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Los errores del proceso norirlandés

Irlanda del Norte demuestra lo erróneo de abandonar las exigencias objetivas que deben demostrar la voluntad de poner fin a la violencia, y la necesidad de que el Gobierno cumpla rigurosamente sus promesas en torno a la verificación de una desaparición absoluta de ETA, sin incurrir en concesiones al brazo político de la banda que permitan la perpetuación de ésta.

 



El "proceso de paz" norirlandés ha sido tomado como referente por políticos y periodistas en nuestro país que buscan su aplicación al ámbito vasco. Muchos de ellos asumen como premisa el final feliz del mismo al entender que ha garantizado el fin del terrorismo del IRA y su desarme. Por ello sugieren que el proceso que se inicia con el alto el fuego de ETA exigirá un pragmatismo como el que han mostrado dirigentes británicos e irlandeses. Deducen en consecuencia que el proceso hasta el final de ETA será largo, duro y difícil; si bien insisten en que en absoluto pagará nuestra democracia ningún precio político a cambio. Sin embargo, la interpretación que muchos de estos observadores realizan del proceso norirlandés ignora que tanto el Gobierno británico como el irlandés han permitido finalmente que el terrorismo extrajera réditos políticos. Otros se sirven precisamente de esa realidad para anticipar y justificar que el Gobierno español lleve a cabo concesiones en aras de una supuesta practicidad necesaria para solucionar el conflicto vasco. Por ello, esa insistencia en el modelo norirlandés hace temer que éste se convierta en coartada para legitimar lo que podría llegar a ser una contraproducente política antiterrorista en relación con ETA si el paralelismo entre uno y otro proceso se sigue estableciendo sin el rigor debido.

En primer lugar debe cuestionarse la generalizada asunción del "final feliz" del proceso norirlandés que tan recurrente resulta para la comparación. La enorme polarización política y social existente hoy en Irlanda del Norte, donde el Gobierno autonómico continúa suspendido y en donde la segregación geográfica entre comunidades no ha dejado de crecer, arroja serias dudas sobre una valoración del proceso norirlandés tan erróneamente positiva como exagerada. Es muy convincente atribuir estas consecuencias a una equivocada gestión del proceso posterior al alto el fuego del IRA, sentando un precedente que debería evitarse en nuestro país. En contra de quienes ensalzan el pragmatismo de Tony Blair o Bertie Ahern, primeros ministros del Reino Unido e Irlanda, sus propios pronunciamientos públicos exponen cómo el terrorismo ha conseguido recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente. En enero de 2005, Ahern reconocía en el Parlamento irlandés que en su intento por integrar al Sinn Fein en el sistema había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA venía viéndose involucrado. Un año antes, Blair afirmaba que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el Gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein asociado a un grupo terrorista todavía activo, esto es, el IRA. Estas concesiones fueron criticadas por los representantes de la comunidad unionista durante años, siendo dichas reclamaciones ignoradas una y otra vez por los gobiernos británico e irlandés al entender que el fortalecimiento político del Sinn Fein aseguraba la continuidad del alto el fuego del IRA. Con ese contradictorio comportamiento, que sigue manteniéndose, se lanzaba un nocivo mensaje: el Sinn Fein puede condicionar la normalización política a pesar de incumplir las reglas del juego democrático.

El informe emitido el pasado mes de febrero por la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas confirmaba la perjudicial incoherencia de la política británica. Esta comisión sustenta su trabajo en unos principios democráticos básicos; entre ellos, el que destaca como inaceptable que un partido político, y particularmente sus líderes, expresen su compromiso con la democracia y la leymientras su actitud demuestra lo contrario. Considera, además, que los partidos políticos no deben beneficiarse de su asociación con actividades ilegales. Sin embargo, la comisión reconocía que el IRA seguía activo realizando actividades criminales que, autorizadas por sus líderes, servían a la estrategia política del Sinn Fein. La valoración que el ministro británico para Irlanda del Norte hacía del informe revela los peligros que entraña para nuestra democracia replicar un modelo como este que sin duda resulta atractivo para ETA y Batasuna. En opinión de Peter Hain, el informe demostraba "que el IRA se está moviendo en la buena dirección" al no haber "asesinatos" ni "robos de bancos". Más de diez años después del alto el fuego del IRA, el Gobierno británico ha acomodado su sistema democrático para que las actividades ilegales de una organización terrorista sean valoradas como aceptables siempre y cuando no rebasen un umbral, el asesinato, que de todos modos los terroristas no consideran oportuno traspasar en un nuevo contexto nacional internacional desfavorable para ello.

Esa dañina impunidad es la que ha convertido en ineficaz el desarme del IRA anunciado el pasado año. Aunque presentado casi unánimemente como un gran gesto, la forma en la que se llevó a cabo impidió que cumpliera el objetivo que motivó esta exigencia en 1995: convencer a las víctimas del terrorismo del IRA de su voluntad inequívoca de poner fin a la violencia. El retraso en el desarme y su metodología impidieron generar la confianza que se buscaba con esa medida. Tres fueron los gestos de desarme que precedieron al último en septiembre de 2005. Ninguno de ellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, que el desarme fuera verdaderamente eficaz. El propio Martin McGuinness, en vísperas del desarme acometido en octubre de 2003, reconocía que los anteriores actos no se habían llevado a cabo en condiciones "convincentes", de ahí que admitiera la necesidad de "transparencia" para que los pasos del IRA no causaran "decepción". Hasta el general canadiense John De Chastelain, encargado de supervisar el decomiso de armas, subrayó también que desde 1999 insistió en sus contactos con el IRA en que, a menos que el desarme fuera "visible", se dudaría de las buenas intenciones del grupo terrorista, concluyendo por tanto que las dudas convertirían en ineficaz el desarme. A pesar de ello, en octubre de 2003 y en septiembre de 2005 se cometieron los mismos errores. La única diferencia entre uno y otro acto fue que en esta última ocasión un religioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hiciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas, como se había reclamado previamente. Sin embargo, esta sola distinción resultaba insuficiente para garantizar la visibilidad y transparencia exigidas, pues se admitió que el IRA eligiera a los testigos en contra de las propuestas unionistas. El recambio católico, el padre Alec Reid, plenamente identificado en Irlanda y Euskadi con los intereses nacionalistas, minó aún más la credibilidad del acto del IRA.

Por tanto, Irlanda del Norte demuestra lo erróneo que resulta abandonar las exigencias objetivas que deben demostrar claramente la voluntad inequívoca de poner fin a la violencia. Confirma, además, la necesidad de comprobar que el Gobierno cumpla rigurosamente sus firmes promesas en torno a la verificación de una desaparición absoluta de la organización terrorista sin incurrir en concesiones al brazo político de la banda que permitan la perpetuación de ésta.


(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, y autor de Matar por Irlanda: el IRA y la lucha armada)

Rogelio Alonso, EL PAÍS, 31/3/2006

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