Un proceso de paz pospuesto
A las siete de la tarde del 20 de octubre del año pasado ETA anunciaba de forma pública el cese definitivo de su actividad armada. En un comunicado de apenas 25 líneas, la organización armada ponía punto final a 52 años de historia que han dejado como poso más de un millar de muertos. Esta decisión se producía tres días después de la Declaración de Aiete. Seis personalidades internacionales: Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern, Jonathan Powell, Pierre Joxe y Gro Bruntland habían firmado un manifiesto en el que pedían a la banda "una declaración pública y unilateral de cese definitivo de la actividad armada", al tiempo que solicitaban a los gobiernos de España y Francia que iniciaran un diálogo "para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto".
Hoy se cumplen seis meses del anuncio de ETA, medio año en el que el Ejecutivo español ha cambiado de manos y ha pasado del PSOE a un PP que goza de mayoría absoluta en el Congreso de los diputados, la izquierda abertzale ha puesto el énfasis en la acumulación de fuerzas soberanistas, y el proceso de pacificación y normalización política está en una situación de impasse.
Las semanas y meses previos a la declaración de ETA estuvieron marcados por una frenética actividad en los partidos, con reuniones a varias bandas. Con un Rodríguez Zapatero al que la crisis había restado la mayor parte de su crédito político, el líder del PSOE tenía ante sí el reto de poner final a cinco décadas de violencia en Euskadi. Para ello contó con el compromiso del PNV. El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu, no dudó en ofrecer al entonces presidente del Gobierno español su confianza traducida en el tiempo necesario para acabar con el ciclo de la violencia. Sin embargo, tras el anuncio de ETA, Zapatero, que ya había desvelado su intención de no volver a concurrir a las elecciones, no dio un paso adelante, mientras que la preocupación de su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, era salvar los muebles socialistas ante lo que se vaticinaba y al final se cumplió: una debacle en la cita con las urnas.
En el último boletín Ekia vínculo entre la organización armada y sus presos, y al que ha tenido acceso este diario, se reconoce que tras la Declaración de Aiete y el comunicado de ETA, si bien el Gobierno español no tomó ningún compromiso ni con la banda ni con la izquierda abertzale, sí lo hizo ante otros agentes con quienes adquirió compromisos concretos en el ámbito penitenciario y la legalización de la izquierda abertzale, compromisos que, aseguran, no cumplió.
Otras preocupaciones Apenas cuatro días más tarde del anuncio de ETA, el entonces candidato popular y ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó lo que iba a ser su posición respecto al proceso de pacificación. "No hay que dialogar sobre ninguna consecuencia de un conflicto que no ha existido. En el País Vasco no ha existido ningún conflicto político, lo que ha habido es una banda criminal que ha querido imponer por la fuerza sus tesis y que ha sido vencida por la sociedad española", aseguraba.
Desde su llegada a La Moncloa, los populares tienen claro que la declaración del cese de las actividades armadas fue tomada de forma unilateral, sin ninguna negociación previa, por lo que no hay ningún compromiso adquirido. Así, con una crisis económica desbocada y una cada vez mayor contestación a los recortes laborales y sociales, el Ejecutivo de Rajoy ha colocado a ETA en el último lugar de sus preocupaciones. El PP, tanto en Madrid como en Euskadi, se ha negado a abrir ningún cauce de comunicación, no ya con ETA, sino tampoco con la izquierda abertzale, y ha puesto su línea roja en la disolución de la banda. "Hasta que ETA no anuncie su disolución no habrá ningún movimiento", aseguran.
Esos movimientos de los que hablan apuntan directamente a la política penitenciaria. El Gobierno mantiene que la única posibilidad de establecer ajustes a su política penitenciaria se circunscribe a que los presos se acojan a los beneficios individuales que les ofrece la ley y para ello coloca la vía Nanclares como el camino a seguir. Un buen ejemplo de que el Ejecutivo de Rajoy mantiene una línea de la que, por el momento, no está dispuesto a separarse ni un solo milímetro es la indiferencia con la que se tomó el anuncio de la designación de los nuevos representantes de los reclusos agrupados en el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Estos portavoces de los presos instaban a los gobiernos español y francés al diálogo. "No tenemos nada que decir. Los presos saben cuál es el camino, que se inicia con la disolución de ETA", respondió el Gobierno. De hecho, el Constitucional ha avalado la denominada doctrina Parot.
Acumulación de fuerzas Mientras en el Gobierno la máxima preocupación es afrontar la crisis económica, por parte de la izquierda abertzale su empeño está puesto en la acumulación de fuerzas soberanistas de cara a los próximos comicios autonómicos. A la espera de lo que decida el Constitucional con Sortu y de la decisión del TS sobre el recurso de los encausados en el caso Bateragune entre ellos Arnaldo Otegi, para la antigua Batasuna es primordial colocarse en la pole position de cara a esas elecciones, bien sean en otoño o en los primeros meses de 2013.
Desde diversos puntos se apunta a que será a las puertas de esa contienda electoral cuando ETA dé un paso más anunciando su disolución, una decisión que allanaría la campaña de la izquierda abertzale, y, además, despojaría al PP de su principal argumento para negarse a entablar un diálogo para abordar las consecuencias de la violencia, en este caso la situación de los presos. Si desde el Gobierno español la nave de la pacificación se encuentra encallada, desde el Ejecutivo vasco tampoco ha habido excesivos movimientos. El lehendakari, Patxi López, tenía como vademecum el decálogo que presentó en el último Pleno de Política General. Tuvieron que pasar cinco meses para que López y el Parlamento movieran ficha. La respuesta del Ejecutivo socialista fue la creación de un comisionado por la paz. Sin embargo, no se ha definido cuáles serán los ejes de su trabajo. Por su parte, la Cámara aprobó la creación de una ponencia por la paz y la convivencia, órgano que se constituirá el lunes. Una ponencia que, de entrada, el primer poso que ha dejado es una grave crisis interna en Aralar.
Javier Núñez - Viernes, 20 de Abril de 2012
http://www.noticiasdealava.com/2012/04/20/politica/euskadi/un-proceso-de-paz-pospuesto
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