Valentía frente al terrorismo

Admitir que la convivencia de un país puede diseñarse en contra de la opinión de la mitad de la sociedad amenazada por el terrorismo; y supeditar el final de la violencia a concesiones por parte de ese sector de la ciudadanía que es blanco prioritario de ETA. Ambos errores son el eje fundamental del plan Ibarretxe, y quizás muestras de la cobardía del lehendakari.

 

Sea usted valiente», instó varias veces el lehendakari al presidente del Gobierno en el debate celebrado en las Cortes. Unos días antes, Ibarretxe y Otegi coincidían en pedir a Zapatero 'valentía política' para solucionar el conflicto. Esta reclamación ha sido reiterada en los últimos meses por ambos e incluso por algunos socialistas guipuzcoanos. Anticipándose al anuncio de Batasuna de lo que la izquierda abertzale definió como «su última propuesta de paz», un grupo de políticos socialistas exigió de su partido y del primer ministro que fueran 'valientes' asumiendo «algún riesgo para ganar la libertad». Hay implícitas en estas llamadas una incongruente interpretación de la realidad vasca y de aquello que resulta necesario para erradicar el terrorismo, como expone el plan Ibarretxe, pudiendo todo ello obstaculizar el final de ETA que dicen desear quienes así se expresan.

Debería sorprender en nuestra democracia que después de asesinar a cientos de personas e intimidar a miles, las palabras de quienes continúan negándose a condenar el terrorismo de ETA sigan sin ser puestas en duda por muchos políticos y ciudadanos. Así lo constatan esas peticiones que demandaban del presidente del Gobierno una responsabilidad en el final del terrorismo que realmente no le corresponde, pues la conclusión de la violencia es únicamente resultado de la decisión tomada por quienes la perpetran. Junto a la propuesta de Batasuna en Anoeta, la carta que Otegi envió al presidente, seguida del comunicado de ETA a comienzos de año, fueron vistas desde determinados sectores como señales inequívocas de la buena voluntad de la organización terrorista y de su brazo político por poner término a la violencia. Así, por ejemplo, un editorial del diario nacionalista 'Deia' señalaba al respecto que «la oferta de negociación de Batasuna al Gobierno español representa una muestra de flexibilidad ciertamente espectacular y esperanzadora de la izquierda abertzale». Seguidamente alababa esa 'valentía' de Batasuna que también reclamaba del presidente Zapatero.

La manera en la que algunos políticos y medios de comunicación dieron la bienvenida a los pronunciamientos de ETA y Batasuna contribuyó a presentar a ambas organizaciones como 'flexibles' al realizar «generosos movimientos por la paz» que exigirían por ello la respuesta del Gobierno en la forma de negociaciones, gestos o concesiones. La lógica resultante es perversa, pues de consolidarse puede llevar a situaciones como la que se vivió en Irlanda del Norte, donde amplios sectores llegaron a culpar al Gobierno británico de la ruptura del alto el fuego del IRA en febrero de 1996, cuando hizo estallar una potente bomba que asesinó a dos personas. En lugar de asignar la culpa al grupo terrorista autor de dicho atentado, y por tanto único responsable de semejante acción, en cambio ésta se explicó como el resultado de la supuesta 'inflexibilidad' e 'intransigencia' del Gobierno británico y de los unionistas norirlandeses.

Quienes reivindican 'valentía' del Gobierno para solucionar 'el conflicto' y lograr el final de ETA, proponiendo incluso contactos con el grupo alegando que así se acerca la paz, favorecen de ese modo el discurso con el que los terroristas justifican su existencia y su violencia. Semejantes exigencias se sostienen en una lógica no muy diferente a la que inspira los comunicados en los que ETA reivindica sus crímenes, y en los que éstos aparecen como absolutamente necesarios, como reflejaba esta banda en el Aberri Eguna de 2002 al afirmar: «Están tuertos los que basan la paz en el alto el fuego de ETA, y bizcos los que piensan que la paz vendrá por sí sola. A éstos les tenemos que recordar que a la paz hay que enseñarle a andar. ( ) El alto el fuego no es el fenómeno que traerá la paz a Euskal Herria; será la consecuencia de encontrar una salida para el motivo de fondo, de asentar las bases para desarrollar un proyecto político». El grupo terrorista utilizaba ese comunicado en tan simbólica fecha para el nacionalismo con el fin de eludir su evidente responsabilidad en la prolongación del terrorismo, subrayando además que la solución «se basa en que sea garantizado el derecho a decidir de los ciudadanos vascos».

Curiosamente, éste es el mismo diagnóstico en el que el lehendakari Ibarretxe viene insistiendo mediante la presentación de su iniciativa como «un plan de paz» a pesar de que en el mismo no se plantea ni una sola medida contra ETA, más allá de la satisfacción de aspiraciones nacionalistas con la esperanza de que esa política de apaciguamiento seduzca a la organización terrorista y la convenza de la idoneidad de detener sus actividades. Es como consecuencia de tan particular análisis del problema que desde ciertos ámbitos se requiere como solución al mismo 'valentía' por parte del Gobierno. En esas circunstancias la valentía reclamada equivale por tanto a acceder a la concesión de unas demandas nacionalistas con la esperanza, infundada además, de que los terroristas renuncien a la violencia al entender que algunos de sus objetivos se ven materializados. Al mismo tiempo, de esa manera se ignoran las muestras de verdadera valentía desplegadas desde hace ya muchos años por quienes padecen el terrorismo.

Los llamamientos de Ibarretxe casi han coincidido en el tiempo con los aniversarios del asesinato de Gregorio Ordóñez y Joseba Pagazaurtundua. Aquel 23 de enero de 1995, María San Gil presenció el asesinato de su amigo y compañero de partido. El hecho de que hoy esta mujer continúe involucrada en política a pesar de semejante suceso y de las constantes amenazas a su propia vida es sin duda confirmación ineludible de una enorme valentía. Iniciaba ETA con ese crimen su llamada 'socialización del sufrimiento', que supuso el asesinato de quince miembros del PP y nueve del PSOE, así como la intimidación masiva de militantes y simpatizantes de partidos no nacionalistas. A pesar de ello San Gil, Maite Pagazaurtundua y otras muchas vascas y vascos no nacionalistas que han visto cómo ETA les intentaba amedrentar mediante el asesinato siguen desafiando al terror valientemente mediante su participación en política. Como otros miles de ciudadanos amenazados, lo hacen pacíficamente, sin recurrir a la venganza y a la violencia que sobre ellos se inflige. Este valiente comportamiento no debe ser subestimado ni arrinconado, como se hace cuando a la hora de exigir responsabilidades por el final del terrorismo se sitúa en el mismo plano a quienes lo perpetran y justifican y a quienes son sus objetivos.

Nula consideración se muestra además hacia quienes sufren la intimidación terrorista cuando se acepta como lógico y normal que el problema fundamental de la sociedad vasca radica en la necesidad de «una relación amable de convivencia» entre Euskadi y España, como propugna el nacionalismo institucional. La realidad condicionada por el terror y la negativa de muchos nacionalistas a reconocer los efectos que necesariamente la intimidación diaria tiene sobre políticos y ciudadanos amenazados demuestra que es en otro ámbito mucho más cercano donde la convivencia debe repararse, o sea, entre los propios vascos. Probablemente el primer paso en dicha reparación sea la solidaridad activa, no meramente retórica, con quienes son incapaces de dialogar en igualdad de condiciones para sostener sus ideas y a quienes cruelmente se les demanda 'valentía política', despreciándose por ello que para los adversarios ideológicos del nacionalismo la defensa de la democracia implica el riesgo de perder la vida, el más fundamental de todos los derechos.

Por este motivo la restitución de la convivencia obliga a reconocer que la coacción no debe resultar rentable, como sí sucede cuando se admite que el modelo de convivencia de un país puede diseñarse en contra de la opinión de la mitad de la sociedad amenazada por el terrorismo, o cuando se supedita el final de la violencia a concesiones por parte de ese sector de la ciudadanía que es además blanco prioritario de ETA. Ambos errores son el eje fundamental del plan Ibarretxe, y quizás muestras de la cobardía del lehendakari.


Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

Rogelio Alonso, EL CORREO, 7/2/2005

 

Los errores del proceso norirlandés

Irlanda del Norte demuestra lo erróneo de abandonar las exigencias objetivas que deben demostrar la voluntad de poner fin a la violencia, y la necesidad de que el Gobierno cumpla rigurosamente sus promesas en torno a la verificación de una desaparición absoluta de ETA, sin incurrir en concesiones al brazo político de la banda que permitan la perpetuación de ésta.

 

El "proceso de paz" norirlandés ha sido tomado como referente por políticos y periodistas en nuestro país que buscan su aplicación al ámbito vasco. Muchos de ellos asumen como premisa el final feliz del mismo al entender que ha garantizado el fin del terrorismo del IRA y su desarme. Por ello sugieren que el proceso que se inicia con el alto el fuego de ETA exigirá un pragmatismo como el que han mostrado dirigentes británicos e irlandeses. Deducen en consecuencia que el proceso hasta el final de ETA será largo, duro y difícil; si bien insisten en que en absoluto pagará nuestra democracia ningún precio político a cambio. Sin embargo, la interpretación que muchos de estos observadores realizan del proceso norirlandés ignora que tanto el Gobierno británico como el irlandés han permitido finalmente que el terrorismo extrajera réditos políticos. Otros se sirven precisamente de esa realidad para anticipar y justificar que el Gobierno español lleve a cabo concesiones en aras de una supuesta practicidad necesaria para solucionar el conflicto vasco. Por ello, esa insistencia en el modelo norirlandés hace temer que éste se convierta en coartada para legitimar lo que podría llegar a ser una contraproducente política antiterrorista en relación con ETA si el paralelismo entre uno y otro proceso se sigue estableciendo sin el rigor debido.

En primer lugar debe cuestionarse la generalizada asunción del "final feliz" del proceso norirlandés que tan recurrente resulta para la comparación. La enorme polarización política y social existente hoy en Irlanda del Norte, donde el Gobierno autonómico continúa suspendido y en donde la segregación geográfica entre comunidades no ha dejado de crecer, arroja serias dudas sobre una valoración del proceso norirlandés tan erróneamente positiva como exagerada. Es muy convincente atribuir estas consecuencias a una equivocada gestión del proceso posterior al alto el fuego del IRA, sentando un precedente que debería evitarse en nuestro país. En contra de quienes ensalzan el pragmatismo de Tony Blair o Bertie Ahern, primeros ministros del Reino Unido e Irlanda, sus propios pronunciamientos públicos exponen cómo el terrorismo ha conseguido recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente. En enero de 2005, Ahern reconocía en el Parlamento irlandés que en su intento por integrar al Sinn Fein en el sistema había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA venía viéndose involucrado. Un año antes, Blair afirmaba que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el Gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein asociado a un grupo terrorista todavía activo, esto es, el IRA. Estas concesiones fueron criticadas por los representantes de la comunidad unionista durante años, siendo dichas reclamaciones ignoradas una y otra vez por los gobiernos británico e irlandés al entender que el fortalecimiento político del Sinn Fein aseguraba la continuidad del alto el fuego del IRA. Con ese contradictorio comportamiento, que sigue manteniéndose, se lanzaba un nocivo mensaje: el Sinn Fein puede condicionar la normalización política a pesar de incumplir las reglas del juego democrático.

El informe emitido el pasado mes de febrero por la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas confirmaba la perjudicial incoherencia de la política británica. Esta comisión sustenta su trabajo en unos principios democráticos básicos; entre ellos, el que destaca como inaceptable que un partido político, y particularmente sus líderes, expresen su compromiso con la democracia y la leymientras su actitud demuestra lo contrario. Considera, además, que los partidos políticos no deben beneficiarse de su asociación con actividades ilegales. Sin embargo, la comisión reconocía que el IRA seguía activo realizando actividades criminales que, autorizadas por sus líderes, servían a la estrategia política del Sinn Fein. La valoración que el ministro británico para Irlanda del Norte hacía del informe revela los peligros que entraña para nuestra democracia replicar un modelo como este que sin duda resulta atractivo para ETA y Batasuna. En opinión de Peter Hain, el informe demostraba "que el IRA se está moviendo en la buena dirección" al no haber "asesinatos" ni "robos de bancos". Más de diez años después del alto el fuego del IRA, el Gobierno británico ha acomodado su sistema democrático para que las actividades ilegales de una organización terrorista sean valoradas como aceptables siempre y cuando no rebasen un umbral, el asesinato, que de todos modos los terroristas no consideran oportuno traspasar en un nuevo contexto nacional internacional desfavorable para ello.

Esa dañina impunidad es la que ha convertido en ineficaz el desarme del IRA anunciado el pasado año. Aunque presentado casi unánimemente como un gran gesto, la forma en la que se llevó a cabo impidió que cumpliera el objetivo que motivó esta exigencia en 1995: convencer a las víctimas del terrorismo del IRA de su voluntad inequívoca de poner fin a la violencia. El retraso en el desarme y su metodología impidieron generar la confianza que se buscaba con esa medida. Tres fueron los gestos de desarme que precedieron al último en septiembre de 2005. Ninguno de ellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, que el desarme fuera verdaderamente eficaz. El propio Martin McGuinness, en vísperas del desarme acometido en octubre de 2003, reconocía que los anteriores actos no se habían llevado a cabo en condiciones "convincentes", de ahí que admitiera la necesidad de "transparencia" para que los pasos del IRA no causaran "decepción". Hasta el general canadiense John De Chastelain, encargado de supervisar el decomiso de armas, subrayó también que desde 1999 insistió en sus contactos con el IRA en que, a menos que el desarme fuera "visible", se dudaría de las buenas intenciones del grupo terrorista, concluyendo por tanto que las dudas convertirían en ineficaz el desarme. A pesar de ello, en octubre de 2003 y en septiembre de 2005 se cometieron los mismos errores. La única diferencia entre uno y otro acto fue que en esta última ocasión un religioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hiciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas, como se había reclamado previamente. Sin embargo, esta sola distinción resultaba insuficiente para garantizar la visibilidad y transparencia exigidas, pues se admitió que el IRA eligiera a los testigos en contra de las propuestas unionistas. El recambio católico, el padre Alec Reid, plenamente identificado en Irlanda y Euskadi con los intereses nacionalistas, minó aún más la credibilidad del acto del IRA.

Por tanto, Irlanda del Norte demuestra lo erróneo que resulta abandonar las exigencias objetivas que deben demostrar claramente la voluntad inequívoca de poner fin a la violencia. Confirma, además, la necesidad de comprobar que el Gobierno cumpla rigurosamente sus firmes promesas en torno a la verificación de una desaparición absoluta de la organización terrorista sin incurrir en concesiones al brazo político de la banda que permitan la perpetuación de ésta.


(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, y autor de Matar por Irlanda: el IRA y la lucha armada)

Rogelio Alonso, EL PAÍS, 31/3/2006

Sin disolución

La mera existencia de ETA es un factor de coacción enorme. Frente a los exultantes comentarios suscitados, debe indicarse que ETA no ha anunciado ni su disolución ni la entrega de sus armas. Hay quienes entienden que todo eso vendrá después. Sin embargo, esa mera muestra de tolerancia invita a involucrarse en una contraproducente dinámica de concesiones.

 

Muchas serán las personas que califiquen de 'histórico' el último comunicado de la organización terrorista ETA. Este mismo calificativo ha sido utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la última década en Irlanda del Norte. Precisamente esa experiencia obliga a moderar evaluaciones excesivamente positivas que la declaración etarra puede sugerir a algunos obeservadores. Fue en 1994 cuando el IRA decretó un cese de sus actividades «militares» y todavía hoy la organización terrorista sigue activa. Cierto es que ha abandonado sus asesinatos sistemáticos, pero no sus actividades de financiación y recopilación de inteligencia que ahora, como reconocen las fuerzas de seguridad, utiliza para su estrategia política dirigida por Sinn Fein. Por tanto, Sinn Fein ha optado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna.

Tan significativo precedente obliga a tener muy presente la coyuntura en la que ETA hace público su comunicado. ¿Qué persigue ETA con sus palabras? ¿Por qué en este momento actual después de otros comunicados muy recientes en los que aseguraba que, según su lógica, las condiciones para continuar con la violencia permanecen? La respuesta a estas preguntas y la interpretación del comunicado debe hacerse desde la insistencia en que la declaración está firmada por una organización terrorista responsable del asesinato de cientos de seres humanos que todavía hoy continúa amenazando, intimidando y financiándose a través de actividades criminales. Su mera existencia es sin duda un factor de coacción enorme que jamás un sistema democrático debería tolerar como aceptable. Por ello, frente a los exultantes comentarios suscitados por la declaración, debe indicarse que ETA no ha anunciado su completa desaparición, ni su disolución, ni la entrega de sus armas. Hay quienes entienden que todo eso vendrá después de un primer paso como el de ayer. Sin embargo, esa mera muestra de tolerancia hacia una organización terrorista invita a involucrarse en una contraproducente dinámica de concesiones. En realidad, un alto el fuego de un grupo terrorista no debe ser alabado al no ser en absoluto un acto que deba recompensarse, pues su violencia es simplemente inaceptable de partida.

La necesidad de plantear tan firmes exigencias se desprende de los efectos que se derivarían de una respuesta mucho más complaciente, tal y como se deducía de las palabras del dirigente del Partido Socialista de Euskadi José Antonio Pastor, cuando en relación con el posible encarcelamiento de Otegi declaraba días atrás: «Probablemente, a lo mejor tampoco hubiera dado lugar a que se hubiera producido ninguna circunstancia de éstas si se hubiera producido ya un escenario de desaparición de la violencia en el País Vasco porque la presión social, la ilusión de la sociedad, influye en todo el mundo, en jueces, políticos, periodistas y en todo el mundo». En su opinión, todos los estamentos son personas que se dejan «influir como todos» y, «cuando se genera un clima de esperanza y de futuro en paz, es evidente que se produce un relajo general en la sociedad». En función de esa lógica, la declaración de ETA serviría para acentuar la presión sobre una sociedad ansiosa de paz tras décadas de un terrorismo que precisamente ha buscado su desestimiento. Ahí radica el peligro de considerar como suficiente la actual declaración de tregua a pesar de que ésta no informa de la noticia que realmente sí debería ser bienvenida, esto es, la completa disolución, desaparición y desarme de la organización terrorista.

La gestión del proceso anterior a este comunicado ha servido para dividir enormemente a las fuerzas democráticas, beneficiando tan sólo a ETA y a su entorno. La gestión del actual escenario también tiene un considerable potencial de desestabilización para los partidos democráticos si persisten sus divergencias. De ahí la necesidad de consensuar unos acuerdos mínimos que en realidad se encuentran ya recogidos en el Pacto por las Libertades, siendo la negación de cualquier precio político a la violencia el más importante de ellos. Dicha ausencia de precio político exige que una organización terrorista y el partido que la representa y que se encuentra estrechamente vinculado a la misma no se beneficien de una indulgencia que algunos observadores favorecen ya en respuesta al gesto de ETA. No son los gestos verbales, sino los hechos objetivos los que deben ser valorados. Hasta el momento el único hecho objetivo es que ETA sigue mostrándose reacia a desaparecer. Es pragmático y razonable que los representantes políticos de la organización terrorista, así como sus activistas, sigan recibiendo el trato que la Justicia impone mientras la banda no anuncie su disolución y desarme, es decir, mientras continúe existiendo una organización ilegal como ETA. Representan exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna, lo cual impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores. Estas exigencias democráticas incentivarían a los dirigentes de Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición y facilitaría la restauración del consenso entre los principales partidos democráticos.


(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)

Rogelio Alonso, EL CORREO, 23/3/2006

 

Sonrisas para el juicio

El lugar en el que el terrorista es juzgado le ofrece una oportunidad de justificar la supuesta motivación política de sus crímenes. No es extraño que lance proclamas y amenazas que sobrecogen a quienes escuchan la frialdad con la que se jacta de bárbaros asesinatos. ¿Qué pasa realmente por la mente del terrorista en esos momentos?.

 

Hace unos días, la Prensa publicaba la fotografía del etarra Francisco José Ramada durante su juicio en la Audiencia Nacional. Junto a él aparecía su compañera, Sagrario Yoldi. Ambos sonreían frente a los magistrados que les han juzgado por su participación en el secuestro del industrial guipuzcoano José María Aldaia, que permaneció privado de libertad entre mayo de 1995 y abril de 1996. En dicha foto los rostros de felicidad de los responsables de la tortura de un ser humano durante tan largo periodo no reflejaban la crueldad de sus actos. Con frecuencia, los integrantes de la banda terrorista muestran un semblante risueño y desafiante en el momento de ser juzgados, recurriendo también en ocasiones al insulto, componiendo todo ello un escenario especialmente doloroso para los familiares de las víctimas. En semejante contexto puede enmarcarse el comunicado que el mes pasado emitió la Asociación de Víctimas del Terrorismo: «Ante la soledad en muchos casos y las difíciles circunstancias que los familiares de las víctimas del terrorismo tienen que afrontar cuando se realiza el juicio contra los asesinos terroristas en la Audiencia Nacional, a quienes acompañan numerosos miembros de las diversas organizaciones de apoyo a los presos terroristas, esta asociación da inicio a un proyecto basado en el acompañamiento a los juicios de las víctimas del terrorismo».

Para el terrorista, el juicio representa otro escenario más en el que se dirime el conflicto al que alude constantemente con el objeto de argumentar y racionalizar sus acciones. El lugar en el que el terrorista es juzgado por ese Estado al que se enfrenta violentamente, así como el mismo procedimiento en sí, le ofrece una oportunidad de justificar la supuesta motivación política de sus crímenes. No es por ello extraño que los acusados lancen proclamas e incluso amenazas que sobrecogen a quienes escuchan la frialdad con la que se jactan de bárbaros asesinatos. Ante estas actitudes cabe preguntarse qué pasa realmente por la mente del terrorista en esos momentos y qué otros factores subyacen bajo un comportamiento público que mucho tiene de escenificación.

Así, por ejemplo, un antiguo miembro del grupo terrorista IRA responsable del asesinato del protestante Kenneth Leneghan en 1976 revelaba años después el tremendo impacto que le causó la presencia durante el juicio del padre del asesinado, que dejó en su memoria un imborrable y devastador recuerdo. El asesino de Leneghan tampoco ha olvidado la imagen del cuerpo desplomándose a cámara lenta mientras vaciaba el cargador de su pistola y cómo al iniciar la huida cuatro cuerpos se desangraban sobre el asfalto. «Podías haber sido tú mismo si hubieras pasado por allí y te hubieses topado con nosotros», recuerda el asesino para exponer el efecto indiscriminado de su acción. Tan sólo unas horas más tarde, las fuerzas de seguridad le detendrían e interrogarían durante varios días antes de ser acusado de asesinato. Las huellas que dejó en el coche le habían delatado.

Su comparecencia ante el juez fue la de un joven envalentonado y desafiante. Su frialdad y arrogancia sólo se vieron amenazadas cuando descubrió en la sala la presencia del padre de esa persona a la que había asesinado cobardemente. Su mirada se clavó en aquel anciano para reparar en el rostro de un hombre triste, cansado, que acababa de recibir la noticia del asesinato de su hijo. Recuerda todavía con absoluta nitidez su vestimenta: un abrigo deshilachado y una camisa vieja. Era un hombre pobre e indefenso que le hizo sentirse avergonzado de su crimen. Mientras estos pensamientos recorrían su mente, su conciencia le atormentaba: había asesinado al hijo de ese hombre frágil que aparecía ante él completamente destrozado y con una enorme dignidad.

Unas horas antes, este mismo asesino se había sentido decepcionado porque únicamente había logrado asesinar a una sola persona. Siempre había pensado que, si le detenían, al menos debía ser por el asesinato de más de una persona, pues, en su opinión, una pena en prisión no merecía menos. Sin embargo, ante la presencia silenciosa y humilde de ese anciano abatido tuvo que afrontar por primera vez sentimientos de culpa. Reconoce que intentó vencerlos con una actitud arrogante jactándose de nuevo de su crimen y de su hipotética efectividad. No obstante, treinta años después sigue sin olvidar el rostro arrugado de aquel anciano y desea que ojalá jamás le hubiese arrebatado a su hijo. Asegura que lo que entonces consideró como una hazaña nunca lo fue y que no contribuyó un ápice al objetivo idealista y vago de liberar Irlanda. Sí sirvió en cambio para provocar otras muertes y para que otros desearan verse liberados de asesinos como él.

«¿Qué cojones sabía yo de política a los dieciocho años? ¿Qué cojones puede saber de política un crío a los dieciocho años?», se pregunta, a la vez que admite que el adoctrinamiento nacionalista alimentó el fanatismo y la manipulación de otros jóvenes como él. El verdadero alcance de la supuesta motivación política de hombres y mujeres que mataron por el IRA la sintetizaba uno de ellos cuando aludía a su incipiente activismo con estas palabras: «Yo era muy pro republicano sin saber lo que el republicanismo era realmente». Muchos son los antiguos convictos del IRA que admiten que militantes de mayor edad les inculcaron una «educación política» totalmente deformada que posteriormente instrumentalizaron para justificar sus crímenes. De esa manera lograban interpretar sus actos como legítimos y necesarios eludiendo así hacer frente a la humanidad de sus víctimas y a la inmoralidad de sus crímenes.

Como en el caso de este ex preso del IRA, bajo la bravuconería que muchos etarras despliegan ante el juez se esconde una realidad escasamente romántica que objetivamente es susceptible de provocar un nulo orgullo y halago, a pesar de sus intentos por demostrar lo contrario. En contraste con esa exaltación de la violencia en la que muchos etarras convierten sus juicios, es útil recordar las declaraciones de uno de ellos, Eugenio Irastorza, al abandonar la cárcel tras cumplir veintitrés años de condena, pues reflejaban un innegable fracaso que expone la patética teatralidad con la que a menudo ensalzan el terrorismo los integrantes de ETA.

En una entrevista publicada en 'Gara' en septiembre de 2003, respondía así a la pregunta de si creía que la situación política había cambiado durante su tiempo en prisión: «No mucho. Precisamente, durante la comida comentábamos que en el momento en que yo salgo entran otros cuatro. Los avances que ha conseguido la izquierda abertzale han supuesto una serie de cambios, pero en lo sustancial apenas ha variado. La negación de los derechos de Euskal Herria sigue siendo la misma que cuando yo comencé. Ves cómo nuevas generaciones se van incorporando. Yo entré siendo un chaval, y ahora están entrando chavales que no habían nacido cuando yo entré. Y eso se hace duro, porque ves el coste tan grande que supone reivindicar los derechos de nuestro pueblo. Pero sobre todo sientes orgullo del pueblo al que perteneces y de la gente que tienes». Ese cuestionable orgullo de pertenencia a un pueblo que rechaza mayoritariamente al grupo terrorista ETA es el pobre balance que a este antiguo activista le queda después de pasar media vida en prisión tras asesinar a Dionisio Imaz, propietario de un taller, en abril de 1979. Es muy revelador que la opinión de otros excarcelados atribuya una similar ineficacia a la violencia de ETA. Después de treinta años de terrorismo, realmente pocos éxitos más allá del sufrimiento generado pueden exhibir, al igual que Irastorza, esos etarras que sonreían días atrás en la Audiencia Nacional antes de ser condenados por el secuestro y tortura de un ciudadano vasco.

Rogelio Alonso es autor del libro “Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada”, publicado en 2003 por Alianza Editorial.

Rogelio Alonso, EL CORREO, 8/5/2004

 

A falta de pruebas y hechos

En varias ocasiones el IRA ha presentado como 'históricos', discursos que el tiempo ha expuesto como mera palabrería al no ir acompañados de hechos que los hicieran relevantes. Sólo el tiempo demostrará si finalmente el IRA ha aceptado que su coacción es incompatible con la democracia y, por tanto, si su declaración es realmente histórica.

 

Una secuencia de la película 'Jerry McGuire' podría describir el significado del discurso de Gerry Adams el pasado mes de abril apelando al IRA a que abandonase la lucha armada, tal y como acaba de anunciar el grupo terrorista. Jerry McGuire, interpretado por Tom Cruise, es un agente deportivo despedido de su empresa que intenta mantener al único cliente que le queda, un jugador de fútbol americano al que encarna Cuba Gooding. Con el fin de asegurar ese contrato, Jerry augura al jugador un porvenir fabuloso si le confía su representación. Mientras Jerry le promete fantásticas ofertas, su cliente le responde: 'Show me the money!'. Con esta coloquial expresión el jugador le deja muy claro que en lugar de escuchar promesas de las que ya está cansado ante su constante incumplimiento, sólo quiere ver hechos que demuestren y prueben sus buenas intenciones. A estas alturas de partido, en el proceso de paz norirlandés la mayor parte de los jugadores le han gritado lo mismo a Gerry Adams y al IRA: 'Show me the money!'. Las novedades que según Adams contiene el comunicado del IRA exigen, si de verdad van a constituir un histórico gesto, demostraciones inequívocas hasta ahora largamente anunciadas pero nunca materializadas.

En octubre de 2003 Adams pronunció otro de esos supuestamente 'históricos' discursos que el tiempo ha expuesto como mera palabrería al no ir acompañado de hechos que lo hicieran relevante. Entonces Adams, como ahora el IRA, ya declaró que existía otra alternativa a la violencia afirmando su «compromiso absoluto con los métodos exclusivamente democráticos y pacíficos», oponiéndose a «cualquier uso de la fuerza o amenaza con fines políticos». Quienes interpretaron que Adams estaba cerrando la empresa que dirige desde hace treinta años, esto es, el IRA, se vieron decepcionados. Es oportuno recordar que quien firma la reciente declaración es una organización terrorista responsable del asesinato de miles de seres humanos que todavía continúa amenazando, intimidando y financiándose a través de actividades criminales. Así lo han constatado los primeros ministros británico e irlandés y la comisión independiente que tiene como misión juzgar si realmente los grupos terroristas norirlandeses respetan sus declaraciones formales de alto el fuego. Las denuncias contra el IRA por parte de tan relevantes actores ha colocado en los últimos meses una gran presión sobre el grupo liderado por Gerry Adams. El contexto internacional la ha intensificado propiciando este gesto público del grupo terrorista, pues en el escenario creado por el 11-S, el 11-M y el 7-J es impensable que el IRA vuelva a colocar bombas en Londres o a matar indiscriminadamente a civiles. En realidad declarar el final de 'su campaña armada' es en este momento un tanto redundante, pues ciertamente poco probable era que el IRA perpetrara otra vez atentados que facilitaran la equiparación de Adams con Bin Laden cuando el primero ha invertido tanto en rehabilitar su imagen llegando al extremo de fotografiarse con Juan Pablo II.

Hace tiempo que los dirigentes del IRA han abandonado su denominada 'lucha armada' conscientes de la ineficacia de la misma después de treinta estériles años de asesinar sin conseguir sus objetivos. Así lo constata el hecho de que quienes asesinaron por una Irlanda unida aceptan hoy administrar la limitada autonomía que bajo soberanía del Gobierno británico se introdujo en la región en 1999 y que permanece suspendida desde 2002 por las diversas actividades del IRA, entre ellas el espionaje de dichas instituciones o el cuantioso robo a un banco en Belfast. No renunciaron los responsables del IRA a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión con el que coaccionar a sociedad y políticos prometiendo por un lado su desaparición pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas. Esta estrategia ha generado numerosos engaños, siendo Tony Blair víctima de uno de ellos cuando en 1999, después de una conversación privada en la que dirigentes del Sinn Fein le transmitieron lo mismo que el grupo terrorista acaba de anunciar ahora, el premier británico declaró que el IRA estaba dispuesto a acometer «un gesto de proporciones sísmicas» en lo referente a su desarme. Cuando finalmente el IRA entregó algunas de sus armas en 2001 lo hizo sin satisfacer las expectativas alimentadas mientras los servicios de inteligencia descubrían que el grupo había ordenado fabricar nuevos morteros.

Ante el fracaso de treinta años de violencia el IRA ha sido la mejor baza de la que ha dispuesto Adams para rehabilitar su imagen de presidente de un partido como el Sinn Fein que hasta hace poco obtenía una insignificante representación electoral en el norte y el sur de Irlanda. Al presentarse como el hombre al que se debía alabar y fortalecer con concesiones para ser así capaz de convencer al IRA de la necesidad de dejar la violencia, Adams ha perpetuado deliberadamente la existencia del grupo terrorista mientras reforzaba su perfil político. De ese modo se ha coaccionado a la sociedad al prometerse la desaparición del IRA al tiempo que continuaba infringiendo la ley mediante la extorsión, el contrabando y otros métodos criminales auténticamente mafiosos, incluidos el asesinato. Pero después de prometer durante años que el IRA se disolvería siempre y cuando los gobiernos británico e irlandés, así como los unionistas, siguieran el camino que Adams marcaba, éste viene escuchando en los últimos meses que sus palabras y promesas deben ser corroboradas por hechos para tener credibilidad. Por tanto el verdadero alcance del reciente comunicado vendrá determinado por los gestos que a partir de ahora realice el IRA.

Obsérvese que el IRA no ha anunciado su completa desaparición, en cuyo caso Adams habría perdido al instrumento a través del cual ha chantajeado a gobiernos y políticos. La lógica que subyace a la estrategia mantenida por el IRA y el Sinn Fein la resumía el activista Seanna Walsh, elegido para hacer público el último comunicado. En agosto de 2004 este antiguo preso señaló: «Lo que hay que preguntarse cuando se habla de eliminar la capacidad del IRA para hacer la guerra es: ¿Qué vas a hacer con gente como yo? ¿Me vas a matar? Si no lo haces, la única forma de eliminar esa capacidad del IRA consiste en alcanzar un acuerdo conmigo y con gente como yo. Esa es la única forma en la que se puede desactivar a gente como yo». Ciertamente su planteamiento no era muy democrático, aunque sí resultaba revelador de la actitud del IRA y de sus dirigentes hacia la insistencia por parte de los gobiernos británico e irlandés en la entrega de armas del grupo terrorista. Lo que Séanna Walsh defendía era sencillamente que un requerimiento tan normal en un sistema democrático como es el desarme de un grupo terrorista debería producirse sólo como resultado de concesiones políticas que hicieran rentable para el IRA semejante gesto. Su argumento asumía que un Estado debe aceptar el chantaje que una organización terrorista le impone e invita por ello a interpretar con cautela el último pronunciamiento del IRA. Sólo el tiempo y los actos del IRA demostrarán si finalmente ha aceptado que su coacción es incompatible con la democracia y, por tanto, si su declaración es realmente histórica.

Rogelio Alonso, EL CORREO, 29/7/2005

Devolver la voz a las víctimas

El autor propone como mejor manera de deslegitimar la violencia terrorista el darle la voz a las víctimas». Cuando las víctimas recuperan la voz que el terrorismo intenta acallar se desmoronan los eufemismos que impregnan el lenguaje justificador de la barbarie

 

El 16 de diciembre Maite Pagazaurtundua, junto a otras víctimas del terrorismo, apoyó en Bilbao la ilegalización de Batasuna al considerar que esta formación complementa el terror etarra que ella sufre. Juan José Ibarretxe prefirió promocionar en Córdoba lo que ha definido como su plan de pacificación, a pesar de que no contiene ninguna medida contra el grupo culpable de que, para más vascos que andaluces, la paz sólo sea un sueño.

El lehendakari de todos esos vascos amenazados por ETA no ha apoyado la ilegalización de Batasuna, decisión sobre la que es posible esgrimir argumentos a favor y en contra. Lo que carece de legitimidad política alguna es la deliberada distorsión que desde el nacionalismo se ha hecho de dicha medida. Para personas como Maite Pagazaurtundua, la ilegalización de una organización que apoya a ETA es un método de defensa contra quienes cobardemente le acaban de arrebatar a su hermano. Para ella, el cerco a quienes hacen funcionar el entramado etarra representa la esperanza que quizá le permite seguir resistiendo en tan desigual combate. En cambio, Ibarretxe y el nacionalismo vasco se han empeñado en presentar como un brutal ataque contra la pluralidad de las ideas la esperanza de víctimas indefensas por que la impunidad cese. Como parte de esa degradante estrategia, el nacionalismo respaldó una manifestación contra la ilegalización de Batasuna con el lema 'Todos los proyectos, todas las ideas, todas las personas'. Se proyectaba así una imagen de falso pacifismo, pues las ideas y proyectos violentos no pueden ni deben ser admitidos sino combatidos, al violar éstos la dignidad del ser humano.

«La amenaza de ETA te cambia todo. Apenas sales de casa. Casi no conozco mi ciudad. El problema no sólo eres tú, sino la familia, la mujer y los hijos. Esto no es vida». Es el testimonio de demasiados ciudadanos vascos que no pueden defender sus ideas, sus proyectos, y a los que no les pertenece ese país de prosperidad que Ibarretxe describe en su mal llamada propuesta de paz.

Estas personas necesitan demostraciones inequívocas de que las palabras de condena a ETA se traducen en acciones destinadas a poner fin a su amenaza. Son algo más que gestos simbólicos lo que requieren. A diario afrontan el miedo, la angustia y la desazón que genera sentir y saber que el resto de la sociedad progresa a un ritmo diferente. Además de luchar contra ETA, estas víctimas deben enfrentarse al insulto y al desprecio, como el que contenía un artículo publicado por 'Deia' en enero, en el que se descalificaba al Foro de Ermua como un grupo que «reúne a los más beligerantes partidarios del enfrentamiento civil en Euskadi».

El mecanismo de resistencia de muchos vascos lo constituyen agrupaciones cívicas como el Foro de Ermua y Basta Ya. Esas personas a las que se acusa de «beligerantes» y de desear «el enfrentamiento civil» son precisamente las que con coraje lo evitan, conteniendo un instinto muy humano como es el de la respuesta violenta frente a la agresión. Si estas víctimas que resisten con admirable estoicismo se hubiesen tomado la justicia por su mano, hace tiempo que Euskadi habría entrado en un sangriento enfrentamiento civil similar al de Irlanda del Norte, donde el terrorismo de reacción ha sido perpetrado por actores de diversos signo. Entonces cobraría pleno sentido la 'ulsterización' de un País Vasco en el que las víctimas responden al terror y el dolor con una paz valiente, erigiendo una resistencia que otros critican, pero a la que no se le puede negar el hecho fundamental de que se hace desde el pacifismo y no desde la violencia como la que se perpetra contra ellos.

Argumentan algunos de quienes descalifican a dichos grupos que ser víctimas no les da derecho a que todo el mundo comparta sus ideas. Sí les da derecho al respeto y a que sus reivindicaciones no se tergiversen invirtiendo los roles de víctimas y victimarios. Desgraciadamente, en esa manipulación se aprecia una coincidencia con la estrategia nacionalista frente a la ilegalización de Batasuna, que en ningún momento ha sido considerada como la defensa a la que recurre, desde la legalidad, la sociedad civil al ser agredida. Se logra así una humillante difusión de la responsabilidad por el denominado conflicto: ésta ya no recae tan sólo sobre ETA sino, paradójicamente, también sobre quienes son víctimas de ella. Es éste un fenómeno perverso y tremendamente contraproducente para el final del terrorismo que evoca la lógica sintetizada por Joseba Egibar al subrayar la relación de «mutua necesidad» entre el PNV y el brazo político de ETA.

La mejor manera de deslegitimar la violencia terrorista es darle la voz a las víctimas». Así lo indicó, durante el reciente foro sobre 'Periodistas, guerra y terrorismo' celebrado en Bogotá Ismael Roldán, prestigioso psiquiatra y académico colombiano premiado por sus investigaciones sobre la violencia. Cuando las víctimas recuperan la voz que el terrorismo intenta acallar se desmoronan los eufemismos que impregnan el lenguaje justificador de la barbarie. El discurso de las víctimas expone la hipocresía de farsantes que se presentan como expertos en resolución de conflictos proponiendo 'soluciones imaginativas' que 'humanicen el conflicto'. El conflicto ha sido 'humanizado' desde el momento en el que las víctimas comienzan a serlo, ya que no son objetos, sino seres humanos que sienten y padecen. La sangre que derraman es real, humana, de ahí que resulte tan dañino que las causas de sus desgracias sean envueltas en el celofán de un lenguaje neutro que no es verdaderamente de paz sino, por el contrario, deshumanizador. La auténtica paz exige honestidad, verdad. Un 'proceso de paz resolutivo' obliga a que se identifique y encare aquello que debe resolverse, esto es, el terror que impide dicha paz. De ninguna eficacia resultan ambiguas y genéricas apelaciones al diálogo cuando en realidad con ellas sólo se evita abordar cómo hacer frente a quienes lo niegan, esto es, los terroristas.

El Gobierno vasco podría cederle a las víctimas el protagonismo que merecen promoviendo la siguiente iniciativa en los medios de comunicación públicos. En los programas de mayor audiencia de la radio y la televisión vasca o en los informativos más escuchados de dichos medios, cada día se podrían introducir durante unos minutos testimonios de víctimas del terrorismo como parte de una serie especialmente elaborada para tal fin. Puesto que el terrorista que asesina carece de empatía por sus víctimas y parte de la sociedad se halla anestesiada, quizá ésta sea una forma de conmover provocando la reacción de algunos. Quizá así las víctimas encuentren un altavoz para expresar sus sentimientos y relatar sus historias con el fin de que la sociedad vasca tenga presente que hay seres humanos que sufren a ETA a diario y desde hace mucho tiempo. Quizá quienes les descalifican comprendan así un poco mejor por qué el horror de la violencia condiciona sus actitudes. Quizá de ese modo sientan algo de apoyo social, que debe complementarse con un respaldo político y judicial que no sea meramente verbal.

Con cada asesinato se reproducen las denuncias sobre el clima insoportable de intimidación impuesto por ETA. Al transcurrir unos días la atención mediática disminuye, pero la fatiga que el terror crea continúa para muchas personas. Las víctimas siguen sufriendo mientras el resto de la sociedad avanza liberada de ese lastre. Entretanto, destacados representantes del nacionalismo no violento insisten en prostituir la paz exponiendo otra coincidencia con quienes entienden la paz como una táctica más en su estrategia de guerra. A menudo, al igual que hicieron los obispos vascos en su comunicado del año pasado, se utiliza la amenaza de la confrontación social para justificar la condescendencia hacia el entorno etarra. Sin embargo, la división provocada por la agresión terrorista es ya una dolorosa realidad, no una hipótesis de futuro. La fractura social tiene rostros, nombres y apellidos, los de unas víctimas que necesitan la paz más que nadie y cuya sensación de desprotección posee implicaciones personales y políticas que no deben seguir siendo ignoradas.

«La mejor manera de deslegitimar la violencia terrorista es darle la voz a las víctimas». El Gobierno vasco puede devolverles esa voz con una iniciativa en los medios de comunicación como la sugerida. Frente a las abstracciones conceptuales de engañosos planes de paz, las historias de esos seres humanos de carne y hueso víctimas del terrorismo pueden contribuir a detener la deshumanización del conflicto en la que tanto invierten los falsos pacifistas.

Rogelio Alonso, EL CORREO, 20/2/2003

 

Adaptarse a los nuevos tiempos

El IRA se ha adaptado, pero continúa financiándose mediante actividades ilegales que pone al servicio de la estrategia política del Sinn Fein. No sería extraño que ETA y Batasuna persiguieran un escenario semejante. De ahí la necesidad de exigir el desarme y la disolución total de la banda.

 

Irlanda del Norte constituye un recurrente referente para quienes desean en nuestro país imponer un determinado modelo para el final del terrorismo etarra. Desafortunadamente los paralelismos entre uno y otro contexto emergen con frecuencia sin el rigor debido para analizar de manera eficaz tan importantes fenómenos. Así ha ocurrido al comparar la reciente declaración de alto el fuego de ETA con la que emitiera en 1994 el IRA. Erróneamente se ha asegurado que el término permanente utilizado por ETA en esta ocasión era una réplica de la expresión empleada en aquel entonces por el grupo terrorista norirlandés. De ese modo, se ha pretendido transmitir el mensaje de que esta vez el cese de ETA es realmente definitivo e irreversible. Sin embargo es absolutamente falso que el IRA hiciera uso de semejante expresión en aquel entonces, hablando en cambio de "un cese completo de sus actividades militares". El hecho de que ETA sí lo haya introducido no debe ser tomado tampoco como prueba concluyente de que la banda vaya a desaparecer de la escena política.

Por el contrario, este episodio nos demuestra lo inútil que resulta centrarse en el análisis de comunicados como éstos emitidos por organizaciones terroristas responsables de muchas otras declaraciones en las que constantemente se han justificado los injustificables asesinatos de seres humanos cometidos por sus activistas.

Las palabras de los grupos terroristas pueden interpretarse de modos diversos en función de los deseos de quienes interpretan esos gestos. Por ello, más allá de la mera retórica, lo que verdaderamente debe exigírsele a la organización terrorista son hechos objetivos que demuestren de forma inequívoca su absoluta desaparición y disolución. Así lo aconseja la experiencia norirlandesa, donde constantemente, a lo largo de más de diez años, los prometedores y sucesivos anuncios del IRA han sido calificados como históricos a pesar de que todavía hoy este grupo terrorista se mantiene activo. Cierto es que el IRA ha renunciado a su campaña de asesinatos sistemáticos como consecuencia de los elevados costes políticos y humanos que éstos generan. Sin embargo, y tal y como ha destacado la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses, el IRA "se ha adaptado a los nuevos tiempos". De ese modo, el IRA continúa financiándose y recopilando inteligencia mediante actividades ilegales que pone al servicio de la estrategia política del Sinn Fein, todo ello con la autorización de líderes que dirigen simultáneamente una y otra formación.

Éste es el motivo por el que la declaración del pasado mes de julio en la que el IRA anunciaba el fin de su lucha armada era en gran medida redundante, a pesar de que todavía hoy es utilizada en nuestro país para respaldar la conclusión de un supuesto final feliz del proceso norirlandés que no se corresponde con la realidad. El anuncio del IRA fue ensalzado casi unánimemente ignorándose que la organización terrorista había abandonado muchos años antes su denominada lucha armada consciente de la ineficacia de ésta después de treinta años de asesinar sin conseguir sus objetivos. Sin embargo, los responsables del IRA no renunciaron, ni antes ni después, a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión con el que coaccionar a la sociedad y a los políticos mediante la promesa de su desaparición, pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas. Esta estrategia ha dado lugar a numerosos engaños, incurriendo los primeros ministros de Gran Bretaña e Irlanda en una contraproducente indulgencia hacia el brazo político de la organización terrorista. No sería extraño que ETA y Batasuna persiguieran un escenario semejante, y de ahí la necesidad de mantener desde el Gobierno exigencias firmes como el desarme y la disolución total de la banda, reclamaciones que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna. Esto impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores incentivándose a su vez a Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición.

En contra de este criterio hay quienes sostienen, a mi juicio de manera equivocada, que esa firmeza llevaría a ETA a recuperar la violencia.

En este sentido es útil preguntarse si realmente puede recurrir nuevamente a sus asesinatos sistemáticos y esperar resultados positivos de éstos. No es tan plausible dicho retorno al terrorismo en un contexto nacional e internacional claramente desfavorable. Esas cambiantes circunstancias, motivadas por un declive de su ciclo vital complementado por una debilidad operativa y organizativa considerable, resultado de una eficaz presión política, policial, social y judicial a lo largo de los últimos años, ha restado eficacia a la violencia terrorista, desaconsejando por ello su utilización. Cierto es que ETA continúa siendo capaz de emplear de nuevo el asesinato, si bien la banda también parece consciente de los elevados costes políticos y humanos que provocaría para su organización y su entorno.

Es por ello por lo que la presión sobre ETA y su entramado, incluido su brazo político, sigue representando el factor más valioso para garantizar la eventual erradicación del terrorismo. Así pues, el alto el fuego de la organización terrorista no debe ser recompensado con la legalización de Batasuna a menos que dicha declaración vaya seguida del desarme de la banda y su inequívoca desaparición.

Siguiendo el modelo norirlandés, se aprecia cómo algunos sectores apuestan por interpretar como muestras inequívocas de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia gestos aparentemente esperanzadores, aunque éstos no equivalgan a los mencionados desarme y desaparición de la banda. Se argumenta en defensa de este punto de vista que no resulta realista exigir de ETA semejantes obligaciones y que el tiempo convertirá paulatinamente en irrelevante a la banda. No obstante, se contribuye así a alimentar una dinámica mediante la cual la organización terrorista deja de constituir una carga para Batasuna, pues es precisamente la existencia de la banda y la promesa de su desaparición los que le garantizan beneficios al brazo político. Como consecuencia de esta lógica, se libera a la banda de la presión que debería recaer sobre ella y se transfiere la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a los políticos y a los ciudadanos, que se ven así coaccionados para aceptar condiciones que no son plenamente democráticas. En absoluto puede serlo tolerar que una organización ilegal continúe existiendo y manteniéndose inextricablemente unida a una formación política, a pesar de las declaraciones formales de sus dirigentes respaldando procesos democráticos que se ven en contradicción con sus comportamientos antidemocráticos al beneficiarse de su asociación con dicha presencia.

Como el ejemplo del IRA confirma, la mera existencia de una organización terrorista constituye un factor de coacción que jamás debería ser tolerado como aceptable.


(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Autor de 'Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada')

Rogelio Alonso, LA VANGUARDIA, 7/4/2006

 

La verdad del terrorismo

La realidad ha demostrado ser mucho más sencilla que la fantasía de que el final de procesos violentos exige la aceptación de un empate entre los actores. El IRA sólo comenzó a desarmarse ante la presión ejercida por los gobiernos británico, irlandés y estadounidense, y esto llegó a pesar de no haber logrado este grupo ningún objetivo, sino precisamente por ello.

 

En ocasiones organizaciones terroristas como ETA y el IRA no son consideradas como tales, sino casi como una suerte de ONG de derechos humanos. A pesar de la evidente y dolorosa crueldad de sus actos, a menudo se ignoran las conclusiones que de los mismos se derivan y que deberían condicionar el tratamiento que dichos grupos y los partidos afines a ellos habrían de recibir por parte de otros actores políticos y sociales. Recientes acontecimientos en Irlanda del Norte y el País Vasco han puesto de relieve dinámicas de ese tipo con las que bajo el pretexto de la búsqueda de la paz y la supuesta ambición de la resolución de los conflictos se intentan consolidar esquemas que eluden la realidad en torno al terrorismo.

Por un lado, Irlanda del Norte ha asistido a la enésima escenificación del fracaso por restablecer el Gobierno autónomo de la región suspendido en octubre de 2002. Es significativo que todavía algunos observadores asuman sin crítica la interpretación que de esta cuestión proponen el IRA y Sinn Fein. Sorprendente debería resultar que algunas personas entiendan como normal que una sociedad democrática deba aceptar el chantaje que un grupo terrorista impone al exigir que no se le demande la entrega de sus armas. Ello demuestra el éxito de ambas formaciones a la hora de convencer a ciertos sectores de opinión de que dicha exigencia resulta poco realista además de contraproducente para el avance del proceso de paz. Quienes califican como absurda la necesidad de fotografiar el desarme asumen erróneamente la buena voluntad de una organización terrorista para la que la paz tiene un particular significado. Cierto es que no parece probable que el IRA reanude una campaña terrorista como la que protagonizó durante décadas, pero tampoco ha renunciado a explotar para sus propios fines instrumentos como el de su desarme.

En 1992, Danny Morrison, un destacado dirigente del IRA y de Sinn Fein, planteaba que la violencia mantenía unidos a sus enemigos, esto es, los unionistas, y sugería que si el terrorismo cesaba, entonces los republicanos podrían manipular el proceso posterior ante las dudas que surgirían sobre su gestión, provocando así la división de los protestantes. Ese mismo escenario es el que ha perseguido Sinn Fein y en el que debe enmarcarse la negativa del IRA a completar su desarme, compaginada ésta con abundantes promesas incumplidas por parte de sus portavoces. En este sentido resultaba significativo contrastar las declaraciones de Gerry Adams asegurando que jamás había aceptado el IRA que se fotografiase la entrega de armas con la admisión de todo lo contrario ofrecida por un representante del grupo terrorista al que citaba la Comisión de Desarme, tal y como se recogía en el informe de los gobiernos británico e irlandés sobre el tema.

Si Ian Paisley es hoy el político unionista que cuenta con un mayor respaldo de la comunidad unionista, lo es en gran medida gracias a esas mentiras del IRA que acabaron por destrozar el liderazgo de David Trimble. A lo largo de los últimos años, Gerry Adams ha prometido en numerosas ocasiones un desarme total que no ha llegado y del que injustamente se ha responsabilizado a los unionistas. Cuando surgían voces que replicaban que lo verdaderamente perjudicial para la paz era asumir como imprescindible que no todos los actores respetaran las mismas reglas democráticas al reclamar que el uso de la violencia reportara beneficios de los que los auténticos demócratas no disfrutaban, se enfrentaban con frecuencia a la crítica de quienes les acusaban de obstaculizar el camino de la paz. Como consecuencia de esa visión, la ruptura del alto el fuego del IRA en 1996 fue interpretada por ciertos políticos y medios de comunicación como la responsabilidad del primer ministro británico del momento, John Major, coincidiendo de ese modo con la propia interpretación del grupo realmente responsable de reanudar el terrorismo. «La mala fe de los británicos y la intransigencia de los unionistas norirlandeses», términos acuñados por el IRA entonces, sirvieron para que incluso desde el País Vasco diversas voces hayan explicado el proceso de paz tal y como la propia organización terrorista lo ha hecho.

Hay quienes han defendido como necesaria esa retórica al entender que de ese modo se facilitaba la transición del terrorismo a la política. Ello ha llevado por extensión a considerar al IRA como una bienintencionada organización ávida de encontrar la paz y necesitada de colaboración por parte del Estado en tan encomiable tarea. De ese modo se ha exigido 'valentía' para que el Estado llevase a cabo concesiones al IRA que teóricamente deberían ser respondidas con gestos por parte del grupo terrorista. No es difícil encontrar comportamientos similares en el ámbito vasco, donde el mes pasado tres socialistas guipuzcoanos exigieron al presidente del Gobierno «valentía» y «asumir algún riesgo para ganar la libertad». Lo hacían antes de hacerse pública la propuesta de Anoeta que, con la falsa apariencia de un nuevo lenguaje pero sin desmarcarse realmente de ETA, pretendía reparar la deteriorada imagen de una marginada Batasuna mediante engañosas expectativas. Precisamente por ello estos socialistas favorecían en cierta medida los intereses del brazo político de la organización terrorista, como sugería la acertada valoración que de la propuesta abertzale hacía el presidente del Senado, Javier Rojo: «Nos tratan de confundir, engañar y mentir y ante eso debemos seguir haciendo lo que hacemos, defender el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico en los términos en los que lo planteamos y la unidad de acción de los demócratas».

En una línea semejante en las páginas de este diario un grupo de profesores de la Universidad del País Vasco señalaba que «Sería deseable que el conjunto de 'quienes corresponda' hiciesen algo a partir de lo cual ETA pueda plantear un discurso en el que otorgue sentido tanto a su pasado como al cese de su actividad». Esas pretensiones recuerdan a las denominadas 'coreografías' con las que en Irlanda del Norte se ha intentado infructuosamente avanzar hacia el desarme total del IRA. Es éste un término profusamente utilizado por numerosos observadores ensimismados con teorizar sobre resolución de conflictos y que han encontrado en Irlanda del Norte un terreno especialmente fértil para sus elucubraciones. Cada una de esas fracasadas coreografías se sostenía en movimientos consecutivos encaminados a presentar las renuncias realizadas por el grupo terrorista como parte de un esquema general en el que supuestamente otros también realizaban concesiones. De esa manera se esperaba que los dirigentes terroristas asimilaran mejor su derrota facilitándoles ante su base la presentación de semejantes sacrificios.

Sin embargo la realidad ha demostrado ser mucho más sencilla que las fantasías metodológicas de quienes durante años han venido propugnando que el final de procesos violentos como el de Irlanda del Norte exigía la aceptación de una suerte de empate entre los actores involucrados así como que ciertas exigencias a los terroristas no debían considerarse como realistas. La experiencia demuestra que el IRA sólo comenzó a desarmarse ante la presión ejercida por los gobiernos británico, irlandés y estadounidense y que el final de su violencia llegó a pesar de no haber logrado este grupo ninguno de sus objetivos, sino precisamente por ello. Así pues, la derrota del IRA ha constituido el principal incentivo para relegar la violencia, al igual que ha ocurrido con los seis presos etarras que, tras reconocer el fracaso de ETA, han abogado por interrumpir el terrorismo pese a no haber recibido contraprestaciones políticas a cambio.

Curiosamente, los términos de 'derrota' y 'victoria' que Paisley reivindica para dar fe del desarme del IRA son los que PNV, EA e IU han rechazado para la reconciliación en el contexto vasco, como expresaban en un texto remitido al Parlamento. Imposible parece que dicha reconciliación pueda alcanzarse sin justicia y reparación para las víctimas, condiciones que inevitablemente exigen que se enfatice la derrota de quienes han perpetrado el terrorismo. A propósito de estas cuestiones, oportuno parece recordar que no fue el unionista Paisley quien habló inicialmente de humillación, sino el dirigente de Sinn Fein Mitchel McLaughlin al rechazar las fotografías del desarme.

Éstas no constituirían en sí mismas una humillación sino una prueba que aportaría fiabilidad a un proceso del que resulta imposible que el IRA no salga humillado, como su balance de resultados demuestra: ha asesinado a cientos de personas, no ha conseguido una Irlanda unida ni la retirada británica de Irlanda del Norte, habiendo profundizado su violencia las divisiones de la sociedad norirlandesa, de manera que el significativo porcentaje de protestantes que en 1968 se consideraban irlandeses hoy no dudan en definirse como británicos haciendo más improbable la unificación del territorio y la reconciliación. El veredicto de una reciente encuesta de opinión confirmaba dicha humillación al constatar la indiferencia de la sociedad ante los agravios declarados por el IRA. En dicha consulta, un 66% de protestantes norirlandeses indicaban que no querían la devolución de competencias de Londres a la Asamblea autonómica, sin que tampoco les importara que la autonomía no volviera a restablecerse. Esta misma era la opinión de la mitad de los católicos norirlandeses corroborando así que para esta sociedad lo verdaderamente relevante es la desaparición de la violencia aunque continúen bajo un sistema de gobierno sin ni siquiera una mínima autonomía.


Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

Rogelio Alonso, EL CORREO, 17/12/2004