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Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa (fragmento)

El denominado “proceso de paz” norirlandés ha sido tomado como referente por numerosos políticos y periodistas en nuestro país que buscan su aplicación al ámbito vasco. Muchos de ellos asumen como premisa el final feliz del mismo al entender que ha garantizado el final del terrorismo del IRA así como su desarme. Por ello sugieren que el proceso que se inicia con el alto el fuego de ETA exigirá un pragmatismo como el que han mostrado dirigentes británicos e irlandeses.

Sin embargo, la interpretación que muchos de estos observadores realizan del proceso norirlandés ignora que tanto el Gobierno británico como el irlandés han permitido que el terrorismo extrajera réditos políticos. Otros se sirven precisamente de esa realidad para anticipar y justificar que el gobierno español lleve a cabo concesiones en aras de un supuesta practicidad necesaria para solucionar el conflicto vasco. Por ello esa insistencia en el modelo norirlandés hace temer que éste se convierta en coartada para legitimar lo que podría llegar a ser una contraproducente política antiterrorista en relación con ETA si el paralelismo entre uno y otro proceso se sigue estableciendo sin el rigor debido.

En primer lugar debe cuestionarse la generalizada asunción del “final feliz” del proceso norirlandés. La enorme polarización política y social existente hoy en Irlanda del Norte, donde el Gobierno autonómico continúa suspendido desde el otoño de 2002 y en donde la segregación geográfica entre comunidades no ha dejado de crecer, arroja serias dudas sobre una valoración del proceso norirlandés. Es muy convincente atribuir estas consecuencias a una equivocada gestión del proceso posterior al alto el fuego del IRA, sentando un precedente que debería evitarse en nuestro país. En contra de quienes ensalzan el pragmatismo de Tony Blair o Bertie Ahern, primeros ministros del Reino Unido e Irlanda, sus propios pronunciamientos públicos exponen cómo el terrorismo ha conseguido recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente. En enero de 2005 Ahern reconocía en el parlamento irlandés que en su intento por integrar al Sinn Fein en el sistema había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA venía viéndose involucrado. Un año antes Blair afirmaba que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein asociado a un grupo terrorista todavía activo, esto es, el IRA. El aparente ultimátum del primer ministro británico había sido planteado ya varios años atrás, como se refleja en un discurso pronunciado en octubre de 2002 en el que también exigió “el final de la tolerancia de actividades paramilitares”, así como una “misma ley para todos que se aplique a todos por igual”. Aunque seguidamente aseguró que a partir de ese momento “un crimen es un crimen”, el paso del tiempo demostró que los crímenes del IRA recibían diferente consideración.

La impunidad política, jurídica, e incluso moral, que se desprende de semejante actitud no ha garantizado la ansiada desaparición de la organización terrorista, beneficiando por el contrario los objetivos propagandísticos de su entorno al favorecer la legitimación de quienes han sido capaces así de condicionar el sistema político, debilitando por ello la autoridad constitucional. Estas concesiones fueron criticadas por los representantes de la comunidad unionista durante años, siendo dichas reclamaciones ignoradas una y otra vez por los gobiernos británico e irlandés al entender que el fortalecimiento político del Sinn Fein aseguraba la continuidad del alto el fuego del IRA. Con ese contradictorio comportamiento, que sigue manteniéndose en gran medida, se transmitía a la opinión pública un nocivo mensaje: el Sinn Fein puede condicionar la normalización política a pesar de incumplir las reglas del juego democrático. Este comportamiento ha contribuido a fortalecer electoralmente al Sinn Fein al tiempo que ha debilitado a los partidos que hasta las últimas elecciones habían contado con el respaldo mayoritario del electorado nacionalista y unionista, esto es, el SDLP (Social Democratic and Labour Party) y el UUP (Ulster Unionist Party). Todo ello mientras el movimiento republicano, integrado por el Sinn Fein y el IRA, se convertía en “uno de los más sofisticados grupos criminales del mundo”, como ha reconocido Ian Pearson, ministro del Ministerio para Irlanda del Norte (NIO, Northern Ireland Office).

Las actividades criminales del IRA no se limitan a actividades mafiosas. A menudo se minimiza la gravedad de semejantes delitos mediante una ventajosa comparación con la renuncia del IRA a su campaña de asesinatos sistemáticos. Sin embargo, los sucesivos informes elaborados por la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses (IMC, Independent Monitoring Commission) confirman que el IRA continúa financiándose y recabando inteligencia, poniendo sus actividades ilegales al servicio de la estrategia política del Sinn Fein. Así pues, el Sinn Fein ha optado por las vías políticas pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA. Es por ello por lo que la eficacia de la lucha antiterrorista debe evaluarse no sólo en función de la disminución de la violencia como consecuencia de razonamientos tácticos de la organización terrorista ante su debilidad y declive de su ciclo vital, sino teniendo en cuenta además la capacidad de coacción y control que su brazo político, y por tanto la propia banda, pueden llegar a ejercer sobre las instituciones políticas y la sociedad si reciben un respaldo y una legitimación tan innecesarios como perjudiciales para los intereses estatales.

Las palabras de los grupos terroristas pueden interpretarse de modos diversos en función de los deseos de quienes interpretan esos gestos. Por ello, más allá de la mera retórica lo que verdaderamente debe exigírsele a la organización terrorista son hechos objetivos que demuestren de forma inequívoca su absoluta desaparición y disolución. Así lo aconseja la experiencia norirlandesa donde constantemente, a lo largo de más de diez años, los prometedores y sucesivos anuncios del IRA han sido calificados como históricos a pesar de que todavía hoy este grupo terrorista se mantiene activo. Cierto es que el IRA ha renunciado a su campaña de asesinatos sistemáticos como consecuencia de los elevados costes políticos y humanos que los mismos generan. Sin embargo, y tal y como ha destacado la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses, el IRA “se ha adaptado a los nuevos tiempos”. De ese modo, como se ha señalado, el IRA continúa financiándose y recopilando inteligencia mediante actividades ilegales que pone al servicio de la estrategia política del Sinn Fein, todo ello con la autorización de líderes que dirigen simultáneamente una y otra formación.

Éste es el motivo por el que la declaración del pasado mes de julio en la que el IRA anunciaba el final de su “lucha armada” era en gran medida redundante a pesar de que todavía hoy es utilizada en nuestro país para respaldar la conclusión de un supuesto “final feliz” del proceso norirlandés que no se corresponde con la realidad. El anuncio del IRA fue ensalzado casi unánimemente, ignorándose que la organización terrorista había abandonado años antes su denominada “lucha armada” consciente de la ineficacia de la misma después de treinta años de asesinar sin conseguir sus objetivos. Sin embargo, los responsables del IRA no renunciaron, ni antes ni después, a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión con el que coaccionar a la sociedad y a los políticos, prometiendo por un lado su desaparición pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas. Esta estrategia ha dado lugar a numerosos engaños, incurriendo los primeros ministros de Gran Bretaña e Irlanda en una contraproducente indulgencia hacia el brazo político de la organización terrorista. No sería extraño que ETA y Batasuna persiguieran un escenario semejante, de ahí la necesidad de mantener desde el Gobierno exigencias firmes como el desarme y la disolución total de la banda, reclamaciones que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna.

Cierto es que ETA continúa siendo capaz de emplear de nuevo el asesinato, si bien la banda también parece consciente de los elevados costes políticos y humanos que provocaría para su organización y el entorno de la misma. Es por ello por lo que la presión sobre ETA y su entramado, incluido el brazo político de la misma, sigue representando el factor más valioso para garantizar la eventual erradicación del terrorismo. Así pues, el alto el fuego de la organización terrorista no debe ser recompensado con la legalización de Batasuna.

Siguiendo el modelo norirlandés se aprecia cómo algunos sectores apuestan por interpretar como muestras inequívocas de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia gestos aparentemente esperanzadores aunque estos no equivalgan a la mencionada desaparición y desarme de la banda. Se argumenta en defensa de este punto de vista que no resulta realista exigir de ETA semejantes obligaciones. Como consecuencia de esta lógica se libera a la banda de la presión que debería recaer sobre ella, trasfiriéndose la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a políticos y ciudadanos que se ven así coaccionados para aceptar condiciones que no son plenamente democráticas. Como el ejemplo del IRA confirma, la mera existencia de una organización terrorista constituye un factor de coacción que jamás debería ser tolerado como aceptable.

Tres fueron los gestos de desarme en Irlanda del Norte que precedieron al último acontecido en septiembre de 2005. Ninguno de ellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, que el desarme fuera verdaderamente eficaz. En esa última ocasión, un religioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hiciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas. Dichos religiosos no eran aquellos que los unionistas habían propuesto, sino otros que sustituyeron a los que el IRA había rechazado. El recambio católico era particularmente desafortunado, al tratarse del padre Alec Reid. Esta figura, presentada en Irlanda del Norte y el País Vasco como un generoso pacificador, carece de la confianza necesaria entre la comunidad unionista al haber sido su objetivo durante años la constitución de un frente pan nacionalista en el que los partidos nacionalistas no violentos se coaligaran con quienes han defendido el terrorismo. De ese modo, ha insistido Reid, el grupo terrorista cesaría en su violencia, ahora bien, a cambio de una peligrosa legitimación que haría que la debilidad de dicha organización y de su brazo político se transformara en fortaleza. Lógico es por tanto que el unionismo desconfíe de quien ha defendido para el IRA algo que también parece propugnar para ETA, es decir, que las organizaciones terroristas obtengan, una vez cesen sus campañas, aquello que no pudieron conseguir a causa de las mismas, pero que en ese escenario lograrían precisamente como consecuencia de su terrorismo. En otras palabras, mediante tan sutil mecanismo de coacción y manipulación el terrorismo resultaría finalmente eficaz a pesar de la presentación pública de lo contrario.

En ese contexto, la excarcelación anticipada de los presos pertenecientes a organizaciones terroristas se ha revelado como ineficaz, alimentando una lógica conducente a la peligrosa legitimación de la violencia al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difusión de responsabilidad de quienes utilizaron el terrorismo. Esta dinámica ha derivado en una indulgencia que ha fortalecido a aquellos que practicaron el terrorismo: los presos han dejado de serlo pese a que las organizaciones terroristas continúan existiendo y extorsionando. Al mismo tiempo las víctimas, que siguen reclamando justicia y reparación, son presentadas como un mal necesario e inevitable, adquiriendo las injusticias cometidas sobre ellas justificación y sentido. Se prostituye así su memoria ignorándose que la mayoría de la sociedad jamás recurrió al terrorismo a pesar de sufrirlo, desincentivándose por tanto el respeto a los valores democráticos. La excarcelación subestimaba cómo estos factores afectan decisivamente la esfera política. Sin embargo la situación actual en Irlanda del Norte, caracterizada por la parálisis institucional y una profunda polarización política y social, demuestra que una democracia no puede funcionar con semejante déficit. Un rasgo diferencial agravaría para el caso vasco las consecuencias de una impunidad similar, pues la violencia etarra no ha sido contrarestada con terrorismo de reacción, habiendo respondido la sociedad civil con un pacifismo que sería totalmente despreciado. De ese modo determinados individuos encontrarían en el incumplimiento de la ley un estímulo para la trasgresión y el recurso a la violencia, pudiendo favorecer también la represalia violenta de algunos ciudadanos ante la injusta inmunidad de quienes han infringido las normas del Estado de Derecho.

Nota: Éste es un fragmento del artículo publicado por el profesor Rogelio Alonso en la página web del Real Instituto Elcano. El artículo completo puede consultarse en la siguiente dirección:

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/967.asp
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