Hoy en día sólo Suiza y los EEUU pueden ser definidos como democracias directas, debido a la gran cantidad de asuntos que son decididos por medio de referendos. Casi en el otro extremo se sitúan Alemania, donde este procedimiento está prohibido, y España, pues, aparte de reformas constitucionales, estatutarias y territoriales, el referéndum es meramente consultivo y sólo puede ser convocado por el Ejecutivo.
El contrapeso liberal a esta práctica democrática se halla en los tribunales, que a menudo invalidan el resultado de la votación si la medida aprobada por el pueblo restringe las libertades o limita el ejercicio de derechos inalienables. También se pueden llevar a cabo reformas constitucionales que anulen el resultado de un plebiscito. En definitiva, el ejercicio de la democracia directa y sus limitaciones es un ejemplo más de la aplicación del principio de "gobierno limitado de la mayoría" en los EEUU. Es el equilibrio entre democracia y demagogia o, si se prefiere, la proporción entre los principios popular y aristocrático del poder.
La proliferación de referendos en los EEUU hace que en muchos estados se publiquen y repartan guías en las que los ciudadanos encuentran, entre otras cosas, una explicación "en lenguaje normal" de la medida propuesta, un resumen de los argumentos a favor y en contra de la misma y un pequeño estudio sobre las consecuencias que tendría su voto. Cada estado, condado o incluso municipalidad regula y organiza plebiscitos, aunque todos están sujetos a revisión por el Tribunal Supremo. Los gobernadores pueden convocar referendos sobre las medidas que estimen oportunas: de esta manera pueden superar vetos legislativos, deshacer bloqueos y resolver situaciones de parálisis.
Pero la mayoría de los plebiscitos son convocados desde abajo, es decir, por ciudadanos a título individual o agrupados. Lo único que se requiere es un número testimonial de firmas, que por lo general no supera el 3% de los votantes registrados, y el pago de una pequeña tasa. Los referendos se han profesionalizado tanto que a menudo los grupos políticos recurren a empresas especializadas en solicitar firmas a los ciudadanos para apoyar tal o cual propuesta. Junto a la convocatoria, los estados y condados también publican los argumentos en contra aportados por grupos o individuos, que también deben pagar un pequeño impuesto, que normalmente no excede los 200 dólares.
Debido al carácter flotante de muchos electores norteamericanos y al aumento de la abstención a partir de los años 60 (las últimas presidenciales fueron una excepción, aunque queda por ver si este acontecimiento es el inicio de una tendencia o simplemente un caso extraordinario), los partidos usan los plebiscitos como herramienta para aumentar la participación, sobre todo la de aquellos cuya ideología consideran afín.
Un reciente ejemplo de esto fue la convocatoria en numerosos estados de consultas populares sobre el matrimonio gay en coincidencia con las presidenciales. Dada la fuerte correlación entre conservadurismo, oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y voto al partido republicano, algunos expertos han señalado que estos referendos fueron un factor tanto en el aumento de la participación como en la reelección de George Bush en 2004, ya que algunos votantes, más interesados en los asuntos particulares que en la elección presidencial, acudieron a las urnas con el objetivo de expresar su oposición al matrimonio gay... y de paso también apoyaron al candidato republicano a la Casa Blanca.
El martes, los habitantes de once estados podrán pronunciarse sobre esta cuestión y apoyar o rechazar la definición de matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. Incluso en uno, Colorado, los ciudadanos opinarán sobre tres propuestas diferentes: definición del matrimonio como unión de hombre y mujer; legalización de las parejas de hecho sin que importe el sexo de sus componentes; clarificación de la naturaleza de estas uniones, lo cual indica que, aunque puedan compartir algunos derechos con el matrimonio, no son equivalentes a éste.
El caso de Colorado ilustra a la perfección el concepto de democracia directa como un mecanismo de auténtica deliberación que no tiene por qué aumentar la polarización ni traducirse en dilemas que cierran debates políticos de forma prematura.
Fenómenos como el de las elecciones de 2004 han llevado a los demócratas a aprobar leyes que restringen y dificultan la convocatoria de referendos con la excusa de que el proceso de recogida de firmas es fraudulento. Es el caso de Massachusetts, donde el Legislativo está intentando limitar los recursos a los que los grupos políticos recurren para convocar consultas populares y así evitar el llamado "efecto arrastre", que suele beneficiar a los conservadores y que es una prueba más del sesgo moderado y conservador de la mayoría de los norteamericanos, poco amigos de reformas radicales o de cambios institucionales, ya sea en asuntos políticos o sociales.
Como indiqué más arriba, en los plebiscitos se deciden múltiples cuestiones, desde ordenanzas municipales relativas a aparcamientos hasta leyes fiscales. Algunas propuestas son puramente testimoniales, como la de la república popular de Berkeley y San Francisco sobre la conveniencia de procesar al presidente Bush y al vicepresidente Cheney; otras no tienen posibilidad de prosperar, pues competen al Gobierno federal, no al del condado o el estado en cuestión. Sin embargo, con frecuencia los referendos atañen a cuestiones que afectan de forma directa a la vida de los ciudadanos, como los principios que en su opinión deben regir sus comunidades (caso del matrimonio gay) o el grado de intervención estatal en sus vidas y bolsillos, como demuestra el hecho de que la mayoría de los plebiscitos se refieren a impuestos y gasto público.
Más allá de la caza del oso, la venta de vino y el cuidado de los perros, la democracia directa en los EEUU evidencia la vitalidad de una sociedad en la que, al contrario de Europa, los principios de subsidiariedad y soberanía individual no se limitan al papel mojado, sino que son llevados a la práctica de forma regular y frecuente. Cuestiones como quién debe disfrutar de exenciones fiscales, en qué lengua deben ser educados los niños o el salario mínimo no son en los EEUU asuntos reservados a los partidos o a alguna minoría de presión, sino que pueden ser decididos de forma pública y transparente en el seno de la sociedad civil.
Por desgracia, en nuestro continente el tema de la democracia directa no figura en la agenda política de casi ningún partido, ni es objeto de debate en las páginas de diario alguno, excepción hecha de los referendos irredentistas a punta de pistola y con previa exclusión de los forasteros, último invento de la alianza fascio-progre que nos invade. ¿Partitocracia frente a republicanismo, prudencia contra osadía o simplemente miedo y cinismo frente a nobleza y sinceridad? Algo de todo eso, y tal vez más.
ANTONIO GOLMAR (libertymad@gmail.com), politólogo y miembro del Instituto Juan de Mariana.
Este artículo ha aparecido también en USA Digital.
Libertad Digital, suplemento Exteriores, 7 de noviembre de 2006
