En la calle y con el proceso, pese a todo

Miles de ciudadanos y ciudadanas tomaron parte en la marcha en defensa de los derechos civiles y políticos celebrada en Iruñea. La movilización, contra la que el juez Grande-Marlaska no actuó por no tener «suficientes indicios» de que fuera impulsada por Batasuna, transcurrió en calma y sin que la Policía, a la que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó videofilmar a los presentes, realizara, a parte de vigilar la marcha, ninguna otra actuación en la línea de impedir el derecho de manifestación.

En el auto en que comunicaba su intención de no prohibir esta marcha, el juez español aludía a que el lema elegido por sus convocantes «es tan genérico que encaja en el derecho fundamental de reunión». Con tal argumentación, el sustituto de Baltasar Garzón dejaba más claras aún las intenciones de su decisión de prohibir, la víspera, la convocatoria inicial en favor de la puesta en marcha de una mesa de diálogo que permita a Euskal Herria alcanzar un escenario de paz y de democracia.

¿Es función del juez interpretar los lemas de las manifestaciones y, en función de sus preferencias, decidir qué clase de reivindicaciones puedan escucharse en las calles y cuáles no deben ganar el espacio público? No hace falta ser docto en leyes para comprender que tal práctica compromete el principio de igualdad y somete un derecho fundamental, como es del derecho de reunión, a criterios de corte ideológico. Porque, ¿qué motivos jurídicos pueden sustentar la opinión de que encaja más en el derecho de reunión la petición de derechos civiles y políticos que la puesta en marcha de una mesa de diálogo que, de llegar a buen puerto en su labor, debería posibilitar un escenario en que esos derechos que hoy se reclaman queden salvaguardados?

En todo caso, y más allá de las disquisiciones sobre la actuación del magistrado, lo realmente relevante es que, por encima de las prohibiciones, miles de ciudadanos acudieron ayer a las calles de la capital navarra para apoyar, de un modo u otro, con un lema u otro, la puesta en marcha de un proceso político que permita a este país cerrar la página de la confrontación para escribir, en su lugar, la del acuerdo. La diversidad de gentes y colectivos que se citaron en Iruñea refuerza el compromiso con que ese proceso se dé sin exclusiones, ni ideológicas ni territoriales. La energía popular es tan esencial para neutralizar los actos y autos de sabotaje como para impulsar correctamente el proceso. -

Editorial de Gara, 18 de junio de 2006