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Cultura de vida y derechos humanos

Lo que sí es pedir perdón a las víctimas (por Pepe Álvarez de las Asturias, en El Malecón)

Lo que sí es pedir perdón a las víctimas (por Pepe Álvarez de las Asturias, en El Malecón)

Con 10 años, Shane O´Doherty quería luchar por la libertad de Irlanda. A los 15 se unió al IRA, a los 18 ya era el terrorista más buscado y a los veinte fue condenado a 30 cadenas perpetuas.

Para entender primero hay que conocer. Y para entender la vida de Shane O´Doherty es necesario que primero conozcamos el entorno político y religioso en el que nació y creció. Porque, como él mismo explica, "somos uno con nuestra muy triste historia". Una triste historia, la de Irlanda, en la que nacionalismo y catolicismo siempre han estado unidos con gran intensidad. Shane nació en enero de 1955 en Derry (Londonderry para los ingleses), en el seno de una típica familia católica de clase media del Ulster. Ya desde pequeño, su vida quedó marcada por la omnipresencia de tanquetas, barricadas y soldados británicos, y el odio ancestral de los protestantes orangistas. La semilla nacionalista crecía en el corazón de Shane con total naturalidad ("todo esto era normal donde crecí") a la par que su determinación a luchar –y acaso morir- por su país, injustamente ocupado. A los trece años, "salir con los amigos" consistía en quedar para lanzar cócteles molotov a los soldados ingleses; sólo dos años después se unía de facto al IRA Provisional. Desde ese momento, la lucha dejó de ser un juego y se transformó en algo real. Y arriesgado.

Pero el joven Shane estaba convencido de que su causa era justa y de que la lucha era el camino correcto –el único camino-. Y si aún le quedaban dudas, el domingo 30 de enero de 1972 volaron en mil pedazos. Aquella tarde, Shane se manifestaba por las calles de Free Derry (la zona católica) junto a un amigo y otras 15.000 personas a favor de los derechos civiles. Al otro lado de las barricadas, un regimiento de paracaidistas británicos vigilaba que no traspasaran la "frontera" de la zona protestante. Cuando un pequeño grupo de manifestantes, alejados del resto, comenzó a lanzar piedras a una de las barricadas, los paracaidistas abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud. Trece personas murieron (seis de la edad de Shane, 17 años) y otras treinta resultaron heridas.

El IRA aprovechó el odio tras el Domingo Sangriento para potenciar su actividad de reclutamiento entre los más jóvenes. Y Shane aprovechó para potenciar su convencimiento y su actividad terrorista ("Si me tienen que matar, que sea por algo importante, no por una protesta civil"). Se apuntó voluntario a numerosas operaciones con explosivos y se especializó en cartas bomba. Un año después, con dieciocho años, era el terrorista más buscado del IRA. A los veinte, aprovechando una tregua, fue detenido y condenado a 30 cadenas perpetuas. "Dejé de creer en Dios, en la Iglesia Católica y en la política".

Su primer día en prisión, a medianoche, los oficiales le sacaron de la celda y le dieron una paliza. "¿Qué pasa?", preguntó. "Tus amigos han disparado a un policía". El padre del policía asesinado resultó ser un oficial de la prisión. No fue la única vez, recuerda: "yo era católico e irlandés, lo guardias me odiaban". Decidió plantarse y se negó a vestir el uniforme de preso en una cárcel inglesa; un acto de rebeldía que le costó meses en la celda de castigo, totalmente desnudo. Pensaba: "he sobrevivido a la guerra, a la muerte; estoy preso, pero soy el hombre más libre del mundo". Se creía fuerte, invencible, un auténtico guerrero de la libertad. Pero sumido en ese aislamiento absoluto, comenzó a darle vueltas a todo: "Estamos destruyendo nuestro país, a familias enteras, provocando terror y dolor. ¿Qué sentido tiene?" Estaba orgulloso de haber atentado contra políticos y generales pero albergaba dudas sobre el resto de sus víctimas.

Pidió consejo al sacerdote de la prisión y éste le regaló una Biblia. Se leyó los Cuatro Evangelios de una sentada, intensamente, profundamente. Y empezó a pensar que, como católico, todo era un error –la guerra, la violencia, las muertes-. Un grandísimo error. Pero, ¿qué podía hacer? Comenzó a escribir cartas a sus víctimas, multitud de cartas, y fue el primer terrorista del IRA que abogó por el cese de la violencia y la rendición. Los demás –sus compañeros y sus enemigos- pensaron que se había vuelto loco en su confinamiento: ¿un terrorista irlandés pidiendo perdón? ¡Increíble! Tuvo que luchar todo un año con el Gobierno británico y las autoridades de la prisión para que le creyeran y le permitieran enviar sus cartas y publicar sus llamamientos en la prensa. Cierto día, un compañero de prisión le dijo: "estás en el periódico de hoy". The News of the World titulaba: "Terrorista del IRA pide perdón". Fue el primer fruto de su cruzada.

Su propia conciencia le condenaba por sus actos; había cortado con la sociedad, consigo mismo, con Dios; y había destruido a su familia (unos le apoyaban, otros le rechazaban). "El terrorismo está en el interior de las personas, de cada uno de nosotros; y cada uno tenemos que reconocer nuestra culpa y pedir perdón desde dentro, desde nuestra conciencia, desde nuestro corazón".

Después de 14 años de condena, fue liberado el 4 de septiembre de 1989. Al salir de la cárcel comenzó sus estudios universitarios y escribió el libro The Volunteer, sobre sus años en el IRA contados desde la conciencia, y pidiendo el fin de la lucha armada. "Detén la guerra, la violencia es un error, pide perdón y entrégate". Mientras Shane O´Doherty estudiaba Filología Inglesa, Filosofía y Teología (pasó dos años en el seminario de Dublín) y trabajaba para los indigentes y los inmigrantes, los presos del IRA se fueron acercando a sus tesis de cese de la violencia. Sus frutos comenzaron a brotar el 10 de abril de 1998, cuando los gobiernos británico e irlandés firmaron el Acuerdo de Viernes Santo en Belfast, principio del fin definitivo del IRA, que fue desmantelado en 2005.

Después de cinco años en el IRA y treinta pidiendo perdón, en la actualidad Shane O´Doherty vive en Dublín, donde trabaja en una organización para indigentes ("mi gran lección", reconoce). Ha escrito un nuevo libro, No más bombas, que utiliza como excusa para recorrer el mundo ofreciendo sus conferencias y transmitiendo su mensaje de "no hay libertad con violencia"; aunque él aún no se ha perdonado del todo: "cada día siento la responsabilidad, la conciencia culpable de mi pasado. Pero mi experiencia puede hacer bien". Ojalá otros siguieran su ejemplo.

Shane O´Doherty es un gran conocedor del terrorismo de ETA y aplica su propia experiencia a su cese definitivo. "Yo creo que el gobierno no debe negociar con terroristas. Cuando hayan cambiado su conciencia, su corazón; cuando hayan pedido perdón por la violencia y por las víctimas y destruyan sus armas con testigos internacionales, entonces se podrá hablar del fin de ETA".

http://www.elsemanaldigital.com/blog.asp?idarticulo=122213&cod_aut=

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Amnistía Internacional pide investigar “hasta el final” todos los crímenes de ETA

Amnistía Internacional pide investigar “hasta el final” todos los crímenes de ETA

Entiende “básico” que se reconozcan los derechos humanos ante la nueva etapa

L. S. Vitoria

Amnistía Internacional (AI) ha trazado durante sus encuentros con representantes políticos del País Vasco cuál debería ser el marco de convivencia ante la nueva situación creada a raíz de la ausencia de violencia. En este contexto, AI considera irrenunciables algunas cuestiones determinantes, entre las que incluye el rechazo a la aplicación de la amnistía a los presos de ETA, la investigación hasta el final de todos los crímenes de la organización terrorista para evitar la impunidad, el reconocimiento de todos los derechos humanos y que también se reconozcan las “torturas y malos tratos” de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi.

Según informaron ayer, durante una rueda de prensa en Vitoria, una delegación de este organismo internacional, encabezada por su directora general de Investigación, Nicola Duckworth, y su director en España, Esteban Beltrán, han mantenido sendas reuniones con el lehendakari, Patxi López, el comisionado para la convivencia y la memoria, Jesús Loza, el ararteko Iñigo Lamarca, así como con representantes de los partidos PNV, PSE, PP, Aralar y Amaiur, a quienes han presentado La agenda de los derechos humanos en Euskadi.

En su análisis, AI parte de la base de que en el nuevo escenario abierto a raíz de la renuncia de ETA a la violencia, los derechos humanos deben ser “la hoja de ruta para el presente y el futuro del País Vasco” y debe garantizarse su protección incondicional al margen de cualquier consideración política. En este apartado juega un papel esencial la atención que se debe prestar, según dijeron, a la reparación de las víctimas. AI entiende que “la verdad debe ser conocida, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y las víctimas deben obtener reparación”, dijo ayer Beltrán, antes de recordar que la Audiencia Nacional y las asociaciones de víctimas de ETA informan de que hay sin resolver más de 300 asesinatos de ETA.

Al mismo tiempo, el director de Amnistía Internacional España ha subrayado que una asignatura pendiente es “reconocer que hubo torturas y malos tratos y hubo víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.

Al ser preguntado por la petición de una amnistía a los presos de ETA, Beltrán respondió que “Amnistía Internacional, paradójicamente, no está a favor de amnistías, sino a favor de verdad, justicia y reparación. Una vez que ha ocurrido todo el proceso, y siempre que no signifique impunidad, se pueden aplicar medidas de gracia, pero no estamos de acuerdo con amnistías generales”.

En el repaso a la situación de Euskadi, AI mostró su preocupación por el hecho de que el Gobierno vasco no parece estar poniendo en práctica todas las recomendaciones del Ararteko sobre malos tratos y tortura, como la identificación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley o la mejora de las investigaciones de estos casos. Beltrán admitió que “el lehendakari se ha comprometido a estudiar su implantación”.

Ya en materia económica, AI ve “con satisfacción” el anuncio de Patxi López de no aplicar los recortes del Gobierno central, especialmente para mantener así la cobertura a los inmigrantes en situación irregular, crónicos o mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social, recordó.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/paisvasco/1339181077_193893.html

Razones jurídicas para que los crímenes de ETA sean de lesa humanidad

Razones jurídicas para que los crímenes de ETA sean de lesa humanidad

Un experto en derecho penal internacional asegura que se les podría juzgar en virtud del artículo 6 de la Carta de Londres.

J. Arias Borque

En los últimos días, la víctima de ETA Ramona Garrido –viuda de José María Latiegui, asesinado por la banda terrorista en 1981–, acompañada por su abogado, se ha entrevistado con partidos políticos y representantes del Estado, como el fiscal general del Estado o la defensora del Pueblo, con la petición de que juzguen los atentados y asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad.

El abogado y experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez ha presentado a estos representantes públicos un documento de más de cien páginas en la que pone de manifiesto que lo anormal es que hasta ahora los crímenes etarras no se hayan juzgado con esta consideración, pese a que España firmó hace más de tres décadas tratados internacionales que le habilitaban para ello, y lleva a cabo su argumentación jurídica para que así se haga.

"ETA no ha cometido asesinatos comunes, sino selectivos. Ha seleccionado a quién quería matar en cada momento: líderes políticos o sociales, policías, empresarios, jueces, periodistas... con el objetivo de llevar el terror a los sectores que le convenían en cada momento. Ha atacado a la población civil de manera sistemática", recuerda Rodríguez, quien señala que los crímenes de persecución no están tipificados en el derecho penal español, pero sí en el internacional.

Así, dice que el artículo 6 de la Carta de Londres o Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, en su tercer apartado, reconoce como crímenes contra la humanidad tanto el asesinato como la persecución por motivos políticos: "El asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron".

El estatuto también reconocía que los crímenes de lesa humanidad no sólo son llevados a cabo por Estados, sino también por actores no estatales. De este modo, se juzgó por este tipo de crímenes al partido nazi y las empresas privadas que estuvieron al servicio del partido y el gobierno nazi. El contenido de la Carta de Londres fue asumido como propio por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 95i de 11 de diciembre de 1946.

Esta línea se ha mantenido en toda la legislación sobre derecho penal internacional que se ha llevado a cabo desde entonces. No sólo en el desarrollo de enjuiciamientos criminales como los de los cometidos la antigua Yugoslavia o Ruanda, sino que además sirvió de base para la creación del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional de La Haya (Holanda).

Exactamente, los artículos 7.1 y 7.2 del Estatuto de Roma, que fue aprobado en 1998 y que entró en vigor en 2002 dicen lo siguiente:

Artículo 7.1 Se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a ) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de la población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) desaparición forzosa de personas; j) el crimen de apartheid; y k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Artículo 7.2. A efectos del párrafo 1: a) por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad, con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

Pese a que el Código Penal español no tiene tipificado el delito de crímenes de persecución, la justicia española sí podría juzgar a un terrorista por llevar a cabo este tipo de delitos debido a que ratificó dos tratados internacionales a finales de los setenta que le autorizan a ello.

Estos tratados fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –ratificado en 1977– y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales –ratificado dos años más tarde, en 1979– que dicen en su articulado que pese a que el Código penal de un país no tenga tipificado un determinado acto como delictivo, sí se puede juzgar a una persona si ese acto está reconocido como delictivo por el derecho penal internacional.

Se trata del artículo 15 del primer tratado y el artículo 7 del segundo. Principalmente, el punto dos de ambos.

Artículo 15. 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Artículo 7. No hay pena sin ley. 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional e internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento de su comisión constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales)

Rodríguez argumenta que gracias a la firma de estos tratados, la justicia española podría aplicar el artículo 6 de la Carta de Londres y juzgar los asesinatos de ETA como crímenes de persecución, de lesa humanidad, pese a que el Código Penal nacional no reconoce este tipo de delitos. "El derecho penal internacional no se crea por capricho, sino para complementar los derechos penales nacionales cuando estos cojean o no alcanzan a cubrir todos los actos delictivos", asegura.

De este modo, al convertirse en delitos de lesa humanidad, los asesinatos de la banda terrorista ETA no podrían prescribir, algo que ha sucedido con más de un centenar de crímenes etarras, que lo han hecho "indebidamente", según el experto en derecho penal internacional. Entre ellos, por ejemplo, el de José María Latiegui, que fue asesinado en 1981, cuatro años después de la ratificación del primer tratado – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– y dos años después de la del segundo –Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales–.

http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-05-27/domingo---las-razones-juridicas-para-que-los-crimenes-de-eta-sean-de-lesa-humanidad-1276459471/

Currin cree que no tiene sentido pedir la disolución de ETA

Currin cree que no tiene sentido pedir la disolución de ETA

El mediador sudafricano dice que podría ser un "riesgo si salen" los presos de la banda armada de las cárceles porque no tendrían una organización que les "ayudase" en su integración

El abogado y mediador en conflictos sudafricano Brian Currin ha afirmado que no tiene sentido pedir la disolución de ETA y que, incluso, podría ser un "poco peligroso" y suponer un "riesgo", ya que, si "salen" los presos de la banda armada de las cárceles, no tendrían una organización que les ayudase en su "integación".

Currin ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha asistido esta tarde al estreno del documental Gazta Zati bat-A Piece of Cheese, dirigido por el bertsolari Jon Maia y producido por la iniciativa Nazioen Mundua.

A esta cita han acudido entre otros, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, el secretario general de EA, Pello Urizar, Ernesto Merino de Aralar, Paul Rios de Lokarri y el ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Karmelo Landa.

En declaraciones a los medios de comunicación en inglés traducidas por una intérprete, ha asegurado que no sabe a "qué espera" el Gobierno central para iniciar el acercamiento de presos y ha señalado, por otra parte, que los partidos tienen que liderar un proceso de diálogo, ya que dialogaban "más" antes de la Declaración de Aiete que, en la actualidad.

Currin se ha referido a "cuatro de los temas más críticos" que hay que "abordar en el futuro". Tras destacar que la banda armada ha declarado "un alto el fuego definitivo y el fin de la lucha armada", ha indicado que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que, según la información con la que cuenta el Gobierno central, ETA "ya no dispone de ningún arma, ni de ningunos explosivos, por lo que nunca más va a poder volver a la violencia".

A su juicio, de esto se saca la conclusión de que la banda armada "ya no existe como una organización armada". Por ello, ha opinado que pedir su disolución "no es un problema, no es un asunto importante, incluso podría ser un poco peligroso, algo arriesgado".

Currin ha afirmado que "ya que ETA no existe, no tiene armas y no va a utilizar más la violencia, ya no hay tanto riesgo inherente para liberar a algunos de los presos porque van a ir a un entorno no violento, democrático".

Además, ha señalado que "todos los partidos políticos están de acuerdo que tiene que ocurrir algo con los presos". "Las únicas preguntas que quedan por responder es qué tiene que ocurrir y cuándo", ha añadido.

El abogado ha indicado que "se ha oído hablar de la amnistía, un tema complicado". Al respecto, ha apuntado que el derecho internacional en los últimos 20 años "ha venido diciendo que las víctimas de crímenes graves y de violaciones graves de derechos humanos tienen derecho a la justicia". En este sentido, ha reflexionado que ello no supone que no se pueda hacer nada con los presos de ETA a los que se puede "tratar de forma administrativa".

"Por ejemplo en Irlanda del Norte no se declaraba la amnistía por los presos, sino que algunos que habían suscrito algunos compromisos con medios únicamente pacíficos fueron liberados antes", ha apuntado.

Currin ha alertado del "riesgo inherente" en la disolución de ETA, ya que en Irlanda del Norte "todas las organizaciones paramilitares al final de la violencia, no desaparecieron sino que cambiaron su rol y ayudaron mucho cuando los presos salieron de las cárceles en su integración en la sociedad". "Jugaron un rol muy importante", ha apuntado.

Después de insistir en que pedir la disolución de ETA "ya no viene a cuento y es algo que no se tiene que pedir", ha subrayado que supondría "un riesgo" porque "cuando los presos salieran de la cárcel no habría ninguna organización que les ayudase a integrarse en la sociedad".

Por otro lado, se ha referido al Gobierno central que "no ha respondido aún a la solución de ETA y no ha empezado a dialogar con la organización sobre las consecuencias de la violencia". "No a negociar, sino a hablar de víctimas, presos, entrega de armas, no ha habido nada" y ahora le toca al Ejecutivo central "mover ficha", ha sostenido.

Currin ha indicado que no se trata de cuestiones "tan difíciles" y ha emplazado al Gobierno central a "dar el primer paso que todo el mundo está de acuerdo debería de ser el acercamiento de los presos" de la banda terrorista.

Al respecto ha señalado que hasta el propio PP ha indicado que "podría darse si ETA declarase su disolución, pero ya está disuelta como organización" por lo que no sabe "a qué está esperando".

Por último, se ha referido al diálogo político entre los partidos de Euskadi y ha indicado que en octubre del pasado año "había más diálogo político entre partidos que ahora, que después de la Declaración de Aiete". "No entiendo por qué, no tiene ningún sentido", ha opinado. De este modo ha emplazado a los partidos vascos a "mostrar liderazgo y dialogar entre ellos".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/21/paisvasco/1335029715_896021.html

El caso Gogorza: ¿humanitarismo o venganza?, por Mikel Buesa

El caso Gogorza: ¿humanitarismo o venganza?, por Mikel Buesa

Acercar por razones humanitarias a un preso de ETA al País Vasco para facilitar el tratamiento médico de las graves dolencias que sufre, no es aplicar ninguna medida de perdón ni puede ser interpretado como una claudicación.

Son pocas las ocasiones en las que la actualidad nos coloca ante un tema tan polémico como es el del tratamiento penitenciario de los reclusos gravemente enfermos que pertenecen a una organización terrorista como ETA. El caso Gogorza es una de ellas, no tanto por el hecho de que las autoridades del Ministerio del Interior hayan resuelto trasladar a este preso a la cárcel de Basauri, acercándolo al País Vasco desde su anterior destino en Sevilla, como por las reacciones políticas que ha suscitado el asunto.

Comencemos señalando que, de acuerdo con la legislación vigente en España, es prerrogativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la determinación del centro de reclusión en el que los penados deben cumplir las sentencias que les privan de su libertad. Es precisamente por este motivo, por el que es posible una política de dispersión de presos, aplicable a los condenados por terrorismo, cuya finalidad no es otra que la de rebajar el control que sobre ellos pudiera ejercer la organización a la que pertenecen. Así pues, las apelaciones que se suelen hacer desde las organizaciones encuadradas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco –también denominado Izquierda Abertzale– y, últimamente, desde el Partido Socialista y el Gobierno vasco que preside Patxi López, a un supuesto derecho de los reos de ETA a ser ubicados en una cárcel próxima a su domicilio o al de su familia, carecen de cualquier fundamento en el derecho español.

Y señalemos también que lo que en el caso Gogorza se discute no es la oportunidad de una política de acercamiento generalizado de los presos de ETA al País Vasco –que desde que Enrique Múgica, allá por los años finales de la década de 1980, ocupó la cartera de Justicia, ningún gobierno ha planteado en España–, ni tampoco los méritos de una política de reinserción de etarras arrepentidos –la llamada vía Nanclares– que, por cierto, he tenido ocasión de analizar ampliamente, para destacar sus inconvenientes jurídicos, políticos y morales, en un trabajo que publicó La Ilustración Liberal hace más de un año. No, lo que se ventila en este asunto va mucho más lejos, pues atañe al fundamento mismo de la sociedad democrática en relación con el papel del sistema penitenciario: ¿debe comportarse el Estado de una forma humanitaria también con los condenados por delitos terroristas o más bien debe ejercer sobre ellos la venganza en nombre de las víctimas de esos delitos?

La pregunta no es retórica y el caso de Aitzol Gogorza la ha puesto sobre la arena política. La autoridad penitenciaria ha resuelto que este preso, gravemente enfermo por un trastorno mental debidamente acreditado, al que hubo que aplicar el protocolo de prevención del suicidio, sea trasladado a una cárcel del País Vasco. Lo ha hecho en aplicación del reglamento penitenciario, donde se establece la posibilidad de un tratamiento especial para los reclusos con enfermedades graves incurables, tratamiento que puede llegar a su clasificación en el tercer grado, aunque esto último ni siquiera se ha planteado para Gogorza. Y lo ha hecho porque la norma establece esa posibilidad, para cualquier tipo de presos, cuando concurren "razones humanitarias y de dignidad personal".

Está claro, por tanto, que la voluntad de nuestros legisladores fue, en su momento, que el humanitarismo penetrara también en el ámbito carcelario y fuera un principio inspirador de la actuación de la administración penitenciaria sobre todo tipo de reclusos, sin que operaran distinciones en función de los delitos que éstos hubieran cometido.

Sin embargo, al saltar la noticia del caso Gogorza, estando en la sede de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha descalificado la actuación del Ministerio del Interior al señalar su oposición al traslado del etarra y, más en general, al destacar que "nunca" apoyará el acercamiento de presos enfermos de ETA a las cárceles vascas, ni siquiera de los "muy graves" o "los que estén en estado terminal". Cabe deducir, por tanto, de las palabras de esta dirigente de las víctimas que, para ella, el principio humanitario no debiera ser aplicado a los terroristas. No creo excederme si señalo que unas declaraciones así evocan una cierta aspiración de venganza en lo que al cumplimiento de las penas por parte de los etarras se refiere.

Humanitarismo y venganza parecen ser los dos conceptos extremos que concurren en la valoración del caso Gogorza. Dos conceptos antagónicos que conducen a soluciones diametralmente opuestas y, por consiguiente, a políticas penitenciarias también enfrentadas. La adoptada por el Ministerio del Interior, atenta a lo regulado por el legislador, se inspira en la concepción moderna del papel de las penas carcelarias. Recordemos la doctrina que ya en el siglo XVIII formuló Cesare Beccaria: "El fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer el delito ya cometido. El fin no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a los ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros delitos iguales". La de la venganza, por el contrario, se aparta del derecho y propugna un tratamiento excepcional situado más allá de la dureza que implica el régimen carcelario previsto en la ley. Y se aparta también del sustrato doctrinal sobre el que nuestro sistema democrático ha asentado el tratamiento penal del terrorismo, pues si de algo puede dar lecciones España en este terreno es de haber recurrido a la ley ordinaria –y no a los regímenes de excepción– para luchar contra las organizaciones armadas que pretenden subvertir el orden constitucional.

Acercar por razones humanitarias a un preso de ETA al País Vasco para facilitar el tratamiento médico de las graves dolencias que sufre, no es aplicar ninguna medida de perdón ni puede ser interpretado como una claudicación frente a la organización terrorista a la que ese recluso pertenece. Es, sencillamente, un caso especial previsto en las leyes penales y penitenciarias que ahora están en vigor; unas leyes que, construidas a lo largo de un proceso a veces azaroso y en el que no han faltado las ocasiones inicuas, nos han permitido a los españoles alcanzar finalmente la justicia en el tratamiento del terrorismo. Es cierto que a quienes hemos sido víctimas de éste, singularmente cuando los delitos cometidos han sido irreparables, ni siquiera la justicia puede restaurar el daño causado. Pero ello no autoriza a que, como dijo una vez Jean Améry, la solución a nuestro "conflicto irresuelto" con quienes causaron nuestra desgracia "pueda consistir en una venganza que sea proporcional al sufrimiento padecido". De ahí que, utilizando la expresión del escritor austríaco, "la reivindicación moral de nuestro resentimiento" como víctimas no pueda ser otra que la una reclamación permanente de la justicia a través de la ley y sólo a partir de ella.

http://www.libertaddigital.com/opinion/mikel-buesa/el-caso-gogorza-humanitarismo-o-venganza-64042/

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Burundi y la indefensión ante la crisis alimentaria

Burundi y la indefensión ante la crisis alimentaria

 

Sin duda, todos y todas hemos leído en los últimos meses acerca del espectacular aumento del precio de los alimentos. Todo el mundo sufre las consecuencias pero ¿cuál es el significado real de esta situación para un país como Burundi, donde 8 de sus 9 millones de habitantes viven con menos de 1 euro y medio al día?

En Burundi, más del 90% de la población vive de la agricultura y la ganadería, pero ya no hay más tierras. Sólo queda un 5,9% de superficie forestal y la producción agrícola por habitante ha caído en los últimos diez años un 23%. En el último año, el precio de los combustibles ha subido un 48%, mientras que los salarios sólo lo han hecho un 7%. En el mercado de la capital, las alubias (única fuente de proteínas para buena parte de la población) han subido un 50% y el arroz un 33%. La situación se ha vuelto tan grave que alrededor de un 20% de las familias rurales se han visto obligadas a consumir las semillas destinadas a la siembra.

¿Cuáles son las consecuencias en el día a día de estas cifras? Obvias pero dramáticas: la gente en Burundi pasa hambre. Pero no se trata del hambre coyuntural causado por guerras o desastres naturales, a la que África nos tiene tristemente acostumbrados. Se trata de una malnutrición estructural y generalizada, porque la mayoría de la población, sencillamente, ya no puede comprar la comida que necesita. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de marzo de este año, 7 de cada 10 hogares de Burundi tienen dificultades para consumir una comida al día, y en 2 de cada 10 se pasan días enteros sin comer.

Los alimentos suponen el 17% del total de las importaciones del país, pero en el actual contexto de precios esto resulta insuficiente. El problema se agrava porque Burundi apenas cuenta con divisas. No hay petróleo, ni minas, ni turismo, ni nada que proporcione los dólares necesarios para comprar fuera la comida que el país no produce. Según la FAO y el Ministerio de Agricultura de Burundi, las necesidades de entre 1.370.000 y 1.185.000 personas, dependiendo de cómo vaya la cosecha, no van a poder ser atendidas.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Por una parte, tenemos las circunstancias particulares y especialmente desafortunadas de Burundi: diez años de guerra civil, gran densidad de población, falta de fuentes de divisas pero a estas circunstancias locales se suman otras globales que están afectando a toda África.

Durante las dos últimas décadas, las políticas oficiales de desarrollo, impulsadas por instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, han dejado de lado la agricultura. Se suponía que había que invertir en sectores más productivos y que ya se encargarían los excedentes de otros países más 'eficientes' de alimentar a los africanos. Sólo se apoyaron cultivos de exportación que aportasen divisas a unas economías que tenían que competir en un mercado global. El término 'agricultura de subsistencia' era casi despectivo entre las grandes instituciones financieras. No generaba divisas, no era globalizable, y no parecía importar demasiado que tuviese la nada despreciable virtud de dar de comer a la gente.

Pero la terca realidad se ha empeñado en desmontar esos impecables postulados teóricos. A nadie se le ocurrió pensar que esos países más eficientes pudiesen decidir vender sus excedentes agrícolas al mejor postor, que evidentemente no es africano, o convertirlos en combustible. Por otra parte, parece que no ha sido una gran idea dejar que el mercado regule los precios de los alimentos y que estos se hayan convertido en productos especulativos como el oro o las hipotecas basura.

Y ahora nos encontramos con que países como Burundi se encuentran al borde del abismo, entendido éste como explosión social en forma de revueltas del hambre o de flujos migratorios incontrolados. La gente no se va a quedar sentada pasando hambre y los disturbios que ya han tenido lugar en otros países africanos pueden no tardar en llegar. Según la delegación de la FAO/PAM en Burundi, «se impone una acción de gran envergadura en favor de la producción agrícola. De otra forma, el país se encontrará en una situación de inseguridad alimentaria creciente que corre el riesgo de desencadenar una crisis social de graves consecuencias». Parece ser que lo peor aún no ha llegado para los países indefensos como Burundi. Claro que quizás ahora no estarían tan indefensos si algunas instituciones internacionales, al amparo de sus «incuestionables» recetas para el desarrollo, no se hubiesen encargado antes de desarmarles.

 

JOSÉ LUIS ROJO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL-ÁFRICA. ALBOAN

El Correo, 25 de mayo de 2008

España: Preocupación ante la reforma de la ley de Libertad Religiosa

España: Preocupación ante la reforma de la ley de Libertad Religiosa

 

Reacciones al anuncio del gobierno

 

MADRID, sábado, 10 mayo 2008 (ZENIT.org).- El anuncio el 8 de mayo, por parte de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de las "reformas consensuadas" que pretende llevar a cabo el Gobierno español ha causado "inquietud" en varios sectores católicos, que sospechan que se trate más bien de una estrategia de "imposición del laicismo", que acabaría recortando "el derecho a la libertad de conciencia" de los católicos en muchas cuestiones controvertidas.

 

Entre las reformas que pretende llevar adelante el Gobierno, y que se anunciaban en el programa electoral socialista, como Zenit anticipó (Cf. 11 de marzo de 2008), está la de la Ley Orgánica de Libertad religiosa, la revisión de la ley de despenalización del aborto, así como la introducción de la Ley de Igualdad de Trato.

 

María Teresa Fernández de la Vega explicó en rueda de prensa después del Consejo de Ministros del 9 de mayo: "la España de hoy es más diversa y plural que hace una década" y, tras 28 años de la Ley de Libertad Religiosa, "se ha de ajustar a la nueva sociedad". "Hay que proteger todas las creencias; las de los católicos, musulmanes, judíos, evangélicos, y también las de los que no creen", añadió.

 

Reacciones

 

Aunque la vicepresidenta afirmó que la reforma "no está pensada contra nadie, sino para amparar y cobijar a todos", y descartó que vaya a haber confrontación con la Conferencia Episcopal, lo cierto es que el anuncio ha sido acogido con euforia por unos y preocupación por otros.

 

Mientras los periódicos y sectores de izquierdas saludan la reforma e incluso exigen un nuevo concordato que "elimine los privilegios de la Iglesia católica", el Partido Popular se desmarcó de la propuesta, insistiendo en que un debate sobre la laicidad "no es lo que el país necesita en estos momentos de crisis económica".

 

Más contundente ha sido la respuesta del partido Convergència i Unió (CiU), cuyo secretario general, el democristiano Duran i Lleida, afirmó que se opondrán a la reforma. "El Gobierno no puede sustituir la laicidad del Estado por un laicismo que promueva reducir el factor religioso al ámbito privado, negándole todo espacio y toda expresión pública", afirmó. "Si lo que persigue es fomentar un laicismo que ni practica ni comparte la izquierda europea, nos encontrarán de frente".

 

Respecto a las instituciones religiosas no católicas, aunque no ha habido por el momento pronunciamientos oficiales, sus declaraciones en los medios han sido mayormente positivas, en la medida en que "suponga una equiparación de derechos entre todas las religiones".

 

Los católicos, preocupados

 

Aunque la Conferencia Episcopal Española no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, ni oficial ni de carácter informal, algunos obispos han manifestado a título personal su "preocupación". Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos, afirmó que espera que la reforma "consagre la libertad religiosa y no se convierta en un instrumento contra los seguidores de la fe mayoritaria en España".

 

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, afirmó que la Iglesia "debe hablar con libertad cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas o la salvación de las almas". "Las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno han de valorarse teniendo en cuenta que la comunidad política y la eclesial son independientes y autónomas en su propio campo", añadió.

 

Por su parte, el Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco, manifestó su "preocupación" ante lo que considera una "amenaza para la libertad ideológica y de conciencia". El Foro es el mayor impulsor de la objeción de conciencia contra la asignatura "Educación para la Ciudadanía", varios de cuyos casos están actualmente en los tribunales.

 

"En las últimas horas el PSOE de Madrid amenaza la libertad de conciencia de los médicos respecto a la dispensación de la píldora del día después (PDD), a la vez que el ministro Bernat Soria propone medidas restrictivas del derecho de objeción de conciencia médica frente al aborto y mientras el Ministerio de Educación y los Gobiernos Autonómicos socialistas siguen con su campaña de acoso y rechazo a los padres que plantean objeción de conciencia ante EpC".

 

"Con estos antecedentes, el anuncio de la vicepresidenta Fernández de la Vega de una nueva legislación sobre laicidad y libertad de conciencia sólo puede interpretarse como la voluntad política de restringir por ley la libertad ideológica y de conciencia de quienes no piensan como la mayoría parlamentaria", afirmó Benigno Blanco.

 

Igualmente, el presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, Marcial Cuquerella, afirmó que el pluralismo religioso y las garantías a la libertad de conciencia "están contemplados en la actual Ley Orgánica, concretamente en su artículo 7, en lo referido a los acuerdos Estado con otras religiones y en toda la ley en lo que se refiere a la pluralidad religiosa".

 

"Esto nos indica que, o bien la señora De la Vega no se ha leído la Ley, o bien la pretensión de una reforma para "seguir avanzando" en la laicidad esconde otros objetivos que deben ser declarados a todos los españoles", afirmó.

 

"Laicidad positiva"

 

El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino, analizó la cuestión para la agencia Veritas. Palomino consideró positivo, en principio, avanzar hacia "la mejora de las condiciones que enmarcan la convivencia pacífica en un país", aunque afirmó que este proceso debería producirse sin "dirigismo" por parte del Estado.

 

"Una reflexión de este tipo puede ser interesante, siempre y cuando sea una sincera reflexión y no sólo un trámite para cambiar un estable y pacífico marco jurídico de convivencia. Es decir: lo que no resultaría legítimo por parte del Gobierno es proceder con un consenso artificial a cambiar una ley con el fin de dar carta de naturaleza a un escenario público distinto, en la que en lugar de dar espacio público a los creyentes religiosos, se elimine tal presencia para que se encuentren cómodos los creyentes no religiosos", afirmó.

 

"Digo en ambos casos "creyentes" porque ambos grupos lo son. Y a ambos los protege la libertad religiosa. Pero la segunda opción, eliminar la presencia de la religión en el espacio público a favor de los creyentes no religiosos, genera una nueva forma de confesionalidad que propugna el laicismo", añadió el catedrático.

 

Para Palomino, el modelo al que hay que tender es al estadounidense: "el modelo norteamericano, que naturalmente englobaría también Canadá con su principio constitucional de multiculturalidad, parte de una actitud positiva hacia lo religioso. Mientras que la laicidad a la europea, más en concreto aquella que sigue el modelo francés, parte de una idea negativa de lo religioso, porque lo asocia al Antiguo Régimen, o a lo antidemocrático. Estados Unidos es una muestra gráfica de que la democracia y la religión pueden ser buenos compañeros de viaje".

 

Por Inmaculada Álvarez

 

 

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Cada año, 25.000 niños son inducidos por un progenitor a odiar al otro

Cada año, 25.000 niños son inducidos por un progenitor a odiar al otro

Algunos colectivos alertan del uso de este mal en los juicios como argumento por parte de maltratadores

 

Los expertos afirman que existe un aumento de casos del llamado síndrome de alienación parental

 

Unos 25.000 niños son inducidos cada año en España por uno de sus progenitores a odiar al otro sin que exista para ello más motivo que el conflicto entre marido y mujer trasladado a los hijos.

 

Cuando estos casos llegan al extremo, pueden desembocar en lo que los expertos han denominado síndrome de alienación parental, un tipo de maltrato psicológico que consiste en manipular la opinión del hijo sobre el otro padre para propiciar el rechazo.

 

Uno de los casos más dramáticos que se han documentado en España tiene por protagonista a un padre gallego, divorciado, y como víctimas a sus tres hijos, que han desarrollado un rechazo que les impide mantener con él contacto físico o verbal, entrar en su casa, comer su comida o compartir la misma mesa.

 

«En la determinación de las razones por las que los niños llegan a esa drástica decisión se encuentra, sin duda, la obra de un adulto que no puede ser otro que su madre, a la que veneran», reza la sentencia de divorcio, en la que la juez hace hincapié en que los niños mienten para perjudicar a su padre.

 

«El síndrome de alienación parental es el caso más extremo, cuando la presión psicológica es tan severa que los niños prefieren alinearse con uno de sus progenitores y rechazar al otro por una cuestión de supervivencia», explica José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo y referencia sobre esta materia en España.

 

«Estamos hablando de una situación impuesta sin causa justificable -añade-. No existe el síndrome si el progenitor rechazado es un maltratador, un borracho... si hay razones objetivas para ello».

 

Según este especialista, autor de libros como El síndrome de alienación parental y Con mamá y con papá , los hijos son manipulados en un tercio de las separaciones contenciosas, lo cual supone casi 18.000 de las ocurridas en España en el 2007 y afecta a más de 25.000 niños al año. Los casos, según él, van en aumento, especialmente desde la reforma de la ley del 2005, que ha hecho que muchos divorcios amistosos acaben en contenciosos.

 

Recientemente, jueces, abogados, psicólogos, médicos y educadores crearon la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales, cuyo objetivo es mejorar la protección de los menores en los procesos de separación.

 

Pero existen también voces discrepantes y colectivos que se han posicionado en contra del reconocimiento de este síndrome y de su uso como prueba en los juicios. Uno de ellos es la Federación de Mujeres Progresistas. «Hay que tener cuidado con este mal llamado síndrome que no tiene base científica», explica su presidenta, Yolanda Besteiro, que alerta del peligro de que en los casos de violencia doméstica esto pueda servir como argumento a un maltratador para separar a los niños de la madre.

 

Aguilar Cuenca argumenta que, «aunque solo el 3% de las custodias son para los padres, el 20% de los afectados por el síndrome de alienación son madres que tienen la custodia. La mala leche no tiene sexo».

 

Carlos Gayoso, psicólogo de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados, asegura que para evitar estas situaciones «lo importante sería que hubiera una mediación desde el principio y una custodia compartida

 

Catedrática de Psicoloxía Xurídica de Vigo: «Lo más importante es ayudar a los menores» entrevista Francisca Fariña

 

Francisca Fariña asegura que definir y detectar el síndrome de alienación parental «no es una guerra de sexos», sino un intento por proteger a los niños.

 

-¿Qué aspectos definen este síndrome?

-El rechazo, incluso el odio, a un progenitor sin causa real, propiciado por otra persona, con independencia del género.

 

-Hay quienes niegan que tenga base científica y médica.

-Yo también considero que la alienación parental no es una cuestión médica ni clínica, aunque pueda tener implicaciones clínicas, sino que es un proceso complejo de carácter psicojurídico. En cuanto a la denominación de síndrome o no, considero que esto es lo menos relevante. En realidad, lo único importante es ayudar a los menores a los que se priva del derecho de mantener una relación positiva con ambos progenitores, que puede alcanzar la dimensión de un fuerte maltrato psicológico.

 

-¿Se debe evaluar solo a los niños o a todos los implicados?

-De ninguna manera se puede establecer la existencia de alienación parental sin evaluar a ambos progenitores y a los hijos. Incluso, en ocasiones, es preciso extender la evaluación a nuevas parejas y a otros familiares, entre los que destacan los abuelos. De esta forma, un psicólogo jurídico, cuando no evalúa a ambos progenitores y a los hijos, no dispone de datos suficientes para sostener la existencia de alienación parental; a lo sumo, solo estará en condiciones de concluir que hay indicios y, por tanto, recomendar al juez o tribunal una evaluación forense de esa familia.

 

-¿Aceptar su existencia puede servir de argumento a los maltratadores para solicitar la custodia?

-Yo diría que puede servir para que algún maltratador pueda justificar el rechazo de sus hijos, e incluso motivar alienación parental para solicitar la custodia. Sin embargo, nunca sería fructífero si los equipos técnicos de los juzgados tienen la formación necesaria para poder evaluar la violencia familiar, la violencia de género, el abuso sexual y la alienación parental

 

 

 

TESTIMONIO

 

«''Mamá dice que eres malo, pero eres bueno'', me dijo mi hija»

 

Un gallego con tres hijos afectados Darío (nombre supuesto) vive un drama cada fin de semana cuando acude puntual a visitar a sus tres hijos, que residen con su madre.

 

Ellos, dos adolescentes y una niña pequeña, hace tiempo que dejaron de hablarle, de mirarle o de mantener cualquier contacto con él.

 

Salen del portal cogidos de la mano, llevando en el medio, protegida, a la menor. Las visitas paternas se reducen a un breve paseo por las calles durante el cual el padre es el único interlocutor.

 

«Camino detrás, les recuerdo que yo los quiero igual y sin condiciones, que no se preocupen por mí; a la niña pequeña le hago bromas, les recuerdo cosas divertidas del pasado», dice Darío, un gallego que se divorció hace dos años.

 

La sentencia considera acreditada la existencia de un síndrome de alienación parental en estos tres menores. «Los dos niños mayores venían al juicio con la lección aprendida y así lo hicieron repitiendo ambos casi con las mismas palabras que si no querían estar con su padre era porque este les abandona en la calle, les encierra en casa, les insulta y les pega...», escribe la jueza, para afirmar que ninguno de ellos fue capaz de explicar de forma coherente cómo y cuándo se cometían las agresiones.

 

Más revelador fue el testimonio de la preescolar refiriéndose al padre como «ese sinvergüenza». «Al principio ella me hablaba, y los mayores le reñían. ''Mamá dice que eres malo, pero tú eres bueno'', me dijo mi hija con 3 años», cuenta. Ahora tampoco ella le habla para evitar la reprimenda, solo le hace gestos de complicidad a escondidas.

 

El drama empezó cuando el matrimonio vivía bajo el mismo techo. «Un día la niña mayor fue obligada a retirar mi plato de comida de la mesa ?-recuerda-. Luego empezaron a evitar salir a la calle conmigo. Los iba a buscar al colegio y dejaron de subir al coche, dejaron de comer la comida que enviaban mis padres por si tenía algo malo...».

 

El padre asegura que su preocupación son los niños, únicas víctimas de esta situación: «Veo a mi hijo mayor muy triste y lo he visto sufrir, haciéndome gestos que manifestaban algo distinto a lo que me podía decir. Ellos buscan su supervivencia; tienen que volver a casa y no pueden desobedecer. No son libres».

 

Darío se refugió en escribir un diario en el que dejó constancia de la evolución de sus hijos cada fin de semana, un documento que pone a disposición de cualquier experto interesado. Desde hace un tiempo ha dejado de escribir, porque ya no tiene nada nuevo que contar. «Es siempre lo mismo, camino detrás de ellos y ellos siguen sin hablar».

 

Beatriz Pallas

La Voz de Galicia, 16/4/2008

 

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