Continúa el despropósito

Cuando el pasado 20 de junio las policías española y francesa detuvieron a doce ciudadanos y ciudadanas vascas acusados de estar relacionados con «el aparato financiero de ETA», este diario ya destacó no sólo la gravedad de la actuación desde el punto de vista personal de los detenidos, sino también la constatación de que sólo podía ser entendida como un obstáculo para el diálogo y una amenaza en toda regla para el logro de la paz. A la redada que Madrid y París activaron entonces a través de Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert, le dio ayer continuidad Baltasar Garzón ordenando la detención de Jesús Iruretagoiena y Pablo Muñoz. Ante la continuación del despropósito, sólo cabe reiterar las valoraciones hechas en su día.

La Audiencia Nacional vuelve a presentarse como un tribunal de excepción que aplica medidas excepcionales a ciudadanos vascos. En este, como en otros muchos casos, no había razón alguna para actuar a través de detenciones policiales y de la aplicación de la incomunicación. Tanto Pablo Muñoz ­relevante periodista y director editorial del Grupo Noticias, que publica periódicos en Araba, Gipuzkoa y Nafarroa­ como Jesús Iruretagoiena no iban a eludir la acción de los tribunales. De hecho, no lo hicieron a pesar de conocer las imputaciones que se cernían sobre ellos y que fueron suficientemente aireadas en determinados medios. Si Garzón quería saber algo sobre sus actividades, bastaba con citarlos a declarar.

Medios informativos próximos al PSOE no tardaron ayer en presentar estas dos detenciones como un desmentido en la práctica de la información sobre la existencia de compromisos entre el Gobierno español y ETA previos a la declaración de alto el fuego, que incluían el fin de este tipo de operaciones policiales. Si fuera eso lo que se pretendiera, volvería a demostrarse, también en la práctica, que la Audiencia Nacional no es un órgano descontrolado del Estado, como desde el PSOEy desde el Gobierno español pretenden hacer ver cuando les interesa. Resulta sumamente preocupante comprobar que el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo no ha conllevado la comprometida distensión del escenario político vasco, puesto que una parte de esta sociedad sigue viéndose continuamente sobresaltada, al tiempo que se conculcan derechos individuales y colectivos. Convendría que quienes mueven los hilos de estas operaciones repasaran la experiencia internacional y reflexionaran sobre si ésta es la forma más adecuada de dirigir un proceso de paz. -

Editorial de Gara, 12 de julio de 2006