PP, PSOE y PNV cierran un acuerdo en el Congreso para que Rajoy adapte la política antiterrorista al escenario sin violencia y dejan sola a UPyD

P. DE LAS HERAS / J. SAINZ | MADRID / SAN SEBASTIÁN

a) exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional.

b) reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista.

c) favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.

Mariano Rajoy ya cuenta con el aval de todas las fuerzas políticas del Congreso, a excepción de UPyD y Amaiur, para adaptar su política antiterrorista al escenario abierto con el comunicado en el que ETA anunció el cese definitivo de la violencia. No es un texto con valor normativo, ni siquiera una resolución que le habilite formalmente a seguir una dirección determinada para consolidar la desaparición del terrorismo, pero sí es un acuerdo político sin precedentes, respaldado por PSOE, PNV y CiU, entre otros, que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tildó de «extraordinariamente importante».

De hecho, es el primer acuerdo de calado en esta materia entre populares, socialistas y peneuvistas. No fue posible en 1998 en Lizarra, en el pacto entre abertzales, ni en 2000, en el Pacto Antiterrorista al que no se sumó el PNV, ni tampoco en el proceso de paz de 2006, donde el PP no apoyó al Gobierno de Zapatero. La izquierda abertzale es la única de las cuatro grandes fuerzas vascas que ha quedado fuera del acuerdo, y acusó a las otras tres de excluirle.

Los populares, especialmente los vascos, buscaban desde hace tiempo una pista de aterrizaje para apuntalar el discurso de «inteligencia, prudencia, discreción y unidad» que hace días planteó el propio ministro y que fue recibido por algunos sectores de su propio partido, pero también por UPyD, con indignación. Fue la moción que el grupo de Rosa Díez quiso someter a votación de la Cámara, en la que se instaba a iniciar ya el proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur, lo que sirvió finalmente de catalizador para un consenso básico entre el resto de las fuerzas del arco parlamentario. PSOE y PNV, partidarios de que el Gobierno de Rajoy, sea «más audaz» se brindaron enseguida a facilitar a los populares un asidero desde el que, esperan, el Ejecutivo comience en el futuro a dar nuevos pasos, por ejemplo en materia penitenciaria, aspecto disimulado en el histórico acuerdo de ayer bajo la fórmula de «favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores del Estado de Derecho».

Diálogo

Los principales grupos, salvo Amaiur y UPyD, se sumaron al texto, nacido a instancias de un primer acuerdo de PSOE, PP y PNV alternativo a la moción de Rosa Díez. Los tres partidos firmaron una enmienda de sustitución en la que se constata que el cese de la violencia de ETA es una «victoria» del Estado de Derecho. Además, se insta al Ejecutivo a mantener el diálogo con los gobiernos vasco y navarro para exigir a ETA su «disolución definitiva e incondicional», reforzar el compromiso con las víctimas y «favorecer los esfuerzos» para una convivencia sustentada en los valores democráticos. Y, por último, se hace un llamamiento a seguir velando por el «cumplimiento estricto de la ley» y la persecución de conductas contrarias al ordenamiento jurídico. El PNV cree que el texto se queda corto, pero lo da por bueno porque entiende que abre la puerta al PP para ir de la mano en la gestión flexible del nuevo tiempo.

Efectivamente, el documento -que finalmente ni siquiera llegó a votarse porque no fue aceptado por UPyD, la proponente de la moción original- es tan importante por lo que dice como por lo que calla. Y sirvió para dar un portazo a la posición de UPyD, cuyos cinco diputados se quedaron solos en la votación para promover la ilegalización de las coaliciones de izquierda abertzale. Amaiur se abstuvo.

Ni una sola fuerza del Congreso cree que existan argumentos jurídicos que permitan ilegalizar a Bildu y Amaiur. Todas acusaron a Díaz de buscar protagonismo y pisotear, a costa de su propio lucimiento, la necesaria unidad en materia antiterrorista. «Es muy fácil salir a esta tribuna a sobreactuar haciendo demagogia -reprochó el portavoz del PP en el debate, Leopoldo Barreda-; ustedes saben que no es posible actuar como piden sin dar bazas a aquéllos que pretenden combatir». Ramón Jáuregui (PSOE) incidió en estas críticas y avisó de que actualmente no hay ninguna base jurídica que avale ninguna acción legal contra Amaiur y Bildu.

El ministro del Interior, que compareció ante los medios, puso, además, sobre la mesa las últimas detenciones de presuntos miembros de la banda, en un intento de frenar las críticas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El discurso de firmeza sigue, pues, vigente. Pero los populares ya hablan abiertamente de nuevo tiempo. Aunque el término no apareciera en el texto pergeñado, sí está en su espíritu. De hecho, durante su presentación, el portavoz del PP en el Congreso, el vitoriano Alfonso Alonso, se refirió a él como «un consenso importantísimo de cara a esta etapa que estamos viviendo de (esperemos) el final de la violencia».

Negociación

El acuerdo no fue fácil. El PSOE llegó a la conclusión, la semana pasada, de que había llegado el momento de echar un cable al Gobierno y se ofreció a escenificar la unidad de esta manera, como adelantó en exclusiva este periódico. Pero aunque la voluntad de ambas partes estaba fuera de duda, durante la tarde del lunes fuentes socialistas daban casi por imposible la consecución de un texto común. El secreto del desbloqueo, según los socialistas, radica en que por primera vez se reconoce que «el 20 de octubre el comunicado de ETA puso fin al terrorismo».

Fuera del pacto sólo quedan UPyD, que aun así dio muestras de aceptar su contenido al intentar incorporarlo como enmienda de adición (que no de sustitución) a su propio texto, y Amaiur, que lo criticó por «excluyente» y por «ahondar en el esquema de vencidos y vencedores». Errekondo centró sus ataques en el PNV, al que acusó de «alinearse con la estrategia del PP». Fuentes de Amaiur reconocen, sin embargo, que, vistas las posturas previas del PP, el acuerdo es «positivo». El jeltzale Aitor Esteban denunció que UPyD y Amaiur «se alimentan mutuamente».

SOBRE LA GESTIÓN DEL FINAL DE ETA

1 Constata que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo por las libertades, la unidad de las fuerzas políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la ley, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la cooperación internacional, todo lo cual constituye la mejor evidencia de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA.

2 Insta al Gobierno a mantener el diálogo con el Gobierno Vasco, con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas democráticas, promoviendo la máxima unidad de acción para:

3 Insta al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos..

http://www.diariovasco.com/v/20120222/politica/consenso-precedentes-para-final-20120222.html