El responsable de Pastoral de la Diócesis de Bilbao afirma que “un acercamiento de presos no sería una cesión a ETA, sino la aplicación de la Justicia”

“No se puede atentar contra la vida de una persona en razón de buscar el reconocimiento de los derechos de un pueblo". Así, hizo ayer un balance sobre el terrorismo el delegado de Pastoral Social de la Diócesis de Bilbao, José María Delclaux

 

Tras el proceso abierto hace nueve meses, denominado por el Gobierno “de paz”, la banda terrorista ETA ha declarado una tregua a cambio de unas condiciones que el Ejecutivo deberá cumplir. El religioso de la Diócesis de Bilbao destacó que la Iglesia recibió como "una buena noticia" el alto el fuego decretado por ETA el pasado 22 de marzo, "con alivio y con prudencia", pero "sin optimismos ingenuos, sabiendo que un proceso de este tipo es largo, delicado y complejo".

 

"En todo el proceso, como Iglesia, pretendemos estar atentos, dando lo mejor de nosotros mismos para que no se rompa ni se bloquee. Posiblemente, lo único que podamos hacer será fomentar en nuestros fieles y en nuestros contemporáneos la virtud de la esperanza activa, que significa creer que todos somos capaces de dar lo mejor de cada uno y, por tanto, hacer las cesiones que sean oportunas para conseguir ese bien mayor que es la paz", apuntó.

 

¿Es el acercamiento de los presos, de asesinos que están en la cárcel porque han matado a personas inocentes que defienden la libertad, una claudicación del Gobierno? El tema es complejo. Para Delclaux, ni sería una cesión a ETA ni un acto que demostrase debilidad por parte del Ejecutivo. Sería “una recuperación de la aplicación normalizada de la Justicia". Se pronunció así en una entrevista concedida a Europa Press, donde abogó por que sea la sociedad la que "gestione el proceso", sin olvidar que "el aliento activo y fiel de la Iglesia a la sociedad, puede jugar un papel determinante, especialmente en momentos críticos".

 

Tras recordar que "es doctrina tradicional de la Iglesia la inviolable dignidad de la persona humana", dijo que "un derecho colectivo, por justo que sea, no se puede imponer por encima del derecho individual de cada persona". "En resumen, no se puede atentar contra la vida de una persona en razón de buscar el reconocimiento de los derechos de un pueblo", afirmó. Aunque, tampoco "se pueden conculcar los derechos de una persona", en el caso de los presos.

 

Sobre la dispersión de los presos condenados por terrorismo, recordó que "un sector mayoritario de la Iglesia ha mantenido un silencio tolerante con el poder constituido", pero precisó que "las pocas voces que han dado un juicio sobre este asunto, han cuestionado esta política de dispersión, cuando no han sido muy negativas respecto a esta práctica". "Y no podía ser de otra manera", apostilló.

 

En su opinión, "una medida de este tipo, en los sectores más tolerantes de la Iglesia, sólo puede ser aceptada en condiciones excepcionales y por un tiempo no excesivamente prolongado". "Y dejan, en cualquier caso, de tener sentido, en una situación de distensión o de camino hacia la paz", señaló.

 

José María Delclaux también se refirió a las víctimas de ETA para asegurar que "tienen derecho a una memoria reparadora que les haga justicia y les repare, en la medida de lo posible, el daño causado". "Tienen derecho a que se haga justicia y nosotros, como Iglesia samaritana, tenemos la obligación y el deber de estar cerca de ellas", añadió.

 

El sacerdote recordó que, "en este sentido, la Iglesia ha sido muy criticada y cuestionada, acusándola de haberse desentendido de ellas" y rechazó que haya sido así. "Cuando se nos acusa de ello, creo que se hace porque se ha echado en falta nuestra presencia pública en homenajes, manifestaciones de apoyo a determinados colectivos o asociaciones de víctimas", indicó.

 

En esta línea, puntualizó que "la Iglesia, con una tradición de 2.000 años, suele cuidar mucho esa presencia pública como institución". "Ello no quiere decir que la Iglesia no haya estado cerca y presente con quienes han sufrido como consecuencia de la violencia entre nosotros", dijo, aunque eludió citar casos y nombres.

 

Según afirmó, "ya llegará el momento de leer juntos esta página de la historia y saldrá a relucir toda la verdad". "Es cierto que, posiblemente, nos hayamos quedado muy aquém de lo que algunas víctimas, con nombres y apellidos, individualizadamente, hubiesen necesitado de nosotros y, en ese caso, tendremos que pedir perdón", dijo.

 

El delegado de Pastoral Social de la Diócesis de Bilbao reconoció que "la Justicia nunca va a poder reparar totalmente el daño causado" a las víctimas. No obstante, señaló que está en manos de esa Justicia "superar los sentimientos de odio o deseos de venganza de las víctimas".

 

Tras precisar que éstas "no pueden exigir una Justicia vengativa", manifestó que "la renuncia" de las víctimas "a tomar la Justicia por su mano" no puede ser trasladada a las instituciones democráticas.

 

Delclaux apuntó que las víctimas "tampoco están legitimadas para ejercer el veto sobre determinadas decisiones políticas o, incluso, en la futura organización de la convivencia socio-política". "Podrán y deberán participar en los debates que ello suponga como un ciudadano cualquiera, pero no con estatus privilegiado de víctima", agregó.

 

En cuanto al perdón, dijo que "no se puede exigir ni imponer", sino que "es algo que se concede gratuitamente". No obstante, explicó que "sólo puede ser aplicable cuando la Justicia ha dejado clara la verdad del delito cometido y reconocido".

 

"Todo ello está en relación a la reconciliación entre los individuos que, habiendo sufrido más o menos directamente, con mayor o menor intensidad, las consecuencias de la violencia y que, formando parte de una u otra organización, situada a un lado u otro del conflicto, se hacen capaces de respetarse y compartir juntos las mismas calles y locales, superando el odio, el rencor y los deseos de venganza. Pero, antes de llegar a ello, es necesaria una reconciliación social y política, y esto es tarea principal de las instituciones sociales y democráticas", añadió.

 

Tras insistir en que la Iglesia no tiene el protagonismo en el proceso, "ni tan siquiera le corresponde por sí misma tutelar el buen andar del proceso", dijo que "la sociedad tiene los suficientes instrumentos y mecanismos para ello".

 

"Eso no significa que la Iglesia viva el proceso de forma pasiva o como mera espectadora, sino que se siente obligada a trabajar en dos líneas de acción: crear condiciones, actitudes, fomentando la esperanza para que cada uno, en la sociedad, y en la medida que tenga alguna incidencia sobre el proceso, dé lo mejor de sí para que, al final, podamos conseguir ese bien tan añorado y deseado como es la paz", indicó.

 

Por último, expresó su convencimiento de que, "si la sociedad, que es la que tiene que gestionar el proceso, requiere de la Iglesia una palabra o una actuación que facilite la marcha del proceso, ésta sabrá estar a la altura de las circunstancias", señaló.

 

Análisis Digital, 24 de diciembre de 2006