La precisión de Rubalcaba y el futuro

La comparecencia ayer del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha despejado las dudas sembradas por la que realizó el mismo día del atentado el presidente del Gobierno: el llamado proceso de paz ha quedado roto, liquidado, y sepultado por el brutal atentado de ETA. No se puede recuperar. Si la expresión “suspensión”, empleada por el presidente y la de “con violencia no puede haber dialogo”, utilizada por José Blanco, podían dejar abierta una puerta a que lo sucedido no clausuraba la autorización dada por el Congreso de los Diputados para dialogar con ETA, las manifestaciones del Ministro han zanjado la cuestión.

Tiempo habrá para revisar las bases desde las que se han emprendido los sucesivos intentos de acabar con el terrorismo por la vía de la negociación. Pero conviene ir apuntalando la idea de que en la naturaleza del terrorismo de ETA no se contempla la posibilidad de convertirse en otra cosa distinta que una banda criminal. No tienen reconversión posible y esa convicción, asumida por todos, debiera ser el punto de partida para la estrategia de liquidación del terrorismo que utiliza a Euskadi como pretexto para sus crímenes.

 

El siguiente paso, una vez realizada la autocrítica sobre la forma en la que se ha conducido este proceso y en la actitud que han tenido todas las partes implicadas desde el Estado de Derecho –Gobierno, partidos políticos, periodistas e instituciones- debe ser el establecimiento preciso de un diagnóstico indiscutible y asumido por todos de la naturaleza del terrorismo de ETA. Y dentro de ese análisis deberá figurar en letra de oro la consideración de la existencia o no de un conflicto político en el País Vasco.

 

Personalmente pienso que no existe déficit democrático en el sistema político vigente en la comunidad autónoma vasca. No hay, en consecuencia, nada que revisar en su ordenamiento jurídico que facilite a quienes no aceptan la ley su cumplimiento. Todas las cuentas históricas que pudiera haber pendientes con el País Vasco producto de los desencuentros del pasado entre la libertad y la ley, están saldadas por la Constitución de 1.978 y por el Estatuto de Gernika. Quien no quiera reconocer este marco jurídico y político no tiene otro remedio que reconsiderar su posición y sería bueno hacerles saber a esos irredentos que el Estado de Derecho español jamás se sentará a discutir una modificación de las leyes por la existencia de una organización terrorista, para que esta desaparezca o para que se incorporen a las instituciones quienes se sienten representados por ella.

 

Si ese consenso tan elemental quedara preciso, quienes siguen matando cada vez que se les ofrece una negociación y no logran lo que quieren, sabrían para siempre que jamás conseguirán otra cosa que cumplir la integridad de sus condenas en la cárcel.

 

Carlos Carnicero

Elplural.com, 3 de enero de 2006