GRUPOS TERRORISTAS QUIEREN UNA "BOMBA SUCIA RADIACTIVA"

En los últimos cuatro años, el decomiso de material radioactivo susceptible de convertirse en una "bomba sucia" se ha duplicado en los últimos cuatro años. Según revelan datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), desde esa fecha se han practicado más de trescientas detenciones de contrabandistas. El periódico británico The Times publica en su última edición que la mayor parte de esas detenciones se han producido en Europa. Destaca que el año pasado, los servicios de seguridad occidentales, incluidos los británicos MI5 y MI6, frustraron dieciséis intentos de contrabando de plutonio o uranio.

 

En su última edición, el periódico británico The Times informa que el decomiso de material radiactivo susceptible de convertirse en una "bomba sucia" en manos terroristas se ha duplicado en los últimos cuatro años. Desde esa fecha, más de trescientas personas fueron detenidas más de trescientas personas.

 

Datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el año pasado se registraron 103 casos de tráfico ilícito de material nuclear, treinta menos en 1996, 58 en el 2002, 90 en el 2003 y 130 en el 2004, añade el periódico. La mayor parte de esas detenciones se han producido en Europa, señala el periódico, según el cual la organización terrorista islámica Al-Qaeda está intensificando sus esfuerzos para conseguir una bomba radiactiva.

 

El año pasado, los servicios de seguridad occidentales, incluidos los británicos MI5 y MI6, frustraron dieciséis intentos de contrabando de plutonio o uranio. En dos ocasiones se registraron desapariciones de pequeñas cantidades de uranio muy enriquecido.

 

Según los expertos que han estudiado los hechos advirtieron que los contrabandistas están recurriendo a equipo de rayos X y a laboratorios médicos para obtener ilícitamente ese tipo de material. Los contrabandistas, que proceden en su mayoría de la Europa del Este, sólo están interesados en ganar dinero sin que les importe que el material caiga en manos de Al-Qaeda, destaca el diario.

 

The Times señala que la mayoría de las operaciones clandestinas contra ese tipo de contrabando se han mantenido en secreto para proteger las actividades de los servicios de inteligencia occidentales. Los rigurosos controles aplicados a los procesadores nucleares, gracias sobre todo a la cooperación de Rusia, han limitado el acceso de los contrabandistas a material nuclear susceptible de uso militar, agrega.

 

Libertad Digital, 6 de octubre de 2006

 

 

Cuatro verdades sobre el 11-M (y sobre lo que pueda haber detrás)

El garzoneo judicial a cuenta de los peritos ha llevado las cosas a un punto sin retorno: o uno está con el Gobierno y su versión oficial, o uno está en la turbia cloaca de la conspiración.

Lo que oficialmente sabemos, no nos lo creemos; lo que creemos, más vale ni pensarlo. Dos años y medio después del mayor atentado de la historia de España, los ciudadanos tienen todas las razones del mundo para no fiarse de nadie. No hay español consciente que no albergue negrísimas sospechas. ¿Nos dejarán decir cuatro verdades?

Una: Ya nadie cree la versión del Gobierno. Desde el primer momento –demasiado temprano, ¿no?- el Gobierno ha insistido no sólo en una neta autoría islamista, sino, sobre todo, en una vinculación directa de los atentados con la guerra de Irak. Esa tesis, hoy, dos años y pico después, no se sostiene. La conexión Al Qaeda-guerra de Irak ha quedado completamente desacreditada. Primero, por la fecha de preparación de los atentados, muy anterior a la guerra. Después, por el perfil de los supuestos asesinos, insólito en esa red. Tercero, porque carecemos de pruebas fiables en ese sentido, dada la misteriosa inexistencia de análisis de los explosivos. Como el asunto no está claro, lo lógico es dudar. Y por la misma razón, parece poco lógico que el Gobierno no haya tenido nunca la menor duda.

Dos: El problema no es si ETA está detrás; el problema es que el Estado oculte pruebas. Nadie, en efecto, está en condiciones de afirmar que ETA tenga vinculación directa con aquellos crímenes (al menos, nadie fuera de la investigación). Pero el hecho es que a todos consta que el sumario del 11-M está plagado de pruebas falsas, reconstruidas o directamente ocultadas, y algunas de esas pruebas enmascaradas –ni siquiera pruebas, apenas tenues indicios fortuitos- señalan a ETA. Cuando alguien echa tierra encima de un objeto, es porque pretende que no se vea. Es así que el Gobierno –o un sector de él-, la policía –o un sector de ella- y los tribunales –o un sector de ellos- han echado tierra encima de varias pruebas del 11-M. Por consiguiente, nos obligan a pensar que esas fuerzas, encarnación del Estado, pretenden que algo no se vea en el 11-M. Lo que no pueden esperar, además, es que la opinión pública acepte semejante monstruosidad como algo natural. Al contrario, es la propia actitud del Estado la que está levantando sospechas.

Tres: La guerra mediática es síntoma de algo más gordo. Lo importante de la tensísima polémica en torno al 11-M no es que los medios de comunicación anden a la gresca; al contrario, eso es bastante habitual. Lo verdaderamente llamativo es que tras las posiciones de unos y otros se percibe con claridad una fenomenal apuesta de poder, y ya se sabe que esas apuestas vuelan muchos metros por encima de las cabeceras de los periódicos. La presión del poder establecido en torno a este asunto es tan intensa, tan vehemente es su persecución de cualquier duda o cualquier sospecha, que forzosamente hay que pensar en algún gato encerrado, o más bien, por las dimensiones, en un león. El gran misterio del 11-M ya no es quién mató a casi doscientas personas, sino por qué se persigue con tanta energía a quien se aleja un milímetro de la versión oficial. Este capítulo promete darnos grandes sorpresas en los próximos años. ¿O quizá meses?

Cuatro: Esto se ha convertido ya en un problema de Estado y todos nos estamos retratando. Tal y como se han puesto las cosas –sobre todo por las exigencias de la línea gubernamental-, está resultando imposible mantener la neutralidad. El Gobierno pide que comulguemos con ruedas de molino. Los hay con grandes tragaderas, pero los actos de fe conviene reservarlos para lo sobrenatural, no para el señor ministro del Interior. Aquí hay algo oculto que va engordando y engordando. Cualquier día explotará. Para entonces ya nos habremos retratado todos. Y en ese momento tendremos un problema que va a condicionar durante años la vida pública española. Una irresponsabilidad más en el balance de este Gobierno que padecemos.

José Javier Esparza

El Semanal Digital, 6 de octubre de 2006

¿Y si ETA no quiere su final?

En septiembre de 2005, el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró que para que la esperanza a la que constantemente aludía el presidente del Gobierno en relación con ETA se convirtiera en algo más, debía primero «vincularse con hechos precisos, no con hipótesis, ni con futuribles que, por esencia, debilitan la democracia y entorpecen la lucha contra el terrorismo». Tras agregar que esos hechos todavía no se daban, enfatizó que ETA continuaba siendo una «organización terrorista que sigue viva, activa y operativa y que tiene capacidad de atentar». Un año después, los hechos objetivos continúan demostrando la vigencia de semejante análisis. A pesar del incesante optimismo gubernamental, es sin embargo evidente que seis meses después de la declaración de alto el fuego de la banda las condiciones impuestas por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005 para dialogar con ETA siguen sin cumplirse. Es indudable que ETA continúa sin demostrar «una clara voluntad para poner fin» a la violencia o «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción» que permitieran «apoyar procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia».

Tampoco existe ningún hecho objetivo que demuestre que la publicitada declaración de Anoeta de 2004 merecía las positivas valoraciones recibidas desde algunos ámbitos al presentarla como la confirmación de la apuesta por las vías pacíficas de una Batasuna teóricamente más autónoma de ETA. Por el contrario, a lo largo de los últimos seis meses la organización terrorista ha confirmado explícitamente en varias ocasiones que su alto el fuego es reversible, tal y como enfatizó en el comunicado del pasado agosto en el que amenazaba con «responder» a la «represión», y como ha vuelto a repetir hace unos días al subrayar su determinación de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». En todo este tiempo, el papel de Batasuna ha sido el de siempre, esto es, el de una formación subordinada a la dirección del movimiento terrorista y, por tanto, parte integrante del mismo que respalda de manera incuestionable los dictados de ETA. Estas constataciones no son irrelevantes, pues tal y como se deduce del análisis del ex ministro del Interior reproducido más arriba, ponen de relieve que la actual política antiterrorista se ha apoyado en exceso sobre «hipótesis» y «futuribles que, por esencia debilitan la democracia y entorpecen la lucha contra el terrorismo».

Cierto es que el anunciado contacto entre ETA y representantes gubernamentales ha quedado pospuesto, si bien sólo después de que dicho diálogo fuera anunciado por el presidente del Gobierno como consecuencia de amenazas por parte de Batasuna, y a pesar del incumplimiento de los requisitos por él mismo impuestos, al no haber demostrado la banda su «clara voluntad de poner fin a la violencia», como exigía la resolución del Congreso.

Fueron esas amenazas de Batasuna las que llevaron a los dirigentes del PSE a mantener un contacto en el que el brazo político de ETA buscaba una victoria propagandística obtenida mediante una fotografía que le proporcionaba una legitimidad que políticos de un partido democrático le ofrecieron a pesar de la ausencia de pruebas que evidenciasen su más mínimo distanciamiento de la violencia. Es decir, las «hipótesis» y los «futuribles» continuaban debilitando la democracia y entorpeciendo la lucha contra el terrorismo, realidad también ineludible a pesar de la defensa del encuentro realizada por el gobierno y sobre cuyas negativas consecuencias alertó el respetado movimiento cívico ¡Basta Ya! al denunciar que «la celebración de esa reunión ya constituye un pago político a ETA porque reconoce a su brazo político como un partido tan legítimo como los verdaderos partidos democráticos que ellos han perseguido cruelmente todos estos años». Por ello, ¡Basta Ya! previno que «aceptar una negociación política con ETA puede llevar a perder una oportunidad histórica para derrotar a la banda definitivamente».

Del mismo modo, y también a pesar de la propaganda gubernamental en su defensa, es evidente que también debe calificarse como una preocupante y peligrosa concesión una mesa de partidos al margen de las instituciones como la que se pretende constituir. En este sentido, certero resultaba el análisis del filósofo Fernando Savater al advertir que «la mesa de partidos, sobre la cual se hará política, pero fuera de las instituciones y bajo la cual estará agazapada ETA... representa el más alto precio político que la democracia puede pagar al terrorismo» («El País», 27/01/2006). Por mucho que se intente disfrazar semejante iniciativa como un pragmático instrumento que en nada daña los principios democráticos contribuyendo en cambio a facilitar una supuesta transición de Batasuna hacia la democracia, la realidad indica todo lo contrario, pues dicha mesa sirve para reforzar la narrativa que del conflicto reproducen ETA y su entorno, facilitando además la coacción de una organización terrorista que todavía sigue activa. Al aceptarse esa mesa extraparlamentaria, de nuevo los «futuribles» y «las hipótesis» son reivindicados como justificación para decisiones políticas que aparentemente deberían generar positivos resultados -la supuesta integración de los radicales- pero que, sin embargo, siguen sin «vincularse con hechos precisos» -la existencia de una verdadera voluntad de aceptar las reglas de la democracia-. En cambio, es innegable que consolidaría un déficit democrático al aceptar que negociaciones políticas se realizaran sin la desaparición de una organización terrorista cuya mera declaración de cese de actividades violentas no constituye una prueba inequívoca de su voluntad de poner fin a su existencia, tal y como constantemente nos recuerda la propia banda. En consecuencia, el éxito de la coacción al conseguir ETA la formación de esta mesa, deslegitimando principios democráticos básicos, incentivaría la perpetuación de la amenaza durante la negociación.

Algo similar está ocurriendo con la ilegalización de Batasuna al presentarse desde algunos ámbitos su vuelta a la legalidad como un mera cuestión de procedimiento que se solventaría con una simple redacción de nuevos Estatutos. De esa manera se facilitaría que un partido político inextricablemente unido a ETA buscase una fórmula verbal que le permita volver a la legalidad a pesar de mantener el vínculo con la organización terrorista, burlando de ese modo la política antiterrorista que llevó a su ilegalización. Tal y como demostró el pacto legislativo suscrito en 1999 entre el PNV, EA y Euskal Herritarrok en el que el brazo político de ETA reiteraba su «apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas», los hechos y no las meras palabras, deben constituir la verdadera medida de su actitud respecto al terrorismo. En aquel entonces las palabras contradecían claramente los hechos, como ahora sigue ocurriendo.

Uno de los más dañinos episodios que se ha derivado de esa tendencia a sostener la política antiterrorista en «futuribles» e «hipótesis» sin una sólida «vinculación con hechos precisos» ha sido la revelación de que personas relacionadas con la lucha contra el terrorismo han podido colaborar con ETA advirtiendo a presuntos terroristas de una operación policial. Este hecho sin precedentes conduce al desprestigio de excelentes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tantos sacrificios personales realizan en el desempeño de sus funciones y que tantos y tan decisivos éxitos han cosechado en la lucha contra ETA. Anteponer al juicio de los verdaderos profesionales de la seguridad un criterio político como el de «no dañar el proceso de paz» con el que se ha justificado tan gravísimo suceso, supone ignorar el cumplimiento de la ley aceptándose que determinados fines supuestamente loables exigen medios definitivamente ilegales. Semejante lógica sólo puede desacreditar al Estado y a sus instituciones a la vez que fortalece a los terroristas.

El análisis hasta aquí expuesto demuestra que una política antiterrorista basada en «futuribles» e «hipótesis», en la que los hechos objetivos son minusvalorados con el fin de moldear la verdadera realidad en torno a la organización terrorista, fomenta una estrategia repleta de trampas que, utilizando los términos del anterior Ministro del Interior, debilitan la democracia a la vez que entorpecen la lucha contra ETA. Por ello, frente a las constantes amenazas de la banda y de su entorno, razonable parecería una respuesta consistente en plantear a la organización terrorista el siguiente ultimátum: si ETA no demuestra de manera inequívoca esa clara voluntad de poner fin a la violencia que supuestamente existía y que habría llevado al presidente a dejar de consensuar la política antiterrorista con el principal partido de la oposición mediante un Pacto por las Libertades que no se ha reunido en dos años de legislatura, el Gobierno convocará dicho Pacto renunciando a una hipótesis, la voluntad de los terroristas de abandonar la violencia, que los hechos no han logrado demostrar. Puesto que el denominado «proceso de paz» ha surgido al presentarse desde algunos sectores como una certeza que ETA deseaba poner fin a sus actividades, parece necesario demostrar de manera inequívoca si la premisa de partida es falsa o verdadera con objeto de frenar la división de los principales partidos democráticos en torno a la política antiterrorista.

 

Rogelio Alonso (Profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos).

ABC, 5 de octubre de 2006

 

Entrevista a Ahmad Rafat, periodista y escritor. «A finales de este siglo el Islam será mayoritario en Europa Occidental»

Los enfrentamientos entre oriente y occidente se han enardecido los últimos tiempos. Los radicales islamistas encuentran bajo cualquier pretexto una excusa para criminalizar la actitud de lo que considera “herejes” occidentales. La última polémica ha puesto al Papa en el ojo del huracán. Periodista Digital ha hablado con uno de los mayores expertos mundiales en Oriente Medio y en la cultura islámica.

Ahmad Rafat incide en la idea del respeto para poder encontrar una vía de escape a este choque de civilizaciones. Por un lado critica a Occidente porque, dice, que el respeto empieza por uno mismo. Así, explica que no podemos ceder al chantaje de los radicales. Y es que sin respeto, no hay diálogo, afirma. Por eso, explica como actualmente asistimos a un monólogo impuesto a occidente por los integristas islámicos.

El que fuera decano de los corresponsales internacionales en Roma y colaborador durante décadas de revistas españolas, añade que Benedicto XVI tiene un serio problema porque no le gusta, ni siquiera, a los musulmanes más moderados. En esta entrevista explica las razones.

Pregunta: ¿Consideras inadecuadas las declaraciones del Papa sobre el Islam de hace unas semanas en la Universidad?

Respuesta: Lo que dijo el Papa, lo dijo más como profesor que fue en su día de esa Universidad que como teólogo. Por eso empleó esas formas al expresarse. Me lo he leído varias veces y en lo que más incidió es en la necesidad de dialogar entre las diferentes religiones y culturas.

De todos modos esa polémica se ha levantado porque en estos momentos hay mucha tensión entre el mundo islámico y el mundo occidental. Cualquier cosa, ya sea una caricatura, un concierto de Mozart, el libro de la Divina Comedia de Dante o (como sucede en España) las fiestas de Moros y Cristianos son pretexto para que estas dos culturas se enfrenten.

La estatua de Santiago Matamoros lleva siglos en su Catedral sin provocar ningún tipo de polémica. Sencillamente, a unos les gustaba y otros no. Pero ahora estamos en un momento en el que cualquier pretexto vale.

P: ¿Crees que es un error rectificar ante las presiones de los radicales islamistas?

R: Sí. No se pueden dejar de celebrar unas fiestas populares, o suspender una representación de Mozart porque soliviante a unos cuantos. Esta no es la respuesta adecuada a los problemas que existen entre el mundo islámico y el mundo occidental. Hay que respetar. Pero respetarse también a sí mismos.

Si occidente no respeta sus propias tradiciones las tradiciones islámicas no respetaran las occidentales. Para que exista un diálogo el respeto tiene que ser mutuo. Si no se produce un monólogo que es lo que están imponiendo los integristas islámicos a Occidente.

P: ¿Según lo que estamos hablando, fue desacertado que el Papa rectificara sus palabras?

R: Él no pidió disculpas. Dio explicaciones. Eso sí. Pero suspender una representación teatral, retirar una estatua o un dibujo, o llegar al extremo de tener que quemar libros que hablan mal de Mahoma no está bien. Cada uno tiene su cultura y si alguien quiere ser respetado, también tiene que respetar las culturas ajenas.

P: ¿Benedicto XVI está en peligro?

R: Locos no faltan eso está claro. Pero lo cierto es que este Papa no gusta a los musulmanes. No gusta porque durante la temporada que trabajó como teólogo, al lado de Juan Pablo II, fue muy crítico con algunas políticas y decisiones del Vaticano en torno al mundo islámico.

P: Pero no gusta a los Islamistas más radicales.

R: Y a los más moderados tampoco. Hace unos días asistí a un encuentro con musulmanes iraníes moderados y reformistas. Allí pude entrevistarme con uno de ellos que incluso había estado encarcelado por decir que la violencia y los ataques camicaces no se pueden justificar con religión, encarcelado también por defender los derechos de las mujeres, me confesaba que este Papa no les gustaba.

P: ¿En que se basan para decir que no les gusta?

R: Porque, según me explicaba este musulmán reformista, el Islam está ganando terreno en todo el mundo. Y ante este situación el Vaticano, con Benedicto XVI a la cabeza, quieren frenar al Islam. Por eso lo atacan, por eso (en el fondo) tampoco quieren dialogar.

P: ¿El Papa tendría que aceptar la superioridad del Islam?

R: Según me contaba esta persona, la Iglesia Católica tiene que aceptar la supremacía del Islam en el Mundo. Me explicaba que ha finales de este siglo, el Islam será mayoría en Europa Occidental.

Partiendo de esta premisa, el Vaticano tendría que asumir un papel minoritario, no ya en los países tradicionalmente musulmanes, sino también en el Viejo Continente. Una aceptación que sería un suicidio.

Según un estudio, en el 2015 el Islam será la religión más grande en Gran Bretaña. No mayoritaria pero sí la más importante. Y según los datos actuales eso es posible. Posible por la inmigración y por que los musulmanes tienen mucha descendencia.

Por Miguel Pato

Periodista Digital

Miércoles, 4 de octubre 2006

AVT se manifestará el sábado en la cárcel Soto del Real para recordar al Gobierno su oposición al acercamiento de presos

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se manifestará el próximo sábado en la madrileña cárcel de Soto del Real para recordar una vez más al Gobierno su clara oposición al acercamiento de presos al País Vasco y mostrar la "verdadera" cara de los terroristas de ETA encarcelados, según adelantó a Europa Press su presidente, Francisco José Alcaraz.

Los asistentes al acto, que comenzará a las 10.30 horas, portarán pancartas con los rostros de "esos presos asesinos", cuyas fotografías "cada día son paseadas impunemente por las calles del País Vasco" como si fuesen "héroes".

Pero, en su afán de dar a conocer "internacionalmente" la "verdadera" cara de "los asesinos de nuestros familiares", los participantes de esta iniciativa también portarán pancartas con el historial delictivo de los terroristas.

De esta forma, explicó Alcaraz, con este acto, que se celebrará a iniciativa de un grupo de víctimas de la propia AVT, pretenden recordar al jefe del Ejecutivo que un posible acercamiento de presos a las cárceles vascas --"una exigencia" de la banda terrorista-- supondría "ceder a su chantaje" y "pagar un precio político", puesto que, apuntó, "ya son muchas las personas que han sido secuestradas y asesinadas por esa política de presión".

Éste será el segundo acto que la AVT celebre tras la vuelta de las vacaciones estivales, después de que el pasado sábado se manifestara en Sevilla contra la política "de rendición" que lleva adelante el Gobierno en el proceso de paz

 

PSE, Batasuna-ETA y PNV preparan una "declaración de mínimos" con la hoja de ruta de la negociación política

Representantes del PSE, Batasuna-ETA y PNV están preparando, en reuniones secretas, una "declaración de mínimos" con la hoja de ruta a seguir en el proceso de negociación, con el fin de superar la crisis en la que se encuentra y que provocó este verano el aplazamiento de la reunión prevista entre el Gobierno y la banda terrorista. Según informa Europa Press, los temas que se están tratando son el derecho de autodeterminación, la mesa de partidos y la participación de Navarra en la misma, así como la legalización de Batasuna-ETA.

 

Las fuentes consultadas explicaron que se está intentando cerrar un documento, que luego los participantes tendrán que someter al visto bueno de sus respectivos partidos. Tras ello y, una vez cerrado, el objetivo es que otros partidos puedan suscribirlo, aunque las fuentes consultadas consideran que es más probable que puedan aceptarlo EA e Izquierda Unida, pero no el PP y UPN.

 

El objetivo es alcanzar una "declaración de mínimos", una especie de "acuerdo de Stormont", salvando las distancias, ya que en este acuerdo, pactado el Viernes Santo de 1998 en el castillo de Stormont -donde estaba la sede del Ministerio británico para Irlanda del Norte- supuso la creación, después de dos intensas semanas de negociación en el citado edificio, de una asamblea autónoma y de un consejo ministerial interfronterizo Norte-Sur.

 

Pero sin embargo, la declaración de Stormont también significó el inicio de las conversaciones para llegar a un desarme de todos los grupos implicados, que es precisamente lo que pretenden los negociadores, desbloquear la situación y dar paso a la negociación en las mesas, la política y con ETA.

 

Así, las mismas fuentes explican que con estos nuevos encuentros, que implican un mayor protagonismo del PNV, se ha intentado superar la quiebra de confianza que el pasado verano se produjo entre Batasuna-ETA y los socialistas y para ello, y ante la imposibilidad de convocar la mesa de partidos por la ilegalidad de Batasuna-ETA, han optado por conversaciones secretas de carácter trilateral.

 

Esta quiebra de confianza estaría, según los consultados, en la diferente forma de interpretar los compromisos verbales o "sobreentendidos" a los que habían llegado después de años de contactos y negociaciones. Así, los representantes del entorno de ETA deducían de esas conversaciones con miembros del PSE, que tras el anuncio de tregua por parte de ETA se iba a producir una legalización de facto de Batasuna-ETA y que podrían actuar políticamente sin ningún tipo de impedimento judicial.

 

Materias principales

 

Los temas fundamentales que estos días han tratado los partidos antes citados son el derecho de autodeterminación, la Mesa de partidos y la participación de Navarra en la misma, así como la legalización de Batasuna-ETA.

 

Sobre este último asunto, la legalización de Batasuna-ETA, socialistas y nacionalistas le han insistido a sus interlocutores del entorno de ETA, tanto en reuniones de carácter bilateral como trilateral, que la única vía que tienen es la presentación de una nueva formación política, además de afearle en privado que hayan cambiado de posición, porque en los encuentros reservados que celebraron tras el anuncio de la tregua llegaron a admitir que estaban dispuestos a cambiar de siglas y registrar unos nuevos estatutos en el Ministerio del Interior.

 

Según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de las reuniones, se habrían producido algunos avances en cuanto al procedimiento para abordar cuestiones como el derecho de autodeterminación y la fórmula para poder poner en marcha una mesa política de partidos, que Batasuna-ETA reclamaba única para los tres territorios que reivindica -País Vasco, Navarra y País Vasco francés- y que los interlocutores han dejado claro que no se puede asumir.

 

Sin embargo, la cuestión de la territorialidad que reclama Batasuna-ETA se estaría tratando de soslayar mediante la creación de mesas políticas de negociación diferentes, una en cada territorio. Sin embargo, a pesar de que este asunto está encima de la mesa, supondría un serio problema para el PSN de cara a los próximos comicios autonómicos de mayo de 2007, ya que podría ser rentabilizado por la UPN en las elecciones autonómicas de la próxima primavera. Las fuentes consultadas argumentan que si ahora se dan pasos innecesarios y UPN consigue mayoría absoluta en esos comicios, una de las patas de la negociación se habrá roto.

 

La inclusión de Navarra

 

Por ello, el planteamiento que se ha expuesto es la posibilidad de realizar estas dos mesas, en el País Vasco, Navarra, pero en el caso navarro, después de las elecciones autonómicas para evitar perjudicar al PSN de cara a las elecciones. Además, los socialistas navarros consideran que una mesa de negociación en Navarra sin UPN no serviría de gran cosa, por ello, su planteamiento es que esta mesa sea por la convivencia y se formule en el seno del Parlamento, con el objetivo de que puedan estar todas las fuerzas con representación parlamentaria.

 

En cualquier caso, consideran que el escollo más difícil será en el futuro la explicación pública de este tipo de acuerdos, fundamentalmente ante sus respectivas bases, porque una parte puede considerar que se ha cedido mucho y la otra que han conseguido poco.

 

Libertad Digital, 5 de octubre de 2006

 

El PSE ve «prematuro» afirmar que la mesa de partidos se desbloqueará en octubre

·PASTOR SUBRAYA QUE «LA SITUACION ESTA MAS O MENOS EN LOS MISMOS TERMINOS QUE HACE UNOS DIAS»

Ante la rumorología extendida en los últimos días en torno a eventuales avances hacia la formación de la mesa de partidos, el portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz, José Antonio Pastor, precisó ayer que «hay contactos, pero es prematuro afirmar que este mes estará todo solventado», por lo que pidió «tranquilidad, paciencia y confianza». Mientras tanto, el lehendakari Juan José Ibarretxe reclamó «estar a la altura» para pasar del diálogo bilateral al multilateral, y volvió a reivindicar a las mujeres de Ahotsak como el mejor ejemplo de avanzadilla en este terreno.

BILBO

En un contexto en que los contactos entre formaciones políticas vascas se multiplican para tratar de lograr un acuerdo que dé paso al diálogo multipartito, el portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz, José Antonio Pastor, reclamó ayer «tranquilidad, paciencia y confianza». Salió al paso así de los rumores sobre el estado exacto de estas conversaciones.

Pastor admitió que «hay contactos, pero es prematuro afirmar que este mes estará todo solventado» para formalizar la mesa de partidos. Y concretó más al asegurar que «la situación está más o menos en los mismos términos en que estaba hace unos días».

Más aún, Pastor alertó, como han hecho durante la semana otros responsables políticos como Juan José Ibarretxe, que «es pronto para saber» si estos contactos van a dar resultados o no. Y eludió tajantemente poner fechas concretas a esta expectativa, porque «lo único que puede generar eso son frustraciones».

En este contexto, el portavoz del PSE en la Cámara de Gasteiz aseguró que «lo importante es que las cosas se hagan bien» y restó importancia a la cuestión de los tiempos.

Pastor argumentó que él también espera ­como indicó el líder del PSE, Patxi López, hace algunas semanas­ que pueda conformarse una mesa de partidos antes de fin de año, pero matizó que «no depende de la voluntad de una de las partes».

El PSE asegura tener esta voluntad, como hacen lógicamente todas las partes involucradas en este proceso de diálogo. El mahaikide de Batasuna Joseba Permach aseveró el pasado sábado en una entrevista a GARA que «la izquierda abertzale tiene el compromiso firme de superar la actual situación de bloqueo» y que está trabajando para ello. Y recordó que «la solución pasa por desatar los nudos de la autodeterminación y la territorialidad».

Ahotsak, la vía para Ibarretxe

El acuerdo pendiente entre los partidos políticos tiene un referente claro en la iniciativa Ahotsak. Como hiciera en el Pleno de Política General celebrado hace dos semanas, ayer el lehendakari, Juan José Ibarretxe, volvió a destacarlo como tal.

En una intervención en Bilbo en unas jornadas sobre igualdad, Ibarretxe señaló que el manifiesto de las mujeres reclama que se establezcan «las garantías democráticas necesarias» para que la ciudadanía vasca, si lo cree necesario, pueda modificar el actual marco jurídico-político. Para el jefe del Gobierno de Lakua, éste es el texto que «más importancia ha tenido en política social y territorialmente en este país en los últimos tiempos».

Así las cosas, Ibarretxe indicó que «si los partidos políticos no somos capaces de avanzar del diálogo bilateral al multilateral», en sintonía con lo conseguido por Ahotsak, se demostrará que «no somos capaces de estar a la altura de las circunstancias, al nivel de debate y de aportación» de las mujeres.

En Gasteiz, el parlamentario de EB Oskar Matute afirmó que la manera de romper el «aparente bloqueo» es que la mesa de partidos políticos «sea realidad en este otoño».

Azkarraga y la consulta

Mientras tanto, el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, prosigue su visita a Irlanda. Tras analizar el tratamiento dado a los presos, a las víctimas o a la desmilitarización en el proceso de paz, ayer quiso incidir en que «lo más importante» del Acuerdo de Viernes Santo es la posibilidad de convocar cada siete años un referéndum para decidir el estatus político.

«Es la capacidad de decisión que nosotros defendemos», indicó Azkarraga, que subrayó que la citada previsión de consulta no es equiparable a un Estatuto.

En cambio, restó importancia al hecho de que el acuerdo de Stormont establezca que los gobiernos norirlandeses deben estar formados por partidos de ambas comunidades. «No me parece negativo, pero no es un problema de transversalidad», dijo en alusión a Euskal Herria.

Gara, 5 de octubre de 2006

El escenario que quería ETA

NI la mejor de las voluntades puede interpretar la actitud del Gobierno hacia ETA con criterios favorables de firmeza y seriedad. El llamado proceso de paz, que no es otra cosa que un proceso de negociación política con los terroristas, ha llegado a un punto en el que está en juego no sólo el futuro político de Rodríguez Zapatero, la estabilidad de su Gobierno o la vuelta de los terroristas a la violencia homicida, sino también el mantenimiento del Estado democrático y de Derecho, tal y como ha sido defendido frente a ETA desde 1978. Las advertencias sobre el bloqueo del proceso y las amenazas de ruptura han sido, otra vez, eficaces. La aparición de tres encapuchados en un monte de Oyarzun haciendo alarde de sus armas, y el ultimátum de ETA y Batasuna para «dar pasos concretos» han sido respondidos, según informaba ayer ABC, con la decisión de constituir la mesa política que reclamó Otegi en la Declaración de Anoeta, el 14 de diciembre de 2004, y apoyada expresamente por ETA en el comunicado de 16 de enero de 2005.

La agenda etarra es lo único que se está cumpliendo a mandamiento. El Gobierno no ha esperado a la voluntad inequívoca del abandono de las armas, como se acordó en el Congreso. Tampoco convocó el Pacto Antiterrorista, ni Rodríguez Zapatero informó -menos aún pidió autorización- al Pleno de la Cámara Baja. La «kale borroka» no ha sido, finalmente, óbice para seguir el proceso de negociación y la ilegalización de Batasuna se soslaya en el magma de los discursos presidenciales sobre la paz. Sin embargo, ETA declaró que «las instituciones europeas deberían analizar el conflicto entre Euskal Herría y los estados» (comunicado de noviembre de 2005), y el PSOE ha provocado un pleno del Parlamento europeo sobre el diálogo con los terroristas, lo que Batasuna ha recibido con explicable alborozo. Es más, Rodríguez Zapatero se olvidó de la toxicidad de la foto de las Azores y de la ilegalidad de la intervención en Irak para refugiarse en Tony Blair y vender así la similitud entre el proceso irlandés y la negociación con ETA. Reveladora opción del presidente del Gobierno, que pasa por encima de las diferencias abismales entre ambos casos, fundamentalmente que el Pacto de Stormont sí fue un acuerdo de paz para poner fin a una guerra entre dos comunicados. No en vano, el diario «Gara» se recreaba hace unos días en señalar las coincidencias literales entre frases pronunciadas por Rodríguez Zapatero en el anuncio del diálogo con ETA y pronunciamientos contenidos en el Pacto de Estella-Lizarra. Probablemente, Blair no tuvo ocasión de explicar por qué la autonomía irlandesa lleva más de tres años suspendida.

Más aún, los dirigentes de la ilegal Batasuna y los comunicados de ETA han insistido en que la clave del proceso es el respeto a la decisión de los vascos, base política con la que debía arrancar cualquier negociación para el fin de la violencia. Y el presidente del Gobierno atendió esta exigencia al proclamar, en junio pasado, que «el Gobierno respetará las decisiones que los vascos adopten libremente respetando los procedimientos legales», dando alas a los ideólogos proetarras para anunciar que, por fin, se reconoce desde Madrid que hasta ahora no se había respetado la voluntad de los ciudadanos vascos, sin que la referencia a los «procedimientos legales» signifique más que una mera cita administrativista, sin compromiso alguno con el orden constitucional o estatutario.

Y si finalmente se constituye la mesa política, aun cuando Batasuna se disfrace de organización legal para justificar el salto al vacío del PSOE y el Gobierno, se habrá producido el definitivo punto de inflexión que ETA buscaba desde el inicio de su actividad terrorista: sentar al Estado a negociar políticamente el futuro del País Vasco para un acuerdo prefijado sobre autodeterminación y territorialidad. Se romperá así la memoria de las víctimas, sin duda, pero también la vigencia real del Estatuto de Guernica y de la Constitución, pues no será en el Parlamento de Vitoria, y por sus diputados, donde se decida, de verdad, el futuro de los vascos. Y ETA podrá decir que, cuarenta años después, su terrorismo mereció la pena, que el Estado se plegó a negociar su propia existencia y que se sentó a negociar lo mismo por lo que mil españoles perdieron su vida.

 

Editorial de ABC, 5 de octubre de 2006