NEGOCIACIÓN CON LAS MARAS: ¿SOLUCIÓN CORRECTA?

Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

El Gobierno ha negado insistentemente, estar negociando con las Maras  y,  el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, General David Munguía Payés, expresa: “nuestro Gobierno no tiene como política sentarse con pandilleros, ni con criminales, ni con terroristas a discutir los temas de violencia”. Pero a continuación agrega: “Generamos los espacios para que la Iglesia Católica y la sociedad civil pudieran desempeñar ese rol y ver si podían ellos detener esa guerra entre las pandillas”. Lo cual constituye a Monseñor Colindres, Mijango y Munguía Payes, como Embajadores o emisarios ante la Mara, del Gobierno, no obstante que, públicamente, se insista en negar dicha negociación y aceptar tal calidad.

El hecho de que el Estado de El Salvador, ha recurrido primero, a la fuerza  de Seguridad Pública,  después a su Fuerza Armada y, por último, a la negociación; es prueba de que ha fracasado en una de sus principales misiones: mantener la paz pública y que prevalezca la ley en el territorio nacional por sobre cualquiera otra voluntad y esto, sin importar la causa o causas del fracaso: legales, judiciales, de presupuestos, cooperación institucional, estratégicas, tácticas y operativas. La proliferación de las Maras, primero en los Estados Unidos, luego en El Salvador, y después en otros países latinoamericanos, ha obligado al Estado de El Salvador a iniciar negociaciones bajo una concepción criminológica positivista y, solicitando la cooperación de la OEA en ese sentido, buscando un ambiente político internacional, que le sea ventajoso y, no un trato directo con los Estados Unidos, en donde, su Gobierno, considera a las Maras, como un problema de criminalidad internacional y por consecuencia, de Seguridad Nacional y Hemisférica

La OEA,  por medio de su Secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell – diplomático canadiense- afirma que la estrategia de “mano dura”, no ha dado los resultados requeridos, por lo cual, es necesario, para resolver el problema, que haya un “consenso nacional”,  que logre la reinserción de los pandilleros a la sociedad. Bajo este contexto, se ve que la OEA ve el problema de las Maras, como un conflicto entre dos poderes  y no, del Estado contra el delincuente que viola la ley. Esto es por que el conflicto de poderes, implica un acuerdo interno de paz entre las partes (Gobierno y Maras), con el aval de la comunidad internacional, mientras que si lo viésemos como un problema estrictamente delincuencial, tendría que tratarse por medio de políticas criminológicas, aplicables al delincuente, sin que éste participe en la planeación y discusión del problema, pues está sujeto a la soberanía del Estado, y el delincuente carece de derechos políticos necesarios y, esto último, es lo que verdaderamente ve y siente el ciudadano salvadoreño.

Los analistas del problema de las maras (pandillas) en los Estados Unidos, reunidos en Washington, vieron claro que, la solución al problema: es la “reinserción” del pandillero a la sociedad del país donde habita, lo cual implica el pleno sometimiento del individuo a la ley  y a la autoridad que la representa. Debe el pandillero reinserto, tener el convencimiento de que su sometimiento a la ley, es la mejor condición de vida y la mejor manera de relacionarse con los demás seres humanos. Pero los analistas están consientes,  de que las Maras saben que poseen un poder (físico y económico) y que éste, puede ser usado como factor de negociación, lo cual significa un riesgo, pues no se puede reinsertar a las Maras, como grupos, sino a individuos. Pues de lo contrario, existiría un peligro para la sociedad, pues existirían dos poderes sujetos a un equilibrio: el de las Maras y el del Gobierno, lo cual se plantea veladamente el la figura de los “Municipios Santuarios”.

El  la reinserción de las Maras, como grupo, implicaría tres peligros: primero, la legitimación de grupos delincuenciales, segundo, la existencia de un poder paralelo al del Estado, cuyo equilibrio fácilmente podría romperse en detrimento del Estado y, tercero, que la economía nacional, tendría una nueva carga, la cual tendría que ser forzada por el Estado, y el ciudadano común, tendría que cumplir con la Mara y con el Estado, lo cual derivaría en un conflicto de proporciones inimaginables, pues habría una disociación cultural.

Esto nos obliga a considerar algunos aspectos criminológicos de las Maras. Los inmigrantes salvadoreños que no pudieron o quisieron adaptarse a las normas de vida norteamericana, se agruparon con el propósito de resolver los problemas que el ambiente les presentaba. Así aparecieron las pandillas de la calle 13 y la calle 18, en la Ciudad de los Ángeles.

El conflicto armado en El Salvador, de los años 80´s, que provocó tal migración, no es responsable de los 8,000 pandilleros existentes en los Estados Unidos, pues estos,  son una ínfima parte de los casi dos millones de salvadoreños  (residentes legales e ilegales, ciudadanos norteamericanos  por naturalización o nacimiento) que existen en los Estados Unidos. La visión de los Homies Unidos (agrupación de pandilleros que pretende la reinserción o socialización de los mismos mediante la explicación de su condición) dice: “La violencia económica, social y política, todo ello contribuye a un ciclo de violencia que ocurre con los individuos, las familias y las comunidades. Homies Unidos reconoce que este ciclo de violencia no es la enfermedad en sí, sino un síntoma de las grandes desigualdades sociales, culturales y económicas que se producen a nivel local como global. Si tratamos tanto el síntoma y la causa de la enfermedad, entonces es posible crear una sociedad sana apacible.”

Esta explicación de la razón de pertenencia a la pandilla, queda desvirtuada por dos razones: la relación de salvadoreños que han adoptado la forma de vida norteamericana: en Estados Unidos por cada 250 salvadoreños honrados existe un pandillero y, si vemos esta relación en El Salvador,  encontramos que por cada  183.33 personas honradas existe un pandillero. Y si para terminar, contabilizamos que en los últimos siete años, las Maras han dado muerte a 29,000 personas, un número mayor que las ocasionadas durante el conflicto armado en igual tiempo, podemos concluir que son una fuerza que ha rebasado el poder del Estado, pero que por su naturaleza anti social, es imposible conciliar su visión, con la del ciudadano común.

Otro punto a destacar, es que con la idea de los Homies Unidos, surgen nuevas estrategias delincuenciales: la primera es la del uso de la protección que da la ley a grupos sociales, con la finalidad de evadir la aplicación de la misma ley, porque tenemos la utilización de menores para sicariato y, de los mismos, en acciones criminales de la pandilla, contra la sociedad (realización de extorsiones, cobro de las mismas, ubicación de personas y acciones de inteligencia) y en los casos de que los menores fuesen ineficaces, emplear a personas de la tercera edad, para tales labores, obligándolas por medio de la amenaza, a realizar actos contra su voluntad. Además, incursionan en el tráfico de drogas, armas y personas, con la finalidad de obtener mayores utilidades y dominio constante sobre los territorios donde se encuentran.

Este nuevo proceder de las Maras, es contrario a lo establecido en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la trata de personas), complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Y últimamente tenemos Las Consideraciones en Materia de Trata de Personas desde la perspectiva del Derecho de los Refugiados y el Mandato del ACNUR (Segunda Reunión de Autoridades Internacional Nacionales en materia de trata de personas (OEA) de marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina). Esta normativa internacional pretende evitar que personas vulnerables (menores, mujeres y ancianos) sean substraídos de la protección que les debe la autoridad de cada país, y que queden en desamparo, siendo aprovechada su vulnerabilidad, por personas que en ellos ven una forma de lucrarse o evadir la ley.

También hay  que destacar que la práctica de exigir “renta” (extorsión o protección), ocasiona que la persona que no tiene la capacidad de pago, para preservar su vida,   migra internamente o, hacia otro país, por lo cual debe de considerarse, tal migración, como  forzada, la cual junto al hecho de entrenar y proporcionar armas a menores para sicariato, constituye actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario y señalados como delitos de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.

La actitud del marero o pandillero, constituye una filosofía de vida, la cual se  ve reforzada por su entorno dentro de la mara, pues existe una dependencia de vida, en todos sus aspectos, hacia la misma, lo que hace extremadamente difícil, que éste, el marero, la abandone, pues a la salida de la mara, se le aplica la pena de muerte. Una negociación con las cúpulas de las estructuras pandilleriles, refuerza la estructura y cohesión de la misma.

 

La discusión no es si el pandillero, como persona, puede o no,  ser reinsertado dentro de la sociedad, pues está claro que, si abandona la pandilla, acepta la convivencia social normal, será aceptado por la sociedad misma, pero la cuestión es que la propuesta de la pandilla, es que se les acepte como grupo, y esto se ve claramente, cuando los delegados del Gobierno, General David Munguía Payes, Monseñor Colindres y Raúl Mijango, se hacen eco de la propuesta y proponen la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, con la cual se pretende combatir a las “maras” y grupos ilegales armados, así como a quienes las financian. Esta ley, dentro de un contexto estrictamente práctico, adolece  para su aplicación, del problema de que es necesario probar que se pertenece a las Maras, pero con una negociación como la que se está dando, la ley tiene que aplicarse. Esta ley, es para combatir la estructura delincuencial de la misma, pero aún así, permite que el pandillero sea reinsertado en la sociedad, si es su voluntad y llena las condiciones requeridas.

Este impedimento legal para que el Gobierno continúe con su plan de negociación, iniciado desde junio de 2009, involucrando a la OEA el 2010 y pretendiendo que es la nación en conjunto, la que lo pide, el 2012, es decir, que es un clamor popular, obliga a examinar todas las aristas de este problema, pues las Maras, ahora han visto que pueden obtener un beneficio de la sociedad, por sus actos delictivos, lo cual es inmoral y atentatorio contra los Derechos Humanos.

No puede admitirse una negociación con quien ofrece como única carta, la capacidad de cometer crímenes,  cuando existe una relación de 30,000 pandilleros contra 5,500,000 habitantes, privilegiando a los primeros por sobre los segundos.

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 10 de diciembre de 2012