Sin disolución
La mera existencia de ETA es un factor de coacción enorme. Frente a los exultantes comentarios suscitados, debe indicarse que ETA no ha anunciado ni su disolución ni la entrega de sus armas. Hay quienes entienden que todo eso vendrá después. Sin embargo, esa mera muestra de tolerancia invita a involucrarse en una contraproducente dinámica de concesiones.
Muchas serán las personas que califiquen de 'histórico' el último comunicado de la organización terrorista ETA. Este mismo calificativo ha sido utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la última década en Irlanda del Norte. Precisamente esa experiencia obliga a moderar evaluaciones excesivamente positivas que la declaración etarra puede sugerir a algunos obeservadores. Fue en 1994 cuando el IRA decretó un cese de sus actividades «militares» y todavía hoy la organización terrorista sigue activa. Cierto es que ha abandonado sus asesinatos sistemáticos, pero no sus actividades de financiación y recopilación de inteligencia que ahora, como reconocen las fuerzas de seguridad, utiliza para su estrategia política dirigida por Sinn Fein. Por tanto, Sinn Fein ha optado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna.
Tan significativo precedente obliga a tener muy presente la coyuntura en la que ETA hace público su comunicado. ¿Qué persigue ETA con sus palabras? ¿Por qué en este momento actual después de otros comunicados muy recientes en los que aseguraba que, según su lógica, las condiciones para continuar con la violencia permanecen? La respuesta a estas preguntas y la interpretación del comunicado debe hacerse desde la insistencia en que la declaración está firmada por una organización terrorista responsable del asesinato de cientos de seres humanos que todavía hoy continúa amenazando, intimidando y financiándose a través de actividades criminales. Su mera existencia es sin duda un factor de coacción enorme que jamás un sistema democrático debería tolerar como aceptable. Por ello, frente a los exultantes comentarios suscitados por la declaración, debe indicarse que ETA no ha anunciado su completa desaparición, ni su disolución, ni la entrega de sus armas. Hay quienes entienden que todo eso vendrá después de un primer paso como el de ayer. Sin embargo, esa mera muestra de tolerancia hacia una organización terrorista invita a involucrarse en una contraproducente dinámica de concesiones. En realidad, un alto el fuego de un grupo terrorista no debe ser alabado al no ser en absoluto un acto que deba recompensarse, pues su violencia es simplemente inaceptable de partida.
La necesidad de plantear tan firmes exigencias se desprende de los efectos que se derivarían de una respuesta mucho más complaciente, tal y como se deducía de las palabras del dirigente del Partido Socialista de Euskadi José Antonio Pastor, cuando en relación con el posible encarcelamiento de Otegi declaraba días atrás: «Probablemente, a lo mejor tampoco hubiera dado lugar a que se hubiera producido ninguna circunstancia de éstas si se hubiera producido ya un escenario de desaparición de la violencia en el País Vasco porque la presión social, la ilusión de la sociedad, influye en todo el mundo, en jueces, políticos, periodistas y en todo el mundo». En su opinión, todos los estamentos son personas que se dejan «influir como todos» y, «cuando se genera un clima de esperanza y de futuro en paz, es evidente que se produce un relajo general en la sociedad». En función de esa lógica, la declaración de ETA serviría para acentuar la presión sobre una sociedad ansiosa de paz tras décadas de un terrorismo que precisamente ha buscado su desestimiento. Ahí radica el peligro de considerar como suficiente la actual declaración de tregua a pesar de que ésta no informa de la noticia que realmente sí debería ser bienvenida, esto es, la completa disolución, desaparición y desarme de la organización terrorista.
La gestión del proceso anterior a este comunicado ha servido para dividir enormemente a las fuerzas democráticas, beneficiando tan sólo a ETA y a su entorno. La gestión del actual escenario también tiene un considerable potencial de desestabilización para los partidos democráticos si persisten sus divergencias. De ahí la necesidad de consensuar unos acuerdos mínimos que en realidad se encuentran ya recogidos en el Pacto por las Libertades, siendo la negación de cualquier precio político a la violencia el más importante de ellos. Dicha ausencia de precio político exige que una organización terrorista y el partido que la representa y que se encuentra estrechamente vinculado a la misma no se beneficien de una indulgencia que algunos observadores favorecen ya en respuesta al gesto de ETA. No son los gestos verbales, sino los hechos objetivos los que deben ser valorados. Hasta el momento el único hecho objetivo es que ETA sigue mostrándose reacia a desaparecer. Es pragmático y razonable que los representantes políticos de la organización terrorista, así como sus activistas, sigan recibiendo el trato que la Justicia impone mientras la banda no anuncie su disolución y desarme, es decir, mientras continúe existiendo una organización ilegal como ETA. Representan exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna, lo cual impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores. Estas exigencias democráticas incentivarían a los dirigentes de Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición y facilitaría la restauración del consenso entre los principales partidos democráticos.
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, EL CORREO, 23/3/2006
Muchas serán las personas que califiquen de 'histórico' el último comunicado de la organización terrorista ETA. Este mismo calificativo ha sido utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la última década en Irlanda del Norte. Precisamente esa experiencia obliga a moderar evaluaciones excesivamente positivas que la declaración etarra puede sugerir a algunos obeservadores. Fue en 1994 cuando el IRA decretó un cese de sus actividades «militares» y todavía hoy la organización terrorista sigue activa. Cierto es que ha abandonado sus asesinatos sistemáticos, pero no sus actividades de financiación y recopilación de inteligencia que ahora, como reconocen las fuerzas de seguridad, utiliza para su estrategia política dirigida por Sinn Fein. Por tanto, Sinn Fein ha optado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna.
Tan significativo precedente obliga a tener muy presente la coyuntura en la que ETA hace público su comunicado. ¿Qué persigue ETA con sus palabras? ¿Por qué en este momento actual después de otros comunicados muy recientes en los que aseguraba que, según su lógica, las condiciones para continuar con la violencia permanecen? La respuesta a estas preguntas y la interpretación del comunicado debe hacerse desde la insistencia en que la declaración está firmada por una organización terrorista responsable del asesinato de cientos de seres humanos que todavía hoy continúa amenazando, intimidando y financiándose a través de actividades criminales. Su mera existencia es sin duda un factor de coacción enorme que jamás un sistema democrático debería tolerar como aceptable. Por ello, frente a los exultantes comentarios suscitados por la declaración, debe indicarse que ETA no ha anunciado su completa desaparición, ni su disolución, ni la entrega de sus armas. Hay quienes entienden que todo eso vendrá después de un primer paso como el de ayer. Sin embargo, esa mera muestra de tolerancia hacia una organización terrorista invita a involucrarse en una contraproducente dinámica de concesiones. En realidad, un alto el fuego de un grupo terrorista no debe ser alabado al no ser en absoluto un acto que deba recompensarse, pues su violencia es simplemente inaceptable de partida.
La necesidad de plantear tan firmes exigencias se desprende de los efectos que se derivarían de una respuesta mucho más complaciente, tal y como se deducía de las palabras del dirigente del Partido Socialista de Euskadi José Antonio Pastor, cuando en relación con el posible encarcelamiento de Otegi declaraba días atrás: «Probablemente, a lo mejor tampoco hubiera dado lugar a que se hubiera producido ninguna circunstancia de éstas si se hubiera producido ya un escenario de desaparición de la violencia en el País Vasco porque la presión social, la ilusión de la sociedad, influye en todo el mundo, en jueces, políticos, periodistas y en todo el mundo». En su opinión, todos los estamentos son personas que se dejan «influir como todos» y, «cuando se genera un clima de esperanza y de futuro en paz, es evidente que se produce un relajo general en la sociedad». En función de esa lógica, la declaración de ETA serviría para acentuar la presión sobre una sociedad ansiosa de paz tras décadas de un terrorismo que precisamente ha buscado su desestimiento. Ahí radica el peligro de considerar como suficiente la actual declaración de tregua a pesar de que ésta no informa de la noticia que realmente sí debería ser bienvenida, esto es, la completa disolución, desaparición y desarme de la organización terrorista.
La gestión del proceso anterior a este comunicado ha servido para dividir enormemente a las fuerzas democráticas, beneficiando tan sólo a ETA y a su entorno. La gestión del actual escenario también tiene un considerable potencial de desestabilización para los partidos democráticos si persisten sus divergencias. De ahí la necesidad de consensuar unos acuerdos mínimos que en realidad se encuentran ya recogidos en el Pacto por las Libertades, siendo la negación de cualquier precio político a la violencia el más importante de ellos. Dicha ausencia de precio político exige que una organización terrorista y el partido que la representa y que se encuentra estrechamente vinculado a la misma no se beneficien de una indulgencia que algunos observadores favorecen ya en respuesta al gesto de ETA. No son los gestos verbales, sino los hechos objetivos los que deben ser valorados. Hasta el momento el único hecho objetivo es que ETA sigue mostrándose reacia a desaparecer. Es pragmático y razonable que los representantes políticos de la organización terrorista, así como sus activistas, sigan recibiendo el trato que la Justicia impone mientras la banda no anuncie su disolución y desarme, es decir, mientras continúe existiendo una organización ilegal como ETA. Representan exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna, lo cual impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores. Estas exigencias democráticas incentivarían a los dirigentes de Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición y facilitaría la restauración del consenso entre los principales partidos democráticos.
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, EL CORREO, 23/3/2006
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