A estas alturas no caben muchas dudas razonables de que el presidente Zapatero, con el apoyo casi unánime de su partido, sea por convicción o por miedo, y de todos los demás con excepción del PP, el único que conserva la cordura en este asunto, está dispuesto a enviar representantes a una mesa, llamada de partidos, cuya misión será pactar con ETA y los demás nacionalistas determinados cambios de las instituciones vascas con vistas a persuadir a los terroristas de que para conseguir sus intereses, aunque sean ilegítimos, les irá mejor «haciendo política» que pegando tiros y poniendo bombas. A eso le llaman «la paz», y conseguirla es la única justificación de los partidarios de la mesa de partidos, poco interesados en la libertad. Quizás sea oportuno, aunque sin duda poco útil, repasar algunas razones contrarias a la creación de la dichosa mesa extraparlamentaria. Razones que no tienen nada que ver con los intereses de los partidos, y que tampoco niegan a las instituciones parlamentarias cualificadas discutir en su momento los cambios constitucionales que haya que discutir. Pero en el Parlamento competente, no fuera y contra él, y todavía peor, por decisión de quienes están obligados a velar por su integridad.
Allá vamos: ¿qué razones pueden invocarse contra esa mesa en la que Zapatero parece depositar tantas esperanzas y otros vemos tantos peligros? Pues, por ejemplo, las doce que siguen:
1.- No es cierto que la mesa represente al conjunto de la sociedad vasca, sólo a los partidos que acepten sentarse en ella. Y los partidos no pueden arrogarse una representación que no han pedido, que no se les ha concedido y que por tanto no tienen.
2.- No es cierto que los partidos estén facultados para sustituir a capricho las instituciones representativas, como los parlamentos y las propias elecciones, por otras provisionales o de fortuna, como una mesa totalmente irregular donde puedan pactar sin luz ni taquígrafos la modificación del sistema democrático a espaldas de la ciudadanía y suplantando su voluntad soberana, expresada en las elecciones.
3.- No es cierto que sea una iniciativa desinteresada de paz, es una exigencia de ETA planteada en términos de ultimátum: o hay mesa o vuelven los atentados mortales.
4.- No es cierto que la mesa permita por primera vez a la sociedad vasca expresar libremente cualquier proyecto político. No sólo porque en la mesa no habrá ningún representante electo de los ciudadanos, sino sobre todo porque los únicos que no pueden expresarse con entera libertad son las personas amenazadas por ETA. Justificar esa mesa como un foro de diálogo plenamente libre implica aceptar que las instituciones democráticas no lo son tanto y no representan a toda la sociedad vasca, es decir, significa reconocer que ETA tiene razones para existir.
5.- No es una vía alternativa para la solución de problemas, sino que la mesa es un problema en sí misma porque vulnera las reglas elementales de la democracia, como la de que sólo los representantes debidamente elegidos, y para un mandato limitado en tiempo y ámbito, pueden deliberar y tomar decisiones en nombre de sus electores. Nadie ha facultado a los partidos para que decidan nada en una mesa, ignorando los mandatos electorales.
6.- No es simplemente un foro de partidos, es un sustitutivo del Parlamento. Y si en los parlamentos son corrientes las reuniones previas entre los partidos con representación parlamentaria para acercar posturas o preparar acuerdos, razón de más para no crear mesa extraparlamentaria alguna. Todo lo aceptable que pueda hacer legalmente esa mesa es competencia parlamentaria. Y todo lo que vaya a hacer que sea imposible en un Parlamento, como legalizar de hecho a Batasuna, es ilegítimo en cualquier caso.
7.- No es una iniciativa desinteresada para buscar un arreglo inclusivo, sino un contubernio entre políticos profesionales que ponen intereses de gremio y de partido por encima de la democracia: un nuevo reparto de la tarta.
8.- No es un modo de acercar a Batasuna a la aceptación del juego democrático, sino una vulneración descarada de ese juego para modificarlo según las exigencias de Batasuna.
9.- No es una mano tendida a los violentos para que acepten la política, sino una violación de la política democrática para contentar a los violentos.
10.- No es un método práctico para complementar los posibles esfuerzos mediadores de otros foros como el Parlamento de Europa, sino que representa una completa incongruencia con la decisión de llevar a Bruselas la deliberación sobre el final del terrorismo mientras ese debate se sustrae al Parlamento vasco, invitado de piedra en este juego de tramposos.
11.- Estas críticas no son fundamentalistas, sino una advertencia contra la tentación de ceder privilegios a los fundamentalistas antidemocráticos de ETA y del nacionalismo obligatorio, que pretenden abrir un proceso constituyente irregular en su exclusivo beneficio.
12.- Quienes pensamos así no rechazamos la mesa por que nos obsesionen las minucias de procedimiento, sino porque en las sociedades democráticas, donde los valores e ideas son tan distintos e incluso divergentes, lo único sagrado e intocable son, precisamente, los procedimientos y normas básicas del Estado de derecho que acepta la gran mayoría sobre la base de que sean iguales para todos.
El precio implícito
Y no voy a extenderme. Doce «noes» bastarían para quien quiera tomarlos en consideración o, al menos, discutirlos. Cosa que, por supuesto, no ocurrirá en ningún caso. La mesa de marras se constituirá, y ocurrirá una de estas dos cosas: que sirva finalmente para desarmar a ETA, pero al precio de legitimar el terrorismo como un método aceptable, eficaz para forzar el cambio de las instituciones, o bien ETA despreciará los acuerdos que puedan alcanzarse, con lo que, además de no haber servido para nada práctico, la mesa habrá conseguido el efecto adicional de desacreditar la democracia, mostrando que el principio según el cual las mismas leyes y normas rigen para todo el mundo, no rige en cambio para quienes hayan matado lo suficiente.
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN
ABC, 4 de octubre de 2006
