Vieja y nueva política

ZP: al totalitarismo por la filantropía

El Mr. Bean que tenemos de arriendo en el Palacio de la Moncloa continúa su camino, paulatino pero constante, hacia el totalitarismo. ¿Exageraciones? Sus últimas actuaciones recogen para los anales al menos cinco tendencias totalitarias, reductoras de la libertad individual, todas ellas disfrazadas de muy filántropos ideales (¡Dios nos libre de los filántropos!). Veamos:

 

1. Atentado contra la libertad de prensa, en nombre del filantrópico principio de la calidad en la información que recibe el ciudadano. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha amenazado a los nuevos canales de televisión digital terrestre con tomar medidas (recordemos que es el Estado quien otorga las licencias) porque la TV digital no está respondiendo a la calidad que se esperaba e ella. ¿Quién decide qué es TV de calidad? El Estado, es decir, el señor Ros.

 

Es el mismo señor Ros que representa a un Gobierno que se ha hecho una televisión a su medida, abriendo Canal+ para salvar el desastroso, a fuer de monopolístico, imperio televisivo de Polanco y sólo ha permitido un nuevo invitado al banquete de la TV en abierto : La Sexta, es decir, la tele de su asesor de imagen, José Miguel Contreras, y del mamporrero socialista del mundo del espectáculo, la Mediapro de Jaume Roures. Los demás, por ejemplo el grupo Vocento y la COPE, se han tenido que conformar con emisoras locales o con canales digitales. Es decir, con una audiencia necesariamente minoritaria (y ya veremos si el famoso apagón analógico se produce en 2010 o hay que esperar más).

 

Pues justo a un secretario de Estado tan amante de la libertad y el pluralismo, se le ocurre que hay que mejorar la calidad de la TV digital. Es lo mismo que ver a Fernández de la Vega, que controla la radio y TV pública más manipulada y desvergonzada de toda la democracia española (ni González ni Aznar se atrevieron a tanto) firmando un pacto contra la telebasura: cosa de mucha risa.

 

2. Atentado contra la libertad de expresión en Internet, en nombre de la filantrópica defensa de los derechos del consumidor y la lucha contra la estafa. La red es lo más temido por los déspotas. Instrumento pacífica, que emplea la fuerza de la palabra, pero incontrolable por el oligopolio de editores. Debe de ser por la alianza de civilizaciones, pero ZP ha puesto en marcha el sistema islámico de control de Internet: posibilidad de cierre administrativo, no judicial, de páginas WEB, porque hay algunos sitios tan malvados que engañan a la gente con medicinas milagrosas y otras perfidias. Es el proyecto de la llamada Ley de Impulso de la Sociedad de la Información.

 

Y esto se combina con la curiosísima práctica de exigir –sistema garantista, que le dicen los necios- que se borren todas las posible ofensas –es decir, críticas- de toda la red –en su totalidad manifiesta, que diría el Forges-. Exigencia que, como todo el mundo -con la excepción de los magistrados- resulta de imposible cumplimiento, pero que el Gobierno ZP mantiene y alienta, sin ninguna premura por enmendar la situación.

 

No lo duden, se trata del mayor atentado contra el periodismo independiente y contra el periodismo ciudadano. Es decir, el mayor atentado contra la independencia por la WWW es el foro de la libertad de expresión.

 

3. Atentado contra la propiedad privada, en nombre del filantrópico derecho a la vivienda. Como la lógica no es el fuerte ni de tiranos ni de filántropos, no me pregunten cómo se pasa del derecho a la vivienda a la legalización de los okupas, pasando por la expropiación de pisos vacíos que, como su misma nombre indica –expropiar- no es más que un atentado contra la propiedad privada. Estamos haciendo realidad aquello que denunciaban los intelectuales de la era victoriana como síntoma de evolución totalitaria en la Europa de los años veinte: un hombre no puede cortar su árbol, en el jardín de su casa con su propia hacha… sin permiso de la autoridad.

 

Dicho de otra forma, en lugar de hacer más vivienda pública o protegida para el que no puede pagar una vivienda libre, permitimos que ocupen las viviendas del prójimo. ¿Qué le rico no utiliza esa vivienda? Sí, pero tampoco el okupa es un sin techo, sino un jeta.

 

4. Atentado contra la libertad corporal en nombre del filantrópico principio a una vida saludable. Salud física, hablamos, porque la salud mental de Juan Español va fatal. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, y ahora la de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se han empeñado en que no podemos fumar, ni beber, ni comer ni copular, al menos fuera del marco legal vigente, es decir, el que ellas deciden.

 

5. Atentado contra la vida, en nombre del derecho a la salud reproductiva. Después del fiasco –convertido ya en puro pitorreo- de la utilización de embriones humanos como cobayas de laboratorio, ahora el Gobierno ZP pretende ampliar la locura a la mezcla de genomas animales y humanos, más que nada por probar, mientras intenta producir en serie bebés medicamentos, que son como los bebés esclavos pero condenados a muerte segura. Se trata del otro filantrópico principio : ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas.

 

6. Atentado contra la seguridad, en nombre de los filantrópicos e infinitos anhelos de paz ciudadana. Aquí el culpable no es el Gobierno, sino una juez (en España hay algo más corrupto que la política o el periodismo : la Administración de Justicia-, pero la quiebra del principio de autoridad y la majadería de algunos principios zapateriles como la no violencia ni en legítima defensa, llevaron a una juez catalana a decidir prisión preventiva para una hombre que utilizó su arma contra unos ladrones –con el resultado de un muerto, que conste- cogidos in fraganti en el domicilio de su suegro. Como re aconsejan los policías amigos: si te atracan lo mejor es que no te defiendas. Esa decisión judicial, la inoperancia de las policía, ha reforzado el principio de que cada cual se saca las castaña del fuego sin molestarse en denunciar el delito del que es víctima… por si acaso no le sucede algo peor.

 

La variante política de esta tendencia totalitaria es la de la violencia social y política impune. Es decir, Jarrai en el País Vasco, donde no hay problema de paz, sino de libertad: una minoría tiene secuestrada y atemorizada a una mayoría.

 

En España, el único seguir es el rico, porque cuenta con seguridad privada. Y a veces ni eso, o que se lo pregunten al joyero Tous.

 

Sí, el presidente del Gobierno de España es un verdadero Mr. Bean: insensato pero siniestro.

 

Eulogio López

Hispanidad.com, 26 de enero de 2007

Miseria del multiculturalismo (mirando a Córdoba y su catedral)

Los musulmanes quieren usar la mezquita-catedral. El asunto ha levantado de nuevo un debate muy espinoso. Conviene plantear las cuestiones de principio.

 

Hay que comprar el último número de El Manifiesto: "Inmigración, ¿cuántos más cabemos?", porque plantea unas cuantas cuestiones absolutamente cruciales sobre la inmigración, la identidad, el racismo y la integración. Una de esas cuestiones es la del multiculturalismo, que empieza a ser actualidad diaria: ¿pueden coexistir a la vez, en un solo espacio, varias culturas distintas, incluso contradictorias? El que viene de fuera, ¿puede seguir siendo distinto y, al mismo tiempo, beneficiarse de los derechos que el sistema concede a todos los demás? O como en lo de Córdoba, ¿podemos renunciar a parte de nosotros mismos para entregárselo a otro que lo codicia? Lo de la mezquita-catedral de Córdoba puede servir como punto de partida para una reflexión en profundidad. Lo que hay al fondo es mucho más que una cuestión de uso de un espacio religioso; es un conflicto entre una cultura arraigada y otra que viene de fuera.

 

En este tipo de asuntos no hay error más grave que hablar con medias palabras. El multiculturalismo tiene un límite claro: la incorporación de las minorías a la vida pública, la capacidad de decisión en las cosas de la comunidad. En plata: usted o yo no tendríamos demasiado problema en que los musulmanes que viven a nuestro lado lo hagan conforme a sus propias leyes, siempre y cuando éstas no pretendan convertirse en hegemónicas ni supongan una merma de nuestra forma autóctona de vida, de nuestros principios, de nuestra identidad. Es decir, siempre y cuando ellos no puedan decidir sobre nuestro sistema ni cambiar nuestras costumbres.

 

Una sociedad puede soportar perfectamente que en su seno se instalen minorías organizadas de forma autónoma: por ejemplo, musulmanes con sus propias escuelas, iglesias y asambleas. No habrá problema mientras esas minorías, auto-organizadas, establezcan en su interior un orden que coopere con el orden general de la comunidad. Puede sonar muy difícil, pero los que hemos vivido en barrios periféricos de las grandes ciudades, cuando los salvajes aluviones demográficos de los años sesenta y setenta, sabemos perfectamente qué fácil era convivir con los gitanos si sus propios clanes se encargaban de mantener el orden, generalmente de acuerdo con la policía (y al revés, el infierno que era aquello cuando no se encontraba a nadie capaz de disciplinarlos desde dentro). Ello, por supuesto, bajo la condición de que el orden interno de esa minoría no pretenda determinar el orden general. El mundo medieval también funcionaba así. La famosa "España de las tres culturas", que tanta fantasía morisca ha suscitado, sólo existió de verdad cuando una de esas culturas, la cristiana, toleró a las otras dos, islámica y judía, pero sin considerarlas nunca en un plano de igualdad.

 

Ahora bien, si a esas minorías organizadas de forma autónoma, conforme a sus propios principios, se les concede una capacidad de influencia social equivalente a la de los ciudadanos autóctonos, que por su parte obedecen a sus propios principios y leyes, entonces el conflicto es inevitable. La equivalencia de dos o más leyes distintas dentro de una misma comunidad lleva a la rivalidad y, finalmente, a la guerra. Y eso es lo que podría pasar hoy. Como estamos en una civilización que ha elevado a sagrado el principio de la universalidad y la igualdad de los hombres, con independencia de su comunidad de origen, la mera hipótesis de una jerarquía entre sistemas de orden, entre principios, se hace intolerable. Por eso las políticas multiculturalistas modernas tienden a poner a todas las culturas en un plano de igualdad política y social. Y por eso todas esas políticas han ido fracasando, una detrás de otra, a medida que las minorías empezaban a gozar de un peso que la mayoría no podía soportar.

 

¿Cabría imaginar hoy una sociedad multicultural que discrimine políticamente a las minorías negándoles el ejercicio de los derechos básicos de ciudadanía, como el del voto tras un periodo mínimo de residencia? En una democracia actual, no. Por consiguiente, o imaginamos una democracia a la griega, es decir, con un concepto restrictivo del demos, o descartamos definitivamente cualquier tentación multicultural.

 

Y si excluimos el multiculturalismo, ¿qué nos queda? Para que la sociedad funcione con cierta normalidad, sólo nos queda el imperativo de la integración de las minorías en el marco de principios y leyes que ha fijado la mayoría. En los países europeos no es demasiado gravoso: disponemos de una política de libertad de cultos que permite la práctica de cualesquiera religiones, siempre que no ordenen cosas contrarias a la ley común. Pero eso implica la necesidad de que nosotros sepamos dónde hay que integrar a la gente, cuál es el marco de principios que define nuestra identidad. No se trata sólo de un ordenamiento legal, sino también de una identidad cultural, de una tradición, lo cual incluye unas manifestaciones religiosas específicamente nuestras. Identidad y tradición que nuestro sistema, en nombre de la autonomía individual, ha renunciado a convertir en ley obligatoria, pero cuya vigencia sería suicida ignorar –y cuya pujanza no será inconveniente estimular, porque nos ayuda a saber quiénes somos.

 

No todos estarán de acuerdo, como es natural (eso también forma parte de nuestra manera de ser). Pero la definición y la afirmación de nuestra identidad colectiva, como españoles y como europeos, se ha convertido hoy en un instrumento de primera importancia para guiar racionalmente la integración de quienes vienen de fuera. Hemos de definir y proteger nuestro propio espacio. Y podremos llamar al otro para que se integre en él, pero sin que deje de ser nuestro. De lo contrario, no veremos integración alguna, sino, propiamente hablando, una desintegración. Es lo que estamos viviendo ya.

 

José Javier Esparza

El Semanal Digital, 26 de enero de 2007

 

La atracción fatal de la izquierda española

¿Qué sucedería si la banda terrorista que, durante cuarenta años de actividad criminal, ha causado ya más de ochocientas víctimas mortales y sigue ocupando el epicentro de la vida política española fuese de extrema derecha? ¿Tendría el gobierno socialista tantas contemplaciones con ella? ¿Aceptaría creer en treguas? ¿Disminuiría la presión policial y judicial? ¿Ansiaría tan alegremente un final "sin vencedores ni vencidos"? ¿Insistiría en –como dijeron John Lennon y Yoko Ono hasta que al asesino del primero le tocó abandonar la prisión para escándalo de la segunda– dar una oportunidad a la paz?

 

La izquierda española, mayoritariamente (y, por supuesto, más los dirigentes que los votantes), ha solido mirar a ETA con ojos por lo menos comprensivos, cuando no amistosos. Sólo cambió parcial y temporalmente en los últimos años, sobre todo a causa de que, tras décadas de indiferencia ante la muerte de militares, policías y guardias civiles, empezaran a caer bajo las balas etarras políticos socialistas. Hasta 1978 la izquierda española consideró a los terroristas del nacionalismo vasco como la vanguardia de la lucha contra el franquismo y no fueron pocos los izquierdistas, tanto del PSOE como del PCE, que, en mayor o menor grado según cada caso, justificaron, comprendieron, compartieron fines, apoyaron, animaron, simpatizaron, defendieron, cobijaron e incluso colaboraron con los terroristas etarras y su entorno, desde numerosos militantes de base de los partidos y sindicatos izquierdistas hasta personalidades socialistas como el histórico dirigente Miguel Amilibia o los más recientes Txiqui Benegas o Gregorio Peces-Barba, aunque ahora no quede bien recordarlo.

 

Además, en unos años en los que el terrorismo de extrema derecha provocaba un número de víctimas abarcable con los dedos de las manos, el terrorismo de izquierdas (fundamentalmente GRAPO y ETA, aunque no hay que olvidar a Terra Lliure, FRAP, Comandos Autónomos Anticapitalistas, etc.) se apuntaba un millar mientras la izquierda española atronaba las calles al grito de ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!

 

Esta alucinada percepción de la realidad es hija de ese curioso prejuicio ideológico, padecido por tantos, consistente en que mientras que las víctimas de las organizaciones y regímenes políticos "de derechas" son provocadas por la intrínseca maldad de las ideas derechistas, las víctimas provocadas por los "de izquierdas" –en número incomparablemente mayor– son los lamentables e indeseados daños colaterales causados por personas y regímenes cargados de buena voluntad. Los derechistas matan siempre con mala idea. Los izquierdistas, sin querer y con buena intención.

 

No hay que olvidar, además, por muy escandaloso que pueda parecer a primera vista en estas décadas de beatificación de todo izquierdismo, que no en vano ETA comparte con el PSOE e IU su ideología izquierdista, lo que les convierte, a pesar de las condenas recibidas debido a su utilización de la violencia, en hermanos políticos. ¿O acaso los que se denominan a sí mismos Sozialistak Abertzaleak (Socialistas Patriotas) o izquierda abertzale, rama política de la banda terrorista cuyo lema se resume en Independencia y Socialismo, son de derechas? En ello insiste con encomiable tenacidad la derecha española, empeñada en calificarles, una y otra vez, de fascistas, obedeciendo fielmente las consignas de la ingeniería lingüística marxista que hace ya muchas décadas dio la orden de calificar de fascista todo lo que fuese reprobable, incluso lo proveniente de la izquierda, con lo que ésta consigue echar balones fuera y cargar en el contrario hasta los defectos propios.

 

Por otro lado, no hay que olvidar que los etarras no son, al fin y al cabo, otra cosa que los herederos de los gudaris peneuvistas de 1936, compañeros de trinchera de la izquierda hasta los heroicos días de Santoña –aunque de eso es mejor no hablar–. No en vano Peces-Barba, durante aquella famosa cena-homenaje a Carrillo a la que asistió también Ibarretxe, definió a los presentes como "los buenos" y reservó la categoría de "malos" a la eternamente perversa derecha.

 

Razones inmediatas de la actitud del gobierno socialista quizá puedan encontrarse en cálculos electoralistas, en pactos más o menos secretos con los nacionalistas o, incluso, en oscuras, improbables y por el momento indemostradas conspiraciones.

 

Pero las razones profundas, las de más largo recorrido y mayor peso ideológico, son las arriba explicadas.

 

Jesús Laínz

El Semanal Digital, 25 de enero de 2007

La superioridad moral de la derecha

No digo que los de derechas no estén continuamente infringiendo su código. Pero su código moral es correcto. Bueno, es el único correcto. Por enésima vez me asalta un tema metafísico de esos que creo ineludibles cuando se mira al futuro. Nos resistimos a aceptar que haya conceptos etéreos que influyen en nuestro porvenir, pero es así: de determinadas concepciones destilan las creencias que orientan la acción política y socia de la humanidad. Durante milenios, en Occidente hemos succionado del cristianismo nuestras normas morales y nuestra concepción del bien y el mal, incluso, sin saberlo, desde que somos laicos. Eso se acabó, y creo que irreversiblemente (a menos que no ocurra un evento como una guerra, que suponga un revolcón moral).

 

La ideología cristiana ha ido unida estrechamente al concepto, creo que estoico, de naturaleza humana; como explica C.S. Lewis (el gran filósofo converso), así como hay unas leyes de la naturaleza, hay unas leyes morales con las que nace el ser humano, como demostraría, al parecer, el núcleo moral compartido por todas las religiones. Esto parece bastante acertado, y siempre me ha atraído ese optimismo, según el cual, en nosotros hay unos resortes que saltan cuando actuamos mal; según Lewis eso es una prueba de un Ser superior que ha designado que el ser humano sea ennoblecido sobre los demás seres vivos. Y creo que es convincente cuando critica las explicaciones alternativas (materialismo, panteísmo) por asignar a la naturaleza, sin querer, una intencionalidad de designio inteligente bastante contradictoria con su ateismo.

 

Obviamente, esos impulsos morales se refieren a un ideal inalcanzable, pues en la vida estamos constantemente obrando mal, ya sea en pequeñas o grandes dosis. Nuestra ilimitada capacidad de autojustificación nos lleva a incumplir sistemáticamente esa ley de Dios que, sin embargo, anhelamos cumplir (aún inconscientemente). Somos jueces muy considerados con nosotros mismos. No importa, dice C.S. Lewis: lo que sí importa es que tenemos un ideal noble, y que debemos corregirnos continuamente para intentar alcanzarlo. Yo siempre he creído que hasta el ser más abyecto quiere pensar bien de sí mismo. (Naturalmente, este continuo dialogo entre la mediocridad y el anhelo de perfección solo se resuelve en el más allá.)

 

Pero, a partir de aquí, es cuando surge mi pesimismo, pues me temo que esta noble concepción no cuadra con todos los ejemplos históricos. Quiero decir que si existen esos nobles impulsos son imperfectos y muy elásticos, con gran capacidad de adaptarse a cualquier código o religión. Tenemos el ejemplo del Corán, religión milenaria –que pretende basarse en la nuestra–, y en la que se apoyan miles de millones de islamistas para hacer el mal, o lo que nosotros consideramos el mal: No beben (¡benditos!), pero lapidan a sus mujeres cuando son simplemente sospechosas de adulterio, cortan manos, tienen como fin supremo la guerra santa, etc. Otro ejemplo: estoy rodeado de gente que vive como pez en el agua (o como cerdo en cochiquera) en una especie de religión subproducto de lo que una vez, que yo sepa, fue la primera religión laica: el marxismo (a su vez, hijo de la ilustración). Pese su evidente fracaso, con ella justifican cosas que, si somos decentes, tenemos que decir que están mal: por ejemplo, el GAL o pactar con terroristas. Ya se sabe, el fin justifica los medios.

 

No sé si se dan cuenta por dónde quiero ir: creo que esos famosos impulsos naturales existen, pero no son autosuficientes si no que se diferencian mucho según la religión de la que son deudores. Por muchos años fui un optimista y pensé que la religión no era tan determinante para la moral, sino una fase en la evolución de la cual, una vez cumplido su papel, la civilización se desprendería como una cáscara inútil. Ahora temo que las cosas son distintas, y que el progreso cívico no está garantizado con la inteligencia por sí sola. Eso me lleva a otra conclusión: que la derecha, mientras defienda los valores cristianos, tendrá una superioridad moral infinita sobre una izquierda que no sabe exactamente a qué atenerse, por el simple hecho de que han renunciado a su única fuente marxista y no la ha sustituido por otra. Estoy hablando, repito, de códigos, no de comportamientos. No digo que los de derechas no estén continuamente infringiendo su código. Pero su código moral es correcto. Bueno, es el único correcto. Y, por ello, respecto a España, me parece que lo que hace a diario este gobierno, trasladado a todos sus actos legislativos y ejecutivos (recordemos que ellos y sus electores, según sus creencias morales, lo ven moralmente correcto) es un permanente proceso de desarraigo moral con marchamo de irreversible.

 

Luis Hernández Arroyo

Libertad Digital, 24 de enero de 2007

NO SE ATREVE A ROMPER CON EL CONSENSO SOCIALDEMÓCRATA. El drama de la derecha en España

En 1936, el bando nacional surge de una amalgama de familias y tendencias políticas bien distintas: carlistas, monárquicos de Acción Española, democristianos de la CEDA, incluso nacionalistas de la Lliga... El único nexo que explica tal confluencia es la deriva totalitaria y revolucionaria de la República; la constatada amenaza de que la democracia parlamentaria fuera sustituida por un régimen socialista.

 

Durante la primera mitad del régimen que siguió a la Guerra Civil se conforma un sistema político con una fuerte carga ideológica y doctrinal; un sistema difícil de definir por esa diversidad intrínseca del bando nacional y porque, en éste, la propia guerra y la lucha contra el comunismo habían sido un factor de cohesión. Aun cuando el "nuevo Estado" presentó numerosos impulsos totalitarios (especialmente en las formas, por mimetismo con otros movimientos antiparlamentarios de la Europa de entreguerras), puede afirmarse que el peso de lo católico fue definitorio.

Es cierto que este último componente no estaba en el ánimo de los generales que dieron origen al alzamiento, pero la evolución del Gobierno republicano y los masivos asesinatos y persecuciones de que fueron víctimas las gentes católicas contribuyeron a que el factor religioso adquiriera un carácter central en el franquismo.

El nuevo régimen fue profundamente estatista, y dio por supuesto que la confesionalidad y los principios ideológicos que lo sustentaban eran de completa aceptación en el seno de la sociedad. De esta forma, junto a realizaciones inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia, a partir de 1939 el peso del Estado creció enormemente, con lo que se desdibujaba en la práctica el principio de subsidiariedad recogido en las Leyes Fundamentales.

A partir de 1957, con el triunfo de la tecnocracia y la proclamación del "crepúsculo de las ideologías", la evolución del franquismo estuvo marcada por un deseo cada vez mayor de homologación con los países de Europa Occidental. Este deseo se articuló por medio de la despolitización de la sociedad española y de las propias instituciones oficiales.

Por otra parte, seguían vigentes el estatismo, la falta de confianza en el protagonismo de la sociedad civil y el abandono de la cultura. Asimismo, en la cultura y en la sociedad empezaron a calar una serie de principios izquierdistas con un fuerte componente de comunismo gramsciano. Sirva la universidad como ejemplo sintomático de lo que ocurrió: como, para el régimen, no tenía sentido la existencia de universidades de iniciativa social o católicas, pues ya el Estado era "conservador y católico", la universidad española de la última etapa del franquismo (desde mediados de los 60 en adelante) estaba fuertemente marxistizada.

Todo ello nos demuestra que ninguna coraza estatista –por muy "conservador" que sea el discurso oficial, o el envoltorio ideológico– puede suplir a la sociedad civil en el desempeño de su tan necesario quehacer. A largo plazo, tanto las libertades concretas como el desarrollo social próspero y virtuoso sólo pueden alcanzarse si se cuenta con una sociedad civil fuerte y sana.

La política del franquismo afectó a la propia base social conservadora. Los sectores de la derecha, en lugar de defender con gallardía sus principios intelectuales y, al mismo tiempo, reconocer que la forma política concreta estaba marcada por la guerra y la presencia de Franco (un régimen atípico para un país atípico), lo cual presentaba inconvenientes, optaron por lo contrario: abjurar de los principios (o al menos silenciarlos) y defender numantinamente la forma política concreta.

La consecuencia fue la desmovilización intelectual del conservadurismo español, así como el descrédito de esta tradición intelectual ante los neutrales o moderados. En este contexto, la derecha carece de un modelo que proponer cuando comienza la Transición.

Por otro lado, los políticos conservadores, en vez de reivindicar a la derecha como verdadera artífice de la reforma política, fueron presa de un complejo de culpabilidad derivado de haber colaborado con el régimen que ellos habían dinamitado desde dentro para traer la democracia. Es sintomática, en este sentido, la labor de gobierno de la UCD, partido creado al amparo del Movimiento y que realizó una continua descalificación de "la derecha", contribuyendo, así, al corrimiento ideológico del país hacia una izquierda que aún proponía, como modelo político, el socialismo real, responsable del Gulag y del mayor genocidio de la historia.

El cambio de régimen de 1975 supuso un pacto de convivencia por el que los representantes políticos de la derecha, básicamente la UCD, incluso amplios sectores de la Iglesia, abandonaron gran parte de sus principios, pues las concesiones fueron sustanciales.

La necesidad de cambio era indiscutible, pero habría sido exigible a los primeros Gobiernos de la democracia una mayor talla política. Una vez más, el abandono de la cultura y de los principios fue absoluto, y la configuración del nuevo sistema dejó a la sociedad absolutamente indefensa ante el Estado, en una situación mucho peor que la experimentada en otras democracias occidentales.

El sistema autonómico, tal y como está configurado; el enorme poder de los partidos políticos, así como su influencia en la Justicia; el peso dado, gratuitamente, a unos sindicatos muy estatistas, la ausencia de separación real de poderes o el propio sistema electoral (increíblemente consagrado, al estar reglado en la misma Constitución) son una fuente de inestabilidad y de estatismo desmesurado.

Pese a ello, y salvando aquellos primeros y turbulentos años de la Transición, la mayoría de la sociedad española vivió serenamente confiada en el proceso político que comenzó con el cambio de régimen.

Estos años no han estado exentos de momentos y situaciones muy graves, especialmente los provocados por el terrorismo. Se ha convivido con coyunturas económicas duras, sobre todo en los primeros años, así como con crisis políticas de envergadura, como la descomposición de la UCD o la más lenta debacle del PSOE, causada por su generalizada corrupción interna. De hecho, durante estos años se han producido cambios legislativos y sociales muy graves y de muy profundo calado, que han transformado el sentir y el pensar del pueblo español.

El ciudadano de derechas, o de centroderecha, ha contemplado estos cambios con sorprendente mansedumbre y resignación. Creemos que han sido varios los factores que han hecho esto posible:

– Por un lado, el cambio de régimen partía del presupuesto implícito de que había mucho que ceder para conseguir tanto la cohesión social como una convivencia pacífica y estable. De algún modo, era lo que tocaba.

– Especialmente significativo es, aquí, el hecho de que el ciudadano católico (incluyo aquí sólo a aquellos a los que la fe y la cultura católicas les hacen ver el mundo de una determinada manera, configurando su vida de una forma consciente), en su mayoría englobado en el entorno de derecha o centroderecha, también ha aceptado unos cambios sociales especialmente agresivos para la cosmovisión católica. El pacto tácito de la Transición hizo pensar a muchos que había que transigir, en aras del pluralismo, hasta alcanzar una situación de equilibrio, estable, en la que todos estaríamos cómodos.

– Las referencias para estos ciudadanos, los partidos de centroderecha (UCD y PP), y en muchas ocasiones amplios sectores de la Iglesia, han mandado sistemáticamente este mensaje, dejando en una situación muy comprometida a quien discutiera o planteara cuestiones de calado al proceso. Discutir la forma en que se estaba planteando el modelo parecía significar que se cuestionaba el propio régimen de libertades que otorga un sistema democrático parlamentario.

– La iniciativa cultural y social ha sido siempre de la izquierda. Los sectores más tradicionales y católicos no tenían la conciencia militante que otorgan la reivindicación y la mentalidad de "agredido". La comodidad no favorece la iniciativa ni el compromiso.

Sin embargo, en estos momentos, y por primera vez en los últimos 30 años, un gran sector de la población vive en España con la conciencia y la percepción de que las cosas no marchan bien, y esto en un sentido profundo de la expresión; con la sensación de que hay algo de fondo que se resquebraja y de que no es posible mantener por más tiempo un optimismo voluntarista.

Los sucesos del 11 de marzo de 2004 y los resultados electorales de ese mismo fin de semana supusieron una conmoción que dejó a la mitad del país con una sensación de agravio, injusticia y desamparo.

En nuestra opinión, en una buena parte de esa mitad del país el problema es sólo accidental, y se reduce al amargor por la derrota del Partido Popular y por cómo se produjo. Sin embargo, para un porcentaje significativo de dicha "mitad" ese momento ha supuesto la cristalización de un proceso más profundo y lento: el agotamiento del dogma que dice: "Pese a los problemas que veo, el país va, en su conjunto, a mejor, aunque yo no lo vea".

Este cambio de mentalidad, esta nueva actitud, se explica desde diversas causas que confluyen:

– Por un lado, simplemente se ve con más claridad las consecuencias derivadas de unos principios culturales y morales que se han venido implantando en nuestro país en estos años, así como de unas soluciones políticas que tal vez no hayan sido las óptimas. Las delirantes iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero hacen esto más evidente.

– La aceptación por gran parte de la sociedad del denominado "proceso de paz" debiera hacer pensar a los políticos del PP que gobernar no es gestionar el IRPF o el IPC. La no proposición de un modelo social y cultural, la destrucción de la familia y la instauración de un materialismo zafio es algo que hunde la vitalidad moral de la sociedad, conduce a una pérdida del capital social más valioso y –tal vez lo único que les interese– representa un suicidio político.

– Los ocho años de Gobierno del Partido Popular y su abrupto final han evidenciado para muchos:

1) La falta de modelo cultural en el PP, que no cambió el panorama mediático ni el educativo con medidas realmente liberalizadoras, que permitieran la entrada de aire fresco y el establecimiento de un auténtico debate intelectual. Antes bien, se mantuvo la política estatista y de subvenciones; pensaron que tal vez así se ganarían a la "inteligencia" cultural.

2) Que desde un Gobierno "de derechas" se profundizó en el acoso y destrucción de la familia, con medidas sin las cuales no serían posibles los nuevos pasos en la misma senda que ahora da el Gobierno del PSOE.

3) La paradoja de un partido conservador que no es consciente de que contribuye a debilitar las estructuras naturales de la sociedad civil, precisamente aquéllas que, a medio y largo plazo, favorecen su modelo teórico de sociedad y, por ello, sus posibilidades electorales.

– Todo parece indicar que la izquierda y los nacionalismos han dado por terminada la Transición e intentan retomar la ruptura política que no pudieron acometer en 1975. Una vez más, se comprueba que el juego democrático con un marco establecido sirve a la izquierda y a los nacionalismos mientras puedan conseguir avances para sus posiciones. Pero parece que no estaban dispuestos a tolerar otra victoria de un Gobierno no izquierdista. Esto provocó, especialmente en los últimos dos años de Gobierno popular, una actitud muy violenta contra el PP, pasándose de la demagogia habitual a episodios realmente totalitarios y coactivos. La izquierda, así, consiguió movilizar a sus bases, pero también abrió los ojos a mucha otra gente, "empujándola" hacia la derecha, que reclamó el mismo derecho que la izquierda a opinar, manifestarse y no aceptar el discurso oficial imperante.

Este incipiente cambio de mentalidad permite albergar esperanzas sobre la regeneración política y social que España necesita. Pero nada se podrá hacer si no se parte de la premisa, realista, de la tremenda debilidad de la sociedad civil española y del complejo que lastra a los políticos e intelectuales "conservadores" españoles.

La única duda es si podemos esperar algo serio del actual partido de la oposición o si, por el contrario, su ensamblaje en el sistema del "consenso", el estatismo y el dinero público fácil en que viven todas las formaciones políticas le hace incapaz para cualquier tipo de reacción, especialmente para la que España precisa.

Mientras podamos resolver esta duda, sólo nos queda afianzar nuestros principios, crear redes sociales, instituciones o fundaciones donde poder establecer debates reales sobre ideas, formar en los principios conservadores a nuestros mejores jóvenes, contribuir al debate público mediante revistas, publicaciones… Es urgente defender públicamente, donde podamos, que una concepción conservadora de la sociedad es lo más favorable para todos –especialmente para los más desfavorecidos económicamente–, que no hay libertad sin libertad económica y que no se puede ser una sociedad libre si no se es una sociedad virtuosa.

En definitiva, nos queda por hacer aquello que más teme el consenso socialdemócrata imperante: luchar por que la nuestra sea una sociedad verdaderamente libre.

© Fundación Burke

ANTONIO ARCONES, presidente de la Fundación Burke.

 

Libertad Digital, suplemento Ideas, 24 de enero de 2007

Ecuador se bolivarianiza

Lo primero que ha hecho el nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras asumir el poder ha sido anunciar la celebración de un referéndum sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente plenipotenciaria, que tendría por cometido elaborar una nueva Constitución. Correa pretende hacer en Ecuador lo que ha hecho Chávez en Venezuela y lo que está intentando hacer en Bolivia Evo Morales: tomar el poder democráticamente para, a continuación, modificar las estructuras básicas del Estado.

 

Los nuevos populistas aplican sin sonrojo la proclama mussoliniana que Fidel Castro recicló en 1961para anunciar la llegada de un nuevo régimen a Cuba: "Dentro de la revolución todo; contra la revolución, nada". Todo lo justifica la revolución, y si la democracia no se adapta a la revolución, peor para la democracia.

Los líderes populistas atacan el sistema en su punto neurálgico para modificar la estructura del Estado y destrozar, al tiempo, el principio de la supremacía constitucional, probablemente la aportación jurídica más relevante del siglo XX, junto con la internacionalización de los Derechos Humanos.

Una Constitución no es una ley más, que pueda cambiarse con el consentimiento de la mayoría parlamentaria: es la norma suprema que rige el funcionamiento del Estado, y su reforma exige un consenso generalizado de todas las fuerzas políticas. Podemos decir que un cambio de Constitución supone un cambio de régimen, una revolución.

De ahí que no exista peor práctica para la estabilidad social y política de un país que la costumbre de llegar al Gobierno y establecer una nueva Ley Fundamental. En nuestro país tenemos la experiencia del siglo XIX: tuvimos una decena de cambios de Constitución. La historia nos demuestra que, en estas circunstancias, las constituciones pierden su sentido y, privadas de su carácter normativo, se convierten en papel mojado, en colecciones de principios generales sin validez jurídica que sólo sirven para adornar la retórica del líder de turno.

Ajeno a estos planteamientos, el presidente Correa se ha apresurado a aplicar la plantilla bolivariana mediante la convocatoria de una consulta popular que le legitime para disolver el Parlamento actual, en el que no cuenta con apoyos suficientes, y elegir uno nuevo, plenipotenciario, que gobierne y modifique la Constitución.

Esta Asamblea Constituyente, la decimoctava que se celebraría en Ecuador desde 1830, modificaría la Constitución de 1998, elaborada por otra Asamblea Constituyente convocada por la movilización de las fuerzas sociales y que también pretendía modificar radicalmente la política nacional.

Si atendemos a este último proceso constituyente, vemos cómo tomaron parte de él un amplio grupo de fuerzas sociales y políticas, entre las que destacaban la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), el Pachakutik (Movimiento de Unidad Plurinacional) y la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negros), y cómo unos y otros coincidieron en temas clave, como las reformas políticas necesarias para crear estabilidad política, o en reivindicaciones ya clásicas del bolivarianismo, como el reconocimiento de los derechos colectivos de ciertos grupos, especialmente los de los pueblos indígenas.

La gran mayoría de las decisiones se adoptaron por un consenso mayoritario (por unanimidad o con el respaldo de dos tercios de la Asamblea), y sólo algunas, las relativas al sistema político y al papel del Estado en la economía, se aprobaron por mayoría simple. Si existió un acuerdo generalizado hace ocho años, ¿para qué cambiarlo?

El segundo problema de esta costumbre tiene que ver con el proceso de elaboración de un texto nuevo. Cuando se pretende sustituir una Constitución por una nueva se inicia un proceso constituyente. El pueblo se convierte en protagonista principal de la democracia, es el poder constituyente, y otorga todo el poder a una Asamblea, que se encarga de la elaboración del nuevo texto.

Se trata de un periodo excepcional, transitorio, en el que la jerarquía institucional queda temporalmente suspendida y las instituciones quedan sometidas a la Asamblea, hasta que ésta realice su misión. Esto provoca que los procesos constituyentes generen inestabilidad y lleven la parálisis al país en cuestión, pues no se pueden tomar decisiones mientras se alteran las normas básicas de funcionamiento del Estado.

El pueblo, convertido en poder constituyente, deja de estar sometido a las normas durante el proceso de elaboración de la Ley Fundamental, pero la demagogia de los gobernantes y la devaluación del texto constitucional prolonga este sentimiento de omnipotencia más allá del periodo constituyente. La población se siente portadora de un sentimiento de poder ilimitado, sin sometimiento alguno a leyes e instituciones, y esto es tremendamente peligroso para la democracia. La batalla campal que se ha celebrado en Cochabamaba en los últimos días es un buen ejemplo de ello.

Para evitar esto es necesario que tanto el poder constituyente, el pueblo, como su representante, la Asamblea Constituyente, limiten su actuación a la elaboración de una nueva Constitución, como ocurrió en el propio Ecuador en 1997. De ahí que sea un tremendo error prescindir del Poder Legislativo, al que la Constitución ecuatoriana del 98, en sus artículos 281 y 282, atribuye la reforma de la Constitución, para proponer una consulta que provocará su disolución y la elección de una nueva Asamblea, que no se limitará a aprobar una nueva Ley Fundamental, sino que, investida de plenos poderes, tratará de reorganizar todas las instancias de poder, incluyendo a los altos funcionarios del Estado, como los miembros del Tribunal Supremo Electoral, sin renunciar al ejercicio de las competencias legislativas, por lo que podrá emitir leyes, decretos e incluso los Presupuestos del Estado. No hay duda alguna de que prolongará su labor más allá de la aprobación de la Constitución.

Por último, es necesario analizar la necesidad del cambio. La Constitución de 1998 fue reconocida como una reforma de consenso que hizo realidad un amplio reconocimiento de derechos, alabado por todos, y un nuevo planteamiento de la situación pluricultural, pues reconocó derechos colectivos a los pueblos indígenas y a los negros.

Aunque recibió algunas críticas, por no introducir más mecanismos participativos que los de las juntas parroquiales y dejar pendiente la cuestión de la descentralización, existía un consenso sobre su carácter integrador y su legitimidad. Sin embargo, ahora se anuncia la transformación de la estructura jurídica y del sistema de representatividad ciudadana, lo que, siguiendo el esquema bolivariano, se traducirá en un reforzamiento de los poderes del presidente y en la creación de una suerte de milicia popular de fieles al servicio de éste.

Pero el argumento fundamental esgrimido para realizar la consulta es la necesidad de modificar el "carácter patrimonialista y corporativista" de la Constitución vigente. En este sentido, aunque el poder constituyente es sólo del pueblo, Correa ya ha anunciado que impulsará un modelo económico de corte socialista. Según Correa y sus asesores, el gran problema de la Constitución del 98 es su marcado énfasis privatista, pues se barrenó el concepto de propiedad exclusiva del Estado dentro del sector público de la economía eliminado los mecanismos de presencia del sector público en la producción y la comercialización.

Sorprende que un economista que presume de haberse formado en Estados Unidos ignore que, como ha recordado recientemente Carlos Alberto Montaner, "nadie tiene la menor duda de que el Estado-empresario es el camino más directo para empobrecer a los pueblos, retrasar su desarrollo tecnológico, corromper aún más al estamento político y envilecer las relaciones entre los electores y los partidos".

No sabemos que será más perjudicial para Ecuador, la inestabilidad provocada por el cambio constitucional constante o las nuevas medidas económicas de corte socialista. De lo que estamos seguros es de que, una vez más, serán los ecuatorianos los que pagarán las consecuencias de tanta "ilustración" revolucionaria.

Por RAFAEL RUBIO, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.

Libertad Digital, suplemento Exteriores, 23 de febrero de 2007

Un alto cargo de la Conferencia Episcopal acusa al Gobierno de ejecutar un "plan de diseño social" en contra del catolicismo

El director de secretariado de la Comisión Episcopal denuncia que el cambio va más allá del legítimo campo de competencia política hasta invadir "los terrenos de las libertades y derechos personales y sociales, como son los de la educación moral, la familia, el matrimonio y el derecho a la vida"

 

El director de secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha acusado al Ejecutivo de ejecutar un "plan de diseño social" para "desinflar" lo católico.

 

En su columna del número 3.345 de la revista religiosa Ecclesia, titulada 'Catolicismo al 25%', Gil Tamayo asegura que con el "plan de diseño social lo que se quiere es 'desinflar' lo católico hasta un cuarto de 'presión', o sea pincharlo para que no estorbe ni circule".

 

El director de secretariado de Medios del Episcopado se asombra de la "tan profunda y acelerada" transformación de la sociedad española en un cuarto de siglo desde la Transición, pese al cambio a nivel mundial ante las nuevas tecnologías, la globalización y otros muchos factores políticos, sociales y culturales. En palabras del secretario de la Comisión Episcopal, "lo que está ocurriendo en España de mano del Ejecutivo socialista y sus socios hace parecer prehistórico el cambio vaticinado por su antecesor en los comienzos de los 80".

 

Denuncia que el cambio va más allá del legítimo campo de competencia política hasta invadir "los terrenos de las libertades y derechos personales y sociales, como son los de la educación moral, la familia, el matrimonio y el derecho a la vida". La consecuencia de esta incursión moral se refleja leyes en “la añeja corriente laicista, con el correspondiente y hegemónico acompañamiento mediático afín, así como con el manual de adoctrinamiento en curso en la llamada Educación para la Ciudadanía'".

 

Gil Tamayo arguye que el Ejecutivo pretende crear "una nueva sociedad", donde todo sea "tan plural y variado que no se reconozca ninguna seña de identidad arraigada y compartida" y, en consecuencia, se genera una sociedad "débil e inoperante".

 

”Remedio a la pérdida de vitalidad cristiana”

 

Así, critica que se "orquestan" reiterativas noticias sobre encuestas pertenecientes al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con el propósito de hacer ver "lo poco católico" que están siendo los españoles.

 

Junto a estas manipulaciones, "otras confesiones religiosas que van ocupando un puesto destacado en España, como es, sobre todo, el caso del Islam goza -además de la financiación de Arabia Saudí y de otros países y grupos árabes- de todo el apoyo directo e indirecto del buró e intelectualidad oficial".

 

Por último, el director de secretariado de la Conferencia Episcopal de Medios pide a los católicos que defiendan sus derechos y libertades civiles y pongan "remedio a la pérdida de vitalidad cristiana".

 

Análisis Digital, 22 de enero de 2007

 

La eutanasia nacional: una penosa impresión de hundimiento colectivo

Ya es casualidad que la obstinación disgregadora del Gobierno haya venido a coincidir, noticiosamente hablando, con el último caso de eutanasia. Pero a lo mejor no es sólo casualidad.

 

Son como la Santa Compaña, ¿verdad?, pero envueltos en moralina progresista, y ya no llevan en cabecera a un vivo que enarbola una cruz, según dice la tradición, sino a una periodista de El País con su grabadora y su canesú. Tampoco entonan cantos lúgubres en los senderos del bosque, sino que ahora los rodea una cohorte de opinadores concienciados que narra al mundo sus hazañas. Hay alguien que quiere dejar de vivir. Ellos ayudan a morir. Llegan al domicilio de la víctima. La rodean de comprensión y zalamerías, de besos y ternura, y entonces, ¡zas!: viaje directo al otro barrio. Lo han hecho ahora con una señora en Alicante. Lo vimos, ya digo, ampliamente sahumado en El País, siempre dispuesto a defender cualquier cosa que signifique romper algo importante. El hijo de la víctima –porque no deja de ser una víctima- dice que va a denunciar a la Santa Compaña, o sea a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, por llevar a su madre a la muerte. La Asociación Compaña dice que no, que ellos lo hacen por generosidad. Claro.

 

Cuestiones de principio. Primera: una comunidad no puede reconocer a un particular el derecho de "ayudar a morir" al prójimo, por la simple razón de que ese derecho tendría que reconocérsele a todos, y si todos nos ayudamos a morir unos a otros, entonces entraríamos en una especie de homicidio generalizado. Segunda: una comunidad no puede reconocer a nadie el derecho a acabar con su propia vida, porque la muerte es un mal objetivo en sí mismo, luego es absurdo concebirla como derecho (otra cosa es que uno se tome tal atribución por su propia mano, pero esto nada tiene que ver con el mundo de los "derechos"). Tercera, más genérica, pero también más práctica: en los países donde se ha legalizado la eutanasia, los casos de abusos son lo suficientemente abundantes como para tentarse la ropa. Cuarta, y quizá más honda: ¿no es llamativo que sea precisamente hoy cuando con más insistencia se muestra la muerte como algo bonancible, "generoso", guay del Paraguay, lo mismo para la eutanasia que para el aborto, y que esto sólo ocurra en países ricos y gordos, tanto en España como fuera de aquí? ¿No es como si estuviéramos en una cultura no ya de la muerte, sino, más específicamente, del suicidio?

 

Después de todo, tiene su lógica que estos asuntos se planteen en el mismo momento en que los poderes del Estado acarician el sueño de la capitulación ante sus enemigos. ¿Disparatamos? Quizá. Pero en un cierto sentido, en un estrato profundo, a veces invisible, es como si todas estas cosas fueran hijas de una sola fuerza, como si estuvieran animadas por un mismo espíritu: el espíritu de la cancelación, de un irse cansado y hastiado, de un acabarse blandito y suave, de una eutanasia colectiva. Por eso el Coro de los lémures que jalea a la Santa Compaña, a esos que caminan por ahí llevando el mensaje de la muerte inminente, es el mismo orfeón que entona cánticos al diálogo con los que ponen bombas y matan, y también el mismo que identifica el aborto con un gesto de libertad. Es el mismo coro que pretende aislarnos a los demás, a los que pensamos que la vida tiene un sentido y un valor, que la nación es algo importante, como lo son la justicia y la dignidad colectiva; a los que pensamos que los pueblos fuertes son los que quieren vivir, mientras que los pueblos débiles sólo piensan en gozar. A esos –a nosotros- quieren ponernos un cordón sanitario, según la ingeniosa estupidez de Federico Luppi.

 

Esta impresión de que todo se va hundiendo alrededor no es algo que pueda borrarse con un cambio electoral. Hacen falta fuerzas más poderosas, fuerzas que están en el plano del espíritu más que en el de la política. De momento, podemos ir haciendo gimnasia: ser capaces de descubrir, bajo cada ruina, la promesa de un nuevo palacio.

 

José Javier Esparza

El Semanal Digital, 19 de enero de 2007