parlamentaria", afirmó Benigno Blanco.

 

Igualmente, el presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, Marcial Cuquerella, afirmó que el pluralismo religioso y las garantías a la libertad de conciencia "están contemplados en la actual Ley Orgánica, concretamente en su artículo 7, en lo referido a los acuerdos Estado con otras religiones y en toda la ley en lo que se refiere a la pluralidad religiosa".

 

"Esto nos indica que, o bien la señora De la Vega no se ha leído la Ley, o bien la pretensión de una reforma para "seguir avanzando" en la laicidad esconde otros objetivos que deben ser declarados a todos los españoles", afirmó.

 

"Laicidad positiva"

 

El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino, analizó la cuestión para la agencia Veritas. Palomino consideró positivo, en principio, avanzar hacia "la mejora de las condiciones que enmarcan la convivencia pacífica en un país", aunque afirmó que este proceso debería producirse sin "dirigismo" por parte del Estado.

 

"Una reflexión de este tipo puede ser interesante, siempre y cuando sea una sincera reflexión y no sólo un trámite para cambiar un estable y pacífico marco jurídico de convivencia. Es decir: lo que no resultaría legítimo por parte del Gobierno es proceder con un consenso artificial a cambiar una ley con el fin de dar carta de naturaleza a un escenario público distinto, en la que en lugar de dar espacio público a los creyentes religiosos, se elimine tal presencia para que se encuentren cómodos los creyentes no religiosos", afirmó.

 

"Digo en ambos casos "creyentes" porque ambos grupos lo son. Y a ambos los protege la libertad religiosa. Pero la segunda opción, eliminar la presencia de la religión en el espacio público a favor de los creyentes no religiosos, genera una nueva forma de confesionalidad que propugna el laicismo", añadió el catedrático.

 

Para Palomino, el modelo al que hay que tender es al estadounidense: "el modelo norteamericano, que naturalmente englobaría también Canadá con su principio constitucional de multiculturalidad, parte de una actitud positiva hacia lo religioso. Mientras que la laicidad a la europea, más en concreto aquella que sigue el modelo francés, parte de una idea negativa de lo religioso, porque lo asocia al Antiguo Régimen, o a lo antidemocrático. Estados Unidos es una muestra gráfica de que la democracia y la religión pueden ser buenos compañeros de viaje".

 

Por Inmaculada Álvarez

 

 

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